Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 29.151
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la coimputada Débora Magdalena Rodríguez a fs. 13/21 contra el auto de fs. 5/11, por las razones expuestas en los considerandos (arts. 328 inc. 2, 333, 421, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P. según ley 11922 y sus modificatorias).
II. Rechazar el recurso de apelación y confirmar el auto apelado, que rechazó el pedido de sobreseimiento de la coimputada Rodríguez por prescripción de la acción penal; por las razones expuestas en los considerandos (Conf. arts. 62 inc. 2, a contrario, 63 y 172 del C.P.).
C. 29151/III
"Rodriguez Débora Magdalena S/ Sobreseimiento"
San Isidro, 2 de octubre de 2014
Para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 22. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Gustavo Adrián Herbel, Celia Margarita Vázquez y, para el caso de disidencia, Carlos Fabián Blanco (Conf. art. 440 del C.P.P. y acuerdo ordinario Nº 1786).
Y
El Juez Herbel dijo:
I. El recurso de apelación interpuesto por la defensa de la coimputada Débora Magdalena Rodríguez a fs. 13/21 contra el auto de fs. 5/11 que, rechazando el pedido de prescripción, denegó el pedido de sobreseimiento de la nombrada, debe ser declarado admisible, pues ha sido presentado en término, la impugnante posee legitimación personal, el caso encuadra en uno de los supuestos para los cuales se otorga esta vía recursiva y han sido observadas las formas requeridas para su interposición (arts. 328 inc. 2, 333, 421, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P. según ley 11922 y sus modificatorias).
II. El Ministerio Público Fiscal atribuyó a Débora Magdalena Rodríguez ser partícipe necesaria del siguiente hecho, prima facie constitutivo del delito de estafa procesal (art. 172 del C.P): “La imputada Luz María Penedo Ramos inició el día 7 de septiembre de 2007 una demanda laboral contra los particulares damnificados Ricardo José Obercie y Ana María Arnone -integrantes de la sociedad de hecho "El Granero", por la suma total de $ 118.819,31 en concepto de indemnización por despido y el cobro de diferencias salariales, la cual dio origen al expediente nro. 10.974 caratulado "Penedo, Ramos Luz María c/ Arnone, Ana María y otro s/ despido", en trámite por ante el Tribunal Laboral nro. 5 Departamental.
La imputada Penedo Ramos solicitó como medida cautelar el embargo preventivo de los inmuebles pertenecientes a los particulares damnificados, para lo cual propuso el testimonio de los imputados Leandro Nelson Ibáñez y Débora Magdalena Rodríguez a sabiendas que estos últimos iban a declarar falsamente en el nombrado proceso laboral y que a través de tal proceder ardidoso iban a lograr engañar a los Magistrados intervinientes, induciéndolos a error, obteniendo así un fallo perjudicial hacia los denunciantes. De tal manera, el 9 de noviembre de 2007 prestó declaración testimonial Leandro Nelson Ibáñez y afirmó -falsamente- que trabajó en el comercio "El Granero" -ubicado en Av. Belgrano 543, Garín- desde el mes de septiembre de 2006 hasta fines de marzo de 2007, a partir del horario de las 16:00 horas, trabajando en dicho lugar junto a Luz María Penedo Ramos y realizando tareas de mantenimiento de las plantas y arreglos en dicho local.
También afirmó, falsamente, que los denunciantes iban a vender el fondo de comercio en base a que en el mes de septiembre de 2007 observó en su vidriera un cartel que decía "vendo este fondo de comercio-preguntar aquí" y por comentarios que le hiciera la imputada Penedo Ramos. Por su parte, el 9 de noviembre de 2007 se presentó, en forma escrita y en el mismo proceso, la imputada Débora Magdalena Rodríguez indicando, falsamente, haber laborado - de manera no registradadesde comienzos de junio hasta el 24 de agosto de 2007 y antes de ello conoció a la imputada Penedo Ramos pues era la que la atendía en ese negocio mientras era cliente del mismo. Refirió, también falsamente, que un día escuchó una conversación de sus empleadores en la que referían que iban a vender el fondo de comercio y que le constaba que la imputada Penedo Ramos tenía una relación laboral no registrada con los particulares damnificados.
El 19 de noviembre de 2007 la imputada Rodríguez compareció ante los estrados del Tribunal Laboral referido y ratificó su presentación anterior, agregando -también falsamente- que durante la última semana que laborara en el local observó como sus propietarios procedían al vaciamiento parcial del comercio y escuchó sobre la futura transferencia del fondo de comercio a favor de terceros. Así, en base al ardid efectivizado por los testimonios falsos de los imputados Ibáñez y Rodríguez, la encartada Penedo Ramos logró engañar a los Magistrados intervinientes, induciéndolos a error, obteniendo así un fallo perjudicial a los intereses pecuniarios de los denunciantes, pues el día 14 de abril de 2008 resolvieron hacer lugar al embargo preventivo sobre los inmuebles denunciados como propiedad de los accionados Ana María Arnone y Ricardo José Obercie hasta cubrir la suma de $ 118.819,31 más la suma de $ 41.586 en concepto de intereses y costas.
