Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías Penal de Junín · Causa 5574
Lo que resolvió el tribunal
I. POR MAYORIA, revocar la resolución de fs. 7/8, y autorizar la recepción de declaraciones testimoniales bajo reserva de identidad solicitadas por la Sra. Agente Fiscal a fs. 2/6.-
G.R.
Expte. N° 5.574:
"PERALTA MARCELO ARIEL (DENUNCIANTE) S/ ROBO AGRAVADO"
Nº de Orden:
Libro de Sentencias Nº 56.
///nín, a los 3 días del mes de Diciembre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Andrés Francisco Ortiz, Miguel M. P. Sainz y Carlos Mario Portiglia, bajo la Presidencia del primero, se trajo a despacho para pronunciar Sentencia la Causa Nº 5.574, caratulada "PERALTA MARCELO ARIEL (DENUNCIANTE) S/ROBO CALIFICADO".-
Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden: Doctores Ortiz, Portiglia y Sainz.
Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿ Debe acogerse el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal a fs. 9/10?.
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Andrés Francisco Ortiz dijo:
La Sra. Juez, Dra. María Laura Durante, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 Departamental, resolvió a fs. 7/8, del legajo fiscal, no autorizar la recepción de declaración testimonial bajo reserva de identidad conforme arts. 233 bis y 233 ter del C.P.P., requerida por la Sra. Agente Fiscal, Dra. Vanina E. Lisazo (subrogante legal). Para así decidir consideró que el presente instituto legal es de carácter restrictivo y de aplicación excepcional, no encontrándose acreditados el peligro en la vida o en la integridad física de las personas cuya identidad se quiere reservar, argumentando que sólo se trata de un "supuesto temor a posibles represalias" y que en dicho estadío de la investigación no corresponde hacer lugar a lo peticionado, sin perjuicio de lo que surja avanzada que sea la causa.-
La decisión ha sido apelada a fs. 9/10, del legajo fiscal, por la Sra. Agente Fiscal, y a fs. 13 mantenido por el Fiscal General Departamental, Subrogante Legal. Concedido el recurso a fs. 12, llegan los autos a esta Cámara para resolver en definitiva.-
Ahora bien, atento a lo resuelto por la Jueza de Garantías, en cuanto a concluir que se trata de una medida de aplicación excepcional y de interpretación restrictiva, opino en igual sentido. Sucede que a la luz de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, y principios procesales de publicidad, contradicción e igualdad, y las particularidades de la prueba testimonial, resulta, a primera vista, que el testimonio de identidad reservada contraría las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal.-
En dicho entendimiento la excepcionalidad de la medida quedará configurada toda vez que se reúnan dos elementos: motivos fundados que hicieren presumir un peligro cierto para la vida de quien depone como testigo, o para su integridad física, y siempre que se trate de un testimonio que aporte información o datos útiles para el esclarecimieitno del ilícito, es decir, siempre que por la relevancia de su contenido sirva de eje para la investigación.-
Respecto a la cuestión, con sumo acierto, el Excmo. Tribunal de Casación ha sostenido: "...El desconocimiento para el inculpado y su defensa, o incluso, para el mismo Juzgador, de las relaciones de parentesco, y demás datos, que traduzcan los verdaderos intereses que puedan subyacer detrás de una imputación penal, y por lo tanto, llevar a favorecer la posibilidad de los primeros de contrarrestarlas por otros medios, y para el Tribunal, de modo de poder favorecer el juicio de credibilidad que se debe realizar en cada testimonio, todo lo cual conduce a afirmar que el principio sentado al efecto impide que un testimonio expresado en estas condiciones pueda constituir prueba, en sentido técnico y jurídico.
Siempre, claro está, queda facultado el Ministerio Público Fiscal a abrir para el juicio la identidad del testigo, a los fines de que de ese modo sus afirmaciones puedan constituir 'prueba', ahora sí, en sentido técnico y legal, y entonces de subsistir para el testigo los riesgos que lo llevaran a manifestarse con reserva de su identidad, pase al Estado la obligación de incluirlo en los programas de protección de testigos que se encuentran a cargo de la Procuración General de la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial (arts. 59 inc. 2, 286 y concordantes del C.P.P.; 40 y 56 de la Ley 12.061)..." (Fallo "O., R. B. s/ recurso de Casación", Sala IV, 15/08/13).- Pero además, se advierte que es de una hermeneútica restrictiva.
De ello se derivan las pautas más frecuentemente citadas por los autores de la materia para establecer cuándo un testigo es verdadero y cuándo es erróneo o mendaz son: 1) En cuanto a la fidelidad de la percepción y de la transmisión de lo percibido: a) se deberá evaluar el desarrollo y la calidad de las facultades mentales del testigo, ya que la inmadurez (v.gr. niños) o las perturbaciones (v.gr. débiles mentales) de ellas afectarán la credibilidad; b) el funcionamiento de los sentidos; c) las condiciones en que se produjo la percepción, pues factores tanto físicos (luz, distancia, etc.) como psíquicos (atención, miedo, ira, etc.) pueden afectar la fidelidad; d) las características del objeto percibido; e) las condiciones de transmisión de lo percibido (el tiempo transcurrido, la forma de las preguntas, la confrontación con otros testigos, etc.) podrán deformar la deposición.- 2) Con relación a la sinceridad del testimonio, son de significativa importancia: a) descubrir si hay algún interés (conveniencia, soborno) u otras circunstancias (relación de familia, afecto, odio, etc.) que puedan hacerlo apartar de la verdad.
También será importante, puntualizar el mencionado autor, verificar sus hábitos en relación con su sinceridad y franqueza b) El control interno de la declaración es sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo. El relato dubitativo, contradictorio, la no indicación de la causa de su conocimiento, la mentira en parte de su declaración (Cafferata Nores, José I., "La Prueba en el Proceso Penal", Ed. Abeledo Perrot, año 2011, pág. 121 y ss).-
No puede soslayarse que la excepcionalidad de la medida es en función del principio de contradicción o bilateralidad del proceso; de dicha regla emerge el derecho de probar y de controlar la prueba del adverso; pero la recurrente, en su libelo recursivo, sólo se ha limitado a realizar una genérica descripción del instituto sin hacer la correspondiente expresión de agravios que contenga elementos suficientes que configuren la excepcionalidad de la medida para que sea ésta procedente. Por lo expuesto precedentemente propongo al Acuerdo rechazar el recurso interpuesto (arts. 106, 233 bis, 233 ter, 434, 439, 442, 446 y cc del C.P.P.).-
VOTO POR LA NEGATIVA.-
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Carlos Mario Portiglia dijo:
A pesar de afanoso trabajo realizado por el colega que abre el acuerdo, en este especial supuesto, me voy a permitir apartarme de su postura y exponer una opinión diferente, sin dejar de reconocer la casuística que reviste el asunto en trato.
No por añejo deja de tener vigencia el principio rector del proceso penal que, como regla, lo constituye el descubrir la verdad material de los hechos en juzgamiento y encontrar -de modo lícito- a sus responsables.
Como brazo ejecutor del derecho penal de fondo, el procesal otorga a los operadores del sistema un conjunto de normas y preceptos para ir en busca de aquél principio rector. El derecho procesal penal no duerme jamás y su vigencia y fortaleza está, precisamente, en mantener siempre los ojos abiertos: uno mirando lo que sucede en el proceso con las herramientas que brinda el rito para llevar adelante la investigación, y el otro con la mirada atenta en la Constitución, que es la regla madre de todo sistema republicano, democrático y federal de gobierno (arts. 1, 14, 18, 19, 28, 31, 75, inc. 22 y cc.).
Así, bueno es memorar que la prueba judicial debe contener requisitos intrínsecos y extrínsecos que la justifiquen. Entre los primeros está, entre otros, el de conducencia -es decir que legalmente sirva para probar un hecho- pertinencia -que tenga relación con el asunto o con los hechos investigados- utilidad -que sea necesaria y no aparezca inútil o supérflua- y ausencia de prohibición legal -en la realización o investigación de un hecho-; y entre los segundos se ubican los requisitos de oportunidad procesal, formalidad adecuada, competencia y capacidad del órgano encargado de ordenarla y practicarla y legitimación que está íntimamente vinculado con el anterior (cfr. H. Devis Echandía en "Teoría general de la prueba judicial", tomo 1, págs. 114 y ss.). De ahí que no debe llamar a confusión la pertinencia, conducencia o utilidad de la prueba con su valor de convicción o con su análisis a la hora de decidir sobre su resultado. Una cosa es el acto de hacer u ordenar y otra el acto material de cuestionar o analizar la misma para dilucidar el asunto.
De tal suerte que vale remarcar también la aparición en escena del principio de interés público de la función de la prueba. A pesar de que cada parte persigue con ella su propio beneficio y la defensa de su pretensión, en todos los casos debe privilegiarse ese interés público y no el privado de cada una de ellas, en la medida que todos los derechos estén respetados por igual y no exista ningún mecanismo espurio para su obtención. Es decir que, siempre que la otra parte tenga la oportunidad de contrarrestarla, controvertirla o eventualmente anularla o neutralizarla, el medio de prueba elegido debe validarse ya que, reitero, la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba no tiene nada que ver con el valor convictivo o la trascendencia que pueda darle el juzgador a la misma. Para ser mas claro y ejemplificador: una pericia caligráfica o accidentológica o un pedido de informes a una entidad pública o privada para requerir datos sobre un asunto, pueden ser medios de prueba pertinentes, útiles, conducentes y legítimos en el desarrollo de un proceso camino a descubrir la verdad material, pero sin embargo pueden también resultar absolutamente insuficientes a la hora de tener por probado un hecho y su valor convictivo, según el Juez, ser manifiestamente escaso.
Por lo demás, en el "sub iúdice", el art. 233 bis prescribe, expresamente, que de ningún modo la declaración de un testigo de identidad reservada puede ser el único elemento que sirva para fundar una sentencia de condena ni podrá, por si sola, servir de fundamento para la privación cautelar de la libertad personal del imputado (cfr. ley 14.632).
En ese marco, las manifestaciones volcadas por los informes de fs. 1/vta. y 5, en el sentido de que los posibles declarantes tienen temor a represalias, aparecen plenamente justificados, y entiendo que en ese contexto es factible de autorizar los testimonios bajo la modalidad requerida por el Ministerio Público Fiscal, sin que ello importe vulneración de ningún derecho de raigambre constitucional para los presuntos sospechosos, en la medida que, llegado el caso, podrán ejercer plenamente su derecho de defensa y hacer valer los principios de contradicción y bilateralidad, en el estadio del proceso que corresponda (arts. 106, 233 bis ss. y cc. del CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA
Dió su voto en el mismo sentido, aduciendo análogas razones que el Dr. Portiglia, el Sr. Juez Dr. Sainz.-
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal
I. POR MAYORIA, REVOCAR la resolución de fs. 7/8, y autorizar la recepción de declaraciones testimoniales bajo reserva de identidad solicitadas por la Sra. Agente Fiscal a fs. 2/6.-
II. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase los autos al Juzgado de Origen.-
ANDRES FRANCISCO ORTIZ JUEZ CARLOS MARIO PORTIGLIA JUEZ MIGUEL SAINZ JUEZ ROCIO GIARDINELLI SECRETARIA
Fin de la sentencia