Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.709-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-59713899-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Junio de 2024 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, Dres. Pablo Garbarino y Christian González Palazzo, para resolver el expediente N° 33.709-A, caratulado “PELLITAL SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 18/31, se presenta la firma PELLITAL SA, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9210/12, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA N° 13734-338-2007, por la cual se la intima al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. a) y c) del Código Aduanero, atento a que los valores declarados en los permisos de embarque N° 02 001 EC03 009889 S y N° 02 001 EC03 010681 A, no se encontrarían dentro de los parámetros normales de comercialización, considerando que se han declarado valores viles e irrisorios en relación a otros de mercadería idéntica o similar. Opone excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas como para percibir tributos. Afirma que no existe un análisis de valor que funde la denuncia, y que se desconoce la existencia del método, antecedentes y análisis que hacen a la cuestión. Cuestiona los informes efectuados por la demandada, sosteniendo que en éstos no hay un criterio homogéneo ni razonable que permita a la recurrente abordar su defensa en debida forma. Sostiene que el Fisco se ha apartado de los métodos previstos por la ley en lo que respecta a la valoración del precio de transacción, teniendo en cuenta cantidad, nivel comercial y momento imponible. Sostiene la inaplicabilidad del artículo 954, inc. c), del CÓDIGO Aduanero. Asimismo, impugna el monto de la multa y tributos manifestando que los precios de ambas destinaciones fueron objeto de verificación en canal rojo, momento en el cual el servicio aduanero otorgó el cumplido correspondiente. Por otra parte manifiesta que no puede ejercer su legítimo derecho de defensa en forma correcta, atento que han transcurrido más de 10 años desde la oficialización de las operaciones. En forma subsidiaria, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita su absolución. A fs. 34/36 amplía su recurso, planteando la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la pretensión tributaria en dólares, que exige su cancelación al tipo de cambio a la fecha anterior al pago.
II. Que a fs. 46/51 la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora y desconoce la documentación que adjunta que no sea expresamente reconocida o que surjan de las actuaciones administrativas.
Respecto a la prescripción de la acción del Fisco, sostiene que es improcedente, y que ello se desprende de la compulsa de las actuaciones administrativas. Afirma que el acto administrativo cuestionado por la accionante es ajustado a derecho. Que se comprueba en autos una declaración inexacta, y que la actora en ningún momento se esforzó por desvirtuar la imputación que le fue efectuada. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución rechazando en su totalidad el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13734-338-2007 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia 07001004157/4158 de fecha 16/10/2007 por presunta infracción prevista en el art. 954 inc. A del C.A. A fs. 3 y 5 obran glosados los sobres contenedores de las destinaciones de exportación a consumo N° 02 001 EC03 009889 S y N° 02 001 EC03 010681 A. A fs. 6 obra nota N° 166/07 (RAMO B) de fecha 16/10/2007 donde se indica que las facturas correspondientes a las destinaciones tendrían valores declarados en comparación de otros correspondientes a la misma mercadería idéntica o similar. A fs. 7 se encuentra planilla Anexo I que determina el monto correspondiente al perjuicio fiscal. A fs. 10 se dispone la apertura del sumario. A fs. 12 se corre vista de todo lo actuado a la firma Pellital S.A. y al despachante de aduana Alejandro David Perera. A fs. 17 se encuentra cédula dirigida al despachante de aduana, notificado el día 21/12/2009. A fs. 18 se declara la rebeldía del despachante Perera. A fs. 31 se encuentra acuse de recibo de notificación dirigida a Pellital S.A., efectuada en fecha 13/11/2012, quien presenta su correspondiente descargo a fs. 33/40 y aporta documental a fs. 47/62. A fs. 64 obra Nota N° 275/12 (RAMO 3-DV CEDE) de fecha 13/12/2012 que ratifica la denuncia. A fs. 70 se practica liquidación de multa y diferencia de tributos. A fs. 71/72 y vta. se dicta la Resolución DE PRLA Nº 9210 de fecha 18/12/2012, apelada en autos,, cuya notificación obra glosada a fs. 74 y data del día 8 de agosto de 2013.