El perjuicio quedó plasmado en el embargo preventivo que, finalmente, quedó radicado en los asientos del Registro de la Propiedad Inmueble el día 16 de julio de 2008, respecto a los inmuebles asignados con la siguiente nomenclatura catastral: Cir. IX, Sección F, Manz. 4B, Parcela 10, y el de Cir. IX, Sección A, Manz. 45, Parcela 24A, Subparcela 1, ambos del Partido de Escobar".
III. La defensa de Rodríguez solicitó el sobreseimiento de su asistida, por entender que se ha extinguido por prescripción la acción penal seguida a su respecto, dado que han transcurrido más de seis años desde los hechos reprochados, a saber, el haber presentado el 9 de noviembre de 2007 un escrito en el expediente laboral afirmando falsedades y el haber declarado falsamente en el mismo proceso el 19 de ese mismo mes y año.
IV. El Juzgado de Garantías Nro. 5 rechazó ese pedido. Para así decidir, dijo estar de acuerdo con lo afirmado por el Ministerio Público Fiscal en el sentido de que el momento consumativo de la estafa procesal endilgada no fueron esas fechas (9 y 19/11/2007) ni la fecha de la resolución que ordenó la traba del embargo preventivo (14/04/2008) sino la fecha en que este embargo fue efectivamente asentado en el Registro de la Propiedad Inmueble, lo cual ocurrió el 16 de julio de 2008.
V. La recurrente se agravió de que se considerara que la fecha de consumación de la estafa procesal endilgada fuera la fecha del asiento del embargo. A su entender, la consumación no se produjo ese día sino, en todo caso, el día del dictado de la resolución (14/04/2008).
Se quejó asimismo de se considerara consumada la supuesta estafa procesal. Para este delito, señala, “se deberían cumplir total, sola y exclusivamente los requisitos del art. 172 del C.P., esto es, ardid o engaño, error y perjuicio patrimonial”. Y en el caso no hubo “ánimo de lucro”. Ni “perjuicio patrimonial”, pues “el embargo preventivo es la tutela jurisdiccional que garantiza la efectividad de una futura condena […] no importa un proceso de ejecución sino que pretende un resguardo basado en una apariencia de derecho que no implica pronunciarse sobre el fondo del asunto”.
Por lo expuesto, solicita se dicte el sobreseimiento de su asistida.
VI. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del Código Ritual, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del a quo alcanzados por los agravios que motivaron la impugnación interpuesta, pudiendo conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado.
Adelanto desde ahora que, analizados los motivos de agravio y las constancias del presente legajo, habré de propiciar el rechazo del recurso interpuesto.
Se coincide con la defensa en que el art. 172 del C.P. establece que para que haya estafa debe haber “ardid o engaño, error y perjuicio patrimonial”. En palabras de Soler: la estafa consiste en una “disposición patrimonial perjudicial tomada por un error, determinada por los ardides de alguien que tendía a obtener con ellos un beneficio indebido” (ver Soler, Derecho Penal Argentino, t. IV, TEA, 1987, p. 346).
A diferencia de la recurrente, sin embargo, entiendo que el embargo preventivo sí constituye el perjuicio patrimonial requerido por ese tipo penal. Si bien este perjuicio (con el que se consuma el delito) requiere un daño económicamente apreciable, él no debe ser identificado con un perjuicio al derecho real de dominio en sentido estricto: “La estafa es un delito para cuyo perfeccionamiento se requiere la efectiva producción de un daño. Ese daño debe estar constituido o derivar directamente de la disposición patrimonial erróneamente tomada por el engañado, sea con respecto al propio patrimonio, sea en relación al de un tercero del cual puede disponer […]. [D]ebe tratarse de un valor económicamente apreciable, sobre el cual incida el derecho de propiedad en el sentido amplio en que tal derecho es entendido en la ley penal” (autor y obra citados, pp. 370/371). Ese perjuicio, además, debe ser actual: “No constituye perjuicio lo que sólo crea peligro” (autor y obra citados, p. 371).
De acuerdo a la opinión de Edgardo Donna, que comparto, el perjuicio debe ser entendido como “...una disminución del valor económico del patrimonio del sujeto pasivo, consecuencia de un ataque fraudulento a uno o varios elementos que lo integran. Para determinarlo se debe comparar la situación patrimonial de la víctima antes y después del acto de disposición determinado por el error” (Derecho Penal. Parte General, Rubinzal Culzoni, t. II-B, pág. 329).
