Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 161257
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCorresponde: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 583; II) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora, modificando la sentencia en lo que respecta a la tasa de interés (debiendo calcularse a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; todo ello de conformidad con los parámetros establecidos en el considerando III.5) y los montos por los rubros “daños a la salud e integridad física” ($70.000.-), “valor de reposición del vehículo” ($120.000.-), privación de uso y gastos de movilidad (por $5320.-) confirmando el decisorio atacado en lo restantes puntos que fueran motivo de agravio; III) Imponer las costas de la segunda instancia a la demandada y su citada en garantía (art. 68 del CPC). IV) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dec-Ley 8904). V)
REGISTRADA BAJO EL Nº 237-S Fo. 1252/1269 Expte. Nº 161257 Juzgado Civil y Comercial N°1 En la ciudad de Mar del Plata, a los 6 días del mes de octubre de dos mil dieciséis reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “PELLIZZI, CHRISTIAN MARCELO C/ PÉREZ, RICARDO A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Se encuentra desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y su aseguradora a fs. 583?
2ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 570/582?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El recurso, adelanto, se encuentra desierto.
La expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada.
Doctrina de viejo cuño de este Tribunal tiene dicho que fundar un recurso significa consignar razonadamente los errores de hecho y de derecho incurridos por el inferior, hacer un análisis razonado y serio del fallo y aportar la demostración de que es erróneo, injusto o contrario a derecho (causa 18.014, RSD 484-68 del 25/11/68).
Ahora bien, un simple cotejo de las manifestaciones efectuadas por el recurrente en lo que debió ser la expresión de agravios con los argumentos en que se apoya la sentencia cuestionada, revela que ella -en la parcela cuestionada- ha quedado firme por falta de impugnación idónea (conf. fallo cit.).
En efecto, en el quinto considerando de la decisión atacada el Sr. Juez a quo explicó que la demandada no justificó una conducta que sea atribuible al accionante y que pudiera haber operado como interruptiva del nexo causal, sea total o parcialmente (v. fs. 574, párrafo segundo). Al fundar su recurso, el apelante se limitó a señalar que se encuentra acreditada la imprudencia del demandante al desatenderse de las contingencias del tránsito, “clavar los frenos” (sic) cuando la luz cambió a rojo, y violar el llamado de atención que impone la luz amarilla. Por fuera de estas breves afirmaciones, fácil es advertir que el quejoso no ha formulado una crítica concreta y razonada del fallo atacado, conforme lo establece el artículo 260 del Código de rito. De hecho, siquiera es mencionado en la breve pieza de fs. 603.
No se ha explicado, por caso, cuál es el error en el que habría incurrido el sentenciante al considerar que no existe prueba que permita justificar una conducta reprochable al actor, a la vez que tampoco se ha señalado —siquiera mínimamente— cuáles serían los elementos probatorios que darían sustento a la hipótesis fáctica que el apelante alega en su defensa.
Por otra parte, llama la atención la total discordancia y contradicción que media entre la versión que propone el apoderado del demandado en el escrito recursivo y la que su cliente ofreció al momento de absolver posiciones a fs. 409. En aquel acto procesal el demandado Pérez, lejos de referir a una súbita frenada de Pelizzi motivada por un semáforo que cambiaba a rojo, dio cuenta de un escenario en el que el error del actor habría sido no avanzar cuando la luz verde le habilitó continuar su marcha luego de estar detenido (fs. cit., posición tercera).
Este contraste entre las versiones ofrecidas al contestar la demanda y al absolver posiciones no solo ahonda en mayores razones para considerar deficitariamente fundado el recurso en tratamiento, sino que además pone en tela de juicio la veracidad de las afirmaciones que ahora trae a la instancia recursiva (arg. art. 34 inc. 6° del CPC).
En cualquier caso, lo que aquí importa destacar -a los fines de dar respuesta al interrogante que abre el acuerdo- es que lo que debió ser la expresión de agravios se reduce a una simple exposición subjetiva de lo que la parte entiende que ha sido la mecánica de los hechos. Esta última, además de no poseer respaldo probatorio alguno y ser contradictoria con la propia confesión del justiciable, resulta inidónea para erguirse como una crítica seria y razonada de la decisión judicial en la cual aquélla versión fue desestimada (arts. 260 y 261 del CPC).
Por todo ello, frente a la notoria y manifiesta carencia de crítica, ha de tenerse por no fundado el recurso en estudio, debiendo soportar el apelante las consecuencias previstas en el art. 261 del código citado (esta Sala, causas 100.439, RSI 259-97 del 15/4/97; 138.858, RSD 197-08 del 15/5/08; entre muchos otros).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El señor Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada a fs. 570/582 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la actora a fs. 585.
En lo que aquí interesa, el juez hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Cristian Marcelo Pelizzi contra Ricardo Alejandro Pérez y condenó a este último, conjuntamente con su citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” a abonar al actor la suma de $49.000, con más intereses a calcular a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días. Para así decidirlo, expuso que no fue controvertido -y, en su caso, quedó debidamente acreditado- que el 24 de abril de 2006 a las 9:30 horas ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Independencia y calle Alberti de esta ciudad en el que intervinieron un Jeep Ika dominio XAT-640 conducido por Pelizzi y una camioneta Ford F-100 dominio RAQ-758 al mando de Pérez. Señaló que Pelizzi circulaba por Avenida Independencia (sentido de Av. Colón hacia Juan B. Justo) y fue embestido por el vehículo F-100 en su parte trasera.
Agregó que la prueba permite verificar que las fotografías incorporadas en la causa son auténticas y que el actor era titular registral del rodado Pick Up Ika 1959 al momento del siniestro.
Asimismo, aseveró que la evidencia colectada en autos permite concluir que el demandado ha sido el único responsable en la producción del accidente que es materia del proceso. No solo conducía el vehículo que hizo las veces de embistente, sino que además el automóvil del actor se encontraba detenido en el semáforo ubicado en la intersección de Independencia y Alberti, en razón de que la luz roja le prohibía continuar su marcha.
Argumentó que Pérez no ha obrado con la debida atención y con el dominio suficiente del rodado a su cargo a la vez que no ha sido justificada conducta alguna atribuible al Sr. Pelizzi que pudiera haber operado como interruptiva, en forma total o parcial, del nexo de causalidad. En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: (a)
daños a la salud e integridad física por la suma de $18.000, (b) daño moral por $15.000, (c) gastos médicos, farmacéuticos y terapéuticos en $1.000.-, (d) gastos de reposición de vehículo por $12.000.-, (e) privación de uso y gastos de movilidad por $1.000.- (f) gastos por asistencia profesional en $2.000.-.
Rechazó los reclamos por lucro cesante, pérdida de chance y valor de las pertenencias extraviadas.
Por último, desestimó el pedido de actualización monetaria e impuso las costas a los demandados, en su calidad de parte vencida.
II. El actor presentó sus agravios a fs. 593/601.
Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(i) Que la suma reconocida por daños a la salud e integridad física es insuficiente y no repara las consecuencias del hecho dañoso, y que una correcta valoración de la prueba producida debe llevar a otorgar, por el rubro en cuestión, la suma de $113.174,28.-. Aclaró que en el escrito de demanda peticionó la suma que fuera reconocida por el juez, aunque se consignó que ello era sin perjuicio de “lo que en más o menos resulte de la demanda”, frase que debe entenderse en el sentido de que lo reclamado queda supeditado a lo que “en más o en menos resulte de la prueba a producirse”. Aquél giro –dice- fue utilizado por un error material involuntario. Además, entiende que deben utilizarse los parámetros fijados por la Secretaría de Seguridad Social (ii) Que es injusto el rechazo del rubro de lucro cesante y pérdida de chance. La labor del abogado conlleva actividades físicas que exceden lo meramente intelectual (v. gr. diligenciar oficios, concurrir a oficinas públicas, etcétera) y que la prueba pericial permite verificar que al menos por cuarenta días se vio impedido de desplazarse. Apuntó que ello le generó un lucro cesante representado por los honorarios que no pudo percibir durante el lapso que no ejecutó sus tareas normalmente, que a esa época realizaba para la firma Estudio Liquidador de Seguros Montigny & Francisco y para la Cooperativa de Trabajo de la Industria Pesquera y Afines Lobo de Mar Limitada. Señala que también medió una pérdida de chance, dado que durante aquel tiempo de convalecencia se vio privado de mejorar sus condiciones laborales y sus ingresos a futuro.
