Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Junín · Causa JU-6734-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la pretensión de cobro incoada por Penarlan SA contra Porta Jorge Antonio.
En consecuencia, condeno a Porta Jorge Antonio a que dentro de 10 días de quedar firme la presente abone al actor la suma de $ 886.146.06 con más los intereses fijados en el considerando IV, desde la mora hasta el efectivo pago, conforme lo dispuesto en los arts. 767, 768, 1433, 1432, 1438 y ccs CCCYN.
2Declarar inconstitucional el artículo 7 de la ley 23928, con el alcance determinado en el considerando IV.
3Costas a la demandada perdidosa (arts. 68, sig. y ccs. del CPC.).
Registrase.
AUTOS: PENARLAN ARGENTINA SA C/ PORTA JORGE ANTONIO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)
EXPTE: JU-6734-2023
En la ciudad de Junín, en la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.)
Estos autos en mi Público Despacho para dictar sentencia de los que Resulta:
Con fecha 17/10/2023 se presenta el Dr. José María Platino en carácter de letrado apoderado de Penarlan Argentina SA e inicia proceso de cobro de pesos contra Porta Jorge Antonio por la suma de $ 886.146,06, con más los intereses que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento y costas.
Cuenta que su mandante está dedicada a la producción y venta de ganado porcino. Que la demandada adquirió cerdos reproductores, dosis seminales e insumos para inseminación de cerdas.
Relata que entre los meses de octubre 2020 y febrero 2021 adquirió dosis seminales e insumos para inseminación de cerdas y que por esta compras se emitieron facturas y remitos. Ademas adquirió 17 Hembras CG36.
La mercadería fue enviada. Por último, se confeccionaron y enviaron dos notas de débito.
Pese a los reclamos extrajudiciales efectuados al comprador, el crédito aún se encuentra impago.
Funda en derecho y ofrece prueba.
En fecha 2/09/2024 se decreta la rebeldía del demandado, providencia notificada bajo responsabilidad de la parte actora, conforme da cuenta el PDF del 16/06/2026.
Se abrió la causa a prueba el 22/06/2026. Se certificó el período probatorio el 6/10/2026.
El 30/09/2026 solicita se aplique la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia (in re "Barrios", C. 124.096, sent. del 17/4/2024) en relación a la actualización monetaria del monto de sentencia.
Con fecha 28 de octubre de 2026 se llaman autos para sentencia, providencia firme y consentida.
I. Con fecha 17/10/2023 se presenta el Dr. José María Platino en carácter de letrado apoderado de Penarlan Argentina SA e inicia proceso de cobro de pesos contra Porta Jorge Antonio por la suma de $ 886.146,06, con más los intereses que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento y costas.
En fecha 28/08/204 se decretó la rebeldía del demandado.
El 30/09/2026 solicita se aplique la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia (in re "Barrios", C. 124.096, sent. del 17/4/2024) en relación a la actualización monetaria del monto de sentencia.
II. Sabido es que "La declaración de rebeldía, solo crea una presunción a favor del actor de la veracidad de los hechos que constan en la demanda pero no tiene por sí el efecto que la misma sea procedente. O sea que el órgano judicial no está obligado a acceder - por la sola incontestación de la demanda- automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas. Es decir que ni la falta de contestación a la demanda ni la rebeldía del demandado eximen al juez de examinar la procedencia de la acción, ya que aún aceptando la veracidad de los hechos lícitos alegados -e incluso quedando reconocida la documentación acompañada-, la condena al remiso no puede fundarse en su solo silencio, sino en el ajuste de esos hechos con el derecho aplicable" (JUBA B5064976).
III. Con la prueba allegada por el actor y la pericial contable habida, queda acreditado en autos que entre el actor y la demandada se concertó un contrato de cuenta corriente, en cuyo marco se registraban remesas recíprocas (mercaderías y pagos) durante un lapso de 01/01/2019 al 14/04/2023.