Ciertamente, el daño patrimonial es patente cuando se ejecuta una condena a la que llevó el ardid del demandante. Pero ese daño bien puede verificarse antes (Oliva García, Delitos patrimoniales, Madrid, 1974, ps. 377, 381 y ss., citado por Julio C. Báez en El silencio y la estafa procesal, La Ley, 22/9/2004). “Basta pensar en un supuesto en el que el engaño o ardid permite al demandante, ilegítimamente, hacer incurrir en un error a un juez para que ordene el embargo de bienes muebles del demandado o, peor aun, de una parte de su sueldo. ¿Realmente diríamos que no existió un perjuicio patrimonial para aquel que durante determinado tiempo, debido a una resolución judicial motivada en engaño, se vio privado de parte de su sueldo, o de disponer libremente de los bienes que integran su patrimonio?
Según lo entiendo, el hecho de que el demandado mantenga la propiedad sobre los bienes embargados y sujetos a ejecución, no impide la existencia de un perjuicio al patrimonio, aun cuando la sentencia definitiva termine rechazando la demanda de quien promovió el juicio ejecutivo y, en consecuencia, ordene levantar el embargo trabado. Esto es así porque aunque la finalidad del mandamiento de embargo es sólo asegurar preventivamente la eficacia de la sentencia, y no busca producir una modificación de la propiedad de los bienes en cuestión, lo cierto es que materialmente el embargo provoca el mismo perjuicio patrimonial que supone cualquier desapoderamiento ilegítimo de la propiedad” (Conf. Causa 26.862/III, “Viggiani”, Rta. el 20/04/2011).
Lo mismo ocurre con el embargo preventivo de bienes inmuebles, que es lo imputado en autos, pues, todos los bienes embargados, ya sean muebles o inmuebles, quedan sujetos a que el acreedor que ha obtenido esa medida cautelar se cobre con ellos su crédito, intereses y costas (Conf. art. 218 del CPCyC); sujeción que puede extenderse por cinco años (Conf. art. 207 del mismo código). Y no pueden ser objeto de actos que pudieren causar la disminución de la garantía del crédito (Conf. art. 214). “El embargo es la sujeción de uno o más bienes (individualizados) del deudor o eventual deudor, a un régimen jurídico especial que –en lo fundamental– consiste: a) en su deber de abstenerse de todo acto jurídico o físico que pueda tener por resultado disminuir la garantía que dicho bien concreta; b) en la circunstancia de que el propietario del bien embargado en lo sucesivo no puede ejercer determinadas facultades, aún legítimas, sin autorización judicial.
En este sentido, podría decirse que entre el titular y el bien se interpone la jurisdicción. // El embargo no concede directamente al embargante facultades sobre el bien, propias del derecho de dominio, pero sí la de peticionar al juez los actos tendientes a que la garantía concreta no se reduzca. Le concede lo que se ha llamado posición de preeminencia (véase Cód. Civil, arts. 736, 1374, 1179, 1329, 1465, 2677)”. (Conf. “El embargo preventivo en el proceso de daños”. Kiper, Claudio M. Publicado en: RCyS 2014- III , 171, La Ley Online. Cita: AR/DOC/301/2014).
Es bastante claro, pues, que una situación así impacta en el valor de mercado de los bienes inmuebles en cuestión, al menos reduciendo ese valor en proporción a la deuda (que en el caso se dice ascender a $118.819,31 más la suma de $ 41.586 en concepto de intereses y costas).
Sentado ello, aprecio que esa sujeción se produce con la traba del embargo, no con la resolución judicial que la ordena. Los bienes no están embargados sino a partir del momento en que el embargo se traba. Por lo tanto, la estafa procesal se consuma en mi opinión recién con esa traba, como sostienen el Ministerio Público Fiscal y el a quo. Así las cosas, el recurso de apelación debe ser rechazado, pues el embargo se habría trabado el 16 de julio de 2008 y el primer acto interruptivo de la prescripción, a saber, el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 y ss. del C.P.P., ocurrió el 14 de mayo del corriente año, es decir, antes de agotarse el plazo de la prescripción, que en el caso es de seis años, conforme la calificación prima facie asignada (Conf. arts. 62 inc. 2, a contrario, 63 y 172 del C.P.).
Así lo voto.
La Jueza Vázquez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Herbel, por los mismos fundamentos.
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la coimputada Débora Magdalena Rodríguez a fs. 13/21 contra el auto de fs. 5/11, por las razones expuestas en los considerandos (arts. 328 inc. 2, 333, 421, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P. según ley 11922 y sus modificatorias).
II. RECHAZAR el recurso de apelación y confirmar el auto apelado, que rechazó el pedido de sobreseimiento de la coimputada Rodríguez por prescripción de la acción penal; por las razones expuestas en los considerandos (Conf. arts. 62 inc. 2, a contrario, 63 y 172 del C.P.).
Regístrese, notifíquese a Fiscalía General y a la Defensa Particular. Cumplido, devuélvase a la instancia, sirviendo el presente de atenta nota de envío.
FDO: GUSTAVO A. HERBEL Y CELIA MARGARITA VÁZQUEZ.
Ante mí: GABRIELA GAMULIN.
Fin de la sentencia