(iii) Que tampoco es adecuada la indemnización otorgada por reposición del vehículo. Puso de relieve el proceso inflacionario agudo que sufre nuestro país (agravado en los últimos meses) y que el presupuesto adjuntado a su escrito recursivo permite verificar que el valor de reposición de un Jeep como el siniestrado –solo en cuanto a la carrocería- asciende a la suma de $85.120, suma que entiende alejada de la que fuera reconocida por el a quo. Alegó que debe brindarse al actor la posibilidad de adquirir un nuevo vehículo en la actualidad ya que se torna ilusorio manifestar que ello puede hacerse con la suma de $12.000, y que la sumas reclamadas en la demanda se vinculaban con el monto equivalente a un rodado de las mismas características (lo que evidencia que esa suma fue expuesta tomando en consideración al valor de un nuevo rodado en las mismas condiciones en que se encontraba el siniestrado). Concluye que debe hacerse lugar al parcial reclamado por la suma de $140.000.-
(iv) Que es incorrecto el monto reconocido por el rubro privación de uso y gastos de movilidad. Critica que el juez haya calificado como injustificada la cantidad de días que demandarían las reparaciones cuando ello surge del informe de parte suscripto por el Ingeniero Jouandon (25 días solo para arreglo de chapa). Refiere que es evidente que el vehículo, de haber sido reparado, habría permanecido en un taller por varios meses. Por esta razón, solicita se haga lugar al rubro por la suma de $5720.- (v) Que la tasa de interés moratoria es insuficiente para cubrir la desvalorización de la moneda. Reconoce que la temática es controvertida y peticiona se dicte una sentencia ejemplificadora que admita la tasa activa, o en su caso, una tasa promedio superadora de la alícuota establecida en la sentencia.
III. Tratamiento del recurso.
Seguidamente analizaré los agravios presentados por la actora, siguiendo para ello -en lo posible- el orden propuesto en la pieza que obra glosada a fs. 593/601.
1. Daños a la salud e integridad física a. En el apartado I del escrito de demanda el accionante señaló que su reclamo indemnizatorio ascendía a la suma de $106.187,34.- “o en lo que en más o en menos resulte de la demanda” (sic., v. fs. 109/vta, punto I, el resaltado me pertenece).
Al analizar el rubro “daños a la salud e integridad física”, el colega de la instancia anterior consideró —erróneamente, al decir del apelante— que Pelizzi no supeditó su pretensión a lo que hubiere surgido “de la prueba a producirse”. Con esa base, y en honor al principio de congruencia, admitió el parcial únicamente por la suma de $18.000.- Entiendo que la queja de la actora es procedente.
Es indudable que la redacción escogida por el letrado reclamante (al decir a fs. 109/vta «lo que en más o en menos resulte de la demanda») es confusa y puede motivar alguna vacilación interpretativa a la hora de indagar su verdadero significado (es decir, definir qué es lo que la parte pretendió afirmar mediante su empleo). Sin embargo, tengo para mí que el contenido y la redacción del giro utilizado (sumado al contexto discusivo en el cual fue inserto) permiten fácilmente dilucidar aquella incertidumbre. Y diferencia de lo resuelto en la instancia anterior, entiendo que el reclamante ha querido significar que el monto indemnizatorio peticionado quedaba supeditado a lo que resulte de la prueba ofrecida en la demanda.
Varias razones me persuaden de ello.
En primer lugar, es un hecho notorio que la fórmula «o en lo que en más o en menos surja de la prueba» (y no de la demanda) es de uso muy frecuente en el lenguaje forense que ha sido ampliamente admitido por los tribunales en aquellos casos -como el de autos- en las que se entiende razonable que el actor estime una suma inicial para cuantificar su reclamo (de manera de cumplir las cargas enunciadas en el artículo 330 del CPC) no obstante deje supeditado el monto exacto a las resultas de prueba que finalmente se produzca en el expediente (art. 330 inc. 3 y últimos dos párrafos del CPC; esta modalidad ha sido admitida por la Corte Federal en Fallos: 266:223, 283:213, entre otros; en detalle –y con mayores referencias a precedentes nacionales- véase Carlo Carli, “La demanda civil”, Editorial Lex, 1973, pág. 82; esta Sala, en autos “Perea, Nilda A. c/ Microómnibus La Marplatense SA”, La Ley, LLBA, 1996, 73, AR/JUR/2896/1995).
El amplio uso que esta frase tiene en el estilo del foro —por cierto, conocido tanto por los profesionales intervinientes, como por el juzgador— es el que permite concluir que el cambio entre las palabras “demanda” y “prueba” ha obedecido no más que a un error de escritura. No hay allí un impedimento para comprender cabalmente lo que la parte ha pretendido afirmar.
Una aplicación razonable del denominado «principio de caridad»
debe llevar al juzgador a elegir, entre varias interpretaciones posibles de un discurso ambiguo o poco claro, aquella que presente las ideas en la forma más coherente, lógicamente válida y racional que sea posible. Es decir, conforme esta pauta hermenéutica corresponde priorizar -criteriosamente, y con celoso respeto a las garantías fundamentales de la parte contrariaaquella lectura que mejor presente las afirmaciones del justiciable, y no la que las expone de manera desfavorable, o incurriendo en contradicciones o redundancias (sobre el tema, en profundidad, véase Bonorino, Pablo Raúl, “Introducción a la lógica jurídica”, Mar del Plata: Ediciones Suárez, 2003, pág. 45; del mismo autor, "La justificación de las sentencias penales: una perspectiva, lógica y conceptual" San Salvador, El Salv.: CNJ - ECJ, 2004; Bouvier, Hernán, "Reglas y razones subyacentes", DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 27 (2004) ISSN: 0214-8676 págs. 393-424).
Adviértase que una lectura estrictamente literal de la frase esgrimida por el letrado accionante no le otorgaría mayor sentido práctico: toda petición se vincula (es decir: depende de, queda supeditada a) lo que surja de la misma pieza en la cual ella es introducida. En un escrito judicial y mediando el uso de un lenguaje técnico aquél agregado -reitero, interpretado en su literalidad- resultaría redundante, tautológico y hasta prescindible. Esta interpretación rígida supondría tanto como optar por la peor lectura de todas las posibles, apartándose de la precitada regla hermenéutica e incurriendo en un excesivo y evitable rigor formal.
A la hora de interpretar los escritos judiciales, el magistrado no puede dejar de tomar en consideración el uso frecuente que se le da a las palabras y frases, el sentido que comúnmente se les asigna y las costumbres propias del ámbito en el cual son utilizadas. Estas directrices deben ser suficientes para poder distinguir un enunciado carente de sentido, de un simple enroque involuntario de palabras, precisando de esa manera la verdadera intención del emisor.
Y en el caso de autos, el contexto en el cual la expresión ha sido utilizada es el que termina por despejar cualquier duda a la hora a comprender su alcance: la fórmula de estilo es la que versa sobre la prueba producida, y no reconoce uso en el foro aquella que versa sobre la demanda. Ello me lleva a inferir (y así debió considerarlo el a quo) que el accionante ha querido insertar en su escrito postulatorio aquella reconocida frase y no una desconocida, carente –al menos en principio- de un significado relevante.
En otras palabras, en el contexto apuntado y mediando un único vocablo de diferencia entre un giro (conocido, relevante) y otro (desconocido, redundante), no solo era posible para el órgano judicial interpretar razonablemente lo que la parte pretendió afirmar, sino también estar seguro de qué es lo que la contraparte ha entendido a la hora de resistir la pretensión, despejando cualquier posibilidad de afectación de los derechos de la demandada (art. 34 inc. 5, apartado “c” del CPC).
Tampoco puedo dejar de advertir que, llegado el caso y tratándose de un proceso sumario, es “la demanda” (a cuyo contenido fue supeditada la suma reclamada) la que contiene todo el ofrecimiento probatorio efectuado por la parte para dar sustento a sus reclamos (arg. art. 484 seg. párr. del CPC). Es decir, aun aferrándose a un entendimiento textual del enunciado, sería también posible darle un sentido acorde al lenguaje técnico en punto a definir el objeto litigioso.
Para resumir lo expuesto: asiste razón a la actora en cuanto a que el giro utilizado en el escrito postulatorio pretendió significar que el total reclamado —que en muchos apartados se consigna como meramente “estimado” (v. fs. 111, 115, 115/vta) — quedaba supeditado a lo que surja de la prueba que fuera ofrecida en la demanda. No se avizoran en este caso, y con motivo de la exégesis propuesta, problemas de congruencia ni de vulneración de los derechos fundamentales de la contraria. Los términos y alcances de la pretensión –insisto: interpretada razonablemente y conforme los usos forenses corrientes- han sido claros y han demarcado con suficiencia los límites del debate y el margen de decisión con el que cuenta el órgano jurisdiccional a la hora de dictar la sentencia definitiva (art. 34 inc. 5°, 163 inc. 6° y cctes. del CPC).
b. Aclarado lo anterior, corresponde ingresar en el estudio de los restantes agravios que versan sobre el rubro en tratamiento.
Existe consenso en doctrina y jurisprudencia en el sentido que el reclamo por incapacidad apunta a la reparación de una lesión a la integridad corporal que proyecta sus secuelas sobre todas las esferas de la personalidad de la víctima -incluyendo la laboral-, constituyendo un quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones físicas y/o psíquicas que son secuelas del accidente (arts. 1068, 1069 y 1086 del C. Civil vigente a la época del pronunciamiento; art. 1746 nuevo C.Civil; CC2a. LP, Sala 1, expte. B 82.265 RSD-5-96 S 13-2-1996; esta Sala, exptes. 150.448 S. 22-5-2012 Reg. 130-S, 151.505 S. 29-11-2012 Reg. 327-S, entre otros).
Por ello -como hemos puesto de resalto en anteriores oportunidades-, el daño resarcible no consiste en la lesión misma sino en sus efectos, ya que a los fines de reparar los daños a la integridad física lo que interesa es la concreta proyección de las secuelas del infortunio en la existencia dinámica del damnificado (esta Sala, Exptes. 135.718 S. 29-4-08 Reg. 138-S, 136.669 S.22-12-08 Reg. 663-S, entre otros).
Por otra parte, es sabido que la integridad física es un bien cuyo desmedro da derecho a indemnización; la afectación física y psíquica a consecuencia de un accidente no se mide sólo en relación a las posibilidades para realizar determinado trabajo sino por las aptitudes genéricas del damnificado; y no se limita a la capacidad para trabajar, ya que se extiende a todas las consecuencias que afectan su personalidad y su vida de relación en cualquier aspecto. Lo que se trata de indemnizar en estos casos no es otra cosa que el daño que se traduce en una disminución de la capacidad en sentido amplio, que comprende -además de la aptitud laboralla relacionada con la actividad social, cultural, deportiva, etc. (CC2a.LP, sala 1, expte 102.338 RSD 126-6 S. 31-5-2006; CC1a.LP, sala 3, expte. 219.480 RSD 301-94 S. 17-11-1994, entre otros).
Surge del material probatorio aportado (actuaciones cumplidas en la causa penal que en copia autenticada obra agregada a fs. 462/517, pericia médica de fs. 421/7 y explicaciones de fs. 563/4) que a consecuencia del accidente el Sr. Pelizzi sufrió un esguince de tobillo I° (izquierdo), esguince y esquimosis en hombro I° (izquierdo), traumatismo en muñeca I° (izquierda), traumatismo en tórax, traumatismo encéfalo craneano, heridas y hematomas varios, y a la fecha en que fuera realizado el examen médico (seis años de ocurrido los hechos) «el tobillo izquierdo se encuentra más tumefacto que el contralateral, con limitación para la inversión (supinación) del mismo, limitación de la flexión plantar-dorsal y eversión, con dolor y cuando se la provoca con maniobras semiológicas y radiología, donde se aprecia artrosis con pinzamiento articular o osteofitos marginales» (fs. 423). Dichas lesiones motivaron una incapacidad permanente que el perito cuantificó en el 12%.
Teniendo en cuenta tales circunstancias, las restantes enunciadas por el a quo a fs. 576 apartado “c” de la sentencia, y reparando además en el impacto que las lesiones han de tener en la actividad laboral y social del actor (detalladas con precisión por el perito a fs. 424 y vuelta) y el valor actual del Salario Mínimo Vital y Móvil (Res. Nº 02/16 del C.N.E.P.Y.S.M.V.Y.M.), entiendo que el importe fijado en la sentencia es insuficiente para reparar íntegramente el daño sufrido. Por tal razón, y en virtud de lo expuesto supra (apartado III.1.a) estimo que debe elevarse la suma indemnizatoria a la de $70.000.-
2. Lucro cesante y pérdida de chance a. El recurso, en este parcial, no prospera.
Reiteradamente hemos dicho –siguiendo uniforme criterio jurisprudencial- que el lucro cesante está configurado por la pérdida de enriquecimiento o por las ganancias que ha dejado de percibir el damnificado, y su reclamo debe hacerse sobre una base real y cierta y no sobre una pérdida probable o hipotética. De tal modo este perjuicio no se presume, corriendo a cargo de quien lo solicita la prueba concreta de su existencia y magnitud (SCBA causa C 98.475 S. 14/9/2011; CC2a. LP, Sala 3, exptes. 112.073 RSD123/11 S. 6/12/2011; 111.248 RSD-112/11 S. 18/10/2011; esta Sala, exptes. 150.448 S. 22-5-2012 Reg. 130-S; 150.861 S. 3-6-2013, Reg. 123-S, entre muchos otros).
En el caso, he leído atentamente las constancias obrantes en el expediente y he advertido que: (i) el tiempo de curación del actor fue sustancialmente menor al consignado en la demanda (v. fs. 423 último párrafo y 424), (ii) no se ha producido prueba suficiente que acredite las supuestas ganancias que Pelizzi dijo percibir de sus padres (v. fs. 113/vta punto III.6.2.) y (iii) tampoco hay evidencia que me persuada de la alegada frustración de las ganancias derivadas de las labores que desarrollaba para el Estudio Montigny y Francisco Liquidadores de Seguros y la Cooperativa Lobo de Mar Ltda. Más aún, el relato que sustenta reclamo se muestra incompatible con la indemnización pretendida en concepto de honorarios de la Dra. Susana Mabel Morales, quien -al decir del propio accionante- lo asistió para mantener el regular funcionamiento y atención de su estudio jurídico (v. fs. 115/vta, punto III.9).
En suma, la actora no ha satisfecho a este respecto la carga probatoria, por lo que la pretensión ha sido correctamente desestimada por el a quo (art. 375 y ccdts. del C.P. C.)
b. Idéntica solución cabe dar al agravio que versa sobre la pérdida de chance.
Conforme la doctrina del Máximo Tribunal Provincial, el resarcimiento por “pérdida de chance” comprende aquellas situaciones en las que el comportamiento antijurídico ha interferido en el curso normal de los acontecimientos de un modo tal que no puede saberse si el afectado habría o no obtenido cierta ventaja o evitado cierta pérdida, generándose de tal modo la incertidumbre de saber si el beneficio se habría producido efectivamente; en dicha medida, se ha cercenado una expectativa, la probabilidad de una ventaja (Cfr. SCBA, Ac. 91.262 S. 23-5-2007, C 101.593 S. 14-4-2010, entre otros).
También ha dicho el cimero Tribunal que uno de los requisitos del daño resarcible radica en que sea cierto, no meramente hipotético o conjetural, es decir que debe darse certidumbre en cuanto a su existencia ya sea presente o futura. A contrario, el daño es incierto y por ello no resarcible, cuando no se tiene ninguna seguridad de que vaya a existir, porque el simple peligro o la sola amenaza de un daño no basta (Cfr. SCBA, Ac. 33.797 S. 18-6-85; AyS 1985-II-120; Ac. 46.097, S. 17-3-92; Ac. 78.851, S. 20-4-05; C. 89.068, S. 18-7-07). La “chance” misma es sólo una probabilidad, pero para que su frustración sea indemnizable, tal probabilidad debe ser cierta e inequívoca (Cfr. SCBA C 101.593 S. 14-4-2010, “Díaz, Claudia y otros c/ Massalin Particulares S.A. s/ Daños y perjuicios”). Siguiendo esta postura, hemos señalado en anteriores pronunciamientos de este Tribunal que resulta indemnizable a título de “pérdida de chance”, el cercenamiento de la razonable probabilidad de obtener futuros ingresos o beneficios económicos, probabilidad que no debe ser meramente conjetural o hipotética sino que se establece sobre la base de lo que de ordinario sucede (v. esta Sala, exptes. 134.149 S. 3-7-08 Reg. 350-S; 136.826 S. 24-2-09 Reg. 50-S, entre otros).
Trasladando estos conceptos al caso en estudio, advierto que el perjuicio invocado por el accionante no ha sido debidamente probado (art. 375 C.P.C.). Es que más allá de encontrarse acreditadas las lesiones sufridas por el Dr. Pelizzi y las dificultades de movilidad que tuvo en la etapa de curación (que duró de 15 a 45 días; v. fs. 422/vta), lo cierto es que no se ha producido prueba alguna que permita formar una razonable convicción sobre la pérdida de una probabilidad (cierta, no hipotética ni presunta) de obtener un rédito económico futuro.
Por lo expresado, el agravio no puede progresar.
3. Valor de reposición del vehículo a. En el apartado III.4 del escrito de demanda (fs. 112) el actor reclamó el valor de un nuevo vehículo, en razón de que su Jeep Ika modelo 1959 había resultado totalmente destruido por el accidente. Mediante el escrito de fs. 238/9 solicitó la producción anticipada de la prueba pericial con fundamento en la necesidad de tener que vender el rodado al quilo de hierros.
En su dictamen pericial, el ingeniero mecánico Jorge Norberto Zabala explicó a fs. 253/5 que la naturaleza y entidad de las deformaciones sufridas por el Jeep propiedad de Pelizzi llevan a considerar que la reparación es inviable y que la destrucción ha sido total (v. fs. 254/vta párrafo primero).
El Sr. Juez a quo hizo lugar al reclamo no obstante la suma final otorgada por este parcial fue de $12.000, valor que el Ingeniero Jouandon consignó en el informe de parte obrante a fs. 103/108.
b. El recurso debe prosperar.
Esta Sala he seguido el criterio -reconocido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria- conforme el cual el daño debe ser cuantificado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación (Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit.; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Marquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám.Ap. de Trelew, sala A, "Morra, A. M. y otro c. Enriquez, C. y otro", del 27/05/2009, en voto del Dr. LÓPEZ MESA, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros).
Ello es así en la inteligencia de que, en principio, los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquélla estimación jurisprudencial -realizada en un momento posterior al hecho dañoso- no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia.
La propia Suprema Corte bonaerense ha resuelto que “los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado” (SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926 en igual sentido este Tribunal Sala II causas nº 131.976, 131.833, 130.138, 159.764, entre otros).
Como bien ha afirmado el Dr. Loustaunau en su voto en la causa “Ruiz…” (esta Sala, Expte. 161.169, sent. del 18/08/2016), “es razonable afirmar que la doctrina legal citada, implícita o explícitamente refiere que las sumas destinadas a reparar daños constituyen deudas de valor, en el sentido que siempre les ha reconocido la doctrina, aún antes de la vigencia del actual art.772 del Código Civil y Comercial” (fallo cit., con cita de Alterini, Atilio A “Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral” en LL 1991-B, 1048).
Partiendo de esta base, no puedo más que coincidir con el apelante en cuanto a que la suma de $12.000 en concepto de indemnización por la destrucción total de un vehículo resulta exigua e insuficiente. Teniendo en cuenta la destrucción total del rodado que ha sido corroborada pericialmente (fs. 253/5), las características del bien (en particular, el tipo de vehículo, la marca, modelo y año), y los valores que para unidades similares he podido consultar en los sitios web “De Autos” y “Mercado Libre” (véase, deautos.com y mercadolibre.com.ar, respectivamente; último día de visita: 25/08/2016 a las 12:37 pm) y que oscilan entre los $85.000 y 180.000 de acuerdo al año de fabricación y el nivel de arreglos funcionales y estéticos que cada unidad ofrecida tiene, entiendo razonable y justo que el rubro reclamado prospere por la suma de $120.000.-, monto en el cual he detraído un proporcional correspondiente al valor de rezago derivado de la venta que el accionante denunció a fs. 238/vta (art. 165 y cctes del CPC).
4. Privación de uso y gastos de movilidad.
El actor reclamó $5.720 con motivo de las erogaciones que debió efectuar ante la imposibilidad de utilizar su vehículo (fs. 112/vta). En su sentencia, el a quo hizo lugar parcialmente al reclamo, cuantificándolo en $1.000.-; para así resolverlo, estimó la cantidad de días que presumiblemente hubiera llevado arreglar la unidad y cuantificó $40 diarios de gastos de traslado (fs. 579/vta, punto 7).
El recurso, en este parcial, también debe progresar.
La indemnización por privación de uso de un vehículo que ha resultado íntegramente destruido no puede ser cuantificada con base en el tiempo que conllevó (o hubiere conllevado, hipotéticamente) su reparación. Subyace en la solución y los fundamentos expuestos por el a quo una contradicción insalvable.
Así todo, para definir la procedencia del parcial en análisis entiendo necesario efectuar algunas consideraciones previas.
Como es sabido, el reclamo por “privación de uso” contempla los perjuicios económicos derivados de la imposibilidad de utilizar normalmente un rodado afectado por un accidente.
Ello puede manifestarse de dos maneras: o bien como un daño emergente, representado por las erogaciones realizadas por la víctima para abonar medios sustitutivos de transporte ante la imposibilidad de utilizar su propio rodado; o bien como un lucro cesante, que se vincula con las rentas frustradas que se hubieran percibido si la unidad afectada hubiera podido usarse normalmente (arts. 1067, 1068, 1069 y cctes. del Código Civil; Sup. Corte de Mendoza, Sala Primera, autos "Instalaciones y Montajes Electromecánicos c. Autocuyo y ot.", del 25/11/2003 , publicado en LLGran Cuyo 2004 (marzo), 151). En anteriores oportunidades, he dejado sentada mi opinión en el sentido que, acreditada la indisponibilidad del vehículo, ello es suficiente para hacer lugar a la reparación por privación de uso en tanto daño emergente, ante la ausencia de prueba en contra que debió aportar a tal fin la parte demandada (esta Sala, Exptes. Nº 134.840 S. 10-5-07 Reg. 91-S, 135.174 S. 21-8-07 Reg. 227-S, 134.191 S. 11-9-07 Reg. 883-S, 137.160 S. 14-7-09 Reg. 508-S, entre otros).
En el mismo sentido, una antigua doctrina de esta Sala -que entiendo correcta- señaló que los daños emergentes por privación del uso del vehículo deben ser indemnizados con independencia de que no se acredite el perjuicio, pues se presume -en principio- que quien tiene un automotor lo usa para llenar una necesidad de su vida, contribuyendo al desarrollo de sus actividades en general, tanto laborativas, como de comunicación, comodidad y esparcimiento (causa nro. 45.679, del 28-6- 1979, Reg. Nro. 164 (S) folio 631-634).
El caso en estudio el vehículo de Pelizzi quedó íntegramente destruido como consecuencia del accidente, siendo ya imposible su ulterior reparación. En estos supuestos, la procedencia de la indemnización por privación de uso ha sido muy controvertida en la doctrina judicial. Para una primera postura, es improcedente resarcir la privación de uso del automóvil en los casos de destrucción total o cuando resulta antieconómica su reparación, desde que la imposibilidad de reintegro "in natura" de la cosa dañada impide el otorgamiento de un renglón que precisamente resarce la pérdida sufrida por su temporaria falta de utilización y que es incompatible con el perjuicio experimentado por el propietario de un automotor destruido (CNCiv., Sala A, autos "Valenzuela, Hernán c. Misuraca, Osvaldo Angel y otros", del 10/03/2008, La Ley Online, AR/JUR/1036/2008; en idéntico sentido; Cám.2da.Civ.Com. de La Plata, Sala Primera, autos "Zito, Mónica Graciela c/Jara, Hugo Daniel y otro s/Daños y perjuicios", Expte. 79819 RSD-65-95 del 30/03/1995; íd., autos "Gauna, José Luis y otro c/Ferreyra, Roque Oscar y otro s/Daños y perjuicios", Expte. 81671 RSD-103-96 del 14/05/1996; véase opinión del Dr. Pettigiani en autos “Portugal, Raúl Saúl c/Compañía Colectiva Costera Criolla S.A. y otros s/Daños y perjuicios”, SCBA, Ac. 54245, del 21/03/2001). En fundamento de esta tesitura, se ha argumentado que no corresponde reconocer un daño moratorio (como lo es, en definitiva, la privación de uso) por la falta de utilización de un vehículo que ya no puede repararse en especie, ni volverá a ser usado en un futuro. En las hipótesis en las que es imposible restituir la cosa “in natura”, la indemnización compensatoria por el rodado destruido indefectiblemente se traducirá en una suma de dinero (art. 1083 del Código Civil -ley 340-) cuyo pago tardío (daño moratorio) se repara por medio de los intereses. Son éstos últimos los que, precisamente, tienen la función de indemnizar la falta de disponibilidad del activo patrimonial representado por el valor de la cosa ya definitivamente perdida (véase, en detalle, voto del Dr. Molteni en CNCiv., Sala A, autos “Valenzuela, Hernán c. Misuraca, Osvaldo Angel y otros”, del 10/03/2008, La Ley Online, AR/JUR/1036/2008; en igual sentido –aunque en el ámbito contractual- véase Cám.Civ.Com. de Tucumán, Sala III, autos “Freidenberg de Jabif, Stela Ruth c. Mapfre Aconcagua Cia. de Seguros S.A”, del 28/03/2008, publicado en La Ley, LLNOA 2008 (julio) , 609).
Para una segunda postura, se entiende viable reconocerle a la víctima el derecho a ser indemnizado por la privación de uso del automotor destruido, aunque acotando el daño al marco temporal que razonablemente le hubiera llevado a la víctima la gestión y compra de una nueva unidad (Cám.1ra.Civ.Com. de La Plata, Sala III, autos “Tossi, Julia M. C. c/Turco, Diego y/o LÌnea 518 s/Daños y perjuicios”, Expte. 239088 RSD-47-2, del 18/04/2002; del mismo Tribunal, Sala I, autos “Aguirre, Edgardo y otro c/Fortes, Juan Bautista s/DaÒos y perjuicios”, Expte. 230818 RSD-28-2 del 26/02/2002; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala II, Lazzarino, Lismael RubÈn c/C.T.R. Comunicaciones S.R.L. s/Daños y perjuicios”, Expte. 39300 RSD-53-98 del 19/05/1998, entre otros).
Se ha dicho en este sentido que "la indisponibilidad de un vehículo puede tener como fuente no sólo la circunstancia de que deba ser sometido a reparación sino también la necesidad de cambiarlo por otro pues la tarea de sustituir el automotor inservible no puede efectuarse en un solo día, siendo necesario un cierto tiempo hasta la entrega de la nueva unidad” (CNCiv., Sala H, "Friero, Mario J. y otro c. Campi, José L.", del 30/03/2000 , La Ley AR/JUR/3187/2000). Con esa base, se resolvió que “la indemnización debe otorgarse tomando en consideración el tiempo que razonablemente hubiera sido necesario para reponer unidad por otra, puesto que la idea de destrucción total del rodado, o en todo caso su no reparación (ya fuera por carencia de dinero para llevarla a cabo o por resultar antieconómico), no basta para denegar la indemnización por privación de uso del mismo; en efecto, tal privanza es la consecuencia directa y necesaria de los deterioros provocados al mismo, y como tal, debe ser resarcida" (Cám.Civ.Com. de Lomas de Zamora, Sala Primera, autos "Di Tomasso, Rodolfo c/Sucesores y Herederos de E. Torres Filippini s/Daños y perjuicios", Expte. 64038 RSD-325-7, del 25/09/2007).
En general, se esgrimen dos argumentos centrales para dar sustento a este enfoque: por un lado, que no puede estar en mejor situación indemnizatoria quien recibe un daño menor (averías reparables) que quien padece la desaparición virtual de su rodado (destrucción o equivalentes) (v. Cám.Civ.Com. de Trenque Lauquen, “Bonnet, Armando A. c/Brun, Santiago y otros s/Daños y perjuicios” Expte. 583 RSD-16-61, del 03/11/1987). Por otro, se alega que la limitación temporal de la reparación se funda en razones de causalidad, dado que conceder esta indemnización por el tiempo real que tarda la víctima en conseguir el dinero, o esperar el final del pleito y que le paguen la indemnización implica ingresar en la consideración de una consecuencia mediata (véase, entre otros, Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, autos “Corpa, Máximo y ot. c. Cardozo, Jose y otros”, del 28/07/2006, publicado en LLGran Cuyo 2007 (febrero) , 106 con cita de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala II, en “"Sansevich, Daniel c. La Segunda Cooperativa Ltda.”, del 05/03/1997, publicado en La Ley Litoral, 1998-1-142).
b. Expuestas, en prieta síntesis, las diversas miradas que la temática ha motivado, diré que -a mi entender- el rubro de privación de uso es íntegramente procedente y sin que se justifique establecer límites temporales.
El sistema de la responsabilidad civil se funda en un objetivo central: la reparación integral del daño injustamente sufrido. La idea de reparación integral hace referencia a la situación en la que una persona que ha sufrido un menoscabo o daño injusto, en su patrimonio, o en su persona, obtiene una indemnización de una entidad tal que permite que el estado de cosas actual vuelva a identificarse con el estado de cosas preexistente al suceso dañoso. Indemnizar de manera integral significa borrar todos los efectos del suceso dañoso. El núcleo del reconocimiento del derecho a la reparación integral surge, básicamente, de la conjunción y la interpretación armónica de los arts. 15, 17 y 19 de la Constitución Nacional y 21 inc. 2 y 29 inc. c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Juárez Ferrer, Martín, "Las fórmulas indemnizatorias y la reglamentación razonable del derecho a la reparación integral. Criterio jurisprudencial local", DT 2011 (diciembre), 3361 - LLC 2011 (diciembre), 1169).
Los perjuicios económicos que se siguen de la imposibilidad de utilizar un vehículo destruido conforman un daño patrimonial emergente de tipo moratorio. La víctima no solo ha perdido un bien que ya no puede enmendarse sino que además ese hecho le genera -inmediatamente- la necesidad de efectuar nuevos gastos con motivo de contratar medios de transporte sustitutivos. Este daño complementario conforma una consecuencia mediata y previsible para el autor, y cuya indemnización forma parte del módulo básico de reparación en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Su extensión en el tiempo no debe -ni puedeimputarse a la conducta de la víctima (v.gr. por no adelantar una altísima suma de dinero para mitigar el perjuicio) sino únicamente al autor del daño, quien ha incumplido su obligación de entregar en tiempo y forma una indemnización que compense la perjuicio que ha causado y que permita al reclamante hacerse de un nuevo rodado (art. 901, 904, 1113 y cctes. del Cód. Civ. -ley 340-).
La indemnización que la víctima reciba para compensar la pérdida del automotor no puede tener la virtualidad de anular la procedencia de otro reclamo complementario, cuando éste es acreditado o es sencillamente presumible de conformidad con las reglas de la experiencia. Si bien es cierto que la reparación por la pérdida del vehículo se materializará en dinero (puesto que la reparación in natura no será ya posible; art. 1083 del Cód. Civ.) y que la mora por la entrega oportuna del capital se indemniza a través del pago accesorio de los intereses moratorios (art. 622 del Cód. Civ.), no es menos cierto que -aún bajo el régimen de las obligaciones dinerarias- es posible admitir el resarcimiento de todo daño que se invoque y pruebe como derivado del incumplimiento, jugando el interés moratorio como un piso legalmente presumido pero no como un techo rígido o inflexible (véase Pizarro, D. – Vallespinos, Carlos, “Instituciones de derecho privado. Obligaciones”. Buenos Aires: Hammurabi, 2006, t. I, pág. 412).
En la sentencia que esta Sala dictó en autos "Panasci, Ariel E. c/ La Mercantil Andina S.A. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 158.947, sent. del 25/08/2015) acompañé el voto del Dr. Roberto Loustaunau en el cual apuntó —en un conflicto negocial, pero que es perfectamente aplicable en la especie— que no corresponde poner a cargo del damnificado la prueba de que no contaba con el dinero para comprarse otro auto, lo que conlleva un muy discutible análisis de la relación causal atribuyéndole indebidamente a la víctima una falta de diligencia e imputándole ese daño o su agravación. Se expuso allí que el deber de la víctima de no agravar el daño sufrido debe ser exigido con razonabilidad, extremo que no se verifica si se limita la reparación por la imposibilidad de utilizar un vehículo partiendo de la base de que aquél debió desembolsar otra suma de dinero para hacerse de un nuevo automóvil y así poder mitigar el daño económico que su privación le generaba. El criterio en análisis implicaría trasladar las consecuencias de la mora al propio reclamante, lo que no guarda coherencia con la solución que se le ofrece al acreedor de sumas de dinero, a quien no se le retacea el daño moratorio hasta que él mismo hubiera podido suplir el capital que su deudor no le paga (v. fallo cit., voto del Dr. Loustaunau).
Echevesti, que tampoco comparte la solución que vengo criticando, señala que en los casos de destrucción total del vehículo el daño es el valor de la pérdida sufrida o la utilidad dejada de percibir (art. 519), o el perjuicio efectivamente sufrido o la ganancia de que fue privado el damnificado (arts. 1068 y 1069, Cód. Civil), que en un supuesto u otro constituye la "privación del automotor". Cuando como consecuencia de un hecho ilícito, una cosa se destruye en forma total (art. 1094, Cód. Civil), el damnificado hasta que no sea resarcido por el valor que esa cosa tenía en el mercado para adquirir otra de las mismas características -en punto a marca, modelo, año, estado de conservación etc.- se verá temporariamente privado de ella. Es decir, ha sufrido una situación transitoria de indisponibilidad respecto de un bien. Luego debe repararse el perjuicio consistente en el valor de la cosa y la pérdida que su privación le significó a la víctima hasta poder obtener otra semejante. Esta indisponibilidad se extiende desde el momento en que la cosa le fue destruida, hasta la efectiva percepción de la indemnización que le permite acceder a otra similar, si es que no ha podido lograr su reemplazo por otro medio que no le haya sido también gravoso (Echevesti, Carlos A., "Accidentes de automotores (Privación de uso. Usuario no propietario)", publicado en: LA LEY 1991-D, 264, el resaltado me pertenece).
Criticando el argumento de la causalidad, Echevesti apunta con acierto que no tiene explicación que la privación de uso se considere una consecuencia mediata reparable cuando conlleva un tiempo reducido, pero se la considere no reparable cuando signifique un lapso mayor (por caso, la duración de un juicio), que es cuando el perjuicio es más grande (aut. cit.). En definitiva, considero que la privación de uso es un daño patrimonial indemnizable aun en supuestos en los que el automóvil del actor resulta íntegramente destruido, ámbito en el cual no cabe establecer limitaciones temporales con fundamento en exigencias irrazonables en perjuicio de la propia víctima.
Por ello, el reclamo realizado por el actor debe prosperar por los montos y conceptos peticionados en la demanda, los cuales estimo razonables y acordes con las reglas de la experiencia (ello a excepción del proporcional correspondiente a los invocados viajes en avión, perjuicio que –de existir- no guarda nexo de causalidad con el hecho). Estimo prudente entonces que el parcial prospere por la suma de $5.320.- (art. 34 inc. 5°, 163 inc. 6°, 330 inc. 3°, 375, 384 y cctes. del CPC; arts. 1083 y cctes. del Código Civil –ley 340- y 7 del Código Civil y Comercial).
5. Intereses moratorios.
El agravio vinculado a la tasa de interés moratoria prospera parcialmente.
i. Hace ya casi una década, la Sala Segunda de este Tribunal resolvió –por mayoría- en autos “Zibecchi, Pablo c/ Trama, Fabián y ot. s/ Daños y Perjuicios” (Expte. N° 126.644, sent. del 21-06-07 Reg. 168-07) que en aquellos casos en los que no es aplicable una tasa legal o pactada, los intereses moratorios deben ser calculados, desde el 6 de enero de 2002 (fecha de promulgación de la ley 25.561), a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de préstamos personales.
Sostuve en el antecedente citado que la Suprema Corte Provincial, a partir del caso “Zgonc” –Ac. 43.448, del 21/05/1991-, sentó como doctrina judicial la aplicación de la tasa pasiva a todos los créditos pendientes de pago que han sido reconocidos judicialmente, trátese de responsabilidad contractual o aquiliana, cuando no median intereses convencionales ni legales, y que ese criterio había sido sostenido en los inicios del denominado plan de convertibilidad. Ese contexto económico — señalé— difería sustancialmente del que existía al momento de dictar la sentencia en la precitada causa “Zibecchi”.
Expuse también en aquella oportunidad que los jueces deben dar solución -en los casos a resolver- en la medida que mejor satisfaga los intereses sociales de la época, por lo que –teniendo en consideración la notoria desarticulación normativa del sistema de convertibilidad a partir de la promulgación de la ley 25.561-, es imprescindible «mantener incólume la cuantía de la obligación, fijándose tasas de interés moratorio positivas (art. 622 del Código Civil) para evitar así que debido a la demora en el pago imputable al obligado, el acreedor reciba una cantidad nominal depreciada, en lugar de la justa indemnización que le corresponde para enjugar el daño padecido” (C.N.Civ., Sala “G”, La Ley 06/03/2007). Todo ello para dar cumplimiento al principio de la reparación integral de la que nos informa el Código de Vélez en su artículo 1069 y con tutela constitucional.
ii. Sin embargo, en octubre de 2009 la Corte con sede en La Plata -por mayoría- ratificó la vigencia del criterio sentado en el caso “Zgonc” sin perjuicio del abandono de la paridad cambiaria instituida por la ley 25.561, reafirmando la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires con posterioridad al 6 de enero de 2002 (SCBA, causa C. 101.744, en autos “Ponce, Manuel Lorenzo y ot. c/ Sangalli, Orlando Bautista y ot. s/ Daños y Perjuicios”, sen. del 21-10-09; idéntica solución, aunque en materia laboral, fue adoptada en el acuerdo L. 94.446, in re "Ginossi, Juan Carlos contra Asociación Mutual U.T.A. Despido”, de la misma fecha).
Si bien los decisorios de la Corte Provincial carecen de obligatoriedad para los jueces inferiores en la resolución de casos análogos (pues no existe normativa expresa de ningún rango que así lo imponga) el deber moral e institucional de seguir sus lineamientos interpretativos — sumado a razones de economía procesal— llevaron a este Tribunal a aplicar aquella doctrina en los casos que llegaron a su entendimiento (arts. 15 CPBA y 34 inc. 5 CPC; S.C.J.B.A., Ac. 77.132; Hitters Juan Carlos “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, pág. 228, Editorial Librería Editora Platense S.R.L., 1994; Camps, Carlos E. “Jurisprudencia obligatoria y doctrina legal de la Corte bonaerense”, JA 2004-II-1164). Ello, claro está, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión personal ya expresada en el precedente “Zibecchi” .
iii. La preocupación por la ínfima proporción en la que se termina indemnizando el daño moratorio sufrido por la víctima motivó que en las causas “Avila c/ Transportes 25 de Mayo s/ Daños y Perjuicios” (Sala II, causa 156.126, sentencia del 9/9/14, RSD 225-14), y “Rojas, Orocimbo c. Delio, Cristian y otro s. Daños y perjuicios" (Sala II,. Expte. 155.954, del 04/09/2014; RSD, 223-944) adhiera a la opinión del Dr. Roberto J. Loustaunau mediante la cual se buscó una solución alternativa. En tales fallos, la opción escogida fue utilizar la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo “digital” a treinta días (es decir, aquellos cuyos fondos son captados a través del sistema Homebanking de la entidad, denominado comercialmente “Banca Internet Provincia” o “BIP”), y en su modalidad “tradicional” (esto es, sin posibilidad de cancelar anticipadamente).
La razón para la elección de esta tasa era relativamente sencilla: aceptando -por estrictas razones de casación de hecho- que el interés moratorio representa "la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado" (SCBA, in re "Ponce...", voto del Dr. Genoud), o aun si se considera que tiende a "resarcir la renta de la que se vio privado el acreedor durante el lapso en que no pudo disponer de los fondos que se le adeudaban" (íd., voto del Dr. Soria), resulta prudente escoger, entre las diversas tasas pasivas disponibles en la banca pública bonaerense, aquella que represente el mejor rendimiento para el acreedor insatisfecho (pues es esa la conducta que razonablemente puede presumirse que hubiera observado la víctima de haber recibido el capital en tiempo y forma). En aquel entonces, y aun hoy, el plazo fijo más rentable es el constituido por homebanking.
Esta tasa “BIP” tiene la virtud de garantizar el respeto a las tres pautas dadas por el Máximo Tribunal en su doctrina legal (SCBA, causas C. 43.858, “Zgonc…”, 101.774 “Ponce…” y L. 94.446 “Ginossi…”, et. al), en tanto: (a) se trata de una tasa pasiva, (b) corresponde a una operación de depósitos a treinta días y (c) se liquida sin incurrir en ninguna forma de capitalización. Tal es así que en autos “Zocaro, Tomás A. c. Provincia A.R.T., SA y otros s/daños y perjuicios” (RI. 118615 de fecha 11/03/2015, publicado LA LEY 07/05/2015, 7), la Suprema Corte consideró que aquella alícuota no era violatoria de su doctrina legal.
iv. Ahora bien, el pasado 18 de mayo de 2016 la Suprema Corte resolvió -por mayoría- en autos “Ubertalli Carbonino, Silvia contra Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa” (causa B. 62.488) que al crédito de la reclamante —sobre el cual tampoco había tasa legal o convencional aplicable— debían adicionársele intereses moratorios a calcular conforme «la tasa pasiva más alta más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso».
Poco menos de un mes después, el mismo Tribunal dictó sentencia en autos “Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios” (causa C. 119.176, del 15/06/2016), ratificando -ahora en un caso de derecho civil- lo afirmado en “Ubertalli” aunque agregando que los intereses debían liquidarse desde el día del hecho (fallo cit., voto de la Dra. Kogan, considerando V.b, último párrafo).
Es de destacar que en este último precedente fue motivado por un recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca en la cual modificó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a una demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. La Alzada había modificado algunos rubros indemnizatorios y, en lo que respecta a la tasa de interés moratoria, había fijado la aplicación de una alícuota del 4% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia, y desde ese momento hasta el efectivo pago -junto al resto de los conceptos concedidosde acuerdo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El actor impugnó esta última decisión por ser incongruente (ultra petita) dado que la aplicación de la tasa del 4% fue oficiosamente dispuesta por el ad quem y no obedecía a un pedido de las partes.
La Suprema Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario y sostuvo —en voto de la Dra. Kogan, al que adhirió luego la mayoría— que «la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768, inc. "c", Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia. Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)» (fallo. cit., voto de la Dra. Kogan que conforma la mayoría). Tres aspectos merecen especial atención en esta decisión de la Suprema Corte, la cual -se advierte- configura un nuevo capítulo en la evolución jurisprudencial de la temática de los intereses moratorios: (a) Una primera observación que cabe efectuar es que la nueva doctrina se acompasa con lo decidido originariamente en la causa C. 43.858, “Zgonc…”, y luego ratificado en causas 101.774 “Ponce…” y L. 94.446 “Ginossi…”, entre otros. Así todo, entre aquellos precedentes (“Ponce”, “Ginossi”) y el aquí analizado (“Cabrera”) existe una diferencia que no es menor: si bien se insiste en la utilización de la tasa que representa la renta que otorga un plazo fijo constituido a treinta días en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, se deja a salvo la facultad del magistrado de elegir la más alta entre todas las posibles para cada período de devengamiento. Es decir, dentro del género de ese tipo de inversiones, el sentenciante podrá elegir la especie (esto es, el producto bancario particular) más rentable para el ahorrista. Hoy esa tasa “más alta” es la que el banco paga en sus depósitos hechos por homebanking, pero nada quita que en el futuro otro producto – siempre que se trate, claro está, de depósitos a plazo fijo a 30 días hechos en el Banco Provincia- prevea una renta superior.
(b) Una segunda observación que es menester realizar se vincula con la aplicación temporal de la doctrina legal y su utilidad para las liquidaciones de los créditos reconocidos -o a reconocer- en procesos en trámite.
La doctrina fijada por la Suprema Corte ha sido establecida con especial referencia a la nueva normativa Civil y Comercial que entró en vigencia el pasado 01 de agosto de 2015 (art. 768 inc. “c” y cctes. del CCyC) pero también con relación a las pautas establecidas en el hoy derogado código velezano (art. 622 del Cód.Civ. -Ley 340-).
De ello se sigue que el nuevo criterio debe utilizarse para liquidar intereses moratorios correspondientes a períodos devengados con anterioridad al 01/08/2015 (art. 622 del Código Civil, Ley 340), así como también los períodos devengados con posterioridad a dicha fecha (art. 768 inc. “c” del Código Civil y Comercial, Ley 26.994).
(c) Finalmente, un tercer aspecto a destacar, tiene que ver con la momento a partir de la cual los intereses moratorios deben computarse, tópico que no fue abordado en los ya citados casos “Ponce” y “Ginossi”, y que en “Cabrera” había sido objeto de crítica por parte de la recurrente al agraviarse de la solución de la Cámara que, para ciertos rubros indemnizatorios, utilizo –al parecer, oficiosamente- una tasa pura del 4% para los intereses devengados desde el día del accidente hasta la fecha de la sentencia.
Al decir de la Corte provincial, los intereses moratorios deben liquidarse desde el día del hecho dañoso (es decir, y utilizando la terminología del nuevo digesto civil: desde que se produce «cada perjuicio»; art. 1748 del C.C.C.) sin que quepa efectuar distinciones según el tipo de rubro indemnizatorio que se trate o el valor actual o histórico que hubiere sido tenido en cuenta para su cuantificación dineraria.
Adviértase que si bien la solución de la Casación es concordante con la jurisprudencia mayoritaria en la materia (y reconoce como antecedente al célebre fallo plenario de la Cámara Civil de Capital federal en autos “Gómez c/Empresa Nacional de Transportes" del 16/12/58; L.L. 93- 667), puede merecer algunas observaciones cuando se trata de intereses por mora que acceden a rubros resarcitorios que se cuantifican a valores más cercanos a la fecha de la sentencia o en la etapa de ejecución (modalidad que la propia Casación ha reconocido; véase "Arbizu, Víctor Esteban y otros contra Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa", 101.107, sent. del 23 de marzo de 2010, y sus citas).
La utilización de tasas puras desde la fecha del hecho hasta la de la sentencia -como la adoptada por la Cámara de Bahía Blanca y revocada por la SCBA en el caso que vengo comentando- es una razonable herramienta que pretende evitar resultados que pueden ser calificados de injustos, cual es el caso del damnificado que recibe el capital aumentado (representado aquí por la cuantificación actual del valor reclamado), y a la vez, sobre dicho capital percibiría el accesorio de los intereses a una tasa (activa o pasiva) solo justificable en épocas de aguda inflación. La concurrencia de dos correctivos encaminados al mismo fin, produciría, a favor del damnificado, un enriquecimiento sin causa (esta tesis es sostenida por Juan José Casiello en “Los intereses y la deuda de valor (Doctrinas encontradas y saludable evolución de la jurisprudencia)”, Publicado en La Ley 151, 864, Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo III, 219). Este tema fue analizado con especial detenimiento en la cuarta cuestión sometida a plenario por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en autos “Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y Perjuicios” del 20/04/2009, donde el Tribunal optó por el uso de tasas activas aunque aclaró –a propósito de los rubros cuantificados a valores actuales- que «la tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».
Más allá de estas digresiones, el punto a destacar es que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha entendido innecesario efectuar distingos entre rubros estimados a valores vigente a la fecha del reclamo y aquellos que se cuantifican al momento más cercano a la sentencia, estableciendo -en cambio- un único punto de partida para el cálculo de los intereses moratorios: el día en que se produce el daño. Esta tesitura fue luego confirmada en la causa "Padín, Martín Aníbal contra Municipalidad de Olavarría. Daños y perjuicios" (C. 116.930, sent. del 10/08/2016) donde la Casación expuso que no se configura una doble actualización cuando a un rubro indemnizatorio calculado a valores actuales se le aplica una tasa moratoria desde la fecha del hecho. Se argumentó en tal sentido que los intereses moratorios se reconocen ipso iure desde la fecha de la mora y que no constituyen un modo de actualización del capital sino que buscan resarcir el daño que al actor ocasiona el incumplimiento del deudor y poseen como causa la privación al dueño del capital que el deudor no tiene derecho a retener (fallo cit., considerando "3.e" del voto del Dr. Pettigiani).
v. En conclusión, sin perjuicio de mantener mi opinión personal ya expresada en el precedente “Zibecchi” arriba citado, estrictas razones de casación de hecho me llevan a aplicar en el caso en estudio la doctrina establecida por el Máximo Tribunal Provincial in re “Cabrera…” (SCBA, C. 119.176, del 15/06/2016).
En consecuencia, corresponde modificar la sentencia apelada y disponer que los intereses moratorios sean calculados a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa. A los fines de determinar cuál es el plazo fijo más rentable que para cada período ha ofrecido dicha institución financiera, deberá utilizarse como parámetro de consulta el documento denominado “Tasas de consulta frecuente” publicado en la sección “Institucional” del sitio web del Banco de la Provincia de Buenos Aires (www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/tasas_frecuentes.pdf) o cualquier otro informe oficial que en un futuro lo reemplace. Esta pauta se aplicará indistintamente a los intereses devengados antes y después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (arts. 622 del Código Civil, 7 y 768 inc. “c” del Código Civil y Comercial).
Y si bien en la presente sentencia diversos rubros fueron cuantificados a valores actuales (v. supra, considerando III.1 y III.3.), no corresponde adecuar o modificar a su respecto el dies a quo de los intereses en razón de no haber sido ello motivo de agravio. Ello sin perjuicio de que, a todo evento, aquella adecuación –aun oficiosa- no es admisible a la luz de la nueva doctrina legal (SCBA, fallos “Cabrera”, C. 119.176, del 15/06/2016 y “Padín”, C. 116.930, sent. del 10/08/2016).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 583; II) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora, modificando la sentencia en lo que respecta a la tasa de interés (debiendo calcularse a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; todo ello de conformidad con los parámetros establecidos en el considerando III.5) y los montos por los rubros “daños a la salud e integridad física” ($70.000.-), “valor de reposición del vehículo” ($120.000.-), privación de uso y gastos de movilidad (por $5.320.-) confirmando el decisorio atacado en lo restantes puntos que fueran motivo de agravio; III) Imponer las costas de la segunda instancia a la demandada y su citada en garantía (art. 68 del CPC). IV) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dec-Ley 8904).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: Corresponde: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 583; II) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora, modificando la sentencia en lo que respecta a la tasa de interés (debiendo calcularse a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; todo ello de conformidad con los parámetros establecidos en el considerando III.5) y los montos por los rubros “daños a la salud e integridad física” ($70.000.-), “valor de reposición del vehículo” ($120.000.-), privación de uso y gastos de movilidad (por $5320.-) confirmando el decisorio atacado en lo restantes puntos que fueran motivo de agravio; III) Imponer las costas de la segunda instancia a la demandada y su citada en garantía (art. 68 del CPC). IV) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dec-Ley 8904). V) NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia