Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín · Causa JN-20734-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Dejar sin efecto la resolución de primera instancia que revoca el régimen de semidetención que venía usufructuando Alejandro José Rotouno. Sin costas.
Expte. Nº JN-20734-2026 : " ROTOUNO ALEJANDRO JOSE S/ PENA A CUMPLIR "
Junín, a los 19 días del mes de Noviembre del año dos mil veintiséis, los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Carlos Mario Portiglia, Juan Leopoldo Singla y Luis Alberto Beraza, bajo la Presidencia del primero, proceden a pronunciar Sentencia en la Causa Nº JN-20734-2026 , caratulada " ROTOUNO ALEJANDRO JOSE S/ PENA A CUMPLIR " .
Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden Doctores: Portiglia, Singla y Beraza.
Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Carlos Mario Portiglia dijo :
El Juez titular del Juzgado de Ejecución Penal revocó el régimen de semidetención que venía usufructuando el penado Alejandro José Rotouno en dependencias de la Comisaría de la localidad de Vedia (prisión nocturna de 21 a 6 hs., conforme arts. 117, 123 y cc. de la ley 12.256), sobre la base del informe suscripto por la Of. Sub Ayudante Araceli González, en el sentido de que el nombrado había llegado a dicha sede con aliento etílico y profiriendo insultos al personal policial.
Contra ello deduce recurso de apelación el defensor oficial oficial que lo asiste.
En la tarea revisora que me compete (arts. 21, 439 y cc. del CPP), adelanto que si bien la defensa no contestó el traslado que se le corriera por parte del Juzgado al momento de disponer la suspensión provisoria del instituto -circunstancia que impide su abordaje por encontrarse ausente el primer grado de jurisdicción, cfr. art. 434 del CPP- la decisión adoptada debe igualmente ser dejada sin efecto por haber sido tomada contraviniendo las formas esenciales del debido proceso y afectando, en consecuencia, la garantía constitucional que hace al derecho de defensa.
Como un primer aspecto del pensamiento que adelantara es que la revocación del régimen de la semidetención en el que estaba inserto Rotouno debe decidirse, necesariamente, de manera excepcional y cuando se compruebe, de un modo claro y contundente, una falta grave y reiterada por parte del detenido que torne incompatible ese accionar con el goce del instituto en tratamiento, en función de que ello implica, ni más ni menos, el aumento hacia la máxima intensidad por parte del Estado de la injerencia sobre la persona que se traduce en la privación absoluta de la libertad a través del encierro carcelario. Por ello debe extremarse en el análisis contextual y conglobado del caso la utilización de las pautas de razonabilidad, proporcionalidad y prudencia para conciliar los derechos e intereses en juego.
Sentado lo anterior, y como un segundo trazo relevante para decidir el asunto, encuentro que no ha sido respetado el derecho de toda persona sometida a proceso penal a ser oída, que forma parte inescindible de los principios rectores que hacen al debido proceso y al derecho de defensa según el art. 18 de la C.N. y por la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional
(art. 75, inc. 22).
Puede verse en esa dirección que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prevé que "toda persona gozará de la garantía de concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y a disponer de un procedimiento sencillo y breve que la ampare contra actos de autoridad que violen sus derechos" (art. XVIII). Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que "toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial..." (art. 10), y, a su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -donde el derecho al debido proceso encuentra su previsión más amplia- establece, entre otros, el derecho de toda persona a ser oída previo a la toma de decisiones sobre sus derechos e intereses, y a que se presuma su inocencia en orden a la imputación o acusación que se le formule (art. 8).
De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalara, en reiteradas oportunidades, que las "garantías judiciales" del artículo 8 de la CADH se refieren a la exigencias del debido proceso legal, al que definió como "el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos" (Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A Nº 9, párr. 27).
Por su parte, la CSJN se ha referido al ámbito de aplicación de este derecho, tanto respecto de su oportunidad procesal como de sus sujetos activos y, en ese sentido, hizo extensiva su protección durante la totalidad del procedimiento penal, inclusive durante la ejecución de la pena (Fallos 327:388), por lo que el derecho a ser oído es sinónimo de tutela judicial efectiva, y significa que toda persona tiene derecho a acceder a un tribunal y a tener contacto directo con ese órgano decisor para que éste pueda pronunciarse (principio de inmediación); derecho que adquiere aún mayor fuerza frente a situaciones de especial trascendencia como por ejemplo la que aquí se trata, en la medida que, en los hechos, importó, como dijera más arriba, nada más y nada menos que la pérdida total de la libertad y el traslado a una dependencia carcelaria.
De otro lado, merece también consideración que el penado no se sustrajo al cumplimiento de la ley ya sea concurriendo a la dependencia policial fuera del horario estipulado o bien profugándose -es decir, no acudiendo- mientras que lo demás que ha sido informado -aliento etílico y proferir insultos, que ni siquiera se describen en que consistirían- no constituye, en principio, y sin garantizar previamente una instancia de escucha, fundamento suficiente para la revocación de la semidetención que le había sido otorgada, máxime, cuando no surge que durante el tiempo en que se venía ejecutando ese instituto, se hayan producido situaciones anormales o disfuncionales que dieran motivo a considerar inconductas habituales o reiteradas por parte del penado.
La resolución de primera instancia, por lo brevemente expuesto, debe ser dejada sin efecto y así lo propongo concretamente al acuerdo, sin costas (arts. 1, 3, 106, 434, 439, 441, 530, 531 y cc. del CPP).
VOTO POR LA NEGATIVA
Dieron sus votos en el mismo sentido, aduciendo análogas razones, los Señores Jueces Doctores Juan Leopoldo Singla y Luis Alberto Beraza.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. Dejar sin efecto la resolución de primera instancia que revoca el régimen de semidetención que venía usufructuando Alejandro José Rotouno. Sin costas.
II. Registrar, notificar y devolver al origen.
Firmas
Funcionario firmante: PORTIGLIA Carlos Mario - JUEZ
Funcionario firmante: SINGLA Juan Leopoldo - JUEZ
Funcionario firmante: BERAZA Luis Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: BORNIC Analia Graciela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 591-2026
Fin de la sentencia