Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de La Plata · Causa 84192
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (art. 35 inc. 1 ap. "i" CCA).
2Reanudar, en consecuencia, el cómputo del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse en el término de treinta (30) días de notificada la presente (art. 36 inc. 1 CCA).
3Imponer las costas a la parte demandada (art. 51 CCA).
84192 -" PEÑA OSCAR EMILIO C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - PREVISION "
LA PLATA, en la fecha de la firma digital.-
Las presentes actuaciones de las que,
1. Que en autos se presenta el Sr. Oscar Emilio PEÑA -DNI N° 16.520.468-, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Rodrigo Rasia, promoviendo demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a obtener la revisión judicial de la denegatoria tácita configurada por el silencio de la Administración respecto del reclamo administrativo presentado con fecha 03/10/2025, en el marco del expediente jubilatorio N° 021557-478478-0-18-000 y sus agregados.
En tal sentido, solicita que se condene al organismo demandado a rectificar el porcentaje aplicado a su haber jubilatorio, determinado en el setenta por ciento (70%) de la remuneración mensual asignada al cargo regulador del beneficio, reconociéndose su derecho a percibir el setenta y cinco por ciento (75%), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del decreto-ley N° 9650/80.
Sostiene que, al momento de acceder al beneficio jubilatorio, contaba con cincuenta y cuatro (54) años de edad y más de veinticinco (25) años de servicios con aportes al Instituto de Previsión Social, correspondientes a las tareas desempeñadas en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro" de la ciudad de Junín, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Argumenta que, habiendo acreditado la totalidad de su carrera previsional con aportes al organismo demandado, le corresponde acceder al incremento del cinco por ciento (5%) previsto por el artículo 43 del decreto-ley N° 9650/80, con independencia del carácter común, insalubre o diferencial de los servicios computados para el otorgamiento del beneficio, de conformidad con la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa "D'Angelo".
Refiere que, ante la falta de respuesta al reclamo administrativo presentado, con fecha 10/03/2026 interpuso pronto despacho, sin obtener pronunciamiento alguno por parte del organismo previsional, circunstancia que considera configurativa del silencio administrativo que habilita la presente acción.
Asimismo, solicita que se reconozca su derecho al cobro retroactivo de las diferencias resultantes del reajuste pretendido, devengadas desde el momento de su efectiva jubilación o, subsidiariamente, por los períodos no prescriptos, considerando a tales efectos los valores actualizados al momento de practicarse la correspondiente liquidación, con más intereses y costas.
Funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y requiere que, oportunamente, se haga lugar a la demanda en todas sus partes.
2. Que, en fecha 15/07/2026, se tuvo por iniciada la acción, requiriéndose al organismo demandado la remisión de las actuaciones administrativas N° 021557-478478-0-18-000 y todo otro vinculado a Peña Oscar Emilio ( DNI 16520468 ), no obrando constancia de su respuesta.
3. Que, dispuesto el traslado de la acción (ver auto de fecha 08/09/2026), el día 05/10/2026 se presentó el Dr. Kevin Ennis, en carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y planteó como excepción previa la inadmisibilidad de la pretensión por haberse demandado la nulidad de un acto administrativo firme y consentido, y por caducidad de la acción (arts. 18 y 35 inc. 1 ap. "i" CCA).
Señala que el Instituto de Previsión Social dictó la Resolución N° 932.795, de fecha 12/02/2020, mediante la cual se le otorgó al accionante el beneficio jubilatorio, determinándose su haber en el setenta por ciento (70%) de la remuneración mensual correspondiente al cargo regulador.
Argumenta que dicho acto administrativo fue notificado al beneficiario, quien no formuló cuestionamiento administrativo ni judicial en tiempo oportuno, por lo que la resolución adquirió firmeza.
Sostiene que, con posterioridad, el actor presentó un reclamo administrativo el 03/10/2025, mediante el cual solicitó la rectificación del porcentaje de su haber jubilatorio al setenta y cinco por ciento (75%), procurando de ese modo modificar extemporáneamente el contenido de la resolución que le otorgó el beneficio.
Asimismo, refiere que, luego de la presentación del pronto despacho de fecha 10/03/2026, el Instituto de Previsión Social habría ratificado, con fecha 10/08/2026, el porcentaje del setenta por ciento (70%) oportunamente reconocido.
En ese marco, afirma que, si bien la parte actora promueve una pretensión anulatoria contra la denegatoria tácita configurada por el silencio de la Administración frente al reclamo administrativo presentado, mediante la presente acción procura, en rigor, cuestionar el alcance de un acto administrativo firme y consentido.
Por ello, entiende que, al momento de promoverse la presente acción, se encontraban vencidos tanto el plazo de noventa (90) días previsto por el artículo 18 CCA como el plazo de impugnación administrativa contemplado en el artículo 74 del decreto-ley N° 9650/80, habiendo adquirido firmeza el acto administrativo que concedió el beneficio jubilatorio, por lo que solicita se declare la inadmisibilidad de la pretensión en los términos del artículo 35 inciso 1 apartado "i" CCA.
Cita antecedentes jurisprudenciales que entiende aplicables a la especie, en particular el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictado en la causa A. 79.012, "Bueno, Luis Pablo c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos - Previsión", de fecha 30/12/2025, ofrece como prueba la resolución administrativa cuestionada y solicita que se haga lugar a la excepción incoada, rechazándose la demanda en todos sus términos.
4. Que, ordenándose correr traslado a la parte actora de la excepción opuesta, el mismo fue contestado solicitando su rechazo, con fundamento en la naturaleza previsional de los derechos reclamados y su carácter imprescriptible e irrenunciable, conforme lo dispuesto por el artículo 62 del decreto-ley N° 9650/80 y los principios constitucionales de protección de la seguridad social.
Fundamenta que el plazo de caducidad previsto en el artículo 18 CCA no resulta aplicable a la pretensión deducida, en tanto su aplicación importaría limitar el acceso a la revisión judicial de derechos previsionales de carácter alimentario e irrenunciable.
Asimismo, señala que la pretensión anulatoria se dirige contra la denegatoria tácita configurada por el silencio administrativo frente al reclamo oportunamente presentado, encontrándose la acción promovida dentro de los plazos legales correspondientes.
Subsidiariamente, solicita que la presente acción sea considerada como una pretensión de reconocimiento de derechos, en tanto el agravio invocado no se relaciona con vicios formales de los actos administrativos cuestionados, sino con los efectos que estos producen sobre su situación jurídica.
Por tales motivos, requiere que se desestime la excepción articulada por Fiscalía de Estado y se reanude el plazo para contestar la demanda.
I. Que el artículo 35 CCA, relativo a las "Excepciones Admisibles" en el marco del proceso contencioso administrativo, preceptúa -en su parte pertinente- que: ". 1. Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones: . i) Inadmisibilidad de la pretensión. por demandarse la nulidad de un acto administrativo consentido.", las cuales -por su carácter de "previas"- han de ser intentadas dentro ". de los primeros quince (15) días para contestar la demanda." instaurada (conf. art. 34 inc. 1 CCA).
II. Que, partiendo de la providencia del 08/09/2026 (traslado de la acción) y tomando en cuenta la constancia de notificación automatizada del 11/09/2026 junto con el escrito electrónico de fecha 05/10/2026, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires ha opuesto la excepción dentro del plazo previsto en el artículo 34 inciso 1 CCA, por lo que corresponde proceder a su tratamiento.
III. a.- Sentado ello, he de referirme a la defensa de inadmisibilidad de la pretensión por haber sido deducida una vez vencido el plazo de noventa días (90) previsto por el artículo 18 CCA.