En este marco, la demandada recibía la mercadería de la que dan cuenta las facturas y nota de débito emitidas por el actor y allegadas en demanda, y en compensación del precio de las mismas, entregaba pagos para su inclusión en una cuenta unificada.
Del informe de saldo, de los resúmenes de cuenta corriente y las facturas y nota de débito allegada, tengo por acreditado que por los periodos 1/01/2019 a 14/04/2023 el actor emitió facturas que fueron registradas en sus libros, mecanismo propio de la cuenta corriente (art. 1430 CCyC, art. 330, 375, 384 y ccs CPCBA).
De los anexos de saldos y movimientos adjuntados ( fs. 52 del PDF de demanda) surge con claridad que se inscribían en una única cuenta las diferentes operaciones entre las partes (facturas por entrega de mercaderías y entrega de pagos a cuenta) y que en el transcurso del periodo en que operaron existieron remesas recíprocas, generándose un crédito a favor del actor, una vez determinado el saldo al cierre de la cuenta ( 330, 375, 384, 59, 60, y ccs CPCBA).
Sumado a ello, conforme surge de la audiencia de vista de causa del 29/09/2026 el accionado no concurrió a la audiencia de absolución de posiciones, por lo que corresponde tenerlo por confeso a tenor del pliego de posiciones que fue presentado en término el 26/06/2026 (art. 415 CPCC).
En este sentido, sabido es que "la confesión ficta tiene un valor probatorio relativo dado que han de tenerse por probados los hechos consignados en el pliego de posiciones, siempre que no resulten desvirtuados por prueba en contrario producida por el absolvente" (JUBA Sumario B5076390), es decir que "la confesión ficta configura una presunción legal de rango iuris tantum (cfr. art. 415 del CPCC), en tanto valida los hechos por ella contenidos hasta tanto no se revelen elementos en contrario que los desvirtúen. Si estos se corporizan, lo cierto es que la praesumptio cede para dar paso a los extremos que se enderezan en sentido opuesto; pero hasta tanto ello no ocurra, pesa sobre quien confesó la carga de desvirtuar la verdad de lo presumido" (JUBA B3750654).
Así, corresponde tener por probado que PENARLAN ARGENTINA SA mantuvo una relación comercial instrumentada en un contrato de cuenta corriente comercial con el Sr. Porta Jorge Antonio. Que por esta relación, Porta adquirió en diversas oportunidades del accionante cerdos reproductores, dosis seminales e insumos para inseminación de cerdas. Que por las compras el Sr. Porta realizaba pagos. Las mercaderías fueron recibidas. Porta adeuda a la fecha la suma reclamada de $886.146,06.
Por último, refuerza lo expuesto la pericia contable presentada en fecha 11/08/2026, que: " ... en los libros contables de la parte actora se encuentran registradas las operaciones materia de litigio. Han sido examinados los subdiarios de ventas del período 01-01-2019 hasta 28-09-2022 y en los mismos se encuentran asentadas todas las operaciones de ventas que son objeto del litigio, las que son registradas en asientos resúmenes mensuales en el libro Diario general....Del minucioso análisis realizado de toda la documentación aportada: facturas de ventas, notas débito, remitos, recibos de cobro, resúmenes de cuentas inicial y final de la cuenta particular del cliente, este Perito confirma que el saldo de la cuenta del demandado se ajusta en todos sus términos a la documentación aportada y registrada en los libros de la actora. Dicho saldo al 28-09-2022, que corresponde al último movimiento de la cuenta corriente que muestra todas las operaciones llevadas a cabo con el demandado, asciende a $ 886.146,06, totalmente verificable con toda la documentación que lo respalda y los libros contables..."
Entonces, determinada la existencia de una cuenta corriente entre las partes, a partir del cierre de la misma, se torna exigible el pago del saldo deudor emergente (art. 1432 inc. b] CCyC, art. 473, 375 y 384 CPCBA), que conforme constancias de autos asciende a $ 886.146.06 al cierre (14/04/2023).
Por todo lo expuesto, es que corresponde hacer lugar al reclamo de cobro de pesos por saldo de cuenta corriente (arts. 1430, 1432, 1438 y ccs CCCYN).
III. Mora.
Conforme el inciso b) del artículo 1432 del Código Civil y Comercial, el cierre de las cuentas corrientes que no tienen un plazo determinado de duración, se produce luego de transcurrido el preaviso no menor de diez días, que debe emitir quien decide rescindirlas.
Partiendo de esta plataforma, resulta trascendente remarcar que el cierre de la cuenta corriente se produjo 14/04/2023 (ver documental allegada en demanda) pero la mora en el pago del saldo deudor se configuró recién transcurridos diez días desde la notificación de la demanda, ya que no existe acreditada intimación fehaciente previa ( art. 1432 inc b, 1438 CCCYN).
Por ello, la mora se determina el día 03/12/2023 (ver cédula del 28/08/2024).
IV. Intereses.
La parte actora solicita el 30/09/2026 la aplicación de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia (in re "Barrios", C. 124.096, sent. del 17/4/2024), en relación a la actualización monetaria del monto de sentencia.
En tarea de resolver, nuestro Superior Departamental en autos JU-4195-2024 PENARLAN ARGENTINA SA C/ DEZEO GUILLERMO OMAR S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) del 7/7/26: "... resulta ineludible analizar el cambio de doctrina legal recientemente sentado por el Superior Provincial en la causa causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", en fecha 17/04/2024, pronunciamiento cuyo seguimiento no solo resulta obligatorio para éste Tribunal, sino que también encuentro ajustado a la situación económica existente en nuestro país, la que impone la adopción de sistemas de actualización de las obligaciones dinerarias a fin de evitar que el proceso inflacionario, afecte irremediablemente la equidad y equilibrio que todo pronunciamiento judicial debe procurar restablecer.-
Paso a reseñar sucintamente los apartados que estimo más relevantes del voto del Dr. Soria en el precedente en cuestión:
"...El núcleo del problema está centrado en la interdicción legal de la actualización, reajuste o indexación de las obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561). La interpretación judicial vigente preconiza agregar al capital histórico un interés moratorio a la tasa pasiva digital más alta del Banco Provincia. Este mecanismo se completa con la inadmisión de toda alternativa de repotenciación, incluyendo el tramo dinerario de las deudas de valor.
En tales condiciones, el ceñido esquema que impone la ley antes citada, en más de un supuesto facilita la licuación del capital adeudado y provee soluciones alejadas de los intereses económicos en presencia. Ello explica que haya proliferado un conjunto de regulaciones de distinta índole y jerarquía que, eludiendo o exceptuada la prohibición legal, han consagrado mecanismos de ajuste o indexación, de modo puntual o sectorial....
... La Corte federal ha resuelto que "[l]as leyes no pueden ser interpretadas sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Fallos: 241:291 y 328:566)" (Fallos: 337:530, "Pedraza", sent. de 6-V-2014, considerando 6).
En esa ocasión puso de resalto que "ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas relacionadas con ellas".
De allí que se comprende que, en estos casos, el alto tribunal se haya planteado si una determinada norma legal "pudo haber devenido -con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas contraria a la función que la Constitución le encomienda..." (Fallos 338:721, "Anadon", sent. de 20-VIII2015)...
...El corolario de todo lo expuesto es inequívoco: el art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, en su aplicación al caso, debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz (arts. 1, 17, 18, 28 y concs., Const. nac.)..." (sic.).
Conforme a lo hasta aquí expuesto y siguiendo la doctrina legal del Superior Provincial es que habré de declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (T.O ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización o indexación de obligaciones dinerarias (arts. 1, 17, 18, 28 y concs., Const. nac.), ello así ante la evidente insuficiencia de la tasas bancarias (pasivas y activas) frente al proceso inflacionario, de la que da cuenta el Dr. Soria al fundar su voto en el precedente "Barrios", en donde se evidencia que las tasas pasivas y activas del Banco de la Provincia de Buenos Aires del año 2.023 oscilaron entre el 100,06% y el 101,86%; frente al 211,52% del Indice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC para el mismo período.-
Lo antes expuesto deja en evidencia la insuficiencia de la tasa pasiva receptada en la sentencia en revisión, la que de confirmarse indudablemente afectaría tanto el principio de reparación integral como así también el derecho de propiedad de los accionantes (conf. art. 1.740 del C.C.C. y arts. arts. 17, 28 y ccdtes. de la C.N. ).-
En relación es dable señalar siguiendo al Superior Provincial que: "...En este estado de cosas, la doctrina legal del Tribunal ha devenido inadecuada en cuanto mantiene como única respuesta el reconocimiento de los intereses calculados a la tasa pasiva sobre el capital de origen. Debe ser revisada, juntamente con la revisión de la aplicabilidad a ultranza de la regla del nominalismo. El bloqueo que surge del art. 7 de la ley 23.928, reformado por la ley 25.561, hace mella en el equilibrio de las prestaciones y conduce a la merma de su virtualidad regulatoria, así como a su ineficacia para orientar las expectativas de los agentes económicos. En tales circunstancias, el criterio vigente entra en crisis....
...Por cuanto se refiere a las obligaciones de valor, cabe precisar que, al margen de lo que pudiere surgir de algún régimen especial, para aquel tipo de deudas es aplicable la doctrina legal establecida en los precedentes "Vera" y "Nidera" (C. 120.536 y C. 121.134), ya mencionados. A los fines de hacer viable la conservación del valor del capital, corresponde en principio mantener el criterio o parámetro de referencia para la determinación del valor actual de lo debido, establecido o adoptado por el órgano jurisdiccional de la instancia pertinente. La suma resultante podrá, a partir de allí, ajustarse por índices conforme a los términos de la presente sentencia en función de las circunstancias del caso...
...Una vez determinado de la manera antes señalada el justiprecio actual del daño o de la prestación, al expresarlos en la condena dineraria podrá, a partir de allí, ser de aplicación el mecanismo de actualización que surge de la presente sentencia, cuidando de evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital exceda el valor real de la prestación debida....." (S.C.B.A. causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", del 17/04/2024).-
A lo antes citado estimo oportuno agregar que, lamentablemente, la disociación entre las tasas de interés analizadas en el precedente Barrios, con el proceso inflacionario existente en el país y la consecuentemente imposibilidad de compensar el capital de condena con más el interés moratorio correspondiente de modo razonable, se ha visto prolongada hasta la actualidad-
En efecto, mientras que la inflación acumulada en el año 2.024, alcanzó una variación interanual del 117,8% ( https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_2517A7124C09.pdf), la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue de 105,42% anual , mientras que la tasa pasiva digital a 30 días del mismo Banco sólo fue del 52,49 % anual (conforme surge del sistema de cálculo de intereses disponible en la página WEB de la S.C.B.A. ), con lo que queda en evidencia su insuficiencia para siquiera mantener el valor del capital de condena.-
Por su parte, la inflación acumulada en el año 2.025 alcanzó el 31,5%( https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_266741F036E8.pdf), mientras que las tasas en el mismo período fueron de: 67,68 % la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y la tasa pasiva digital del mismo banco fue de 31,96%.-
De lo antes expuesto se desprende que de aplicarse la tasa activa la misma superaría en un 35,72% la inflación devengada en el mismo período, porcentaje que considero no puede justificarse como un interés moratorio razonable, sino mas bien todo lo contrario (conf. art. 768, 771, 1.740 y ccdtes. del C.C.C.).-
Misma conclusión merece, en sentido contrario la tasa pasiva, la que para el mismo período reconocería una retribución en concepto de intereses moratorios del 0,46%, la que resulta a todas luces insuficiente frente a la tasa de interés moratorio puro del 6% que el Superior Provincial estableciera en los precedentes "Vera" (C 120.536 del 18/04/18), y "Nidera" (C. 121.134, del 3/05/18) desde el momento en que se estimara/actualizara los importes reclamados; sin poder perderse de vista que la misma tasa pasiva en los períodos anteriores resultó sustancialmente inferior al proceso inflacionario.-
Que la situación descripta se ha visto prolongada a lo largo de los primeros cinco meses del año en curso, en el que la inflación acumulada al mes de mayo alcanzara el 14,7% ( https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_06_26C132AEE4E9.pdf), mientras que en el mismo período fueron de: 35,83 % la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires superando en tan solo 5 meses en un 21,13% el IPC del mismo período; y la tasa pasiva digital del mismo banco fue de tan solo 9,52%, resultando mas de un 5% negativa frente a la inflación devengada.-
Llegado a este punto es dable señalar que si bien abstracto resulta imposible conocer si la mentada disociación entre las tasas de interés y el proceso inflacionario existente en el país habrá de continuar en el futuro, lo cierto es que a lo largo de los últimos años la realidad ha demostrado que tales tasas resultan desajustadas a la realidad económica imperante, por lo que imponer cualquiera de las mismas se presenta como una solución francamente aleatoria, que se desentiende de la realidad económica existente en el país, con el consiguiente perjuicio al menos para alguna de las partes (conf. arts. 1.740, 1.794 y ccdtes. del C.C.C.).-
Que la prolongación en el tiempo de la ya explicada disociación entre las tasas de interés y el proceso inflacionario, me llevan al convencimiento de que la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, sigue siendo acertada en la actualidad..."
Sentado ello, y conforme al criterio sentado por el Tribunal en el precedente citado y conforme la doctrina legal sentada en el caso "Barrios", corresponde en autos aplicar un sistema de actualización del capital desde que cada suma debió ser abonada ( 03/12/2023) hasta el efectivo pago, que preserve el valor real de la prestación debida.
A tal fin habré de propiciar la aplicación del Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) "Nivel General" (Indices IPC Cobertura Nacional) publicado por el INDEC en su página web ( https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31), el que estimo como el mecanismo mas acorde en miras de resguardar el valor real de la prestación debida.
Sin perjuicio de ello, y tal como lo informa el propio organismo "Los índices de precios se elaboran con frecuencia mensual" (sic https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/como_usar_indice_precios_2022.pdf), a lo que es dable agregar que su publicación no se realiza en forma inmediata una vez culminado cada mes.
Por tal razón, y a fin de evitar los problemas que dicha metodología necesariamente habrá de producir a la hora de su aplicación por días, y en miras de facilitar tanto su liquidación, imputación de pagos parciales, como el cumplimiento de la sentencia al condenado, es que considero preciso efectuar la siguiente salvedad: al importe de capital deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que dichas obligaciones se tornaron exigibles hasta el fin de dicho mes.
Entre dicho mes y hasta el último I.P.C. publicado deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R..
Al capital actualizado por dicho mecanismo se le deberá aplicar una tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha en que las obligaciones se tornaron exigibles (03/12/2023) y hasta su efectivo pago (conf. S.C.B.A. causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", del 17/04/2024 apartado VI. 2).-
V. Por todo lo expuesto y lo dispuesto por los articulos1, 2, 3, 7, 1430, ss y ccs CCCYN, artículo 59, 60, 68, 375, 415 y ccs CPCBA
1. Hacer lugar a la pretensión de cobro incoada por Penarlan SA contra Porta Jorge Antonio.
En consecuencia, condeno a Porta Jorge Antonio a que dentro de 10 días de quedar firme la presente abone al actor la suma de $ 886.146.06 con más los intereses fijados en el considerando IV, desde la mora hasta el efectivo pago, conforme lo dispuesto en los arts. 767, 768, 1433, 1432, 1438 y ccs CCCYN.
2. Declarar inconstitucional el artículo 7 de la ley 23928, con el alcance determinado en el considerando IV.
3. Costas a la demandada perdidosa (arts. 68, sig. y ccs. del CPC.).
Registrase.
Firmas
Funcionario firmante: RAGAZZINI Daniela Karina - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 101-2026
Fin de la sentencia