IV. Que, en primer lugar, y por una cuestión de orden procedimental, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco introducido por la firma “Pellital S.A.”, respecto del cargo formulado por la Resolución (DE PRLA) N° 9210/2012, en lo que refiere a los tributos.
Que la cuestión se encuentra expresamente regulada por los artículos 803 y siguientes del CÓDIGO Aduanero, normativa que establece que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado, conforme lo dispone el art. 804 primera parte. Que, por aplicación de las citadas normas, resulta que la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr desde el 1 de enero de 2003 respecto de la destinación en trato, toda vez que el hecho gravado ocurrió al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporalmente, que operó en el año 2002. Que, por su parte, el artículo 805 del CÓDIGO Aduanero determina que la prescripción para percibir los tributos se suspende, entre otros supuestos, desde la apertura del sumario (que en la presente causa ocurrió en fecha 28/12/2007), en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilite el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que cuando el inc. a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero expresa “...decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” se refiere a la fecha en que queda expedita la Resolución aduanera. Ello es así, por cuanto con el simple dictado de la Resolución aduanera, el servicio aduanero no posee aún el ejercicio de la acción para percibir los tributos, es decir, no tiene abierta la vía ejecutiva, sino que, además, necesita notificar esa Resolución y esperar a que la misma quede firme para habilitar la acción. De allí que el referido artículo 805, inc. a), de la ley 22.415, debe interpretarse en el sentido de que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario hasta que quede firme la Resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento.
V. Que, ante tales premisas, a los efectos de la resolución de la litis corresponde analizar de modo expreso la aplicación de la doctrina del “plazo razonable de tramitación de los procesos fiscales”, que fuera introducida por esta Sala “F” en el espectro tributario nacional hace casi un decenio, y que pareciera permanecer aún atrapada en una suerte de epojé (ἐποχή) tanto doctrinaria como jurisdiccional, en la faz aduanera e impositiva, toda vez que, a pesar de constituir un indiscutido principio de raíz convencional (confr. art. 8, inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos), que ha sido reiteradamente destacado por señera jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -y adoptado por nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver una causa de naturaleza aduanera en Fallos 334:1264-, se la sigue manteniendo “entre paréntesis” ( Einklammerung), en un cuasi absoluta posición de «desconexión» (Ausschaltung) al momento de resolver en justicia, donde no sólo quedan encerradas las doctrinas y teorías respecto de esta realidad, sino también la realidad del citado argumento apodíctico mismo, lo cual deriva -en consecuencia- en un estado de palmaria reducción fenomenológica (confr. Husserl, Edmund, 1962; “Ideas relativas a una fenomenológica pura y una filosofía fenomenológica”, Fondo de Cultura Económica, México, 2da. Edición en español), al que se debe hacer cesar, a los fines de garantizar un pleno, amplio, efectivo e integral estado constitucional y convencional de derecho.
Pues, en caso contrario, la referida garantía convencional seguirá bajo el estricto dogma de una vigilancia epistemológica (confr. Bachelard, Gaston; 1987, “La formación del espíritu científico”, Siglo XXI, Editores S,A, Buenos Aires, Argentina), propiamente solipsista, carente de sentido noemático, y sin posibilidad de desplazamiento alguno en el mundo jurídico circundante.
