Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la regulación de honorarios efectuada al Dr. M. N. R. mediante providencia de fecha 05/10/2026, por la suma de $19.457.855,19, IVA incluido.
II. SIN IMPONER costas y SIN REGULAR honorarios por la labor desarrollada en la Alzada.
Trelew, 17 de noviembre de 2026.
Estos autos caratulados “PER c/ PER S.A. s/ Accidente de trabajo (sistémico)” (Expte. N.° 730/2025), venidos a fin de resolver el llamado de autos del 03/11/2026.
I. Mediante providencia de fecha 05/10/2026, la jueza de primera instancia reguló los honorarios del Dr. PER, por su actuación como letrado apoderado de la parte actora en la etapa de ejecución de sentencia, en la suma de $19.457.855,19, IVA incluido. Para así decidir, la magistrada consideró que, conforme las constancias de fecha 29/09/2026, se había cancelado la totalidad del capital, intereses y honorarios reclamados por la parte actora. Asimismo, ponderó la calidad, extensión y eficacia de las tareas desarrolladas, el monto de ejecución, el resultado obtenido y la ausencia de excepciones. Tomó como base regulatoria la suma de $212.709.947,93, correspondiente al importe por el cual se había decretado embargo el 17/09/2026. Sobre dicha base aplicó un porcentaje del 16%, reducido en un 30% por no haberse opuesto excepciones y dividido por dos en razón de la etapa cumplida, arribando a un porcentual del 5,6%, con más el 35% por la actuación en carácter de apoderado, lo que determinó un porcentaje final del 7,56% y la suma de $16.080.872,06, con más IVA, conforme las pautas de la Ley XIII N.° 4 y el precedente de la Sala A, SIL 03/2016.
II. Contra dicha regulación, mediante presentación ID 2571117 (14/10/2026), la parte demandada interpuso recurso de apelación por considerar elevados los honorarios fijados, el que fue concedido el 15/10/2026 en los términos del art. 48 de la Ley XIII N.° 4. La recurrente sostiene, en sustancia, que no resulta equiparable la labor profesional desarrollada durante la totalidad del proceso de conocimiento, con la presentación de un escrito solicitando el libramiento de un embargo en la etapa de ejecución de sentencia. Afirma que existe una diferencia sustancial entre ambas actuaciones en cuanto a su complejidad, extensión y tiempo insumido, y que la regulación practicada resulta desproporcionada frente a la efectiva labor cumplida por el profesional.
En definitiva, solicita que se revoque la regulación apelada y se reduzcan los honorarios a valores que considera ajustados a derecho. III. De las constancias obrantes en la causa se observa que:
El 11/08/2026 se dictó la Sentencia Definitiva N.° 249/2026, mediante la cual se hizo lugar a la demanda entablada por PER contra PER i) El 27/08/2026, la magistrada de primera instancia aprobó de oficio la liquidación de sentencia, al 04/09/2026, por la suma total de $223.111.958,86, comprensiva de capital e intereses correspondientes al trabajador por $171.934.065,07; honorarios del Dr. M. N. R., IVA incluido, por $40.775.882,86; y honorarios del perito médico, IVA incluido, por $10.402.010,93. Asimismo, intimó a la demandada para que abonara las sumas determinadas dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ley (art. 70 de la Ley XIV N.° 1).
ii) Mediante presentación ID 2501214 (02/09/2026), la demandada solicitó una prórroga para cumplir con el pago, alegando que aún no se encontraba abierta la cuenta judicial y que la magnitud de las sumas involucradas requería la intervención de distintas áreas administrativas de la aseguradora. El 04/09/2026, el juzgado dispuso la apertura de la cuenta judicial, rechazó la prórroga solicitada e intimó a la demandada a abonar las sumas adeudadas dentro del plazo de cinco días a partir de dicha apertura.
iii) El 16/09/2026, mediante presentación ID 2526468, el Dr. M. N. R., en representación de la parte actora y por derecho propio, promovió formal ejecución de sentencia ante la falta de cumplimiento íntegro de la condena. Solicitó la traba de embargo sobre los fondos de titularidad de la demandada, la capitalización de intereses y la regulación de honorarios por la etapa ejecutiva.
v). El 17/09/2026, la jueza tuvo por iniciada la ejecución de sentencia promovida por la parte actora y decretó embargo sobre las sumas que la demandada tuviera depositadas en cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos o cuentas custodio del B. P. S.A., hasta cubrir $212.709.947,93, correspondientes al capital e intereses del trabajador por $171.934.065,07 y a los honorarios del Dr. R., IVA incluido, por $40.775.882,86, con más $50.000.000 presupuestados provisoriamente para intereses y costas.
vi). Mediante ID 2528431 (17/09/2026), el Dr. R. acompañó el oficio dirigido al Banco Patagonia S.A. para la traba del embargo, que fue suscripto digitalmente el 18/09/2026. Asimismo, se diligenció la cédula de notificación N.° 307087, dirigida a la demandada, cuya notificación se practicó el 21/09/2026.
vii). Posteriormente, el B. P.S.A. informó haber dado cumplimiento a la orden judicial, mediante la traba del embargo y la transferencia de $262.709.947,93 a la cuenta judicial de autos, efectuada el 25/09/2026.
viii). El 26/09/2026, mediante presentación ID 2542654, el Dr. R. solicitó la transferencia del crédito laboral del actor, por $171.934.065,07, previa deducción del importe correspondiente al pacto de cuota litis, cuya cesión comunicó en la misma presentación. Asimismo, mediante ID 2542655, solicitó la transferencia de sus honorarios, IVA incluido, por $40.775.882,86, y acompañó la cesión del 50% de dicho crédito a favor del Dr. D. J. D.
ix). El 29/09/2026 se ordenaron las transferencias correspondientes al crédito del trabajador y a los honorarios de su asistencia letrada, conforme la liquidación aprobada y las cesiones efectuadas en autos.
x). Mediante ID 2545521, la demandada acreditó la transferencia de $223.111.958,86 a la cuenta judicial y dio en pago dicha suma, solicitando el levantamiento del embargo. El 01/10/2026, el juzgado tuvo presente el pago efectuado, dispuso estar a las transferencias ordenadas el 23/09/2026 y el 29/09/2026 y ordenó el levantamiento de los embargos decretados el 17/09/2026. Asimismo, dispuso pasar las actuaciones a despacho para resolver la regulación de honorarios por la etapa de ejecución. xi). Finalmente, el 05/10/2026 se dictó la resolución recurrida.
IV. Pasando a resolver, cabe recordar que este Tribunal ya ha señalado en reiteradas oportunidades que, no obstante lo dispuesto en el art. 39 de la Ley XIII N.° 4, la ejecución de sentencia en el procedimiento laboral tiene sus propias particularidades, las que la distinguen de los demás procesos de ejecución. Ello a la luz de los arts. 69 y 70 de la Ley XIV N.° 1, en virtud de los cuales se vislumbra que este tipo de ejecución es más abreviada que los demás procesos de su misma naturaleza, lo que incluye la segmentación en etapas (conf. esta Sala en SIL N° 05/2025, Sala 3, SIL 06/2025, Sala A, SIL 17/2017; SIL 30/2017; SIL 36/2017; SIL 47/2017; SIL 14/2021; SIL 47/2021, SIL 21/2025, 49/2025, entre otras). En efecto, el art. 69 de la Ley XIV N.° 1 establece que el procedimiento de ejecución de sentencia en materia laboral se inicia una vez consentida o ejecutoriada la sentencia y aprobada la liquidación pertinente. Es decir, la resolución que aprueba la liquidación es un acto previo al inicio de la ejecución de la sentencia (Sala A, SIL 14/2021, entre otras). No obstante, ello, también se ha dicho que, si bien la división en etapas contemplada por la ley arancelaria (conf. art. 39 de la Ley XIII N.° 4) es un recurso empleado por el legislador a fin de fijar un criterio objetivo de compartimentación de la labor, no siempre refleja la verdadera extensión material de la faena, y menos aún su complejidad y profundidad. Por tanto, la apreciación respectiva dependerá de una serie de circunstancias que el Tribunal debe examinar haciendo una aplicación medulosa de las pautas señaladas en los diversos incisos del art. 5° de la Ley XIII N.° 4 a fin de regular el honorario, es decir, efectuar una aplicación concreta al caso del arancel, ajustándolo coyunturalmente dentro de los márgenes de flexibilidad que le son permitidos (conf. Sala A SIL 02/2022, Ure, Carlos E. - Finkelberg, Oscar G., “Honorarios de los Profesionales del Derecho”, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2004, p. 299/300).
En el caso de autos, corresponde señalar que la liquidación de sentencia fue practicada de oficio por el juzgado y aprobada el 27/08/2026, una vez firme la Sentencia Definitiva N.° 249/2026. Por consiguiente, dicha actuación no integra la etapa ejecutiva, conforme el criterio jurisprudencial precedentemente reseñado.
Sin embargo, de las constancias posteriores se desprende que, vencido el plazo de pago sin que la demandada hubiera satisfecho íntegramente la condena, el Dr. R. promovió formalmente la ejecución de sentencia mediante ID 2526468 (16/09/2026), solicitando la traba de embargo sobre los fondos de la aseguradora.
En consecuencia, el 17/09/2026 se tuvo por iniciada la ejecución y se decretó embargo hasta cubrir la suma de $212.709.947,93, correspondiente al crédito del trabajador y a los honorarios del profesional, IVA incluido, con más $50.000.000 presupuestados provisoriamente para intereses y costas.
A tal efecto, el letrado acompañó el oficio dirigido al B. P. S.A., que fue suscripto digitalmente el 18/09/2026, y diligenció la cédula de notificación N.° 307087, dirigida a la demandada. Como consecuencia de la medida, el B. P. S.A. informó haber transferido el 25/09/2026 la suma de $262.709.947,93 a la cuenta judicial de autos.
Posteriormente, el profesional solicitó las transferencias correspondientes al crédito del trabajador y a sus honorarios, acompañando las cesiones respectivas. Dichas gestiones culminaron con las órdenes de transferencia del 29/09/2026 y la posterior cancelación de los créditos reclamados.
De tal modo, las labores desarrolladas por el Dr. R. comprendieron sustancialmente la promoción de la ejecución, la obtención y diligenciamiento del oficio destinado a la traba del embargo, la notificación de la medida y las actuaciones necesarias para obtener la transferencia de las sumas depositadas.
En función de ello, tomando como pauta el 16%, porcentaje usualmente utilizado por esta Sala como promedio dentro de la escala general prevista para el letrado vencedor, corresponde aplicar la mitad de dicha escala en razón de que la ejecución de sentencia en materia laboral se considera una sola etapa, lo que determina un 8%. A su vez, dado que no fueron opuestas excepciones, corresponde efectuar la reducción del 30%, arribándose así a un porcentaje del 5,6%, con más el 35% por la actuación en carácter de apoderado, lo que determina un porcentaje final del 7,56%.
En el caso, la magistrada aplicó precisamente dicho porcentual sobre la base regulatoria de $212.709.947,93, correspondiente al monto por el cual se decretó embargo el 17/09/2026, obteniendo la suma de $16.080.872,06, con más IVA, lo que determina el importe regulado de $19.457.855,19.
Sentado ello, los argumentos expuestos por la recurrente no resultan suficientes para demostrar que la regulación practicada sea excesiva. En primer término, debe ponderarse que la actuación profesional no se limitó a la presentación de un escrito solicitando un embargo, como sostiene la apelante, sino que comprendió la tramitación de la etapa de ejecución hasta obtener la satisfacción del crédito reconocido judicialmente. En efecto, el Dr. R. debió promover la ejecución ante la falta de cumplimiento oportuno de la condena por parte de la aseguradora, obtener el dictado de la medida de embargo, r.izar las diligencias necesarias para su efectivización y posteriormente solicitar las transferencias de los fondos depositados. Tales actuaciones permitieron alcanzar el resultado perseguido mediante la vía compulsiva.
Cabe agregar que la circunstancia de que la demandada haya manifestado posteriormente que daba en pago las sumas depositadas no modifica lo expuesto. En efecto, la imputación de fondos previamente afectados por una medida judicial al cumplimiento de la obligación no equivale a un pago espontáneo y oportuno, ni desvirtúa la necesidad de la ejecución promovida por el profesional. Por consiguiente, dicha actuación de la aseguradora no constituye una razón válida para disminuir los honorarios correspondientes a la labor desarrollada en esa etapa.
Por otra parte, frente a la desproporción que invoca la apelante, lo concreto es que los honorarios fijados se ajustan a los porcentajes que resultan de la ley arancelaria y guardan correspondencia con la labor efectivamente cumplida. En tales condiciones, no existen razón suficiente para apartarse de las pautas legales aplicables.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la regulación de honorarios del Dr. M. N. R., por la suma de $19.457.855,19, IVA incluido.
V. Por último, no se imponen costas ni se regulan honorarios por la labor desarrollada en la Alzada, toda vez que en materia de honorarios los memoriales y sus contestaciones en principio no devengan costas.
Por ello, la Sala “2” de la Cámara de Apelaciones de Trelew
I. CONFIRMAR la regulación de honorarios efectuada al Dr. M. N. R. mediante providencia de fecha 05/10/2026, por la suma de $19.457.855,19, IVA incluido.
II. SIN IMPONER costas y SIN REGULAR honorarios por la labor desarrollada en la Alzada.
III. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por:
Guillermo WALTER (Presidente)
Marcelo PERAL (Juez de Cámara)
Registrada como Sentencia Interlocutoria N°..77.../2026 SIF.
Florencia CESARI (Secretaria de Refuerzo).
Fin de la sentencia