III. b.- Sobre el particular, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires planteó la extemporaneidad de la demanda articulada por el Sr. Peña, en razón de haber sido deducida cuando ya se encontraba vencido el plazo de noventa (90) días que dispone el artículo 18 CCA, contado desde la notificación de la Resolución N° 932.795, de fecha 12/02/2020, mediante la cual se le otorgó el beneficio jubilatorio.
IV. Que, conforme a lo reseñado y atendiendo a la naturaleza de la pretensión articulada, cabe adelantar la conclusión en sentido favorable a su admisibilidad.
Al respecto, procede recordar que al Sr. Peña se le otorgó el beneficio jubilatorio mediante la Resolución N° 932795, de fecha 12/02/2020, determinándose su haber en el setenta por ciento (70%) de la remuneración mensual correspondiente al cargo regulador, prestación que actualmente percibe.
Ahora bien, la falta de impugnación oportuna de dicha resolución no acarrea, por sí misma, la caducidad de la pretensión de reajuste posteriormente deducida, toda vez que el accionante no persigue dejar sin efecto el beneficio concedido, sino obtener el reconocimiento de un porcentaje jubilatorio superior, conforme a lo dispuesto por el artículo 43 del decreto-ley N° 9650/80.
Sobre esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa A. 79.336, "Ramírez, Mirta Lucía c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos - Empleo Público" (sent. del 03/08/2026), se pronunció acerca de la admisibilidad de una pretensión dirigida a obtener el reajuste de una prestación previamente reconocida, frente a la defensa de caducidad fundada en la falta de impugnación del acto administrativo que dispuso su otorgamiento.
Sobre el particular, el Máximo Tribunal provincial sostuvo que la pretensión allí deducida " no puede ser calificada como impugnatoria del acto de otorgamiento del subsidio y que, por ende, no le son aplicables las reglas que gobiernan el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa en ese supuesto. Es que, a diferencia de los casos en que el particular obtiene un acto desfavorable y debe decidir si lo ataca o lo consiente, la señora Ramírez nunca estuvo en esa encrucijada: la resolución 1.390/11 hizo lugar a su pedido. La circunstancia de que ese acto se haya dictado en aplicación de una norma reglamentaria que la actora ahora tacha de inconstitucional no lo transforma retroactivamente en un acto adverso, ni genera la obligación de haberlo cuestionado en su momento. Ello, claro está, sin perjuicio de la prescripción que pudiera oponerse respecto de las diferencias reclamadas o del eventual consentimiento que pudiera inferirse de la percepción del retroactivo liquidado al momento del otorgamiento del beneficio".
A la luz de tales lineamientos, cabe señalar que, en el caso de autos, el accionante no cuestiona el reconocimiento de su derecho al beneficio jubilatorio, sino que procura obtener el reajuste del porcentaje aplicado a su haber previsional, por considerar que, en atención a la edad y los años de servicios acreditados al momento de su otorgamiento, le corresponde percibir el setenta y cinco por ciento (75%) de la remuneración asignada al cargo regulador, en lugar del setenta por ciento (70%) determinado por el organismo demandado.
Por consiguiente, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial precedentemente reseñada, y por razones de economía y celeridad procesales, corresponde adecuar la presente decisión a los lineamientos establecidos por el Superior Tribunal bonaerense y, en consecuencia, desestimar la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la parte demandada, sin perjuicio de lo que corresponda resolver oportunamente respecto de la procedencia del reajuste solicitado y de las diferencias retroactivas reclamadas.
V. Que, atento la forma en que se resuelve la cuestión, las costas habrán de imponerse a la parte demandada (art. 51 CCA).
Por ello,
1. Desestimar la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (art. 35 inc. 1 ap. "i" CCA).
2. Reanudar, en consecuencia, el cómputo del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse en el término de treinta (30) días de notificada la presente (art. 36 inc. 1 CCA).
3. Imponer las costas a la parte demandada (art. 51 CCA).
4. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE de manera automatizada (Ac. 4013 SCBA).
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Firmas
Funcionario firmante: SESSAREGO Güendalina - JUEZA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 2435-2026
Fin de la sentencia