VI. Que, bajo el referido paradigma, no puede dejar de tenerse en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero, deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ DGA s/ apelación (Expte. Nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente N° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
VII. Que, en tal sentido, y de acuerdo a lo que surge en forma palmaria de las actuaciones administrativas que tengo a la vista, de las que se desprende que la supuesta infracción endilgada por la DGA fue cometida en el año 2002, la instrucción del Sumario fue efectuada en el año 2007 y la resolución aduanera definitiva fue dictada con fecha 18/12/2012, siendo que el organismo aduanero demoró casi 8 (ocho) meses en notificar la Resolución apelada en autos –la misma fue notificada a la firma recurrentes el día 9 de agosto de 2013, de acuerdo a lo que se desprende de modo cabal y palmario de la cédula de notificación glosada a fs. 74 de los antecedentes administrativos que tengo a la vista-, cabe colegir que a la fecha el procedimiento de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas). A lo que deberá considerarse que no se trata de la revisión de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los tributos por parte del Fisco, disciplina que, con la Carta Magna, está vinculada a los remotos orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones —y de las más reñidas— en diversas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente aduanera, desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a las luchas más sangrientas, las que han tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar los derechos de aduana, siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable para concluir en la unión e integridad nacional.
Por su parte, y conforme la doctrina sostenida por el Alto Tribunal a partir del referido caso “Losicer”, el carácter administrativo de un procedimiento sumarial -extremo que cabe extender al carácter jurisdiccional del procedimiento de marras- no puede erigirse en un óbice para la aplicación del principio reseñado, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (como es el caso de este Tribunal Fiscal).
Por lo tanto, cabe concluir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdiccional o administrativo, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ende, el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del artículo 8vo., del plexo convencional constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de procesos, por lo que no corresponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter -como la aduanera-), de acuerdo a lo establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”, considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”.
Asimismo, nuestra Corte Suprema en el referido precedente “Losicer” ha encomendado a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (confr. CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar- han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y “López Alvarez v. Honduras”, fallado el 1° de febrero de 2006; “Konig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional 1959- 1983 en Madrid por las Cortes Generales).
Con todo, los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen otros, que deberán ser adecuadamente considerados por los jueces competentes.
VIII. Que es necesario señalar que las particulares circunstancias del caso, en el que se ha verificado un cabal menoscabo a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8°, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a la irrazonable duración del procedimiento aduanero bajo análisis de este Tribunal, ponen de manifiesto, conforme fuera reiteradamente referenciado por el suscripto, la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia.
En efecto, resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo el derecho en cuestión y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes se encuentran obligados a tramitar expedientes administrativos como el de marras.
En este contexto, es indudable que para “garantizar en forma efectiva el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas”, el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia de los principios enunciados por la corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes descriptos en los Considerandos que anteceden, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho.
IX. Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del Sumario (28/12/07) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 18/12/12- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 9 de agosto de 2013, cuando el curso de la prescripción había vencido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
X. Que, en efecto, toda vez que no existe en el CÓDIGO Aduanero norma que imponga plazo alguno a la D.G.A. para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
XI. Que, bajo los parámetros expuestos, cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa casi ocho meses después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
XII. Que, en relación a los tributos exigidos a la recurrente en la resolución apelada en autos, cabe destacar que la redacción de la segunda parte del inciso a), del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, en tanto no fija plazo alguno a la DGA para notificar las resoluciones que determinan obligaciones en cabeza de los administrados, y autoriza a que el término prescriptivo quede suspendido sine die hasta tanto se proceda a notificar la resolución aduanera, se encuentra en colisión con la Convención Americana de Derechos Humanos ni con la Constitución Nacional, debiendo tenerse presente que este Tribunal Fiscal de la Nación, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconvencionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por esta Sala al sentenciar con fecha 19/8/2015 en la causa N° 22.844-A, caratulada “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A. s/ apelación” y su acumulado, el expediente N° 27.973-A, caratulada “Pioneer Argentina S.R.L. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 17a Nominación, siendo que dicho criterio no ha sido modificado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al decidir dicha litis en fecha 22 de diciembre de 2016 (Causa Nro. 6.565/2016).
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles -condición que indudablemente reviste este Tribunal Fiscal- están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225 y “Gelman vs. Uruguay”, del 24 de febrero de 2011, párrafo 193; entre otros).
