Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35665-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada, en el sentido expuesto en el Considerando VIII, primer párrafo.
2Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, conforme lo expuesto en el Considerando VIII, último párrafo. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
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CAF 29934/2025/CA1; PER LEI SA (TF 35665-I Y ACUM) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2025.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que por sentencia de fs. 396/401 vta., el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante “TFN”– resolvió lo siguiente: 1°) Confirmar parcialmente la resolución 155/2011 (DV MRRI), en la proporción apelada, en cuanto determinó de oficio el impuesto a las ganancias –en lo sucesivo, “IG”– y calculó los intereses resarcitorios, con costas en proporción a sus respectivos vencimientos; 2°) Declarar alcanzada la multa correspondiente al impuesto al valor agregado –“IVA”–, periodos fiscales 12/04 y 5/05, por la condonación prevista en la ley 27.743, con costas por su orden; 3°) Confirmar las multas apeladas en las presentes actuaciones –que no fueron alcanzadas por la condonación–, a excepción de la vinculada con la proporción del IG revocado, con costas en proporción a sus respectivos vencimientos, salvo en la proporción en que se reducen las multas, que se imponen por su orden.
A su vez, en razón del modo en que resolvió, a fs. 434 (punto resolutivo 1°), el TFN aprobó la reliquidación practicada por la representación fiscal a fs. 408/412.
En el pronunciamiento de fs. 396/401 vta., el tribunal reseñó que la empresa Per Lei SA –organizada jurídicamente como una sociedad anónima; inscripta ante la Dirección General del Registro Público de Comercio, dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén; con cierre comercial el 31 de diciembre de cada año, e inscripta ante la ex AFIP como prestadora de servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o contrato–, apeló las resoluciones 155/11, 156/11 y 40/13 (DV MRR1).
A través de la primera, la División Revisión y Recursos I de la entonces AFIP-DGI, determinó de oficio el IG, periodos fiscales 2004, 2005 y 2009, en la suma de $ 119.647,42, con más $ 74.678,10 en concepto de intereses resarcitorios y $ 52.815,78 de multa, fijada ésta respecto de los periodos fiscales 2004 y 2005, con sustento en los artículos 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683, graduada en tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido.
Mediante la resolución 156/11 (DV MRRI), la misma área hizo lo propio con relación al IVA, periodos fiscales 12/04, 5/05 y 11/09, en la suma de $ 42.217,98, con más $ 34.736,60 en concepto de intereses resarcitorios y $ 126.653,94 de multa, en iguales términos.
Por conducto de la resolución 40/13 (DV MRRI), se le aplicó una multa en el IG, período fiscal 2009, cuantificada en $ 306.126,48, también equivalente a tres (3) veces el importe del gravamen presuntamente evadido, con sustento en los mismos dispositivos legales. Expuso que, de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la parte actora, en el año 1999 finalizó la construcción de un edificio en la Ciudad de Neuquén, procediendo a la venta de departamentos durante los años 2004, 2005 y 2009. A causa de la anticuación (sic) de la construcción y de la falta de actividad específica de la empresa, no contaba con la documentación de respaldo vinculada con el costo de la obra. Por ello – prosiguió con el relato–, el organismo recaudador adoptó los valores de venta de cada propiedad –obtenidos de las escrituras traslativas de dominio–, sustrayéndole un costo presunto de construcción, conforme la información proporcionada por la Cámara de la Construcción de la Provincia de Neuquén.
Destacó que, de acuerdo con la posición asumida por la parte actora, aceptó parcialmente la determinación de la obligación tributaria efectuada por el fisco nacional, aunque sólo por la suma de $ 993,42 en el periodo fiscal 2004; $ 11.091,09 en el periodo fiscal 2005 y $ 90.305,41 en el periodo fiscal 2009.
Ello así, por cuanto consideró que al valor de venta de cada unidad debió también descontarle el costo del terreno; los gastos de escrituración de venta –sellados, gastos de escribanía, etc.– y los intereses devengados por la deuda impositiva determinada.
En cuanto al aspecto sancionatorio, explicó que la recurrente sostuvo que la resolución 155/2011 (DV MRRI) era nula, dado que con su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29934/2025/CA1; PER LEI SA (TF 35665-I Y ACUM) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO dictado se había vulnerado el derecho de defensa, al tipificarse la conducta endilgada de una manera diversa a la consignada en la vista. A su vez, negó que existiera argucia o subterfugio tendiente a lesionar los intereses del fisco nacional.
Sostuvo también que no puede emplearse presunciones para determinar la obligación tributaria y, al mismo tiempo, para imputar una conducta dolosa.
Adentrándose al análisis del planteo formulado por la apelante, en torno a la estimación de los valores de la construcción y venta de los inmuebles, declaró que la fiscalización obtuvo información de la Dirección Regional Neuquén, organismo que remitió las respuestas brindadas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; la Dirección General del Registro Público de Comercio; la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén; el Registro de la Propiedad Inmueble; el Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería de Neuquén y la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Neuquén.
A su vez, obtuvo información relativa a los órganos de dirección y administración de la sociedad comercial, y de algunos compradores de las unidades vendidas.
Explicó que la fiscalización calculó el costo del metro cuadrado de construcción, el cual lo multiplicó por los metros cuadrados construidos que surgieron de las escrituras traslativas de dominio, arrojando así el costo total computable.
Con ello determinó el precio neto gravado en el IVA, detrayendo la parte proporcional construida, y aplicando la alícuota del 10,5%; alcanzó así el importe del gravamen a ingresar.
Con respecto al IG, determinó el precio neto gravado computable, restando del precio de venta surgido de la escritura, el IVA correspondiente a la parte proporcional construida, y, a la ganancia neta, le restó el costo de venta computable; al resultado le aplicó la alícuota del 35%.
Destacó que el legislador fijó la necesidad de implantar métodos indiciarios, con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal, a condición de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa.
Además –adicionó–, la determinación sobre base presunta debe reposar en indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, “probabilísticamente” se acerque más a la real magnitud del hecho imponible.
Efectuó consideraciones en torno a la regla de onus probandi incumbit ei qui dicit (receptada en el art. 377 del Código Procesal Civ. y Com. de la Nación) y declaró que se trataba de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que había arribado el juez administrativo.
Seguidamente examinó los tres ítems indicados por la apelante, respecto de los cuales consideró que efectivamente había sido mal calculada la materia imponible.
En primer término, se refirió al costo del terreno, afirmando que le asistía razón a la apelante, toda vez que el artículo 55 inciso b) de la ley del IG –aplicable al tiempo de los hechos–, establecía, respecto de la valuación de los bienes de uso que tuvieran el carácter de bienes de cambio, que correspondía adicionar el valor del terreno al costo de construcción, hasta la finalización de la misma. Seguidamente examinó los cálculos efectuados por la recurrente, convalidados por la pericia contable, y aseveró que no eran correctos, habida cuenta de que incluyó el margen de utilidad, arrojando un resultado mayor.
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CAF 29934/2025/CA1; PER LEI SA (TF 35665-I Y ACUM) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Respecto de la falta de contemplación de los gastos de escrituración, mencionó que no constaba en autos prueba alguna que la respaldara, no conociéndose, incluso, si dichas erogaciones se habían efectuado.
Por último, en lo tocante a los intereses resarcitorios de deudas impositivas, tampoco admitió el planteo, pues –según expuso– la norma sólo admite la posibilidad de deducir los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias, pero no los intereses de tipo punitorio y las multas.
Por su parte, en cuanto a los tributos, manifestó que el ordenamiento vigente al tiempo de los hechos –esto es, la ley del gravamen antes de la reforma operada por la ley 27.346–, disponía que el cómputo se debía realizar en el balance impositivo correspondiente al ejercicio en el que se determinen o paguen, según fuese el método utilizado para la imputación de los gastos; en el caso, el devengado. De ahí que la deducción sólo habría sido posible en el periodo fiscal 2011 del IG. En otra tónica, en el Considerando VI de su sentencia, el tribunal de grado se refirió a los términos de la ley 27.743 y de la resolución general (AFIP) 3451, de consuno con el plan de pagos formulado por la actora –que llevó por numero G637546–, destacando que la obligación tributaria en concepto de IVA había sido cancelada en su totalidad. En orden a ello, resolvió que procedía el beneficio de condonación de sanciones allí previsto, por cumplirse con los requisitos estipulados.
En cambio –explicó–, no ocurría lo mismo con relación a la multa vinculada con el IG, dado que el plan finalmente había caducado.
Por ello, en el Considerando VII de su decisorio se abocó al examen de los agravios esgrimidos por la actora respecto de esta materia, rechazando, en primer término, el planteo de nulidad articulado.
En cuanto al fondo del asunto, examinó la valoración de los hechos y del derecho realizada por el organismo recaudador, destacando que lucía clara la vulneración del bien jurídico tutelado por el ordenamiento, no sólo a causa de la voluntad del sujeto, sino también por su conducta defraudatoria.
En razón de ello, concluyó que, al no aportarse elementos probatorios que desacreditaran los hechos que dieron lugar a las multas aplicadas, la confirmó.
No obstante redujo su quantum al mínimo legal, al ponderar que no había constancia en autos de antecedentes sumariales de la encartada.
II. Que contra la sentencia de fs. 396/401 vta. se alza la parte demandada a fs. 419 –recurso concedido en el punto 3° del auto de fs. 434/vta.–, acompañando su expresión de agravios a fs. 424/427 vta. Este último no fue contestado por la contraria.
Al momento de presentar su memorial, la representación fiscal manifestó que desistía parcialmente de su apelación, manteniéndola sólo respecto del punto 3° de la sentencia apelada; esto es, la reducción del quantum de la multa oportunamente aplicada. En sustento de tal medida, acompañó una nota fechada el 23/1/25, emitida por la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva de ARCA (fs. 420/vta.).
El 18/9/25 se pasaron los autos a resolver.
III. Que, en su memorial, la representación fiscal efectúa un resumen de los antecedentes de la causa, expresando que le causa agravio el tratamiento que el TFN ha efectuado de la multa aplicada a la firma actora, en particular su reducción.
Niega que su parte no hubiera merituado los hechos involucrados a la hora de establecer la sanción en trato, dado que ello mismo surge de los considerandos del acto administrativo correspondiente.
Además, cuestiona que sólo se tuviera en cuenta la inexistencia de antecedentes infraccionales por parte de la sancionada, sin atender a la gravedad de los hechos y la peligrosidad fiscal evidenciada. Es decir – apunta–, se tuvieron en cuenta los atenuantes, pero no los agravantes.
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Pone de relieve que, atendiendo a la actitud del contribuyente y la gravedad de los hechos verificados, el juez administrativo sólo decidió graduar la pena en un (1) sólo tanto más sobre el mínimo legal. Recalca que la falta de antecedentes infraccionales no resulta suficiente para apartarse del criterio adoptado por el juez administrativo, a la hora de graduar la pena.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, en lo que es materia de agravios, con costas.
IV. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 72680/2018, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D´Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2/5/24).
V. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/16, del 16/10/18;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala –en su actual integración–, Causa CAF 47840/2023/CA1, “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 9/5/24).
VI. Que, en atención al estado actual de esta causa, se desprende que la cuestión que aquí corresponde dirimir se reduce a la graduación de las multas impuestas en las resoluciones apeladas en autos, en las proporciones correspondiente a los ajustes fiscales que fueron confirmados por el TFN y no alcanzados por el beneficio de la condonación.
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CAF 29934/2025/CA1; PER LEI SA (TF 35665-I Y ACUM) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO De acuerdo con la reliquidación obrante en autos (fs. 408/412 y 434), los importes de las multas fijados de conformidad con lo resuelto por el a quo, son los siguientes: IG-2004: $ 4.476,02; IG-2005: $ 26.260,15;
IVA-11/09: $ 64.248,60.-
VII. Que, como es sabido, el artículo 46 de la ley 11.683 contempla una graduación de la sanción allí prevista, conforme una escala que abarca de dos (2) veces el impuesto evadido, hasta diez (10) veces. El fisco nacional, en orden a los fundamentos impresos en los actos administrativos que fueron objeto de análisis y revisión por parte del TFN, graduó las penas en tres (3) veces.
En este escenario, el cual se identifica por la presencia de un cúmulo de actos y/u omisiones de los cuales fue parte activa la empresa actora, no luce irrazonable, desproporcionada ni injustificada la graduación originalmente impresa por el juez administrativo, conforme lo predica la demandada.
Al respecto, se ha dicho que no se advierte el fundamento por el cual el TFN consideró que no se advertían razones para apartarse del mínimo legal establecido, ya que el único elemento merituado para adoptar esa valoración –la falta de antecedentes infraccionales– no resulta suficiente para apartarse del criterio adoptado por el juez administrativo a la hora de graduar la sanción (CNACAF, Sala V, in re: “Soler, Mirta María (TF 41876-I y acum) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 27485/2023, del 2/7/24, y sus citas).
VIII. Que, en razón de lo expuesto, corresponde modificar el punto resolutivo 3° de sentencia de fs. 396/401 vta., únicamente en cuanto redujo el quantum de las multas aplicadas al mínimo legal y, por lo tanto, confirmar las resoluciones apeladas en este particular aspecto. Como correlato de ello, las costas correspondientes a la materia aquí resuelta –tanto en la instancia del TFN como en la presente–, se imponen a la actora.
IX. Que, por último, toda vez que la parte actora no ha constituido domicilio electrónico ante este tribunal de Alzada, instrúyase al Tribunal Fiscal a que notifique la presente sentencia a las partes. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, modificar la sentencia apelada, en el sentido expuesto en el Considerando VIII, primer párrafo. 2°) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, conforme lo expuesto en el Considerando VIII, último párrafo. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes del modo dispuesto en el Considerando IX y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia