Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 43.258-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la oposición al pago de la tasa de actuación. Con costas.
2Intimar a la recurrente para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $36.323,73 en concepto de tasa de actuación ante este Tribunal, con más los intereses correspondientes.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-65717327-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 3 de Julio de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “C”, Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7ª Nominación), Claudio Luis (Vocal Titular de la 8ª Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Subrogante de la 9ª Nominación), para resolver el expediente Nº 43.258-I caratulado "PEOPLE ON THE MOVE S.R.L. s/incidente - Tasa de actuación”.
El Dr. Martín dijo:
I.-Que, en las actuaciones principales, con fecha 2 de noviembre de 2015 se intimó a PEOPLE ON THE MOVE S.R.L. a ingresar la suma de $36.323,73 en concepto de tasa de actuación.
Que a fs.26/34 del presente obra agregada presentación mediante la cual, en los términos del artículo 7 de la ley 25.964, solicita dejar sin efecto la intimación de tasa y en subsidio interpone recurso de apelación contra la citada resolución de fecha 2 de noviembre de 2015.
Que funda su planteo de ilegitimidad de tasa de actuación en que “…el monto recaudado en concepto de tasa, resulta palmariamente desproporcionado en relación al costo del servicio prestado y en que las sumas recaudadas se destinan a rentas generales y no a financiar los gastos del Tribunal Fiscal” (sic.).
Alega que la ilegitimidad se manifiesta a través de las disposiciones de la citada ley ya que “…se exige una anticipación del pago de la tasa al inicio de las actuaciones… en lugar de distribuirla como establecía la ley de tasa de actuación anterior (50% al principio del procedimiento y el otro 50% con la sentencia, si la apelante resultaba vencida). Esta forma de pago vuelve todavía más onerosa la tasa, lo que redundará en un obstáculo para muchos y en un impedimento para otros” (sic.).
En tal sentido, agrega que “…la ley 25.964 (que derogó la ley 22.610) representa el último acto de una secuencia que ha erosionado el carácter gratuito originario, propio de los procedimientos no judiciales… existe un deliberado intento de desalentar la jurisdicción del Tribunal Fiscal, al que presumiblemente no es ajeno el efecto suspensivo del recurso…” (sic.).
Sostiene que la exigencia del pago de la tasa de actuación ante este Tribunal tiene implicancias constitucionales, afectándose el derecho de defensa en juicio, avasallándose los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad y transgrediéndose la premisa de la capacidad contributiva al pretenderse aplicar una alícuota en función del monto discutido.
Considera que la tasa de actuación cuestionada es ilegítima, arbitraria, irrazonable e inclusive inconstitucional, “…lo que provoca una lesión injustificada en el patrimonio de mi parte, contraviniendo en forma flagrante principios, derechos y garantías amparadas por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales… pues carece de capacidad contributiva para afrontarla…” (sic.).
Que ofrece prueba informativa, hace reserva del caso federal, solicita se forme el incidente de ilegitimidad de tasa de actuación haciéndose lugar a la prueba ofrecida, y oportunamente se dicte resolución decretando la inaplicabilidad de la tasa de actuación, y en su caso se tenga por interpuesto y fundado el recurso de apelación.
II. Que con fecha 4 de diciembre de 2015 se dejó sin efecto la intimación de tasa, ordenándose formar el presente incidente (vide fs. 1), y a fs.37 se dio traslado al Fisco de la oposición formulada por la actora con respecto al pago de la tasa intimado, el cual fue contestado por dicha parte a fs. 44/47.
Que el organismo fiscal, en primer lugar, indica que la cuestión en debate es insusceptible de ser planteada ante este Tribunal ya que la vía para hacerlo es mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad.
Con relación al fundamento del cobro de la tasa dice que, si eventualmente la actora pretendía la gratuidad del procedimiento, el ordenamiento le brinda la posibilidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos en tal sentido, o bien podría haber optado por la vía del recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 inciso a) de la ley 11.683 a los efectos de evitar el pago de la tasa que cuestiona.
Señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que no existe óbice para que la cuantificación de la tasa de actuación sea efectuada a través de la aplicación de un porcentaje respecto del monto del litigio. Al respecto, destaca que en el caso de autos la actora no alega ni prueba afectación concreta y actual del principio de no confiscatoriedad, al principio de capacidad contributiva, afectación del patrimonio, o de sus fuentes de subsistencia, ni ofreció prueba conducente a los efectos de demostrar el costo total del servicio efectivamente prestado por este Tribunal. Que en virtud de las razones que expone, solicita se rechace la petición y el recurso en subsidio interpuesto, procediendo el cobro de la tasa de actuación de conformidad con las disposiciones de la ley 25.964, es decir el 2,5% del monto total del litigio.
III. Que a fs. 48 se abre el presente incidente a prueba. A fs. 53 obra agregada la contestación del Fisco Nacional. A fs. 57 se intima a la recurrente para que informe si hay prueba pendiente de producción. A fs. 66 obra agregada contestación del Fisco.
Que a fs. 93 se da vista a las partes y Sellos en los términos del artículo 81 del C.P.C.C.N., obrando las contestaciones agregadas a fs. 101/104 y 105/108. A fs. 109 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
IV. Que la actora plantea que la aplicación de la tasa de actuación resulta ilegítima, arbitraria, irrazonable y desproporcionada, que provoca una lesión injustificada en su patrimonio, impidiéndolo de ejercer su derecho de defensa en juicio y afectando principios constitucionales como ser el de igualdad, proporcionalidad y progresividad. En este punto, es dable recordar que más allá del límite establecido por el art. 185 de la ley de rito y de la interpretación restrictiva que hace en cuanto a su alcance y aplicación, la propia ley N° 25.964 en su artículo 7° señala que ante la falta de pago “Ninguna de las circunstancias expuestas impedirá la prosecución del trámite normal del juicio”. Con esto se termina de zanjar la cuestión constitucional, ya que de ninguna forma se lesionan o vulneran derechos individuales. Que, asimismo, la recurrente sostiene que “…el monto recaudado en concepto de tasa, resulta palmariamente desproporcionado en relación al costo del servicio prestado…” (sic.) y restringe su posibilidad de recurrir a la justicia ya que “…se exige un tributo que por su magnitud impide que el contribuyente acuda a un tribunal…” (sic.). En tal sentido, dice que “…la ley 25.964 (que derogó la ley 22.610) representa el último acto de una secuencia que ha erosionado el carácter gratuito originario, propio de los procedimientos no judiciales…” (sic.) y al exigirse que se cancele de forma anticipada la misma se vuelve más onerosa y redunda en un obstáculo y/o impedimento. Asimismo, su incremento “…no se ve justificado por los costos que conlleva la organización del Tribunal…” (sic.).
Los interrogantes que se plantean frente a sus argumentos son: ¿cuál es ese monto que la actora estaría dispuesta a pagar? O ¿pretende la exención o eliminación de la tasa? ¿o bien una alícuota diferenciada? En cualquier circunstancia o por el argumento que se quiera hacer valer, no se puede dejar de lado que el monto intimado alcanza la suma de $36.323,73 y que no se vislumbra un agravio concreto y mucho menos una propuesta precisa.
La Cámara tiene dicho “que la pretensión de la actora tiene un específico contenido pecuniario, que está representado por el monto del Aporte cuyo pago pretende evitar (el cual, en principio, resultaría de los propios elementos contables agregados por su parte al promover la demanda), por lo que la pretensión de categorizar la acción como insusceptible de apreciación económica no puede ser admitida”. (conf. CNACAF, Sala II “Z. A., M. EN-AFIP LEY 27605 s/ OPOSICIÓN DE TASA (INC TASA DE JUSTICIA)” sentencia 07/12/2022).
Sostiene la recurrente que se transgrede la premisa de la capacidad contributiva ya que al “…pretender aplicar una alícuota en función del monto discutido, como la impugnada en autos, además de chocar con la garantía de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, confronta con ese principio básico del ordenamiento tributario” (sic.).
Al respecto, cabe destacar que no procede el planteo de la afectación del principio de capacidad de contributiva “…en razón de que las tasas suponen una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado…en el mismo sentido, se ha dicho que la tasa se refiere a un servicio determinado y con ella se cubre el gasto, también determinado; y el impuesto, en cambio, se paga en proporción a la capacidad contributiva del sujeto pasivo y su característica es la “generalidad”, pues tiende a costear funciones y servicios del Estado, sin referencia a los contribuyentes…”(conf. CNACAF, Sala V “BONA FIELDS S.A. (TF 31302-I) – INCI c/DGI” sentencia 22/04/2014). Que los agravios vertidos por la recurrente no hacen otra cosa que definir el concepto de tasa y la adaptación del mismo a variables de proporcionalidad respecto del monto que se viene a cuestionar en cada expediente. La actora no se queja de tener que afrontar el 100% o más del presupuesto del Tribunal Fiscal lo que sí sería -prima facie- evaluable. Su argumentación apunta a una disconformidad con la distribución más que de un exceso de ingresos respecto del costo del servicio.
Analizar de manera integral si el costo del servicio jurisdiccional es adecuado y razonable para cada contribuyente, no sólo excede el marco del juzgamiento de este Tribunal, sino que además no se ajusta a lo dispuesto por el art. 2 de la ley de tasa.
Que conforme lo expresara la Alzada en los autos “YPF S.A.” -entre otros- (conf. CNACAF, Sala V “YPF S.A. s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA” sentencia 14/05/2019), “no resulta procedente el planteo de inconstitucional en relación a la ley 25.964 que instituyó la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal ya que la tasa es moderada en su importe y si no implica una traba real para que el justiciable reciba en plenitud y eficacia el servicio estatal de administración judiciaria, no cabe tacharla de inconstitucional, máxime cuando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece un proceso -beneficio de litigar sin gastos- que exime del pago de la misma a aquellos litigantes que carezcan de recursos económicos que le permitan solventarla”.
Agrega que “…teniendo en cuenta que el monto intimado por el a quo equivale al porcentaje establecido por la ley 25.964 (art.2) y que la interesada no acreditó hallarse alcanzada por alguno de los supuestos de exención previstos en la norma (art.9), no existen razones para modificar el pronunciamiento apelado (Fallos: 318:1226; 319:299 y 321:1382, entre otros).”
En definitiva, la actora deja entrever que lo que debería efectuarse es una modificación legislativa con parámetros diferentes a los que establece la ley 25.964; lo que correspondería al Congreso de la Nación y no al Tribunal Fiscal, en especial porque no se advierte ni se demuestra en qué medida se ha violado la garantía constitucional de la razonabilidad ni el derecho de propiedad.
A ello cabe agregar como se dijo ut-supra que no está afectado el derecho de defensa en juicio y el derecho de acceso a la justicia, ya que la ley N° 25.964 en su artículo 9° y el C.P.C.C.N. establecen un proceso –beneficio de litigar sin gastosque exime del pago de la tasa de actuación a aquellos litigantes que carezcan de recursos económicos que les permita solventarla.
Además, corresponde recordar que la tasa de actuación integra los costos procesales y el impacto final estará en línea con la decisión que se adopte en las actuaciones principales.
Por último, al remitirnos a la letra de la ley en cuestión, en su art. 2 se establece una tasa del dos con cincuenta centésimos por ciento (2,50%) que se calculará sobre el importe total cuestionado, incluyendo sanciones, la que debe ser abonada en su totalidad al iniciarse las actuaciones. Por lo que la tasa de actuación se aplica a todas las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación, de manera que todos los contribuyentes que, ejerciendo la opción establecida en el artículo 76 de la ley 11.683 (t.o. 1998), vengan en apelación ante este Tribunal, deberán abonar el importe correspondiente por dicho concepto.
Que a tal efecto se ha verificado que se perfeccionó el hecho imponible que establece la Ley N° 25.964; que ha sido correcta la determinación de la base imponible y que se ha utilizado la alícuota correspondiente.
V. Que, por todas las razones expuestas, no corresponde hacer lugar a la oposición formulada por la recurrente al pago de la tasa de actuación.
En consecuencia, se intima a la recurrente para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $36.323,73 en concepto de tasa de actuación ante este Tribunal, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios previstos en el artículo 7º de la Ley Nº 25.964.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que el artículo 1° de la ley 25.964 establece que las actuaciones ante este Tribunal estarán sujetas al pago de la tasa de actuación, salvo las excepciones dispuestas en ella o en otro texto legal y su artículo 7° faculta a este Tribunal a que, en caso de que medie oposición fundada al pago de la tasa de actuación, se ordene la formación de incidente por separado. Que “...a todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, susceptibles de apreciación pecuniaria se aplicará una tasa de dos con cincuenta centésimos por ciento (2,50%), siempre que la presente ley u otra disposición legal no establezca una solución especial para el caso”. (art. 2, ley 25.964)
Así el artículo 3° dispone que “La tasa será abonada por la parte actora o recurrente, en su totalidad, en el acto de iniciación de las actuaciones (...) La falta de pago de la tasa no obstaculizará la prosecución de las actuaciones”, y especifica en el art. 6° que “La tasa por actuaciones integrará las costas del juicio y será soportada, en definitiva, por las partes, en la misma proporción en que dichas costas deban ser satisfechas.”
Por su parte, detalla el artículo 9° que se encuentran exentas del pago de la tasa por actuaciones aquellas personas que actuaren con el beneficio de litigar sin gastos, así como los litigantes concursados civil o comercialmente, a los que se podrá otorgar una reducción de hasta un cincuenta por ciento del monto a ingresar por dicho concepto.
Que descripta la normativa aplicable es preciso adentrarnos en el planteo de ilegitimidad de la ley 25.964 formulado por el incidentista, en el que precisa dos cuestiones, a saber: la palmaria desproporción del monto recaudado en relación al servicio prestado y, por otro lado, que las sumas recaudadas se destinan a rentas generales y no a financiar los gastos del Tribunal.
Que preliminarmente es necesario recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “(...) El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla...” (C.S.J.N., “Techint Compañía Técnica Internacional c/ Corrientes, Pcia. s/ejecución”, 27/02/1996; y en similar sentido, Fallos 320:2375; 321:1888, entre otros). Es preciso señalar que en aquella oportunidad el Máximo Tribunal hacía referencia a la ley 23.898, normativa análoga a la aquí cuestionada.
Que con relación al argumento acerca del destino que tienen las sumas recaudadas en concepto de tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, nuestra Suprema Corte ha señalado en numerosas oportunidades que las tasas en general significan una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, y que ese servicio no puede ser fijado para cada caso en particular. Y en tal sentido, ha dicho que “(...) La relación que debe existir entre la tasa y el costo del servicio no implica una equivalencia estricta, sino que al cobro de una tasa corresponda siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio a algo no menos individualizado del contribuyente; por lo que la impugnación de una tasa considerada exorbitante debe juzgarse desde el punto de vista de su posible carácter confiscatorio.” (C.S.J.N., “Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de San Rafael”, 1956; y en el mismo sentido Fallos 234:663; 236:22; 201:545, entre otros).
Que en tal línea de pensamiento, el destino de lo recaudado en concepto de tasa de actuación no desnaturaliza el objeto del tributo que aquí se cuestiona, que es el de brindar efectivamente un servicio de justicia para todo aquél que lo solicite. A mayor abundamiento cabe aclarar que, tanto el destino como la administración del recurso tributario obtenido, es materia de índole presupuestaria y no tributaria, especialidad que no le incumbe a este Tribunal.
Que es menester poner de resalto que el peticionante no ofreció ni produjo prueba alguna tendiente a demostrar que el monto de la tasa de actuación resulta ser confiscatorio con relación a su patrimonio, siendo la prueba concreta y circunstanciada fundamental para determinar tal vicio, así “(...) se ha señalado de manera invariable que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o el capital, y el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar de una relación racional estimada entre el valor del bien gravado y el monto del gravamen, requiriéndose una prueba concluyente a cargo del actor (cfr. Fallos 328:4542; 324:2577; entre muchos otros)” (CCAF, Sala V, “De Narváez, Francisco (TF 33.796-I) c/DGI”).
Por lo tanto, considerando que las únicas pruebas ofrecidas y producidas por el incidentista consistieron en oficios dirigidos a la entonces Secretaría General de Asuntos Administrativos de este Tribunal Fiscal y a la Dirección General Impositiva, el que es contestado solo por la Dirección General Impositiva a fs. 66 informando únicamente respecto de las sumas totales recaudadas en el año 2012 a 2014 en concepto de tasa de actuación ante este Tribunal Fiscal, no siendo la misma hábil para demostrar la confiscatoriedad producida por el tributo en cuestión.
Que, en otro orden de ideas, es clara la ley de rito cuando establece en el artículo 185 “La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones...”, a no ser que la Corte Suprema de Justicia se haya expedido previamente sobre la constitucionalidad de las mismas, por lo que no corresponde a este Tribunal expedirse respecto de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados por la aplicación de una tasa de actuación ante esta instancia.
En conclusión, corresponde no hacer lugar a la oposición al pago de la tasa de actuación -ley 25.964-, con costas.
II. Que en consecuencia corresponde intimar al recurrente para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la suma de $36.323,73 (pesos treinta y seis mil trescientos veintitrés con setenta y tres centavos) en concepto de tasa de actuación, con más los intereses correspondientes.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto de la Dra. Marmillon.
En atención a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la oposición al pago de la tasa de actuación. Con costas.
2. Intimar a la recurrente para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $36.323,73 en concepto de tasa de actuación ante este Tribunal, con más los intereses correspondientes.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.07.03 14:02:49 -03:00 Date: 2026.07.03 14:29:18 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.03 14:47:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.03 14:47:40 -03:00
Fin de la sentencia