Siendo ello así, si el intérprete u operador nacional -que en el caso sería este Tribunal Fiscal en tanto es un órgano absolutamente vinculado a la administración de justicia- debe, por imperio de la jurisprudencia supra citada, ejercer siempre el control de convencionalidad.
XIII. Que, por las razones expuestas, no cabe duda que este Tribunal Fiscal debe realizar el control de convencionalidad de las normas de contenido tributario interno (tanto aduaneras como impositivas) que se encuentren en contradicción tanto con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Si bien la mayoría de la rígida doctrina y jurisprudencia nacional, como así también el reciente Acuerdo Plenario de la competencia aduanera de este Tribunal celebrado en fecha 26 de abril de 2022 in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.” entienden que tanto el artículo 185 de la ley 11.683 como el artículo 1164 del Código Aduanero le impedirían al Tribunal Fiscal ejercitar el control de constitucionalidad, y sin perjuicio que la última norma precisamente ha sido declarada inconstitucional por el Dr.
Garbarino a partir del precedente caratulado “Cargill S.A.” del día 2 de noviembre de 2012, entre muchos otros por considerar que dicha restricción resultaba violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cierto es que no existe previsión similar respecto del control de convencionalidad; siendo que tanto la Ley de Procedimiento Tributario como el Código Aduanero han sido modificados por la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), por lo que, de haberse considerado apropiado -máxime la existencia de numerosos fallos por parte de la Sala “F” donde se habilita al TFN a realizar dicho control-, no cabe duda que el legislador hubiera incorporado una prohibición similar, y no lo hizo; por lo que cabe concluir que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida al Tribunal Fiscal de la Nación ejercer el control negativo de convencionalidad.
En efecto, y a expresa diferencia de lo que ocurre en relación al “control de constitucionalidad”, no subsiste restricción normativa en el ejercicio de dicho control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, en tanto es regla incólume e inveterada en nuestro orden legal que aquellas conductas que no se encuentran expresamente prohibidas, están jurídicamente permitidas.
XIV. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, del 25 de noviembre de 2003, se pronunció expresamente por la admisibilidad del examen de convencionalidad entre las normas del Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones internacionales a las que nuestro país es parte, con disposiciones del derecho interno.
Asimismo, la regla interpretativa sostenidamente formulada por la referida Corte Internacional a partir del “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú.” (del 24 de noviembre de 2006) obliga a los órganos judiciales de los países que la ratificaron a ejercer dicho examen, aún de oficio (confr.: “La Cantuta vs. Perú.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 173; “Boyce y otros vs. Barbados.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79; “Heliodoro Portugal vs. Panamá.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180; “Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.” Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota 307; “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311; “Fernández Ortega y Otros vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234; “Rosendo Cantú y Otra vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219; “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202; “Vélez Loor vs. Panamá.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287; “Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106; entre otros).
En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos por la CIDH (Casos “Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”, sentencia del 24 de febrero de 2012 y “Fontevecchia y D´Amico v. Argentina”, sentencia del 29 de noviembre de 2011).
Por su parte, en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, del 27 de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del Derecho internacional de los Derechos Humanos, señalando que “La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”. Con referencia a la interpretación auténtica y sus efectos en las jurisdicciones nacionales y locales se dijo que “…la interpretación de la CADH debe guiarse por la Jurisprudencia de la Corte IDH, que importa una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos”.
XV. Que sin perjuicio de ello, en la actualidad corresponde tener en consideración que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”, por lo que el control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación sólo procede realizarlo ante peticiones de personas de existencia visible, conforme lo señalara el suscripto al votar la causa de la Sala “F” que tramitara bajo el Nro. 31.241-A, correspondiente a la carátula “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, haciendo lo propio al votar la causa Nro. 36.950-A caratulada “ABB S.A.” de la misma Sala aduanera, entre otras.
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que correspondería que el Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina en el pleno ejercicio de su competencia recursiva.
Todo ello, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto, en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
XVI. Que, no obstante lo expuesto, la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia pareciera ir en sentido contrario, al sostener la existencia de un margen de apreciación a favor de las autoridades nacionales –legislativas y jurisdiccionales– respecto de la interpretación y aplicación del derecho internacional, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo Tribunal argentino, en tanto no es una cuarta instancia superior a la CSJN, ya que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos funciona de manera coadyuvante.
En tal sentido, al resolver el caso “Fontevecchia”, del 14 de febrero de 2017, nuestro Tribunal Cimero sostuvo enfáticamente que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es “… una instancia ‘revisora’ o ‘casatoria’ de decisiones jurisdiccionales estatales, categoría que excede el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional, atributos que se desprenden del Preámbulo de la CADH (conf. arg. Corte IDH, caso ‘Perozo y otros v. Venezuela’, sentencia de 28 de enero de 2009, párrafo. 64; Corte IDH, caso ‘Genie Lacayo’, sentencia del 29 de enero de 1997, párrafo 94)”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que “la situación de la que fue objeto la resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de octubre de 2017 (confr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 19 de octubre de 2017, dictada en la etapa de supervisión de cumplimiento de la referida sentencia), es decir la resolución precedente del 14 de febrero de 2017 en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que no podía revocar su sentencia del 25 de septiembre de 2001, habría sido superada, y que la sentencia de condena civil carece en la actualidad de efectos jurídicos, en los términos del punto dispositivo de la Sentencia” de la Corte Interamericana”; añadiendo que la referida decisión de nuestro más Alto Tribunal contenía “un análisis aislado y contradictorio de la práctica de Argentina en relación con el cumplimiento de las sentencias de la […] Corte [Interamericana]” y que esa “posición del […] Estado ya habría sido rectificada con la [nueva] resolución […] emitida por la Corte Suprema de Justicia” (Se refiere al decisorio emitido en dicha litis por la CSJN con fecha 5 de diciembre de 2017, donde el Alto Tribunal destaca que “ha dado cumplimiento total a la referida medida de reparación).
XVII. Que la denominada “doctrina del margen de apreciación -que fuera por primera vez introducida por el suscripto en la faz decisoria en materia tributaria nacional in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, sentencia de esta Sala “F” del 3 de febrero de 2022- encuentra su origen como criterio hermenéutico instaurado por los organismos del sistema europeo, a fin de interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (...) esta doctrina puede ser entendida como un espacio de discrecionalidad que cuentan los Estados partes, para fijar el contenido y alcance de los derechos del Convenio Europeo, tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales” (López Alfonsín, Marcelo Alberto, “La doctrina del margen de apreciación nacional”, en Revista de Derecho Público, 2017-1, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2017, p. 126).
Por ello, dicha doctrina corresponde entenderse en términos básicos como la posibilidad de que los Estados puedan interpretar las normas convencionales de acuerdo a sus propias particularidades nacionales, debiendo tenerse en cuenta, necesariamente, la jerarquía dada por cada Estado a los instrumentos internacionales y el sistema de control de constitucionalidad adoptado por éstos. De este modo, al dirimirse controversias en el ámbito de la jurisdicción federal, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, existe un margen de apreciación judicial para interpretaciones que compatibilicen el alcance de las normas federales, nacionales y locales con las normas constitucionales y convencionales de máxima jerarquía (confr. Leandro Abel Martinez y Emilio Rosatti: “Ensayo sobre el margen de apreciación nacional y la jerarquía de las fuentes en el sistema constitucional argentino”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 17, Nro. 1, Noviembre de 2019, págs. 135-150). En el mismo sentido, se ha sostenido que “otro desafío en el ejercicio del control de convencionalidad por parte de los tribunales internos se ciñe a la llamada doctrina del “margen de apreciación” que distingue entre un núcleo duro o esencial común para todos y otro más flexible y maleable, que admitiría ciertas modalidades secundarias de extensión y de aplicación, atendiendo las limitaciones, posibilidades y peculiaridades de cada país; su idiosincrasia y experiencias; preguntándose si la doctrina de la Corte IDH debe ser efectivizada por los jueces de todos los Estados que han aceptado la competencia de la Corte de una forma inalterable o pueden éstos adecuarla a su ordenamiento jurídico interno en virtud de la noción del margen de apreciación (Amaya, Jorge Alejandro, “Perspectivas y prospectivas del control de constitucionalidad y convencionalidad”, en www.derechoydebate.com)
En virtud de ello, es dable predicar que el denominado “margen de apreciación nacional” en cabeza de las autoridades locales en relación al alcance de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también opera, y con mayor razón, respecto de sus Opiniones Consultivas, máxime ante las particulares circunstancias de la litis, por lo que el ejercicio de dicha atribución corresponde aplicarla, sin hesitación, a los fines de resolver la situación jurídica sometida a examen de este Tribunal; por cuanto la interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
XVIII. Que, por lo demás, cabe destacar que en el orden tributario jurisdiccional-judicial local, de las siete Salas que componen el Tribunal Fiscal de la Nación, solamente la Sala “F” realiza el referido control de convencionalidad, a partir de los precedentes caratulados “La Equitativa del Plata S.A.”, del 6 de marzo de 2015, y “Zurich Argentina Cía. Argentina de Seguros S.A.”, de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, en los cuales se declarara la inconvencionalidad de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto resultaba violatoria del “plazo razonable” de tramitación de los procesos aduaneros, que es una norma convencional.
Y si bien la primera de las sentencias supra referenciadas fue revocada parcialmente por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 30 de agosto de 2016, merece señalarse que en ningún momento la Alzada cuestionó las facultades del Tribunal Fiscal para ejercitar el control de convencionalidad, sino que se limitó a discrepar con la interpretación realizada en sede jurisdiccional en cuanto al cómputo del plazo prescriptivo.
XIX. Que, en este orden de ideas, corresponde dejar sentado que este Tribunal Fiscal ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas devienen sustantiva o materialmente judiciales (por ello es correcto denominarlas funciones jurisdiccionales-judiciales), en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa , y resulta ser el único Tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades -por ejemplo, para la declaración de inconvencionalidad de las leyes, pudiendo aplicar, al igual que los Poderes Judiciales de la Nación, CABA y provinciales, la doctrina del “margen de apreciación nacional” a los fines de prescindir de una Opinión Consultiva de la CIDH cuando no conduce a una recta y fiel realización del incólume ideal de justicia, pues resulta propio de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la consecución de dicho ideal, en una aplicación sólo mecánica de esos propios principios (confr. doctrina de Fallos 238:550 y sus citas), evitando reducir las normas jurídicas a una forma meramente abstracta, carente de contenido sustancial- que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNApCAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. Del 18.4.85).
Por su parte, y al igual que la US Tax Court -que es el Tribunal que sirvió de precedente para la creación de este TFN-, “ejercita una porción del poder judicial con exclusión de cualquier otra función y de modo similar al ejercicio de los tribunales federales, con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo” (confr. US Supreme Court in re “Freytag v. Commissioner” -1991-); siendo que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida a este Tribunal ejercer el control negativo de convencionalidad.
XX. Que, por último, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada casi 8 meses después, cuadra repetir, de haber sido dictada. Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550-
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino).
XXI. Que, bajo la misma secuencia interpretativa, por razones de brevedad corresponde remitirse en lo primordial a los fundamentos esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de 2011 en autos “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA”, en tanto resulta sustancialmente análoga a la presente, a los fines de resolver lo atinente a la prescripción del Fisco para imner sanciones en cabeza de la firma importadora.
En efecto, en lo que aquí interesa el Tribunal Cimero señalo que “...el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323:982)...”; por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
En este contexto, y dejando a salvo la opinión del suscripto esbozada en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.840-
A., del 2/12/2013, “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.553-A., del 3/12/2014, y “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020 –donde el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal-, entre otros, acerca de las facultades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, atento su singular naturaleza jurídica de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), cabe colegir que el procedimiento sumarial de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas). Ello así, toda vez que a la fecha se ha prolongado durante más de veinte años, siendo que de las actuaciones administrativas se desprende que la fecha de vencimiento de la operación de importación objeto de autos ha tenido lugar en el año 2002. (confr. fs. 3 y sgtes. act. adm.).
A mayor abundamiento, cabe señalar que a idéntica solución arribó nuestro Más Alto Tribunal en la causa "Sudamericana de Intercambio SACI y F c/ Administración General de Puertos" (Fallos: 312:2075) respecto a la decisión de la autoridad aduanera que había impuesto la pena de multa, en un supuesto semejante al que se plantea en el sub lite; siendo que en la causa "Egea" afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por [en ese caso] casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías del plazo razonable de proceso y del derecho de defensa" (Fallos: 327:4815). Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva de tales precedentes, corresponde que sea este Tribunal Fiscal el que ponga fin a la presente causa —en cuanto aquí se trata— declarando la extinción de la acción penal por prescripción.
Por lo demás, la decisión que se adopta guarda expresa correspondencia con la reciente doctrina de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sustentada por la Sala I in re “Alles Import SACIFI c/DGA-resol. 110/06”, del 8/4/2014 y por la Sala V in re “Aero VIP S.A. c/ DGA” del 19/6/2014; como así también por las Salas II y III de la Cámara Nacional de Casación Penal in re “Arano Miguel Ariel”, del 30/12/2011, e “Isasi, Esmeralda María”, del 25/9/2013, respectivamente; entre muchos otros.
XXII. Que, por lo expuesto, y bajo los parámetros esbozados, la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada, considerando el marco fàctico de excepción que se desprende de la litis -por lo que no procede adoptar la presente solución de modo automático y sin merituar el contexto temporal propio de cada causa a otros procesos que tramitan por ante este Tribunal-, en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
Que, por último, el modo en que se vota el presente torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones articuladas por las partes.
Que, conforme lo expuesto, VOTO por:
1. Declarar la inaplicabilidad al caso –en virtud de su inconvencionalidad- de la segunda parte del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero (confr. art. 1165 del C.A.), en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos que anteceden, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta que se notifique la resolución aduanera;
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la firma PELLITAL S.A. en las presentes actuaciones;
3. Declarar la extinción de la acción penal por prescripción en relación a la firma PELLITAL S.A. en las presentes actuaciones;
4. Imponer las costas del pleito a la DGA vencida;
5. Comunicar el presente a la Secretaria de Hacienda de la Nación, a sus efectos (confr. art. 1165 del C.A.). El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, por razones de economía procesal y celeridad práctica, hago propio el detalle de los hechos realizado por el Dr Garbarino así como también del relato de los elementos acollarados al expediente. A modo de introducción, estimo necesario expresar, en razón de lo esbozado por mi colega de grado a lo largo de su dogmático voto, que es innegable la importancia de que los fallos judiciales se expresen de manera clara y precisa, siendo fundamental en la administración de justicia.
Este requisito lingüístico no es simplemente una elección retórica, sino que responde a la necesidad imperativa de garantizar la accesibilidad, comprensión y transparencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. En la elaboración de resoluciones judiciales (o jurisdiccionales estricto sensu), abstenerse de consideraciones superfluas y adoptar una redacción concisa y perspicua son elementos esenciales para la racionalidad jurídica. La claridad en la expresión no solo contribuye a la eficiencia procesal, sino que también resguarda los principios fundamentales de certeza y seguridad jurídica. Evitar la ambigüedad interpretativa mediante una expresión rigurosa previene posibles discordias y confusiones derivadas de redacciones prolijas o llenas de digresiones jurisprudenciales irrelevantes.
Dicho ello, como estamento de mi disidencia, debo señalar que esta Sala no ha sido pasiva ni desconoce la multiplicidad de casos en los que el accionar de la Administración evidencia una alarmante demora en la sustanciación de su labor jurisdiccional, tal como el que aquí se verifica.
Para arribar a una solución justa sentada en Derecho se apeló –en la generalidad de los casos- al bloque de garantías convencionales.
Y ello parecería conformar la lógica del voto del Dr. Garbarino, quien dogmáticamente propone –sin mayor análisis del caso en particular- inaplicar la norma de referencia, dando paso así al efectivo prescriptivo que expone para dar solución al entuerto.
En este caso sometido a estudio, no advierto que la inactividad estatal pueda contemplársela como lesiva del debido proceso por exceso del plazo razonable en grado tal que evidencie una afectación al derecho del administrado a obtener un pronunciamiento sin indebidas dilaciones (art.8.1 CADDHH) que me conmine a considerar un temperamento extintivo como el propuesto, máxime, si se considera la ausencia de proactividad útil de quien, en definitiva, debiera ser un interesado central en perseguir con celo el proceso sumarial aduanero que enmarca una discusión tributaria.
Analizar los efectos derivados del efecto suspensivo previsto en el art.805 inc. a) del Código Aduanero obliga al operador a dimensionar el contexto fáctico y probatorio del casus en su totalidad, lo que incluye -claro está- la actividad desplegada por las partes en el proceso y así, ponderando los derechos en conflicto, evaluar sus consecuencias antes de adoptar un temperamento que pudiere derivar en un extremo extintivo como el aquí propuesto por mis colegas.
Ello amén de mi convencimiento de que no puede operar la ceguera de quien propone la tamaña propuesta de inaplicar una norma en razón de su inconvencionalidad negando la uniforme doctrina del Superior que limita la plena competencia que debería tener –a mi modo de entender al Derecho- este Tribunal jurisdiccional en su natural cometido de tutelar los derechos del contribuyente tamizándolo con el bloque de garantías convencionales.
El operador jurisdiccional está conminado a evitar caer en la vanidosa tentación de incurrir en quijotescos debates teóricos a través de embates sistemáticos que, en definitiva, dilatan y frustran la pretensión de quien excita la competencia de este Tribunal que es la de obtener un pronunciamiento sentado en Derecho que de fin al conflicto suscitado con la Administración.
Y es por ello que, en razón del cúmulo de tareas que pesan sobre esta dependencia a mi cargo, visto el escueto –o inexistente- análisis sobre la cuestión de fondo –aunque encomiablemente nutrido de doctrina y jurisprudenciaque debería conformar esta sentencia, he de limitarme a votar porque se rechacen sendas prescripciones propuestas (entiendo que en razón de la inaplicación de lo dispuesto en el art.805 inc. a) pues no se colige fundamento alguno respecto de la suerte de la multa impuesta) y que vuelvan los obrados a la Vocalía instructora para que se expida sobre el resto de los agravios que conforman el cuestionamiento recursivo de la actora. ASÍ LO VOTO.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo, acarando que, al rechazarse la prescripción opuesta por la actora – lo cual, como instituto procesal de contenido material funciona como una excepción – los autos deben regresar a la Vocalía instructora para que prosiga su trámite según su estado.
Por ello, por mayoría, SE
1. No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2. Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
Regístrese. Notifíquese al Dr. Ignacio Andrés González (20-39167985-2), Dra. Ana Julia Gottifredi (27- 33020005-2) y Dr. Marcelo Antonio Gottifredi (20-12474184-0).
Date: 2024.06.06 15:08:09 -03:00 Date: 2024.06.06 15:18:49 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.06 16:19:07 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.06 16:19:08 -03:00
Fin de la sentencia