Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2279/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada -Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz- a fs. 45/51 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 41/43, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 27/35, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2279/18-TSJ Interlocutorio N°: 3453 Actor: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA Y OTROS Demandada: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE AMPARO s/ INCIDENTE DE RECUSACION CON EXPRESIÓN DE CAUSA s/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO Fecha: 13-12-2018 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3453 FOLIO Nº 5868/5871 PROT. ELECT. TSS1 114 I.181
Río Gallegos, 13 de diciembre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA EN AUTOS: PERANCHO MONICA ELENA Y OTROS c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ACCION DE AMPARO s/ INCIDENTE DE RECUSACION CON EXPRESIÓN DE CAUSA s/ RECURSO DE QUEJA -PODER EJECUTIVO-“ Expte. Nº P-2279/18-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado por la parte demandada -Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz-, por intermedio del Fiscal de Estado Dr. Fernando Pablo Tanarro y su letrada apoderada, Dra. Fernanda A. Loncón Paredes (cfr. fs. 45/51 vta.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en copia a fs. 41/43, que declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto, cuya copia luce a fs. 27/35.- El recurso de casación procura la modificación del decisorio -cuya copia está incorporada a fs. 18/25- que rechaza la recusación con causa deducida por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz contra el Sr. Juez Dr. Antonio Andrade (agregada en copia a fs. 3/10 vta.).-
II. Sintéticamente, la recusante funda su planteo en las cau-sales previstas en los incisos 3°, 5° y 10° del artículo 17 del CPC y C, por haber presentado, la Fiscalía de Estado, denuncia penal contra el Juez recusado; denuncia que, explica la recurrente, fue presentada antes de la iniciación del proceso principal y además porque a criterio de la recurrente: “…el Estado Provincial, sus entes y letra- dos han recibido destrato y abuso de poder por parte del magistrado, como asimismo un tratamiento privilegiado a favor de los actores…” (cfr. foja 4).-
El planteo fue rechazado por la Excma. Cámara de Apela- ciones (cfr. fs. 18/25). Para así decidir los Magistrados señalaron que el régimen de recusación instaurado por la normativa adjetiva tiene por objeto preservar la impar-cialidad del magistrado; empero constituye un mecanismo de excepción que importa un desplazamiento anormal de la competencia y por lo tanto de hermenéutica restric- tiva, con supuestos taxativamente establecidos para casos extraordinarios. Desde esta comprensión, decidieron rechazar la recusación bajo estudio en tanto no se hallaban reunidos los presupuestos exigidos para su viabilidad: “En cuanto a la denuncia penal aludida por la parte recusante, cabe señalar que es esa misma parte la que afirma y reconoce que dicha denuncia fue desestimada, habiéndose deducido -según dice- los recursos pertinentes a efectos de que se investigue seriamente el abuso de poder en el cual incurrió el magistrado -ello según sus dichos (sic).
En una primera observación se debe poner de resalto que no obran en las presentes constancia alguna que tenga por acreditada que se hayan deducidos dichos remedios recursivos, sumado a que sin perjuicio de ello debe primar el principio de inocencia reconocido constitucional- mente […] En cuanto a la procedencia de la causal prevista por el inc. 10º del art. 17 del C.P.C. y C., que la parte recusante -también- argumenta…no será atendible. No se aprecia que la fundamentación realizada por la parte recusante alcance en modo al- guno los presupuestos de enemistad, odio o resentimiento que requiere dicha nor- ma.” (cfr. fs. 23/24).- Tal rechazo motivó que la referida accionada interponga recur- so de casación, el cual, a su vez, fue declarado inadmisible por el Tribunal de grado.
Sostuvo la Cámara que no se encontraban reunidos los requisitos de admisibilidad de la casación por entender que el pronunciamiento recurrido no es sentencia definitiva. Señala al respecto, citando doctrina de éste Tribunal Superior de Justicia: “…la decisión que rechaza la recusación de un magistrado no puede ser impugnada por la vía del recurso de casación, ya que en ella se decide una cuestión de carácter procesal sin expedirse en forma concreta sobre el fondo de la materia ventilada en la causa, por lo que no constituye (al contrario de lo afirmado por el quejoso) sentencia definitiva…” (cfr. foja 42).- Contra dicho interlocutorio se alza la demandada en los si- guientes términos: “Motiva la Queja que aquí se articula, la violación de la doctrina legal, en el caso, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de que lo re- lativo a la recusación del juez interviniente guarda estricta relación con las normas del debido proceso, la garantía del juez imparcial, la de la defensa en juicio y, también, con los tratados internacionales plenamente vigentes.
Por estas mismas razones, el in- terlocutorio recurrido peca de arbitrariedad.” (cfr. foja 45 vta.). Alega que el Máximo Tribunal Federal ha admitido la vía del recurso extraordinario aún para casos donde no se trata de sentencias definitivas, las cuales por su afectación a derechos de raigambre constitucional y convencional son equiparables a sentencia definitiva (cfr. foja 46 vta.).- Los demás argumentos se vinculan con los motivos de la casa- ción y resultan reiteraciones de los ya esgrimidos al proponerla, en el sentido que el Juez interviniente no le garantiza la imparcialidad que es debida y que existen indi- cios suficientes de la parcialidad del magistrado y ello viola su derecho de defensa.
Tacha al fallo de arbitrario: “…la sentencia de la Alzada esta sólo aparentemente fundada, pues desoye la doctrina permanente y pacífica del Máximo Tribunal de la Nación e incluso de organismos internacionales de derechos humanos…” (cfr. foja 50 vta.).-
Por último hace reserva de caso federal y solicita que se haga lugar a la queja articulada (cfr. foja 51 y vta.).-
A foja 54 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. De conformidad con lo establecido por el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso interpuesto, debemos advertir -coinci-diendo con la Cámara- la carencia de definitividad del interlocutorio atacado. En efecto, es doctrina de este Tribunal que las recusaciones de Jueces no constituyen sentencia definitiva a los fines de la apertura de esta instancia y, además, que se trata de una cuestión de hecho y de derecho eminentemente procesal extraña a la vía extraordinaria provincial.- Con respecto a la falta de definitividad, “…este Tribunal Su- perior de Justicia ha sostenido que debe necesariamente considerarse que lo referente tanto a la recusación como a la excusación de los Señores Jueces, no puede constituir materia propia del recurso extraordinario provincial de casación, dada la plenitud de la naturaleza procesal del tema en debate y la ausencia del dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente re- paración ulterior (confr.
Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1232, Folio 1625/1626…). Resulta inviable, por no cumplir con uno de los requisitos esenciales de admisibili- dad, cual es el carácter definitivo del resolutorio en crisis, en tanto para revestir tal carácter y hacer excepción al principio expuesto debe importar un perjuicio de tardía o insuficiente reparación ulterior, y poner en juego la inteligencia del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales incorporados a ésta (CSJN, Fallo 329:2631). En efecto, no se aprecia en el sub-exámine la nota de definitividad de la materia resuelta en las instancias ordinarias a los fines de la procedencia del recurso de casación, conforme al recaudo exigido por el artículo 1º de la citada norma legal, manda ésta también adoptada por el ad quem como punto nuclear de su deci- sión.” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2728, Folio 4198/4200).- En cuanto a la cuestión eje del conflicto en los presentes, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resaltado: “ ‘…las de- cisiones adoptadas sobre recusaciones o excusaciones, además de no constituir sen- tencia definitiva…no son susceptibles de ser impugnadas por ante esta instancia extraordinaria (conf. doct. Ac. 100.973, resol. del 25-IV-2007; Ac. 104.851, resol. del 3-XII-2008; Ac. 102.380, resol. del 10-VI-2009). Así, en el caso, en que la alzada rechazó la recusación planteada, no se observa la concurrencia de ninguna de las excepcionales circunstancias que han permitido apartarse del referido criterio (conf. doct.
Ac. 100.023, resol. del 4-VI-2008; Ac. 102.153, resol. del 8-VII-2008).’ (cfr. SCBA, ‘in re’: Foiguel, León Isaac y otro c. Alvarez Manuel Alfredo y otro s. Daños y Perjuicios. Recurso de Queja’ C. 114.123, sentencia del 04/05/2011).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3128, Folio 5123/5127).- En el caso de autos, el interlocutorio atacado no ha decidido sobre el fondo del conflicto, solo resolvió un determinado punto en litigio, pero que no está vinculado al objeto del juicio, siendo ello así “…puede afirmarse que no es dable atribuir esa naturaleza a aquellas resoluciones que aun cuando concluyan una determinada controversia no están vinculadas al evento principal del litigio…y que por lo tanto, no le ponen fin.” (cfr.
Juan Carlos Hitters: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”. Ed. Librería Editora Platense, 2º Edición. pág. 514).-
La quejosa reconoce que si bien las recusaciones de jueces, no constituyen, en principio, materia casatoria; considera que, en la especie, se configura una excepción a dicha regla; excepción que pretende demostrar con citas de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo omite explicar, aunque sea mínimamente, porque este caso constituiría una exención a la regla de definitividad y cómo es que se aplica al presente la jurisprudencia que cita, cuando se observa, prima facie, que se trató de materia y circunstancias distintas a las que aquí se ventilan. Carencias, todas ellas, que dan por tierra con la pretensión de activar la instancia extraordinaria de casación.- Es oportuno recordar, con relación al citado carácter de deinitividad, que se encuentra conceptualmente asociado a la privación de la re- currente “ ‘…de toda posibilidad de una ulterior tutela judicial de sus derechos…’ (confr. Fassi, Santiago - Yánez, César; Cód. Proc. Civ. y Com. comentado, anotado y concordado, T. 2, pág. 549)…’ ” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2731, Folio 4209/4211). Contrariamente a lo sostenido por la quejosa no se ad- vierte que lo resuelto por la anterior instancia termine la causa o impida su prose- cución, ni mucho menos que provoque un agravio de imposible o muy dificultosa re- paración ulterior. Tal situación, no hace más que otorgar mayor robustez a la falta de definitividad del resolutorio recurrido, erigiéndose en un obstáculo insalvable para el tratamiento del recurso.-
IV. En otro orden de ideas, se advierte que la recurrente rei- tera en su queja los argumentos con los que fundamentó la casación, sin tener en cuenta que, en este caso, su impugnación debe dirigirse contra el interlocutorio que declaró inadmisible el recurso de casación y no contra la resolución que rechazó la recusación. Escasos argumentos ha brindado para intentar demostrar el error de la Alzada al denegar este último.-
Así también, la lectura del escrito desnuda la carencia de una crítica concreta y razonada de la resolución que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. No contiene, dicho libelo, una explicación razonable que demuestre, aunque sea mínimamente, como es que, en el caso concreto se ha producido el error que amerite desechar la resolución de Cámara. Obsérvese que, si bien, cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para nada explica la relación existente entre los casos que motivaron dichos pronunciamientos y el supuesto de autos. No obstante argumentar que en el presente estamos ante una situación excepcional, en virtud de la cual hay que apartarse de la doctrina -que reconoce- según la cual las resoluciones que resuelven recusaciones no constituyen sentencias definitivas que permitan la apertura de la instancia extraordinaria, ni siquiera intenta demostrar cuales, en la especie, serían esas circunstancias que ameritarían la exención que pretende. Así expuestos, los argumentos no son más que exclamaciones dogmáticas que no alcanzan para rebatir las consideraciones expuestas en el interlocutorio de la Excma. Cámara de Apelaciones cuya revocación procura, quedando los agravios escuetos de fundamentos, como para lograr la pretendida excepción a la regla que rige en cuanto a la apertura de la casación en materia de recusaciones.-
V. Por otro lado, la impugnante no demuestra que la resolu-ción que motivó su queja sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padecen de una carencia absoluta de fundamentación.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...‘tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exteriori- za, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’ ” (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el re- currente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorios, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el sub lite, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso de queja, discrepan- cias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio que declaró inadmisible la casación, sin demostrar que el mismo constituya una decisión sujeta a descalifica- ción, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales. Todo lo contrario, el mentado interlocutorio, tal como ut supra se indicara se encuen- tra debidamente fundado en ley.-
VI. Es importante aclarar, dado que la quejosa acusa una supuesta violación de la doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la única doctrina legal obligatoria para los Tribunales de la Provincia es la que emana de este Alto Cuerpo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871, ídem, Interlocutorio, Tomo XXVIII Reg. 3349, Folio 5590/5594). Así hemos sostenido que: “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurispru- dencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...” (cfr. Interlocutorios, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049; y XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).-
VII. Por los argumentos expuestos, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la demandada -Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz- a fs. 45/51 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 41/43, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 27/35; todo ello con costas a la recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 51.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada -Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz- a fs. 45/51 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 41/43, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 27/35, con costas.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miem- bros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en vir- tud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández en los autos caratulados: “Perancho Mònica Elena y otros c/ Caja de Previ- sión Social de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ Acción de Amparo”, Expte. Nº P-11.850/17 (P-2217/17-TSJ) (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1114I.181 Tomo: XXX Interlocutorio: 3453 Folio N°: 5868/5871 Secretaría: 1
Fin de la sentencia