Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 33.145-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1 de la resolución DE PRLA 6776/11, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 06/100 ($ 29.963,06). Costas en un 60% a cargo de la actora y en un 40% a cargo del Fisco.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la resolución DE PRLA 6776/11, en cuanto intima el pago de tributos, los que asciende a un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 06/100 ($ 29.963,06), con más los intereses devengados desde el 23/09/11 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del Código Aduanero. Costas en un 30% a cargo de la actora y en 70% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-34824392-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Abril de 2024 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, Dres. Pablo A Garbarino y Dr. Christian M González Palazzo, para resolver el expediente N° 33.145-A, caratulado “PELLITAL SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 280/295 vta., se presenta la firma PELLITAL S.A. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 6776/11, dictada en fecha 05/10/11 por el Jefe del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, en el SIGEA 608514-1066-2005, en cuanto intima el pago de multa y tributos por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. Reseña los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Manifiesta que la mercadería importada temporalmente fue reexportada en su totalidad en tiempo y forma. Realiza consideraciones de la documentación acompañada en esta instancia. Subsidiariamente, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. Se agravia de la graduación de la multa impuesta. Plantea la prescripción del Fisco para percibir tributos. Señala que no puede tenerse en cuenta como causal suspensiva la apertura de sumario dado que el acto no liquidó tributo alguno. Manifiesta la incorrecta e improcedente aplicación del Derecho Adicional, IVA Adicional y Ganancias. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas II.- Que, a fs. 305/312, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Manifiesta que la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos no se encuentra prescripta. Se refiere a los arts. 805, 934, 935 y 937 del C.A. Expresa que surge del sumario que existe mercadería pendiente de regularización por lo que la resolución apelada deviene ajustada a derecho. Señala el carácter objetivo de la infracción endilgada. Sostiene que no corresponde la aplicación al caso del art. 898 del C.A. Manifiesta que la carga de prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal que recae sobre la importadora. Expresa que corresponde se perciba el IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias. Respecto de la multa impuesta, considera a ésta justa teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 915, 927 y concordantes del C.A. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA n° 608514-1066-2005 se inician, a fs. 1, con el Acta de Denuncia n° 2456/05, a fs. 7, obra el sobre contenedor de la destinación n° 00 001 IT14 002532 R y; a fs. 10, se dispone la instrucción del sumario. A fs. 25, obra liquidación de multa y tributos. A fs. 28/28 vta., se corre vista de lo actuado a la firma importadora y la aseguradora. A fs. 34/34 vta., se notifica a la recurrente (8/9/11). A fs. 35, se declara la rebeldía de la firma PELLITAL S.A. Finalmente, a fs. 41/43, en fecha 5/10/11, se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 6776/11, apelada en autos.
IV. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y multa, reclamados a la firma importadora, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. Que mediante el DIT 01 001 IT14 002532 R, la firma PELLITAL SA documentó la importación temporaria, en los términos del decreto n° 1439/96, de la mercadería descripta como “Negros colorantes ácidos, incluso metalizados, sin mezclar colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes –Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordientes y preparaciones a base de estos colorantes –Materiales colorantes orgánicos sintéticos y preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este capítulo a base de dichas materias colorantes: MATERIALES COLORANTES ORGANICAS SINTETICAS…”, que ubicó en las P.A. 3204.12.10180T y 3204.12.10.200X, por una cantidad total de 6.100 kg (3000 kg del ítem/subítem 1.1, 3000 kg del ítem/subítem 1.2 y 100 kg del ítem 2) con un valor FOB de 22.060,60 dólares estadounidenses.
Que, no existiendo constancias de que se haya dado cumplimiento a la obligación contraída al documentar la importación temporaria, el servicio aduanero dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo, por la presunta comisión de la infracción al art. 970 del CA, por la totalidad de la mercadería importada temporariamente.
Que por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia – conf. artículo 250 CA – o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa – Res. ANA 127/92 y sus modificatorias –, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir – en principio – constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los referidos documentos aduaneros que permitan acreditar la cancelación de la mercadería sometida al régimen suspensivo (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa.
V. Que, en esta instancia, la firma recurrente acompaña copia de los PE 01 001 EC03 014815 C, 3467 D, 4527 B, 8245 C, 3440 R, 00 001 EC03 019443 D, 19479 M, 22808 C, 24003 Y, 26135 W, 01 001 EC03 008831 D, 18615 E, 1713 S, 12154 T, 15234 V, 8201 R, 5648 G, 2423 R, 171 P, 22201 N, 1490 U, 1505 R, 00 001 EC03 312896 X, 15054 U, 01 001 EC03 024293 D, 27003 S, 26753 G, 25953 H, 21691 C, 20154 S, 26959 Y, 02 001 EC03 003995 K, 3279 F, 01 001 EC03 016996 Y y 21039 V; además, agrega copia de los CTC 2543/00 (061- 010209/97), 2812/01 (061-010367/97 y 061-04544/00), 3320/00 (061-010368/97) y 2549/00 (061-004551/00). Argumenta que la referida documentación permite acreditar la cancelación, en tiempo y forma, de la totalidad de la mercadería importada temporariamente.
Que lo cierto es que los referidos PE – junto con los CTC – no pueden ser tenidos en cuenta, debido a que de no surge de sus respectivas descargas qué ítems corresponde imputar a cada DIT, lo que impide establecer la respectiva relación insumo/producto; cabe aclarar que sólo figuran los sufijos referidos a los subítems, pero dado que se cancelan varias DIT dentro de la hoja de descarga, no se puede precisar con exactitud la efectiva correspondencia con el despacho de autos.
VI. Que, en atención a lo expuesto, cabe afirmar que la firma importadora es responsable de la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA y corresponde, en consecuencia, confirmar la sanción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde referirse a la liquidación tributaria practicada en las actuaciones administrativas respecto de las sumas correspondientes al Derecho Adicional de Importación, como así también, a las percepciones por IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Que, en cuanto al reclamo de Derecho Adicional de Importación, corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en el fallo “IEF LATINOAMERICANA SA c/DGA s/recurso de apelación” (TF 16.912-A) y “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A)” al caso en cuestión.
Que, bajo tales premisas, la solución que se adopta resulta conforme a los fundamentos que expuse en la sentencia dictada en los autos “La Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, expediente Nº 23.469-A, Sala “E”, sentencia de fecha 31/07/12, en donde declarara la inconstitucionalidad de dicho derecho Adicional y a los cuales me remito en mérito a la brevedad, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental. En consecuencia, no cabe incluir el mismo en el monto reclamado a la empresa actora.
Que, asimismo, corresponde referirse a las percepciones del IVA adicional e Impuesto a las Ganancias que fuere exigida por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada.
Que, en tal sentido, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”.
Que ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
VIII. Que, conforme a lo precedentemente resuelto, se procede a practicar la siguiente liquidación: Valor en Aduana $ 74.240.-
DI (15,5%) $ 11.507,20 TE (0,5%) $ 371,20
Base Imponible IVA $ 86.118,40 IVA (21%) $ 18.084,86 TOTAL TRIBUTOS $ 29.963,06 Que corresponde declarar que el importe adeudado en concepto tributos asciende a la suma de $ 29.963,06, todo ello sin perjuicio – en el caso de los tributos – de los intereses devengados sobre dichos rubros desde el vencimiento del plazo de diez (10) desde la corrida de vista de la instrucción del sumario (23/09/11) hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del Código Aduanero. Que, por último, corresponde expedirme respecto a los agravios en relación a la graduación de la multa impuesta por el servicio aduanero, que se ha fijado en 2 veces el mínimo legal previsto en la norma, en base a los antecedentes que la Aduana incorporó mediante impresiones de pantalla que obran a fs. 39/40 de las actuaciones administrativas.
Al respecto, corresponde dejar sentado que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal -por mayoría- ha declarado la inconstitucionalidad de la figura de la “reincidencia” en los autos “Argañaraz, Pablo” con fecha 8/5/12 (Causa Nro. 13.401) criterio que he compartido en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación” expte. Nº 23.218-A y su acumulado “PILAR PARTES S.A. c/D.G.A. s/apelación”, expte. Nº 23.226-A, que tramitara por ante la Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), entre otras, en tanto su aplicación produce un agravamiento de la condena en violación al principio de culpabilidad (arts. 18 y 19 de la C.N.) y al ne bis in idem (arts. 14.7 del P.I.D.C. y P.).
Sin embargo, habiéndose pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 27/05/14 en los autos caratulados “Martín Salomón s/ causa N° 11.835", donde desestimó la cuestión relativa al planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia, por remisión al criterio que había sostenido al resolver los autos "Gómez Dávalos" (Fallos: 308:1938), "L'Eveque" (Fallos: 311:1451) y "Gramajo" (Fallos: 329:3680) -especialmente, considerandos 12 a 18 del voto del juez Petracchi-, por razones de economía procesal, y sin perjuicio de la opinión del suscripto sobre el particular, corresponde adoptar el criterio propiciado por el Alto Tribunal.
Sentado ello, respecto del quantum de la multa impuesta en el caso de marras, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor. En ese sentido, el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción.
En cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que, habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
Que, a su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Que, en el caso que nos ocupa, la infracción fue configurada a la fecha de vencimiento del plazo fijado para la regularización de la mercadería importada temporariamente: 09/05/02. La condena impuesta por el servicio aduanero tuvo en cuenta los antecedentes infraccionales computables de la firma importadora que se obtienen de la consulta al Registro General de Infractores, advirtiendo que los antecedentes citados corresponden a resoluciones con fecha posterior a la configuración de la infracción de marras (2010), y que algunas de éstas disposiciones condenatorias no se encuentran firmes. En consecuencia, no se ha acreditado la reincidencia de la actora. Así las cosas, en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 915 y 916 del C.A, resulta procedente reducir la multa impuesta a una sola vez el importe de los tributos.
Que, por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la resolución DE PRLA 6776/11, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 06/100 ($ 29.963,06). Costas en un 60% a cargo de la actora y en un 40% a cargo del Fisco.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la resolución DE PRLA 6776/11, en cuanto intima el pago de tributos, los que asciende a un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 06/100 ($ 29.963,06), con más los intereses devengados desde el 23/09/11 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del Código Aduanero. Costas en un 30% a cargo de la actora y en 70% a cargo del Fisco.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la resolución DE PRLA 6776/11, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 06/100 ($ 29.963,06). Costas en un 60% a cargo de la actora y en un 40% a cargo del Fisco.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la resolución DE PRLA 6776/11, en cuanto intima el pago de tributos, los que asciende a un total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 06/100 ($ 29.963,06), con más los intereses devengados desde el 23/09/11 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del Código Aduanero. Costas en un 30% a cargo de la actora y en 70% a cargo del Fisco.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y la Dra. Ana Julia Gottifredi (20-12474184-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2024.04.03 11:53:02 -03:00 Date: 2024.04.08 00:11:22 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.08 00:11:23 -03:00
Fin de la sentencia