Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-123278
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser modificada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1Modificar la sentencia de primera instancia con respecto a los montos otorgados por incapacidad y daÒo moral, los que se fijan en $6.000.000 y $6.000.000, respectivamente, a valores a la fecha de la sentencia de la instancia de origen;
2Confirmarla en lo dem·s que decide;
3Imponer las costas de Alzada en un 30% a la actora y 70% al demandado y a la aseguradora citada en garantÌa (arts. 68, 71 y concs., CPCC).
SI - 123278 - PERAFAN NORMA MONICA C/ HERRERO DANIEL ANDRES Y OTRO/A S/ DA—OS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
Expte: SI-123278 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N 3 Dptal.
Juicio: PERAFAN NORMA MONICA C/ HERRERO DANIEL ANDRES Y OTRO/A S/ DA—OS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se re˙nen en Acuerdo telem·tico continuo los seÒores Jueces de la Sala I de la C·mara de ApelaciÛn en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO, (designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta C·mara del 19/09/25), con la intervenciÛn del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. N∫ SI- 123278 , en los autos: “PERAFAN NORMA MONICA C/ HERRERO DANIEL ANDRES Y OTRO/A S/ DA—OS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”.
La C·mara resolviÛ votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la ConstituciÛn Provincial y 266 del C.P.C.C..
1™) øEs justa la sentencia apelada?
2™) øQuÈ pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votaciÛn: Dres. Gabriela Andrea Rossello y Emilio Armando IbarlucÌa.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,
la seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello dijo:
I. La sentencia que hace lugar a la demanda incoada por Norma MÛnica Perafan contra Daniel AndrÈs Herrero y hace extensiva la condena a la aseguradora citada en garantÌa Nativa CompaÒia Argentina de Seguros, y las condena a abonar $ 15.095.000, con m·s intereses y costas, es apelada por ambas partes.
II.1. Norma MÛnica Perafan demandÛ a Daniel AndrÈs Herrero reclamando la reparaciÛn de los daÒos derivados del accidente de tr·nsito ocurrido el 21 de diciembre de 2017; citÛ en garantÌa a Nativa CompaÒia Argentina de Seguros (v. fs.35/44, escrito de fecha 11-7-2018).
RelatÛ que ese dÌa, siendo las 19.30 horas, se encontraba circulando al mando de su motocicleta por la calle Belgrano de la ciudad de Bragado, respetando todas las normas de tr·nsito, y cuando se disponÌa a cruzar con prioridad de paso la calle FalcÛn, apareciÛ intempestivamente el vehÌculo del demandado y la embistiÛ contra su pierna izquierda. Por el impacto, cayÛ sobre el pavimento sufriendo heridas de consideraciÛn y tambiÈn la moto se daÒÛ en su estructura. Fue trasladada al hospital municipal donde permaneciÛ en observaciÛn por 24 horas.
ReclamÛ indemnizaciÛn por incapacidad sobreviniente diciendo que sufriÛ politraumatismos, fractura de tobillo izquierdo, rotura de meniscos y ligamentos, traumatismo de cr·neo con pÈrdida de conocimiento, herida cortante con tres puntos de sutura, traumatismo de columna cervical, traumatismo en ambos brazos, nariz, boca y muslo izquierdo. DetallÛ las secuelas que presentaba, entre ellas, dolores, cefaleas, mareos, ansiedad. SolicitÛ que se contemplara su incapacidad fÌsica como psÌquica. SolicitÛ, a su vez, daÒo moral, gastos de medicaciÛn, tratamiento psicoterapÈutico, gastos de reparaciÛn de la motocicleta, gastos de compra de anteojos; privaciÛn de uso; lucro cesante alegando que se desempeÒaba como empleada domÈstica para distintos empleadores y que estuvo 90 dÌas sin trabajar. Posteriormente, ampliÛ la demanda diciendo que se efectuÛ una resonancia de rodilla que confirmÛ los dolores y limitaciones en su rodilla, por lo que elevÛ los montos de su peticiÛn (v. fs. 52/53, escrito de fecha 23-10-2018).
II.2. El demandado y la aseguradora citada en garantÌa reconocieron la cobertura pero repelieron la acciÛn (v. fs. 69/80, escrito de fecha 15-3-2019 y ratificaciÛn de 27-3-2019). Endilgaron la total responsabilidad del evento a la vÌctima. Dijeron que el accionado circulaba por la calle FalcÛn a velocidad moderada y con el pleno dominio del vehÌculo, que en oportunidad de llegar a la intersecciÛn con la calle Belgrano aminorÛ la velocidad y frenÛ, pero un vehÌculo que circulaba por Belgrano le dio paso. Al reiniciar su marcha no pudo evitar impactar con la motocicleta que circulaba por Belgrano sin atender al devenir del tr·nsito y que continuÛ su marcha sin observar el deber de prudencia. A su vez, seÒalaron que la accionante carecÌa de casco protector. Impugnaron las indemnizaciones reclamadas.
II.3. Producida la prueba, se dictÛ la sentencia que responsabilizÛ en forma total al demandado y lo condenÛ al pago de $15.095.000, m·s intereses y costas; a su vez, hizo extensiva la condena a la aseguradora citada en garantÌa (v. sent. de 14-7-2025).
Para asÌ decidir, el magistrado de la instancia de origen encuadrÛ el caso en las normas del CÛdigo Civil y Comercial que regulan la responsabilidad civil en su funciÛn resarcitoria; en especial, en los arts. 1716, 1722, 1729, 1730, 1731, 1734, 1757, 1758, 1769 y concs. ExpresÛ que las partes estaban contestes en las circunstancias del siniestro, en que la actora contaba con prioridad de paso y que habÌa sido embestida. Dijo que las alegaciones de la accionada para excepcionar las presunciones que emergÌan de esas circunstancias no habÌan sido probadas. En cuanto a la falta de casco de la reclamante, seÒalÛ que en la demanda Èsta expuso que circulaba cumpliendo las normas de tr·nsito mientras que la contraria invocÛ la infracciÛn; por ello correspondÌa a esta ˙ltima la carga de la prueba, lo que no habÌa sido cumplido en el caso.
Con respecto a los daÒos, el juez se explayÛ respecto a su postura consistente en que los jueces no estaban compelidos a aplicar fÛrmulas matem·ticas. A su vez, seÒalÛ que fijarÌa la indemnizaciÛn a valores actuales a la fecha del pronunciamiento. Con relaciÛn a la incapacidad fÌsica y psÌquica, valorÛ el dictamen mÈdico, que considerÛ completo y fundado. A su vez, en base a la pericia psicolÛgica entendiÛ que la vÌctima padecÌa daÒo psicolÛgico irreversible y permanente que debÌa ser tratado como incapacidad. Luego, calculÛ el total de la incapacidad utilizando el sistema de incapacidad residual; por lo que arribÛ a un 19% de incapacidad fÌsica y psÌquica. OtorgÛ $10.000.000.
Por costo de tratamiento terapÈutico, fundado en la pericia psicolÛgica y estimando el costo de la sesiÛn en $35.000 con basamento en dict·menes en otras causas, fijÛ $840.000. Por gastos de asistencia mÈdica, farmacia y anteojos, teniendo en cuenta la lesiÛn sufrida, estableciÛ $250.000. Por daÒo moral considerÛ justo estimarlo en $4.000.000.
Por otra parte, rechazÛ el lucro cesante diciendo que el rubro contemplaba las ganancias que perdÌa el damnificado por causa del accidente, lo cual requerÌa prueba de la inactividad y la efectiva frustraciÛn de ganancias. En este orden de ideas, considerÛ que la accionante no acreditÛ en estos autos su actividad laboral remunerada y ocupaciÛn previa al hecho; aÒadiÛ que ello tampoco se desprendÌa con certeza de las testimoniales rendidas en el beneficio de litigar sin gastos seguido entre las partes. Por ˙ltimo, con relaciÛn a los gastos de reparaciÛn de la moto, hizo mÈrito de que la demandada desconociÛ el presupuesto acompaÒado por la actora a lo que se sumaba el desistimiento de la prueba informativa; aunque entendiÛ que el daÒo en la moto se desprendÌa de la causa penal (examen de visu y fotos). Para fijar el valor tuvo en cuenta el dictamen del perito mec·nico y fijÛ $5.000, a la fecha del hecho. DesestimÛ el rubro privaciÛn de uso. Con respecto a los intereses respecto del capital fijado a valores del pronunciamiento, dejÛ establecido que debÌan calcularse desde la fecha de mora, el 21 de diciembre de 2017, y hasta la fecha de la sentencia, a la tasa pura del 6% anual; en adelante, y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva prevista para plazo fijo digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. AclarÛ que respecto del rubro sentenciado a la fecha del hecho -gastos de reparaciÛn de la moto-, los intereses debÌan calcularse desde allÌ y hasta el efectivo pago a la tasa bancaria antes indicada.
Impuso las costas a la demandada y a la aseguradora citada en garantÌa, en su car·cter de vencidas.
III. Frente a dicho pronunciamiento, se agravian la actora, y el demandado y la citada en garantÌa, siendo sus presentaciones contestadas en forma recÌproca (v. expresiones de agravios de fechas 5-9-2025 y contestaciones de 11-9-2025 y 15-9- 2025).
La actora se queja por considerar exiguos los montos otorgados por incapacidad, daÒo moral y reparaciÛn de la motocicleta. A su vez, se queja por el rechazo del rubro lucro cesante. Por su parte el demandado y la aseguradora citada en garantÌa cuestionan la responsabilidad y la cuantificaciÛn de los daÒos por los siguientes rubros: incapacidad, tratamiento psicolÛgico, gastos, daÒo moral, reparaciÛn de la moto.
IV.1. En primer lugar, corresponde decir que, a diferencia de lo que sostienen el demandado y la citada en garantÌa en su rÈplica en el sentido de que el escrito de la actora no contiene un crÌtica concreta y razonada del fallo, que sÌ cumple la accionante recurrente con los requerimientos del art. 260 del CÛdigo Procesal Civil y Comercial. Cabe recordar que esta Sala sustenta un criterio amplio para evaluar dichos recaudos a fin de asegurar el m·s acabado derecho de defensa (arts. 18 CN y 15 Const. prov.).
IV.2. Sentado lo anterior, pasando a tratar los agravios, por un orden lÛgico, es necesario comenzar por el cuestionamiento a la responsabilidad atribuida al accionado.
IV.2.1. Responsabilidad. En este aspecto, se agravian el demandado y la aseguradora diciendo que a travÈs de la prueba producida en autos no se pudo determinar la mec·nica del siniestro con claridad, pues el dictamen pericial no arriba a conclusiones claras y la causa penal fue archivada. Citan jurisprudencia relativa a la prioridad de paso y concluyen diciendo que se infiere que fue la conductora de la motocicleta quien imprevistamente apareciÛ cuando el demandado realizaba el cruce de la intersecciÛn encontr·ndose habilitado para hacerlo debido a la cesiÛn de paso que le efectuara un vehÌculo que circulaba por la misma arteria que la actora.
El agravio no puede ser atendido. El caso de autos, como lo encuadrÛ el magistrado de la instancia de origen sin cuestionamiento al respecto, se juzga por la responsabilidad derivada de un accidente de tr·nsito y por la intervenciÛn de cosas riesgosas (art. 1769 que remite a los arts. 1757 y 1758, CCC), siendo la responsabilidad objetiva, por lo que el imputado como responsable debe demostrar la causa ajena para eximirse (arts. 1722 y concs.
CCC).
La accionada afirmÛ que el accidente tuvo lugar por el hecho de vÌctima (art. 1729, CCC), sin demostrar dicha eximente. AsÌ, no fue controvertido que la actora circulaba por la derecha con prioridad de paso y que el demandado la embistiÛ, y no hay elementos que prueben las alegaciones de este ˙ltimo acerca de que continuÛ su marcha porque un vehÌculo le dio paso. Adem·s, la pericia mec·nica confirma que el automÛvil del demandado embistiÛ con su frente a la moto (v. dictamen de fecha 30-8-2021, dictamen complementario de 25-4-2023 y explicaciones de 3-11-2023).
Por lo que esta parcela del recurso no prospera (arts. 1722. 1729, 1757,1758,1769 y concs., CCC; 41, ley 24.449 a la que adhiriÛ la ley provincial 13.927; 375, 384, 474 y concs.
CPCC).
IV.2.2. DaÒos.
a) Incapacidad: El demandado y la aseguradora se agravian por la suma estimada por este rubro, porque entienden que no deben computarse las lesiones en la cabeza debido a que se invocÛ la inexistencia de casco protector. A su vez, se quejan por la incorporaciÛn del presunto daÒo psicolÛgico; consideran que del dictamen pericial y de sus explicaciones no surge que la incapacidad sea permanente sino que puede ser reversible.
Por su lado, la actora sostiene que el monto es reducido e insuficiente. Destaca que seg˙n se desprende del beneficio de litigar sin gastos, la actora tenÌa trabajo a la fecha del accidente y no pudo recuperarlo. Dice que no existen dudas de que sus posibilidades se han visto afectadas. Hace referencia tambiÈn a la pericia psicolÛgica expresando que de allÌ surge un menoscabo definitivo. Indica que el monto no se corresponde con lo previsto por el art. 1746 del CÛdigo Civil y Comercial.
Al respecto, cabe seÒalar que en su dictamen y las explicaciones (v. presentaciones electrÛnicas de 3-11- 2021 y 13-4-2022), el perito mÈdico concluye: “La incapacidad que presenta la actora por las lesiones traum·ticas que tuvo, considerada de car·cter parcial y permanente, la estimo del orden, por la fractura del tobillo (peronÈ), con limitaciÛn funcional acompaÒada de dolor en grado moderado, del 5%, tomando como baremo el libro DaÒo corporal por fracturas de Guillermo Maci·, p·g. 275; por el sÌndrome meniscal de rodilla izquierda, del 5%, tomando como baremo el libro de Altube Rinaldi, p·g. 220, Ìtems: 174. En total: 10%.”
Con relaciÛn a la supuesta falta de casco, los impugnantes no solamente no rebaten las razones dadas por el juez de grado para rechazar el planteo (art. 260, CPCC) sino que no se observa que el mÈdico haya dictaminado incapacidad por las lesiones en el cr·neo.
En lo referido a las lesiones de car·cter psicolÛgico, la experta en su dictamen y las explicaciones (v. presentaciones electrÛnicas 11-6-2024 y 3-7-2024) concluye lo siguiente: “I. Los sucesos que promueven las actuaciones han tenido para la subjetividad de la peritada suficiente entidad como para evidenciar un estado de perturbaciÛn emocional encuadrable en la figura de daÒo psÌquico, dado que es posible observar los tres indiciadores que el mismo implica, a saber: • Alteración del psiquismo de una persona con menoscabo de su salud (constituciÛn de patologÌa) • Disminución o deterioro de las aptitudes del sujeto imputable a un evento (relación o nexo causal)• Tal alteración del psiquismo conlleva la necesidad de un tratamiento. II.- El material pericial obtenido del examinado, presentÛ indicadores de orden traum·tico y reactivo, no de patologÌa estructural o endÛgena. Por ello se estipula que el porcentaje de incapacidad psÌquica correspondiente de acuerdo al Baremo de Castex y Silva se ubicarÌa en un 10% de incapacidad psÌquica, correspondiente al estado de DESARROLLOS NO PSIC”TICOS – DEPRESIONES NEUROTICAS O REACTIVAS de grado LEVE. III.-
Que, debido entonces al actual estado de perturbaciÛn emocional que ha afectado significativamente la salud integral de la peritada, Èsta perito considera pertinente y por tanto sugiere el inicio de un espacio psicoterapÈutico, a fin de que la evaluada pueda enfrentar las dificultades emocionales que interfieren y limitan el desarrollo de su vida actual, y evitar asÌ daÒos mayores que comprometan a˙n m·s su calidad de vida; tratamiento que de ninguna manera implica o apunta a la supresiÛn completa de la sintomatologÌa o problem·tica que presenta quien lo realiza sino que apunta a la elaboraciÛn o potenciaciÛn de los recursos saludables y eficaces en pos de alcanzar un mayor estado de bienestar integral.”
Dicho dictamen se aprecia fundado, sin embargo, no surge de Èste la disminuciÛn de la aptitud genÈrica de la damnificada para realizar actividades productivas o econÛmicamente valorables en los tÈrminos del art. 1746 del CÛdigo Civil y Comercial;
por ello no parece apropiado considerar el cuadro psicolÛgico de la reclamante como incapacidad permanente; ello sin perjuicio de tenerlo en cuenta a los fines de cuantificar el daÒo moral (arts. 384 y 474, CPCC; 1746, CCC).
En suma, se considerar· el 10% de incapacidad informado por el perito mÈdico.
Sentado lo anterior, esta Sala utiliza como par·metro de referencia el resultado que arroja la fÛrmula MÈndez. Para realizar el c·lculo, dado que no viene apelada la tasa de interÈs y para no realizar readecuaciones que no han sido solicitadas, se considerar· el salario mÌnimo vital y mÛvil vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia ($ 317.800), el porcentaje de incapacidad indicado (10%) y la edad de la actora al momento del accidente (57). Tomando como guÌa el resultado que arroja la fÛrmula con las variables mencionadas, se considera adecuado a las circunstancias del caso fijar $6.000.000.
b) Tratamiento psicolÛgico: El demandado y la aseguradora citada en garantÌa cuestionan el monto fijado. El juez de primera instancia estimÛ este rubro bajo el título “Costo de tratamiento terapéutico” de acuerdo a las facultades previstas en el art. 165 del CÛdigo Procesal Civil y Comercial. Sobre la base de otros dict·menes en otros expedientes y seg˙n las reglas de la sana crÌtica, estimÛ un valor de $35.000 por sesiÛn, a la fecha de su sentencia. Siguiendo el dictamen de la experta antes referenciado y teniendo en cuenta dicho valor de la sesiÛn, fijÛ para este rubro $840.000.
Los recurrentes solamente se limitan a decir que el costo de la sesiÛn tenido en cuenta por el magistrado no se encuentra acreditado, lo que afecta su derecho de defensa y carece de fundamento. Es evidente que ello ˙nicamente traduce la disconformidad de los apelantes con lo decidido por el sentenciante sin que ello implique de manera alguna una crÌtica concreta y razonada de esta parte de la sentencia (art. 260, CPCC). Por lo que este punto del recurso no tiene andamiento.
c) Gastos: TambiÈn se quejan el accionado y la aseguradora respecto de este rubro debido a que en la demanda no se especificaron las erogaciones efectuadas, lo cual excederÌa la franquicia probatoria pues, seg˙n afirman, debe existir la constancia de las necesidades y tratamiento.
El agravio tampoco prospera, el monto otorgado es razonable de acuerdo a las lesiones informadas y encuadra dentro de las previsiones del art. 1746 del CÛdigo Civil y Comercial que establece que se presumen los gastos mÈdicos, farmacÈuticos y por transporte que resultan razonables en funciÛn de la Ìndole de las lesiones o la incapacidad.
d) ReparaciÛn de la moto: La actora considera insuficiente el monto destacando que el presupuesto inicial contenÌa un monto mayor y que si bien desistiÛ de la prueba informativa acerca de dicho presupuesto, ello no implica que el monto no sea irrisorio. Dice que “...el reconocimiento del perito mecánico constituye un elemento de orientaciÛn, pero su actualizaciÛn matem·tica al 6% no refleja la realidad económica ni permite reponer la cosa dañada…”. El demandado y la citada en garantÌa destacan que desconocieron el presupuesto acompaÒado por la reclamante y que Èsta desistiÛ de la prueba informativa. Advierten que no se adjuntaron fotografÌas y que de la prueba pericial mec·nica no surge la necesidad de recambio de piezas de la moto.
El magistrado de la instancia de origen reconociÛ el rubro en base a las constancias de la causa penal que mencionÛ y a lo informado por el perito mec·nico que estimÛ $5.000. El experto dijo: “La reparación de los daños observados por el suscripto en la moto insumÌa a la fecha del presupuesto unos 5.000, $...”. El juez fijÛ la suma dictaminada por el perito a la fecha del hecho. De ahÌ que desde esa fecha, para este rubro, fijÛ los intereses a la tasa pasiva m·s alta del Banco de la provincia. Es f·cil advertir que ambas partes recurrentes se desentienden totalmente de los fundamentos esgrimidos en la sentencia para hacer lugar a este rubro, sin efectuar una crÌtica que lograre rebatir lo allÌ decidido (art. 260, CPCC). En consecuencia, las impugnaciones relativas a este rubro no son de recibo.
e) DaÒo moral: Ambos recurrentes cuestionan la suma establecida. Para la actora resulta notoriamente insuficiente para compensar un sufrimiento “diario, constante y vitalicio”. Por su parte, el demandado y la aseguradora expresan que no surge cu·les han sido las circunstancias existentes en la causa para arribar a la suma otorgada, que no surge del expediente cu·l era la tarea o actividades realizadas por la actora.
Al respecto, teniendo en cuenta los dict·menes mÈdico y psicolÛgico en cuanto a las lesiones fÌsicas y el cuadro psicolÛgico informados, se considera razonable a fin de que la actora pueda obtener satisfacciones sustitutivas y compensatorias, fijar el daÒo moral en $6.000.000, tambiÈn a valores del pronunciamiento de primera instancia (art. 1741, CCC).
f) Lucro cesante: La reclamante se agravia por la desestimaciÛn del lucro cesante. Entiende que aun en ausencia de prueba exacta de los ingresos, el rubro resulta susceptible de estimaciÛn prudencial. Afirma que de la prueba producida en el beneficio de litigar sin gastos surge que debiÛ interrumpir su actividad en un restaurante. Expone que para la procedencia del lucro cesante basta la probabilidad objetiva de la ganancia que la vÌctima hubiere logrado; que puede efectuarse una estimaciÛn prudencial basada en par·metros mÌnimos como el salario mÌnimo vital y mÛvil vigente. Al respecto, es necesario, en primer lugar, aclarar que, como se expone m·s arriba, se reconoce a la accionante una suma por el rubro “incapacidad” considerando su edad a la fecha del hecho.
Como es sabido, modernamente y de conformidad con el CÛdigo Civil y Comercial (arts. 1738 y 1746), se explica que la incapacidad tambiÈn es una manifestaciÛn del lucro cesante, en tanto se deben indemnizar las lesiones o incapacidad permanente, fÌsica o psÌquica, total o parcial, que disminuyan la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o econÛmicamente valorables. AsÌ, se dice: “Dentro de los diversos rubros que pueden resarcirse en el marco del lucro cesante reviste particular trascendencia la incapacidad sobreviniente. En un sentido meramente “naturalístico” (daño fáctico, no jurídico), la incapacidad sobreviniente es el resultado de una lesiÛn sobre el cuerpo o la psiquis de la vÌctima que la inhabilita, en alg˙n grado, para el ejercicio de funciones vitales. Pero el menoscabo de esos bienes (el cuerpo, la salud, la psiquis) puede conculcar o aminorar intereses patrimoniales o extrapatrimoniales de la vÌctima, y dar lugar a la reparaciÛn de las consecuencias resarcibles que se produzcan en una u otra de esas esferas. Desde el punto de vista patrimonial, la “incapacidad sobreviniente” se traduce, entonces, en un lucro cesante derivado de la disminuciÛn de la aptitud del damnificado para realizar tareas patrimonialmente mensurables (trabajar, pero tambiÈn desplegar otras actividades de la vida cotidiana que pueden cifrarse en dinero).” (Sebastián Picasso y Luis R. J. Sáenz en “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado.”, Tomo IV, Infojus”).
Por otra parte, el rubro lucro cesante en sentido estricto comprende las ganancias dejadas de percibir por la vÌctima por no trabajar en el tiempo de convalecencia. Este rubro compensa de manera especÌfica las ganancias concretas y utilidades de las que fue privado el damnificado por el perÌodo en que estuvo imposibilitado. Requiere de prueba concreta y especÌfica; es decir, es indispensable arrimar al proceso elementos que demuestren de forma ineludible la preexistencia de una actividad productiva, la inactividad y la utilidad frustrada.
El m·ximo Tribunal provincial, a la luz del CÛdigo Civil de VÈlez, ha distinguido ambos rubros (v. causas SCBA C. 95167, “Flores”, sent. de 5-12-2012, C. 118.589, “Flandes”, sent. de 21- 6-2018): “Es de recordar en tal sentido que a los efectos de calcular la indemnizaciÛn por incapacidad, no debe tenerse en cuenta exclusivamente la calidad de los ingresos que el damnificado poseÌa al momento del accidente, ya que ello podrÌa implicar una confusiÛn entre la reparaciÛn por incapacidad y la correspondiente a lucro cesante. Sabido es que la primera es la secuela o disminuciÛn fÌsica o psÌquica que pudiera quedar luego de completado el perÌodo de recuperaciÛn o restablecimiento, en tanto que el segundo consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curaciÛn de la vÌctima (Ac. 52.258, sent. del 2-VIII-1994; Ac. 75.918, sent. del 21-XI-2001).”
Ahora bien, se observa que dicha diferenciaciÛn que hace la Corte -asimilando la incapacidad a la secuela permanente y el lucro cesante a las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo de convalecencia—, es a los efectos probatorios imponiendo un mayor rigor para la procedencia del segundo de los rubros. Como se viene diciendo, la prueba del lucro cesante por el perÌodo de convalecencia se debe demostrar en forma fehaciente y concreta. Así, por ejemplo, se ha dicho “Para que sea resarcible el lucro cesante debe acreditarse que efectivamente el reclamante vio frustrada una ganancia cierta proveniente una actividad habitual, que podÌa razonablemente esperarse de no haberse dado el hecho daÒoso. Y si nada se ha probado sobre la efectiva pÈrdida de ingresos como consecuencia del accidente, resulta improcedente la indemnización” (conf. C·m.Nac.Civ., EXPTE. N∫ CIV 101644/2022-
JUZG.:46 CIV 101644/2021/CA1, PRADELLI, ALBERTO C/MU—”Z,
HORACIO EMILIO S/ DA—OS Y PERJUICIOS, fallo de 25-3-2025).
En la expresiÛn de agravios se hace hincapiÈ en las declaraciones testimoniales rendidas en el beneficio de litigar sin gastos que acreditarÌan que la reclamante trabajÛ en un restaurante. La impugnante solicita que se reconozca este rubro por la imposibilidad de trabajar en el lapso que demandÛ su recuperaciÛn.
Como se expone antes, el juez de grado valorÛ las constancias de autos y la testimonial rendida en el mencionado beneficio.
Ahora bien, cabe seÒalar, en primer lugar, que en el escrito de inicio de estas actuaciones, la actora fundÛ su pretensiÛn afirmando que se desempeÒaba realizando servicio domÈstico para distintos empleadores sin mencionar un trabajo en un restaurante y no existe prueba al respecto.
M·s all· de ello, como lo evaluÛ el magistrado de la instancia de origen, la prueba testimonial en el beneficio de litigar sin gastos -que puede visualizarse a travÈs de la MEV-, cuya valoraciÛn es el principal sustento del agravio vertido- no luce suficiente a fin de acreditar los extremos requeridos para la procedencia de este rubro.
De ese expediente surge que JosÈ Alberto Escobedo declarÛ que hasta el momento del accidente ella tenÌa un trabajo y despuÈs no pudo seguir trabajando y Aldo Daniel Duarte - quien fue autorizado a declarar en el estudio jurÌdico del letrado debido a las restricciones por la pandemia- dijo que ella no volviÛ a trabajar luego del accidente, que hasta aquÈl momento trabajaba en la parte de cocina del restaurante del "Centro Vasco" y que luego, por no poder permanecer de pie por muchas horas, debiÛ dejarlo. Si bien de dichas declaraciones se corriÛ traslado a la contraria que nada respondiÛ, lo cierto es que son imprecisos y no aportan elementos de convicciÛn unÌvocos que permitan determinar el perÌodo exacto de inactividad ni la cuantÌa de las ganancias dejadas de percibir durante la etapa de curaciÛn (arts. 1738, CCC; 375, 384, 456, CPCC). Se reitera, en este aspecto, que la repercusiÛn patrimonial de la disminuciÛn genÈrica de sus aptitudes ya ha sido debidamente ponderada y resarcida al tratarse el rubro de incapacidad.
En consecuencia, no corresponde hacer lugar a este agravio.
IV. Por lo expuesto, si mi voto es compartido, corresponde modificar la sentencia de primera instancia con respecto a los montos otorgados por incapacidad y daÒo moral, los que se fijan en $6.000.000 y $6.000.000, respectivamente, a valores a la fecha de la sentencia de la instancia de origen; y confirmarla en todo lo dem·s que decide.
V. De acuerdo a cÛmo se resuelve, se propone imponer las costas de Alzada en un 30% a la actora y 70% a la demandada y a la aseguradora citada en garantÌa (arts. 68, 71 y concs., CPCC).
Con las modificaciones propuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
El seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,
la seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello dijo:
Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestiÛn anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el de:
1. Modificar la sentencia de primera instancia con respecto a los montos otorgados por incapacidad y daÒo moral, los que se fijan en $6.000.000 y $6.000.000, respectivamente, a valores a la fecha de la sentencia de la instancia de origen;
2. confirmarla en lo dem·s que decide;
3. imponer las costas de Alzada en un 30% a la actora y 70% al demandado y a la aseguradora citada en garantÌa (arts. 68, 71 y concs., CPCC).
ASI LO VOTO.
El seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dict·ndose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser modificada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1. Modificar la sentencia de primera instancia con respecto a los montos otorgados por incapacidad y daÒo moral, los que se fijan en $6.000.000 y $6.000.000, respectivamente, a valores a la fecha de la sentencia de la instancia de origen;
2. confirmarla en lo dem·s que decide;
3. imponer las costas de Alzada en un 30% a la actora y 70% al demandado y a la aseguradora citada en garantÌa (arts. 68, 71 y concs., CPCC).
NOTIFIQUESE por medios electrÛnicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac.
4039/21).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia