Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julián Matías Morinico, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN);
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julio César Perdaza, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN);
III. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Enzo Gabriel Aguirre, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN); y IV) tener presente las reservas del caso federal efectuadas.
En Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los señores jueces Diego G. Barroetaveña -Presidente- Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques –Vocales-, con el objeto de resolver los recursos de casación interpuestos en el presente legajo FRE 3679/2021/TO1/CFC9, del registro de esta Sala, caratulado: “PERDAZA, Julio César y otros s/ legajo de casación”, de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Provincia del Chaco, por sentencia dictada el 5 de agosto del año 2024, en lo que aquí interesa, resolvió: “(III) CONDENAR a JULIO CÉSAR PERDAZA cuyas demás condiciones personales están indicadas al inicio de este fallo, como COAUTOR penalmente responsable por el delito de Asociación ilícita en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el de incumplimiento de la obligación de promover la represión de los delincuentes, a la PENA de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACION ESPECIAL por doble tiempo para ejercer cargos públicos. CON COSTAS (artículos 20, 45, 55, 210, 248, 274 y 293 del Código Penal de la Nación, artículos 530, 531 CPPN); IV) CONDENAR a ENZO GABRIEL AGUIRRE cuyas demás condiciones personales están indicadas al inicio de este fallo, como COAUTOR penalmente responsable por el 1 Registro nro.: 1535/25 delito de Asociación ilícita en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el de incumplimiento de la obligación de promover la represión de los delincuentes, a la PENA de CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN e INHABILITACION ESPECIAL por doble tiempo para ejercer cargos públicos. CON COSTAS (artículos 45, 55, 210, 248, 274 y 293 del Código Penal de la Nación, artículos 530, 531 CPPN); V) CONDENAR a JULIÁN MATÍAS MORINICO cuyas demás condiciones personales están indicadas al inicio de este fallo, como COAUTOR penalmente responsable por el delito de Asociación ilícita en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el de incumplimiento de la obligación de promover la represión de los delincuentes, a la PENA de TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN e INHABILI- TACION ESPECIAL por doble tiempo para ejercer cargos públicos. CON COSTAS (artículos 45, 55, 210, 248, 274 y 293 del Código Penal de la Nación, artículos 530, 531 CPPN).”.
Contra dicho pronunciamiento las defensas particulares de los imputados interpusieron recursos de casación, que fueron concedidos y mantenidos en esta instancia.
II.A. La defensa particular de Julio César Perdaza, a cargo de la doctora Florencia L. Ávila Arkwright encausó la impugnación en ambas hipótesis previstas en el art. 456 del CPPN.
En primer término, criticó el fallo por haber valorado de manera arbitraria la prueba y los hechos de la causa, sin demostrar la participación de su defendido en alguno de los hechos investigados. Que no fue probada la hipótesis fiscal pues nunca pudo demostrar de donde supuestamente se conseguían los estupefacientes, para quién liberaban la zona, en qué lugar realizaba el intercambio. Señaló que la sentencia se fundó en las declaraciones de Leal, quien fuera el denunciante, como también de Aramayo, las testigos Karla Sánchez y Roxana Reinoso, lo cual llevó a una incorrecta lectura de las pruebas, pues ninguna de las cuatro personas mencionó a Perdaza, ni sostuvo que el nombrado tuviera alguna injerencia en los procedimientos.
Detalló los cinco hechos y se agravió “…por cuanto da por acreditada una supuesta organización criminal, en la cual (su) defendido form[ó] parte, diciendo entre líneas …desde la cúpula jerárquica del Escuadrón Sáenz Peña a cargo de Marangon y Perdaza, jefe y segundo jefe, al momento de los supuestos hechos irregulares (tratando de imponer una especie de responsabilidad indirecta a los Jefes, por actividades que pudieron llevar adelante miembros de la fuerza de menor rango)”, cuando de las tareas investigativas llevadas a cabo durante meses, respecto de Perdaza solo se encontraron tres mensajes de texto, que llevaron a dar por cierta la acusación fiscal, mediante una interpretación equivocada y mal intencionada para tratar de hacer encajar a su defendido dentro de la supuesta organización.
Insistió en que “…no pudo acreditar que acción realizaba Perdaza, de qué manera lo hacía, por el contrario, solo hay menciones y conjeturas, sin basamento en prueba alguna, simplemente por ser el segundo jefe, intentado responsabilizarlo de manera indirecta, como se dijo precedentemente, por acciones realizadas por miembros a su cargo”.
También hizo hincapié en la declaración de la testigo Karla Sánchez quien a preguntas del fiscal respondió que Perdaza no participaba de los procedimientos y no lo puso “…en ninguna operación, procedimiento, dictando alguna orden o que fuera participe de estas acciones que se llevaban adelante en el escuadrón por un grupo de Gendarmes, por ende, debe dictarse su sobreseimiento debido a que (su) defendido no realizo la acción típica exigida por el art. 248 del CP”.
Por ello, consideró que la resolución en cuestión carece de toda fundamentación, no surgiendo de la misma cuál sería el camino o iter lógico que llevó al tribunal a fallar como lo hizo, pues no satisface el recaudo de motivación la mera transcripción de las pruebas sino que se necesita una verdadera valoración indicando el valor conviccional extraído de cada evidencia. Por ello, la torna arbitraria y violatoria de la garantía judicial de defensa en juicio y el debido proceso legal.
En segundo término, invocó una errónea calificación jurídica por cuanto no se verificaron ninguno de los delitos por los que fueron acusados. Así, sostuvo que en el caso no se acreditó la existencia de una estructura organizativa y permanencia indeterminada en el tiempo en la supuesta asociación ilícita, como así tampoco la acción típica requerida para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que los cargos por los que fueron requeridos, sólo fueron en la modalidad comisiva, no omisiva y no existen resoluciones u órdenes contrarias a la ley dictadas por Perdaza.
En similar sentido se expresó respecto a los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la represión de los delincuentes (art. 274 C.P.) y falsificación de instrumento público (art. 293 C.P.), alegando que Perdaza no realizó ninguna de las acciones típicas requeridas para cada tipo penal.
En orden al art. 274 del CP agregó que no integró la plataforma fáctica del requerimiento de elevación a juicio –pues la hipótesis era simular procedimientos para aumentar las estadísticas- lo que resulta suficiente para descartarlo por afectación a la congruencia y que durante el debate ni siquiera se mencionó una sola vez la liberación de zonas, por lo que no se acreditó esta acusación.
Por otra parte, respecto del art. 293 del CP, destacó que era imposible que supiera que los contenidos insertos eran falsos ya que nunca estuvo presente en los procedimientos en cuestión, recordó que había sido relegado en su cargo circunscribiéndose sus funciones a tareas administrativas, que al elevar las actuaciones al juzgado confiaba plenamente que eran verdaderos ya que no tenía manera de conocer que eran fraguados y que tenían todos los requisitos necesarios para ser elevados a la autoridad, por lo que corroborados que se encontraban completos debía elevar el preventivo a la judicatura. Además, refirió que no existió persona perjudicada por el supuesto delito y que el fallo intentó hacerlo diciendo que a cambio se liberaba la zona, pero ello nunca fue discutido en el debate, ni siquiera en los alegatos y que no se pudo probar la plataforma acusatoria original.
Asimismo, se agravió de la modalidad concursal y reclamó que entre el delito de asociación ilícita y los demás delitos imputados existe un concurso ideal, y no un concurso real, ya que se afectaría al ne bis in idem, por lo que la pena aplicable al caso debería ser mucho menor. Por las razones expuestas solicitó que se revoque el fallo y efectuó reserva del caso federal. II.B. La defensa particular de Enzo Gabriel Aguirre, a cargo de los doctores Diomedes Guillermo Rojas Busellato y Hugo Pedro Sandoval impetraron recurso de casación reclamando la nulidad de la acusación fiscal por falta de fundamentación respecto del pedido de pena. Indicaron que el fiscal omitió considerar las pautas objetivas y subjetivas contenidas en los arts. 40 y 41 del C.P., lo que trajo como consecuencia que no pudo defenderse al desconocer en concreto en que se basó la sanción requerida, y que habilitó al Tribunal a imponer una por encima de la “pena justa”. Que el alegato fiscal posee un vicio procesal que acarrea la nulidad absoluta por cuanto cercenó el derecho de defensa y el debido proceso por lo que debe declarase su nulidad, como también, de la sentencia dictada a raíz de dicho acto. En segundo término, señalaron que el fallo valoró de manera arbitraria la prueba respecto de la participación de su defendido Aguirre.
Afirmaron que el delito enrostrado al encausado consistió en haber conformado una banda tendiente a fraguar cinco procedimientos de incautación de estupefacientes, en los que se habrían falsificado las respectivas actas de procedimientos y que “…como no se pudo comprobar semejante imputación originada en la denuncia, en la cual el Sgto. Leal cuenta supuestos rumores de hechos que no presenció personalmente, sin ninguna otra finalidad que perjudicar a sus superiores con quienes tenía una anima[d]versión por haber sido trasladado al no comprobarse la acusación[.] Así entonces, el instructor termina procesando por falsificación de instrumento, por incumplimiento de los deberes y por obstruir investigaciones, para evitar caer en el ridículo y no reconocer el dislate que significó la investigación.”. Destacó que “se dejó de lado la hipótesis original, ergo, nuestro defendido nunca fue acusado del hecho de haber liberado zonas, por lo que ello tampoco conformó la plataforma fáctica acusatoria, de lo contrario implicaría una afectación al principio de congruencia.” (el destacado pertenece al original). Insistieron en que el Fiscal en los alegatos intentó introducir dicho cargo que había quedado afuera en la etapa instructoria, lo que reclamó que se tenga presente a la hora de resolver.
Describieron los cinco procedimientos destacando que en dos su defendido no tuvo ninguna intervención.
Apuntaron que la prueba principal cargosa es la declaración del Sargento Leal quien formuló la denuncia anónima que origina las actuaciones, pero el nombrado no participó en ninguno de los hechos y había sido sancionado por Aguirre por indisciplina, por lo que tenía evidente animosidad y motivos para involucrarlo falsamente. Que sus dichos no fueron avalados y que además fueron contradichos, pues los testigos interrogados sobre la existencia del rumor que se estaban realizando procedimientos NN y que ello era vox populi en el escuadrón fue desmentida, al igual que ello circulara por los grupos de WhatsApp que tenía la fuerza, dado que los testigos lo negaron y de los teléfonos celulares no surgió comunicación en ese sentido, ni la existencia de un grupo de la fuerza.
Explicaron que se verificaron dos jefaturas, por la particularidad de que Olmedo era considerado persona de riesgo y no podía exponerse a las operaciones de patrullaje, por ello se destinó un jefe para cuestiones administrativas y otro para las operativas, circunstancia explicada y ajustada a derecho, más allá de la suspicacia que pretendió darle el Sargento Leal. Cuestionaron que se valorara para dar crédito a la versión del Sargento Leal en cuanto a que si se negaban a participar de los procedimientos fraudulentos serían castigados y apartados del escuadrón pues, su defendido no tenía autoridad para ordenar traslados y ello sólo podía ser ordenado y realizado por los comandantes Marangon y Perdaza, desvinculados.
Por otra parte, les llamó la atención que no se imputara a la Subalférez Karla Sánchez, esposa del secretario encargado de la causa el Alférez Alexis Exequiel Palacios, aun cuando participó en varios de los procedimientos sospechosos.
Afirmaron el quebrantamiento del principio de igualdad pues los funcionarios de alta jerarquía quedaron desvinculados y se cortó la cadena por el eslabón más débil.
En relación al primer procedimiento de fecha 25 de enero de 2021 realizado en Tres Isletas manifestaron que en ningún momento se refiere a que Aguirre hubiera intervenido, que el testigo César Tribbia declaró no haber participado de ningún procedimiento apócrifo, que tampoco escuchó que hacían eso y que pudo notar que estaban tranquilos. La defensa invocó que ello es compatible con las características del procedimiento y con la vasta experiencia de los funcionarios. Descartaron como prueba cargosa la conversación individualizada en el informe KT-1-300-26 entre Scheurman y Aguirre, pues surgió del debate que era la forma habitual de trabajo y que de ello no puede colegirse que el procedimiento no fue real. Y en cuanto a la conversación entre Aguirre y Morinico destacaron que expresamente se menciona que su defendido no participó.
Respecto del segundo operativo del día 27 de enero del 2021, afirmaron que la declaración de Carlos Norberto García no encuentra sustento en ninguna prueba objetiva y que el relato resulta ilógico, pues al utilizar una motocicleta permitía realizar la trazabilidad del bien e identificar al propietario. Que el testigo Aramayo no explicó de donde obtuvieron el vehículo y que del debate surgió que era imposible sacarlo del depósito judicial de Gendarmería, pues contaba con guardia permanente. Que no resultó creíble el relato de García, pero de ser así, no se explica porque no se encuentra imputado en la causa. Que tampoco la Alférez Karla Sánchez mencionó que Aguirre le haya impartido alguna orden o sugerencia. Por último, el análisis del teléfono celular de su defendido no avala ni desmiente la versión de García.
En cuanto al tercer procedimiento señalan que fue sustentado en la declaración de la Cabo Reinoso, que resulta increíble y sin respaldo en prueba objetiva, por lo que reclamó la misma observación que respecto del testimonio de García, pues de ser ciertos los relatos debieron ser acusadas por fraguar el procedimiento. Destacaron que no solo no fueron imputadas sino que tampoco se labró sumario administrativo. Que los testigos perjudicaron a los jefes, con quienes tenían roces y, fueron beneficiados al ser trasladados y ascendidos en su jerarquía, circunstancias que reclamó que sean valoradas para restar valor a las deposiciones.
Finalmente, en lo relativo a los procedimientos numerados como cuarto y quinto, señalaron que en el primero Aguirre se encontraba realizando un operativo a más de 30 km de donde se habría producido el hallazgo del estupefaciente y arribó cuando había finalizado. El tribunal refirió que “…Aguirre se encontraba en la zona del hallazgo según informe de patrulla N° 238/21. Sin embargo, esto resulta ser falso, puesto que, según las constancias del acta, Aguirre llega después de que ya se había realizado todo el operativo, simplemente como personal de apoyo, no atestándose en el acta, ninguna manifestación de que este había participado del procedimiento, en el cual se halla 5730 gramos de cannabis. En lo que respecta al acta individualizada como N° 5, en el auto de procesamiento, en el mismo no se asentó ningún tipo de intervención del Sr. Enzo Aguirre”. Así, destacaron que no pudo acreditarse ninguno de los extremos de la imputación, por lo que se desvirtúa la responsabilidad de su defendido.
Afirmaron que no surgen acreditados los elementos exigidos por el tipo objetivo del delito de asociación ilícita, que requiere una banda integrada por tres o más personas para cometer delitos indeterminados, con cierta estructura organizativa y permanencia indeterminada en el tiempo, pues en el caso se trataron de 5 hechos concretos y determinados en los cuales no intervinieron los mismos funcionarios, por lo que en todo caso se trataría de una simple concurrencia confabulada de sujetos para cometer un delito que debe resolverse por las reglas de la participación criminal.
De igual modo, impugnaron la subsunción en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues entendieron que no se ha acreditado el dictado de ninguna resolución u orden contraria a la constitución o a las leyes, ni la ejecución u omisión de órdenes de esa clase, tal como requiere el art. 248 del C.P. Recalcaron que el instructor consideró que no se acreditó la liberación de la zona por lo que, por coherencia, este tipo penal tampoco fue probado. En relación al delito de falsificación de instrumento público, alegaron que el art. 293 del CP exige además de la creación de un documento apócrifo que se derive de dicha circunstancia la posibilidad potencial de afectar otro bien jurídico diferente al tutelado por el propio tipo penal, sin que en el caso se haya demostrado el perjuicio a algún tercero, ni aun potencial. Que para remover la ausencia de persona perjudicada el tribunal se equivocó y convalidó la ampliación fáctica propuesta por la fiscalía en cuanto a que el objetivo de los acusados era liberar la zona para facilitar el narcotráfico, hipótesis no probada y sobre la cual no pudieron defenderse. Al no haber ningún tipo de perjuicio, ni siquiera posible, a otro bien jurídico que no sea la fe pública, la conducta resulta atípica. Por otra parte, alegaron que no se configuró el delito de omisión de promover la persecución del delito (art. 274 del C.P.), toda vez que se enrostró a los imputados un comportamiento activo consistente en fraguar procedimientos para aumentar las estadísticas operativas, pero nunca de liberar la zona omitiendo averiguar o reprimir algún tipo de delito.
Además, afirmaron que se aplicaron erróneamente las reglas concursales al calificarlo como un concurso real, por cuanto se aplican dos penas por el mismo hecho, es decir por un lado un delito de peligro abstracto y por otro la concreta lesión del mismo bien jurídico, debiendo imponerse la figura del concurso ideal entre los delitos achacados. Mediante cita doctrinaria señalaron que todos los hechos que impliquen tomar parte de la asociación son un único hecho y por ese motivo no puede dar lugar a un concurso real ya que se afectaría el ne bis in idem. Por ello, solicitaron que se revoque el fallo en este punto y se disminuya la punición.
Finalmente, reclamaron la nulidad de la pena impuesta por arbitrariedad, pues consideraron que no se encuentra debidamente fundada y resulta excesiva y desmesurada. Señalaron que surge una total y absoluta falta de motivación, pues no se hace una valoración específica de cada uno de los imputados sino breves consideraciones en conjunto y de manera dogmática, no se lee un análisis en concreto sino una simple mención de la solicitud del Fiscal y las condiciones personales, sin ponderación de ninguna clase del camino realizado para construir la respuesta punitiva, generando un vicio de nulidad, por violación a lo dispuesto en los arts. 399 y 404, inc. 2° del C.P.P.N.
Peticionaron que se considere que el hecho no es grave, que el enjuiciado es joven, sin antecedentes penales, tiene familia a cargo y estudia abogacía, por lo que resulta un sujeto útil para la sociedad, reclamando el mínimo legal.
Por las razones expuestas solicitaron que se revoque la sentencia y se absuelva sin reenvío.
Efectuaron reserva del caso federal.
II.C. El Dr. César Andrés López, defensor particular de Morinico, se agravió por considerar que en el caso se aplicó erróneamente la ley sustantiva, por concursar realmente el delito de asociación ilícita con los restantes tipos penales, afectando al principio ne bis in idem. Insistió en que la aplicación conjunta de ambas figuras conduce a la doble imposición de pena por preparar el delito y luego por consumarlo lo cual se encuentra prohibido por el principio citado que veda la doble punición, lo que conlleva a la nulidad de la sentencia.
En segundo término, fundó el mismo pedido de sanción en la inobservancia de lo dispuesto en el art. 236 del CPPN, por considerar que los informes periciales llevados a cabo sobre los celulares secuestrados en los domicilios de los imputados, valorados por el Tribunal, en vez de una pericia informática resultaron ser una verdadera intervención telefónica llevada a cabo sobre conversaciones anteriores, cuando no se encontraba vigente ninguna orden judicial que la autorizara. Citó los fallos del superior “Quaranta” y “Halabi” y toda vez que se obtuvo prueba en infracción al art. 236 del CPPN, reclamó que se anule la sentencia, “…se disponga la exclusión probatoria de las pseudo pericias telefónicas que son en realidad intervenciones telefónicas de conversaciones que se produjeron con antelación a la orden judicial que ordenó las pericias de los celulares”. Consideró que no existe ninguna prueba categórica sobre la participación de su defendido en todos los hechos que le imputaron y que el fallo realizó una apreciación superficial de las evidencias, pues su defendido detentaba la jerarquía de cabo primero, no tenía capacidad de mando y había sido incorporado el 13 de septiembre de 2020, es decir que también era un ámbito laboral nuevo, por lo que su situación no fue muy diferente a la del absuelto Brian Alejandro Corach. Que el fallo se basó en indicios y presunciones que no llegaron a convertirse en prueba fehaciente ni certera sobre la autoría de Morinico.
Por último, calificó el fallo de arbitrario e ilógico, pues por un lado consideró falsos los procedimientos que llevaron a cabo los imputados y por otro lado no se promovió la redargución de falsedad de las actas, que aún tienen plena validez.
Por las razones expuestas, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto y se anule la sentencia, tanto por infringir la prohibición de doble punición por un mismo hecho como por estar fundada en prueba obtenida en infracción del art. 236 del CPPN. Efectuó reserva del caso federal.
III. Durante el término de oficina previsto por los arts. 465 y 466 del CPPN, se presentó el Fiscal General, Dr. Raúl Omar Pleé, quien argumentó sobre los agravios planteados por las defensas y propició el rechazo de la nulidad de la acusación por falta de fundamentación del pedido de pena y la inobservancia del art. 236 del CPPN planteados. Asimismo, señaló que el fallo se encuentra fundado y resulta ajustado a derecho, por lo que solicitó que se rechacen los recursos de casación. En ese escenario, se fijó audiencia en los términos del art. 465, último párrafo, y 468 del CPPN, oportunidad en la cual las defensas de Enzo Gabriel Aguirre, Julio César Perdaza y Julián Matías Morinico presentaron breves notas, en las que en lo medular sostuvieron que, habiendo fundado los recursos de casación al momento de sus interposiciones, los ratificaban y se remitían, respectivamente, a ellos en todos sus términos.
Así, habiéndose superado la etapa procesal prevista en el artículo mencionado supra, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Carlos A. Mahiques, Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña.
El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:
I. Los recursos de casación interpuestos con invocación de lo normado en el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación resultan formalmente admisibles, ya que del estudio de las cuestiones sometidas a inspección jurisdiccional surge que los recurrentes invocaron fundadamente la errónea aplicación de la ley sustantiva e inobservancia de las normas procesales. Además, el pronunciamiento cuestionado es de los contemplados en el art. 457 del C.P.P.N.
II.A. A fin de dar un adecuado tratamiento a las impugnaciones interpuestas por las defensas, por una cuestión de orden, corresponde expedirme sobre los planteos que reclaman las nulidades.
La defensa de Aguirre reclamó la nulidad de la acusación fiscal por falta de fundamentación del pedido de pena, en tanto soslayó las pautas objetivas y subjetivas contenidas en los art. 40 y 41 del CP y que, como consecuencia de ello, no pudo defenderse al desconocer en concreto su basamento y habilitando al Tribunal a poner una sanción por encima de la “pena justa”. En consecuencia, señaló que toda vez que se trata de una nulidad absoluta que cercenó el derecho de defensa y el debido proceso, debe declararse la nulidad del alegato, como también, de la sentencia dictada a raíz de ello.
Dicha cuestión ya había sido planteada por la parte, sustanciada y decidida en el fallo, por lo que no resulta novedosa su crítica.
En efecto, el acusador público, al replicar en la oportunidad prevista por el art. 393 del CPPN afirmó que: “(e)ntendemos que la pena está perfectamente fundada. Nosotros nos basamos en la importancia institucional de la que esta investida la Gendarmería Nacional (…) Acciones como las que se probaron ponen en riesgo todo el sistema y la credibilidad, no solo de cuatro o cinco gendarmes, sino de todos los procedimientos y no dudo que los defensores habrán de plantearlo en otros juicios. La importancia del procedimiento de Gendarmería la tiene, no sólo en este hecho concreto, sino en todos los casos y no pueden ser espuriamente utilizados por las defensas, es peligroso. Por eso hacemos hincapié en que la cuestión funcional es de extrema gravedad y, por supuesto, va a más allá de la edad de las personas y de todo el resto de los elementos que se tienen que valorar. Lo que paso acá es grave, nosotros como Ministerio Publico Fiscal tenemos que analizarlo desde este punto de vista. Poner en tela de juicio un procedimiento implica que todo esto se resquebraje y lo hecho por el Dr. Aranda es extremadamente grave. El gendarme de más bajo rango nos representa a todos. Solicito el rechazo de la nulidad. El fundamento de pena está basado en la cuestión funcional porque la gravedad del accionar espurio de estos gendarmes pone en riesgo toda la seguridad de la fuerza y nosotros como Ministerio Publico Fiscal velamos la seguridad …”. Concluida la réplica en la que el Fiscal se explayó sobre la cuestión, no consta, ni en el acta de debate ni en la sentencia, que la defensa hiciera uso de tal derecho.
Tras ello el Tribunal, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, abordó el planteo bajo las pautas de interpretación restrictivas, asentando que no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma y también invocó los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales –en tanto no aparejen vulneración de las garantías individuales- que se erigen como rectores ante una sanción de suma gravedad y de carácter excepcional.
Y afirmó que “(el) análisis no puede prescindir de las expresiones de la Fiscalía en el sentido de la relevancia, primero, institucional, segundo, funcional que revisten los sujetos traídos a juicio en este proceso. En ese sentido, los cargos jerárquicos de los cuales están investidos hace a la idea de que sus cualidades personales, la conceptualización sobre sus edades, conductas y eventualmente la ausencia de cualquier antecedente penal condenatorio, requisitos sine qua non al momento en que optaron por sumarse a la Gendarmería Nacional, se han mantenido cuan[t]o menos, hasta este momento.
De suyo, cualquier ausencia de aquellas circunstancias hubiese tenido como lógica consecuencia -en cualquier caso- el apartamiento, la exoneración de la Fuerza en definitiva.
Sentado esto, podemos inferir que la exigencia valorativa cuya oralización reclamó la defensa, indudablemente está implícita en los antecedentes referidos”. Por otra parte, respecto de “la argumentación en cuanto a la mixtura de los tipos penales (activos – omisivo, citando el caso del art. 274 del Cód. Penal) debemos concluir que, en todo caso, es al arbitrio del Tribunal que está confiado el adecuado ajuste punitivo que, entre otros tópicos, debe contemplar la proporcionalidad frente a la magnitud del injusto y, por sobre todo, el límite infranqueable a la jurisdicción establecido por el principio “nullum iudicium sine accusatione” (Cf. art. 9 CADH).
En la apreciación de los suscriptos la individualización de las penas efectuada por la fiscalía resulta sustentada en las contingencias que respecto de Aguirre (…), extrajo del caso y fueron las directrices sobre las cuales las mocionó.
Bajo los parámetro[s] expuestos, la nulidad rotulada en este tramo no habrá de tener favorable recepción”.
Reseñadas las particularidades del caso y los fundamentos del fallo corresponde convalidar la resolución.
En efecto ya como integrante de la Sala II del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires (cfr. causa “Lambrecht, Rubén Darío s/ recurso de casación”, rta. 26/03/2013, entre otras) tengo sostenido que “…las nulidades tienen un evidente carácter restrictivo, debiendo eludirse toda nulificación que resulte evitable o que no tenga otro objeto que la mera irregularidad formal del acto. La sanción de nulidad exige considerar en cada caso cuáles son los elementos a los que debe reputarse como esenciales para el acto de que se trate, como así también, que se encuentre conminada por la ley pues sino se vulneraría la regla de taxatividad uniformemente reconocida en los ordenamientos procesales más modernos”.
Sobre la misma cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que “…en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, mas no cuando falte una finalidad práctica en su admisión. En efecto, la nulidad por vicios de forma carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal. Su procedencia exige, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público” (conf. autos A.
63. XXXIV. “Acosta, Leonardo y otros s/ robo calificado en grado de tentativa”, rta. 4 de mayo de 2000). En este análisis, el máximo tribunal, para establecer que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad y afectar una garantía constitucional no podría ser confirmada (Fallos: 183:173; 189:34; 317:2043 y 319:192), ha vedado la aplicación de esta sanción cuando no se encuentre dirigida a evitar la restricción de garantías esenciales de la defensa en juicio o de algún otro derecho (Fallos: 323:939), lo que constituye la esencia y finalidad del instituto de la nulidad procesal. Téngase en cuenta que uno de los principios sustanciales en materia de nulidades es el de la trascendencia, concretado en la regla “pas de nullité sans grief” (Fallos: 325:840, ver especialmente el voto del doctor Boggiano). Así entonces, no corresponde declarar las nulidades sino cuando la irregularidad denunciada ha podido realmente influir en contra de las partes y lesionar su interés.
Atendiendo a los lineamientos esbozados, en el caso se observa que la defensa reitera una cuestión suficientemente tratada en la sentencia que no logra rebatir mediante sus agravios, más aún si se repara que el fiscal replicó sobre la cuestión explayándose en sus fundamentos, la defensa tuvo la oportunidad de controvertirlos y que la sanción finalmente impuesta por el sentenciante resulta fundada y menor a la requerida por el acusador. Por consiguiente, toda vez que el impugnante no logra demostrar la falta de fundamentación del pedido de pena ni el supuesto perjuicio ocasionado, el planteo carece de viabilidad.
II.B. Siguiendo los lineamientos generales que rigen a una declaración de nulidad trazados con anterioridad, tampoco puede prosperar la moción de la defensa de Morinico que reclama la exclusión probatoria de los informes periciales realizados a los teléfonos secuestrados en los domicilios de los imputados, que fueron valorados por el tribunal, por considerarlos nulos por tratarse de una verdadera intervención telefónica realizada sobre conversaciones anteriores, cuando no se encontraba vigente ninguna orden judicial que lo habilitara, en infracción al art. 236 del CPPN.
En efecto, la petición no sólo no se encuentra debidamente fundada, sino que además resulta tardía. Pues bien, el planteo pretende exigir, de manera errada, recaudos legales de un medio de investigación a un medio de prueba, sin reparar que se tratan de diversas modalidades específicamente contempladas por el legislador.
Cabe hacer notar que los dispositivos telefónicos cuya pericia se cuestiona fueron legítimamente incautados en el marco de allanamientos ordenados mediante resolución judicial debidamente fundada, lo que habilitó su secuestro y posterior resguardo como elementos incorporados al proceso. En tal contexto, la extracción y análisis de la información contenida en ellos no constituyó un medio de investigación autónomo para acceder a comunicaciones en curso ni una intervención encubierta, sino una medida probatoria propia de la etapa instructoria, orientada exclusivamente a explicar y analizar un objeto material ya incorporado válidamente al expediente. Así, la labor pericial se limitó a la constatación técnica de datos preexistentes en los aparatos secuestrados y se garantizó el control de las partes, sin que se advierta afectación alguna al régimen de intervenciones regulado por el art. 236 del CPPN, frente a un acto de naturaleza estrictamente probatoria.
Diferenciadas las cuestiones, en el caso no se advierte la afectación a una garantía constitucional pues las escuchas surgieron de los peritajes ordenados en la causa respecto de los teléfonos secuestrados al realizar los allanamientos, por lo que resultan la consecuencia lógica de la medida ordenada, la defensa tuvo oportunidad de ejercer el debido control y consintió dichos actos. Por lo demás, la recurrente no ha invocado ni se observan de las actuaciones digitales la tramitación de incidentes de nulidad que se vinculen con este reclamo y las evidencias fueron incorporadas al juicio en virtud del auto de admisión de la prueba suscripto por el Tribunal Oral el día 11/10/23, sin que conste oposición a ello, como tampoco negativa del recurrente al proceder a su inclusión en la audiencia de debate (conf. acta del 4/7/24).
Tales circunstancias, dan cuenta de la inoportunidad del cuestionamiento, como también de la legalidad de su obtención e inclusión al proceso, por lo que la nulidad por no haberse cumplido con los requisitos previstos por el art. 236 del CPPN deviene, a todas luces, improcedente.
III. Corresponde entonces, realizar una reseña de las particularidades del caso.
Las presentes actuaciones se originaron el 17 de mayo del 2021 con motivo de una denuncia remitida a la Procuraduría de Narcocriminalidad por el titular de la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que se informaba sobre la posible existencia de maniobras vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, en las que estaría presuntamente involucrado personal del Escuadrón 1, Roque Sáenz Peña, de la Gendarmería Nacional.
La comunicación anónima denunciaba que un sujeto llamado “Enzo Aguirre”, con el cargo de Subalférez de la Sección Núcleo (parte operativa) del Escuadrón, con la colaboración de efectivos de su confianza –que suelen ser numerarios “nuevos” de esa dependencia-, le sustraerían material estupefaciente a personas vinculadas al narcotráfico a los efectos de, posteriormente, utilizar esa droga para simular procedimientos de prevención. Se destacó también que las circunstancias plasmadas en las actas que labrarían como consecuencia de esas prevenciones serían: “…que viene una pareja en moto y cuando ve el control de GNA, se dan a la fuga y en ese instante, los mismos tiran una mochila, la cual contiene varios kilos de cocaína y marihuana…”, que ello se verificó en reiteradas oportunidades y que el relato de los hechos asentado en las actuaciones sería el mismo.
Además, se advirtió que en los días posteriores tendría lugar otro procedimiento de igual tenor y que parte de la droga que usarían para ello se almacenarían en el domicilio de un numerario de aquel Escuadrón y también aportó los datos de donde residiría el denunciado. Así pues, se individualizó que el efectivo podría ser Enzo Gabriel Aguirre, se inició una investigación preliminar (arts. 7 y 24 de la ley 27.148 y Resol. PGN 121/2006), se encomendaron tareas de investigación tendiente a corroborar los extremos denunciados, se solicitó al titular de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional que informara los procedimientos en los que hubieran intervenido numerarios de la citada dependencia durante el período de la pesquisa, en virtud de lo cual fueron individualizados, se cotejó la documentación volcada en cada sumario y también en sede administrativa, para detectar otros aspectos que indicaron que aquellas prevenciones podrían haber sido fraguadas.
Por otra parte, el Sargento Federico Javier Leal, integrante del Escuadrón 1 referido, expuso ante la Comisaría Cuarta Presidencia Roque Sáenz Peña de la Policía de la Provincia del Chaco, respecto de diferentes cuestiones vinculadas con el objeto de la presente investigación y se formaron las Actuaciones Administrativas n° 3/2021 ante la Agrupación XVIII “Chaco” de la Gendarmería Nacional.
En particular, el Sargento Leal declaró que tenía inconvenientes con el Comandante Julio César Perdaza, con el Segundo Comandante Raúl Ernesto Scheurman y con el Alférez Enzo Gabriel Aguirre, por haberse negado a participar en la realización de procedimientos irregulares, pues eran “armados” por los funcionarios mencionados, en los que se secuestraba material estupefaciente. Que esa negativa motivó que lo trasladaran a otro sector del Escuadrón y reconoció que realizó la comunicación anónima ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, que motorizó esta pesquisa.
Se procedió a la recepción de las testimoniales de diversos Gendarmes (Kevin Aramayo, Luciano Abel Olmos Cierezko, Carlos Villa Aguilar, Ceferino Meza, Cesar Ariel Tribbia, Matías Heredia González, Federico Javier Leal, Sergio Niell, Roxana Reinoso, Carlos Mario Norberto García y Sebastián Gareca), quienes ratificaron sus dichos en sede administrativa, los audios, fotografías, videos aportados y profundizaron las circunstancias que rodeaban a los procedimientos individualizados como fraguados.
En virtud de las pruebas colectadas y habiendo corroborado la hipótesis criminal, se realizaron los registros domiciliarios del Escuadrón 1 “Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional y de los imputados, se concretaron las detenciones de Scheurman, Aguirre, Morinico y Corach. Se secuestraron diversos elementos; y con posterioridad al allanamiento de la vivienda de Perdaza, se materializó su detención, por los riesgos procesales del caso (art.
210 CPPF).
Luego de practicados aquellos registros, se celebraron audiencias en las que declararon quienes oficiaron como testigos de actuación en las prevenciones identificadas como fraguadas, de las que surgieron que fueron convocados por los preventores tras el hallazgo del estupefaciente y, en todos los casos, les fue indicado que las personas vinculadas con esa droga se habían dado a la fuga, verificándose así un modo idéntico de actuar en todos los procedimientos.
Además, se dispuso la realización de medidas tendientes a identificar otros procedimientos que pudieron haber sido fraguados por los imputados, como así también se dio inicio a los estudios de extracción y análisis de la información contenida en los aparatos de telefonía y demás equipos de almacenamiento secuestrados. De manera coincidente entre el Ministerio Público Fiscal al formular las imputaciones, como al solicitar el procesamiento y la elevación a juicio, se les atribuyó a Julio César Perdaza, Raúl Ernesto Scheurman, Enzo Gabriel Aguirre, Julián Matías Morinico y Brian Alejandro Corach, “…efectivos de la Gendarmería Nacional con funciones ante el Escuadrón 1 ‘Roque Sáenz Peña’- haber formado parte de un grupo criminal dedicado a la comisión de diferentes actividades delictivas en perjuicio de los intereses públicos que les han sido confiados, actividad que se mantuvo desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2021”.
En tal sentido, la acusación afirmó que: ”… los elementos de prueba colectados señalan que los nombrados cumplían diferentes roles, previamente acordados, en orden al desarrollo de las maniobras delictivas tenidas en miras y en violación a los deberes funcionales que les han sido asignados, como así también faltando a las obligaciones de prevención a su cargo.”.
En dicha línea de análisis describió las funciones desempeñadas por cada uno de los imputados: “Cristian Daniel Marangon (f) por entonces Comandante Principal de la Gendarmería Nacional y Jefe del Escuadrón N° 1 de Sáenz Pena- y Julio Cesar Perdaza Comandante que se desempeñaba como Segundo Jefe de esa dependencia (…) impartirían las directivas a los fines de llevar a cabo las maniobras detalladas y obtenían el mayor provecho por aquellas actividades ilícitas (…)[;] Raúl Ernesto Scheurman, Segundo Comandante de la fuerza de seguridad indicada con tareas en la Sección Núcleo del Escuadrón -con funciones específicas de prevención- se encargaba de pactar directamente con los sujetos dedicados al tráfico ilícito de mercadería y era quien obtenía los estupefacientes que en parte eran usados para la realización de los procedimientos de prevención fraguados (…)[;] Scheurman junto con Enzo Gabriel Aguirre, Alférez de Gendarmería Nacional -con funciones en la misma sección- se encargaban de coordinar las maniobras de los demás integrantes del grupo criminal, (…) Julián Matías Morinico - Cabo Primero- y Brian Alejandro Corach - Gendarme- para la realización de los procedimientos simulados -colocando la droga y los demás elementos a incautar- y de asentar falsamente en los sumarios labrados en consecuencia las circunstancias que motivaron los mismos”.
En virtud de ese accionar, se comprobó que al menos asentaron declaraciones en las actuaciones de prevención labradas como consecuencia de los procedimientos que dieron origen a los casos Coirón n° 2048/2021 (causa FRE 215/2021), Coirón n° 2750/2021 (sin asiento en el Lex 100), Coirón n° 17440/2021 (sin asiento en el Lex 100), Coirón n° 26199/2021 (causa FRE 1872/2021) y Coirón n° 39361/2021 (sin asiento en el Lex 100), en los que previamente colocaron la droga y demás elementos luego secuestrados conforme las circunstancias de modo, tiempo y lugar que serán detalladas, con el consecuente perjuicio que resultó de su accionar.
El Fiscal requirió la elevación a juicio por considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el de incumplimiento de la obligación de promover la represión (arts. 45, 54, 55, 210, 248, 274 y 293 del CP).
Si bien el imputado Raúl Ernesto Scheurman, junto a su defensa y el fiscal optaron por abreviar el trámite (art. 431 bis CPPN), los restantes encausados fueron sometidos a juicio y el Tribunal dictó una única sentencia analizando los hechos y las pruebas en su totalidad.
En cuanto al material probatorio, el fallo partió del testimonio del Sargento Federico Javier Leal, quien reconoció haber realizado la denuncia promotora de la causa y expresó que desde el año 2019 a 2020, que llegó el Segundo Comandante Scheurman, se verificaron cambios en el área laboral y en la forma de trabajar, pues el personal con antigüedad y experiencia fue desplazado del área operativa. Puntualizó que como no salían procedimientos el nombrado le refirió que tenía para hacer un “NN” de marihuana, al que se negó.
Afirmó que en el Escuadrón se hacía el chiste cuando Scheurman andaba con su mochila negra y se decía que se estaba por hacer un “NN” pues, por sus movimientos se daban cuenta que ello iba a ocurrir, hasta que pasó lo del Gendarme Aramayo, a quien decidió ayudar. El nombrado gendarme era novato, estaba atemorizado, quería pedir la baja y le confió que había hecho un operativo para el que habían llevado marihuana que dejaron en un lugar hasta que llegó la patrulla e hicieron figurar que alguien había venido en una moto, tirado la mochila, girado en u, y había logrado escaparse e hicieron constar que se secuestró estupefaciente pero sin detenidos. Puntualmente describió que Aramayo le contó que “…estaba dentro del vehículo, [con] el estupefaciente en la famosa mochila negra de Scheurman (…) que el Segundo Comandante Scheurman comenzó a contar los ladrillos (de droga) dentro de la camioneta (…) era marihuana, Aramayo me contó también que fueron por un camino de tierra, que Scheurman tiró la mochila en un determinado lugar (…) él siempre buscó los gendarmes más dóciles e inocentes para esos procedimientos (…) en ese caso le tocó al Alférez Olmos (Cierezko) (…) el relato era siempre el mismo, un sujeto, la moto, tirar el bulto y escaparse…”, que ante el miedo le pasó un video.
Aclaró que por “…los rumores que corrían, fueron más de seis (…) y siempre intervenían las mismas personas (…) Siempre estuvo el Alférez Aguirre (…) Perdaza tenía conocimiento de los procedimientos y lo reconoció cuando me justificó que era en beneficio de Gendarmería Nacional y que siempre se habían hecho.”.
Expresó que en esos movimientos siempre estaba el Alférez Aguirre, quien era su jefe directo, con quien había tenido algunos inconvenientes, en una oportunidad fue maltratado como también cuanto se negó a realizar el procedimiento con “NN”.
Declaró que fue a la vuelta de unas vacaciones, en las que estuvo internado por Covid, que lo cambiaron de área por lo que consultó a Scheurman, quien le indicó que hablara con Perdaza, quien le dijo que fue orden del Jefe del Escuadrón y que obedeció a la enfermedad. Que además de sacarlo disolvieron el grupo que contaba con vasta experiencia y lo integraron con dos oficiales jovencitas y empezaron a realizar este tipo de operativos. Luego se reseñó el testimonio de Kevin Elías Aramayo quien detalló lo vivenciado, relatando que “(e)n aquél momento, mayo o junio de 2021 salimos de patrulla con el Segundo Comandante Scheurman y el Alférez Portillo. No teníamos un destino fijo, además a nosotros no nos comentaban nada.
Scheurman me ordenó buscar una mochila de su despacho y llevarla al vehículo. Al momento de alzar la mochila tenía un peso de unos cinco o seis kilogramos, no le pregunté qué tenía porque no me interesó. Salimos hacia Tres Isletas. Cuando nos desplazábamos por la ruta me iba comentando que lo que pasaba en la patrulla quedaba ahí. Como gendarme nuevo, yo no sabía manejarme. En Tres Isletas llegamos a un lugar descampado, un campo, nos estacionamos en un lugar no tenía nada era ripio y bajó el Segundo Comandante Scheurman, le pregunté si lo acompañaba, me dijo que no, que me quedara en el vehículo. Ví (…) que el bajó con la mochila que me había pedido buscar cuando salimos del Escuadrón y se ubicó en un lugar con poco pasto, pero después no lo ví más.
En ese momento le saqué una foto, luego se perdió y después de unos minutos volvió y se subió al vehículo. Ahí le ordenó al chofer que nos desplazaremos. En el trayecto del camino a la localidad de Tres Isletas lo llamó al Subalférez Olmos Cierezko y le ordenó que lo esperara en la rotonda, ahí bajó el Segundo Comandante Scheurman y habló con Olmos [Cierezko], regresó al vehículo y ahí me volvió a repetir que no diga nada. Volvimos con la patrulla a las 18:00 horas, durante el relevo de guardia, di la entrada de la patrulla y me dirigí a mi domicilio. Luego regresé y estaba como jefe de guardia el Sargento Leal con quién yo tenía una muy buena relación porque siempre me aconsejó para bien. Le dije, mire Sargento pasó esto durante la patrulla, tengo fotos y un video de lo que pasó.
Yo en ese momento era solo gendarme y no sabía que iba a venir más adelante, tenía miedo y empecé a llorar por miedo que me pasara algo, le pasé las fotos y el video por bluetooth y me dijo que me quede callado, que si pasaba algo yo tenía como defenderme.”.
En cuanto al contenido de la mochila aclaró que “(…) él me pidió que se la pase, la abrió y sacó paquetes rectangulares color marrón y los puso dentro de una bolsa de nylon. (…) En ese momento no me dijo nada, pero cuando llegamos al Escuadrón me dijo, lo que pasó era a favor para del Escuadrón y de él, eso me comentó, me llevó a su oficina y me encerró, ahí me dijo todo lo que pasa en el Escuadrón es para beneficio de Gendarmería, yo hago estas cosas para salir adelante (…)”.
Depuso que captó imágenes de lo ocurrido, así fue que lo filmó al manipular los paquetes en la camioneta y lo fotografió cuando descendió del vehículo en el descampado para dejar los paquetes de marihuana. Que le pasó las imágenes a Leal, a la semana llegó la denuncia al Escuadrón y que Scheurman le dijo lo que tenía que declarar. Aclaró que no compartían ningún grupo de WhatsApp para pasar novedades y que hablaban personalmente en el Escuadrón.
Recordó que en el relevo de la guardia se acercó a Olmos Cierezko quien le informó que habían efectuado un procedimiento de marihuana en el lugar donde habían dejado la droga, cree que eran como siete paquetes y vio la misma bolsa que había visto en la camioneta.
El fallo destacó que ambos testimonios de Federico Javier Leal y Kevin Elías Aramayo “mantuvieron incólumes sus relatos en distintos tiempos y actuaciones posteriores a los hechos, y no obstante ser prolija y celosamente escudriñados por todas las defensas, no fueron desvirtuados. En un análisis conglobado como el que sigue, ya a esta altura puede anticiparse en que los datos aportados encajan con los detalles, escenarios, secuencias y por sobre todo, en las actitudes adoptadas por los aquí imputados.
De innegable factura resultó también la inocultable influencia desde el ámbito judicial, determinante en tan espuria e infundada actividad llevada a cabo por funcionarios de una de las Fuerzas de Seguridad a la que le está encomendada una labor esencial, la prevención de uno de los delitos de consecuencias nefastas en la salud pública”.
Luego detalló las particularidades de los cinco procedimientos fraguados.
En cuanto al primer caso, Coirón nº2048/2021 FRE 215/2021, datado el 25/1/21, ocurrido en la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña (Chaco) se secuestró 1.019 gramos de cocaína. La comisión fue formada por el Jefe de Patrulla Aguirre, junto a Morinico y Corach, quienes salieron en una camioneta identificada internamente como “DJ0100”, para instalar un control en la Ruta Provincial 4, paraje 19, y la Ruta Nacional 16.
Surge del Informe de Patrulla n° 20/2021, confeccionado por Aguirre, la división de los tres integrantes en dos equipos de trabajo, uno a pie y otro motorizado. Siendo las 20:30 horas, se asentó que observaron a dos moto vehículos tipo Tornado y a tres personas que se habrían dado a la fuga cuando el personal de la Fuerza los iluminó con sus linternas y les dio la voz de alto, descartando uno de ellos un objeto que luego resultó ser una mochila negra con el estupefaciente incautado. El acta del procedimiento suscripta por Aguirre, Morinico y Corach fue elevado al Juzgado Federal competente por Perdaza.
Se detallaron las constancias documentales y se anotó la declaración de César Ariel Tribbia quien manifestó que sin motivo pasó a trabajar en otra área, que en ese mismo período Leal, Amarilla, García y Meza fueron sacados de la Sección Núcleo y que le pareció raro que sacaran a todo el personal experimentado. También recordó que en el mes de enero estaba por salir de patrulla y que lo llamó Aguirre para pedirle que se quede como apoyo ya que había realizado un procedimiento, que se quedaron esperando pero en si no aportaron nada. Habían secuestrado 1 kilogramo de cocaína sin detenidos y le llamó la atención que el personal de la patrulla, conformada por Aguirre, Morinico y Corach, estaba muy tranquilo.
Se anotaron asimismo, las declaraciones de los testigos civiles del procedimiento Benítez y Leguizamón, quienes dieron cuenta de su intervención y el peritaje realizado a los celulares. Se detectó en el teléfono de Perdaza una conversación con Scheurman con una minuta del procedimiento del 25/01/21 y la respuesta de Perdaza aprobándolo. Del celular de Scheurman una comunicación con el número agendado como “Segundo Jefe E1” del día 20/01/21 que refería a la asunción del nuevo Segundo Jefe de la Agrupación XVIII Chaco y la posibilidad que éste concurriera al Escuadrón N1, destacando que lo relevante del mensaje fue la expresión de poder recibir al designado Segundo Jefe de la Agrupación “con un procedimiento posiblemente de cocaína”. Dicho intercambio se verificó 5 días antes del 25/01/21 pero ya sabían que iba a haber un procedimiento con cocaína.
También se citó el intercambio entre Aguirre y Scheurman el día 25/01/21, donde el último a las 19:19:05 le envía una minuta incompleta que comienza “el 25 de enero de 2021, 22:46:52 horas de autores ignorados”. Del análisis del celular de Morinico consta una conversación con su pareja Patricia Peralta del 26 de enero de 2021 en la que “Morinico le dice ‘…yo estaba con alergia anoche o la cocaína esa me picaba todo…’, acompañándole una foto en la que se visualizan dos paquetes, a lo que su interlocutora respondió, ‘…faaaa, eso agarraron o es superficial no más…’, y Morinico contesto ‘…invento vida…’ a lo que ella vuelve a responder diciendo ‘…si si estaba en la guardia con Salina y ya todos saben que el procedimiento de ustedes es re preparado…’”.
Respecto del segundo caso, Coirón nº 2750/2021 se dio intervención a la Fiscalía Federal de Roque Saénz Peña, sin tener ingreso en Lex100, data del 27/1/21, ocurrido en Tres Isletas y se secuestró 1.846 gramos de marihuana.
Surge del Informe de Patrulla n°25/2021, confeccionado por Aguirre que, a través de la reunión de información habían tomado conocimiento que en horas de la tarde/noche se realizaría una transacción de estupefacientes en el sector de la rotonda de Tres Isletas, por lo que se convocó al personal para dirigirse hacia el lugar.
Al realizar el patrullaje por caminos alternativos, aproximadamente a las 19:35 hs, se indicó que observaron a la distancia una luz de un rodado, por lo que encendieron las balizas y comenzaron a realizar señales de luces, lo que habría motivado que el rodado girase en “U”, retomando la dirección contraria, por lo que se asentó que tuvo lugar un seguimiento por un tramo aproximado de cuatro kilómetros hasta llegar al paraje llamado “El Boquerón”. Allí, según el informe, al costado del camino observaron una motocicleta en el suelo y marcas en la tierra, como así también hallaron sobre el suelo unos paquetes rectangulares que contenían el material estupefaciente citado.
Del relevamiento de la prueba documental, detallada en la sentencia, surgió que el cabo Carlos Mario Norberto García –quien firmó el acta del procedimiento-, el 26 de enero estuvo en funciones pese a que le correspondía estar de franco y la noche del 28 fue convocado, sin que se dejara constancia, lo que permitió reafirmar que se manipulaban las dotaciones de las patrullas al convocar personal sin experiencia para afectarlos durante horarios nocturnos.
Del testimonio del nombrado Cabo García surge que vía whatsapp le comunicaron que debía presentarse y fue afectado a la patrulla junto Aguirre, Morinico y Corach para realizar un patrullaje en Tres Isletas. Destacó que al ascender a la camioneta pudo ver una motocicleta en la caja y que al salir del Escuadrón se dirigieron al domicilio particular del Segundo Comandante Scheurman, quien le entregó una mochila negra a Aguirre que colocó entre los asientos delanteros. Seguidamente mencionó que antes de llegar a la rotonda, la patrulla se desvió por un camino alternativo de tierra y Aguirre con la ayuda de otro personal bajaron la motocicleta que estaba en la caja, la tiraron en el pastizal y acomodó la mochila que le había entregado Scheurman a un metro de la moto. Después, llegaron de casualidad al lugar dos ciudadanos que pasaban por el lugar a bordo de una moto, los pararon, se presentó como Gendarme y oficiaron de testigos del procedimiento. Abrieron la mochila, les mostraron los paquetes rectangulares, realizando los reactivos que arrojaron resultado positivo a la presencia de marihuana. Manifestó que “firmamos porque fuimos engañados”, que la patrulla fija eran Aguirre, Scheurman, Morinico y que lo llevaron de casualidad.
Se reseñaron las declaraciones de los testigos civiles, relatando Emanuel Barrientos que iban con su abuelo al campo, que se encontraron con Gendarmería, pararon a ver qué pasaba y el Gendarme les explicó que estaban haciendo control en las rotondas y que una moto se dio la fuga, por lo que iniciaron una persecución y el conductor tiró la moto, se le cayeron unos paquetes y corrió por el campo de mi abuelo, que oficiaron de testigos y firmaron los papeles. Que la moto estaba destrozada. Por su parte, el testigo civil Roberto Barrientos declaró que la motocicleta no podía circular.
También se anotó el testimonio de la Alférez Karla Johana Sánchez quien recordó haber tomado conocimiento en dos oportunidades de procedimientos “NN” realizados por el Escuadrón 1. Que trabajaba con el Alférez Olmos, quien le comentó que había intervenido en uno y que estaba dudoso de la situación. Que era difícil y que nadie estaba motivado para trabajar. Que le llamó la atención que otra patrulla no planificada, que en realidad por comentarios informales se decía que al haber gente que estaba prendida con alguna situación de corrupción se hacían patrullas encubiertas, es decir patrullas que no estaban informadas en operaciones y sin que haya una orden. Recordó que “hubo una patrulla no se la fecha pero sí que era enero, una patrulla que salía de improviso, tenían que irse. En ese momento recuerdo había pasado por un camino alternativo, se había encontrado cocaína, ese procedimiento salió así, de la nada, lo llamaron a la noche, que era característico una moto tirada en el camino y encontraron cocaína…”. En relación a Perdaza dijo que era su segundo jefe, que a veces salía de patrulla y que si bien no recordó si el nombrado participó en los procedimientos “NN” si afirmó que intervino en las partullas de ir al monte dos o tres días, sabiendo que fue a cargo. Del análisis del celular de Aguirre, surge una conversación en la que coordinan la entrega del estupefaciente, en tanto que Scheurman dice “Te doy los elementos en casa y salís por la 51 tranq[u]i” y “Dale te espero quedo espectacular 3 paquetes”. Dicho informe menciona conversaciones con Perdaza en las que Scheurman le envía minutas de procedimientos realizados en la Sección Villa Ángela a lo que Perdaza contesta “‘…A full los vagos…’ y el primero respondió, ‘…Super a full, apenas haya novedades le cuento…’. Ya a horas 20:59 Scheurman le comunica a Perdaza ‘…Procedimiento en curso moto y tres paquetes de marihuana, conductor abandono vehículo dándose a la fuga y emoticones…’”.
Además, en el estudio del teléfono de Morinico, surge que García le manifestó “…yo le voy a decir al fiscal lo que realmente paso, que Segundo Comandante Raúl Ernesto Scheurman le dio al Enzo una mochila y después llevo una moto del depósito y luego Alférez Enzo Aguirre planto todo el circo y ahí nos dimos cuenta que era droga que había en la mochila…”.
El Comandante Julio Cesar Perdaza elevó lo actuado a la autoridad judicial.
El tercer procedimiento, llevado a cabo el 14/04/2021, fue registrado como caso Coirón 17440/2021, se dio intervención a la Fiscalía de Roque Saénz Peña sin tener ingreso en el LEX100, en virtud del cual se procedió al secuestro de 1.700 gramos de marihuana en la localidad de Avía Terai.
Se señaló que Aguirre, junto Morinico y la Gendarme Roxana Reinoso salieron en camioneta, dominio PNR 107 con el fin de ejecutar el control en Ruta nacional 16, acceso a la localidad nombrada. De las actuaciones labradas como informe de patrulla 161/2021, surge que Aguirre salió en la patrulla 160, que se encontraba en conjunto con el oficial Meza, quien realizaba un control físico y documentológico en el acceso principal de Avía Terai, en tanto Aguirre con el resto de su equipo efectuaban patrullajes por caminos alternativos, como también en la Ruta provincial 27.
Asimismo, se describió que a una distancia de cinco kilómetros en la Ruta provincial 27, en el paraje Cuatro Bocas, observaron a dos individuos en motocicletas de alta cilindrada los que al aproximarse a la patrulla - que les efectuó señas de luces y baliza- optaron por escapar. Fue así que efectuado un rastrillaje en la zona les permitió hallar una mochila con estupefaciente en su interior.
En el libro de guardia de ese día, se registró que la patrulla salió a la hora 21:25 y regresó a las 03:45. Por su parte, según el informe de patrulla 160/2021 y lo registrado en el libro de novedades de la guardia de prevención correspondiente al mes de abril - páginas 231 y 232- el Suboficial Ceferino Meza junto con Sergio Niell, César Manuel Díaz y Brian Alejandro Corach se dirigieron a realizar un control sobre la Rutas nacionales 16 y 89 en la localidad de Avía Terai entre las 21:00 horas y las 02:00 regresando (al Escuadrón) sin novedades.
Consta que Aguirre, Morinico y Corach firmaron el acta de procedimiento. Si bien dicho instrumento tiene fecha 14 de abril de 2021 se aclaró que el 13 de ese mes y año a las 23:00 horas “(N)os encontrábamos realizando patrullaje y recorrida por la RP 27 a 5 kilómetros de distancia del acceso a la localidad de Avía Terai, observando a la distancia a dos individuos que se encontraban cada uno en una motocicleta, al intentar identificarlos emprenden huida. Asimismo se realizó un rastrillaje en esa zona. A unos metros del lugar donde se encontraban se logra ver una mochila…”.
El informe del Comandante Rodolfo Rodrigo Pellerano, Jefe del Escuadrón 1, señaló que “en el libro de novedades de la guardia de prevención del Escuadrón y en las hojas de ruta 740/21 y 741/21 se indicó que las patrullas 160 y 161 estuvieron afectadas a la zona de Avía Terai, rutas y caminos secundarios, trabajando coordinados, pero la patrulla 160 no estuvo, presenci[ó] o participó del procedimiento realizado en la patrulla 161. Sin embargo, del libro de novedades de los días 14 y 15 de abril (2021) a partir de las 08:00 horas (día 14) no fueron habidas las fojas dando cuenta de la patrulla que supuestamente salió el día 13 de abril y regresó en la madrugada del 14”.
Por su parte, la Gendarme Roxana Reinoso, quien prestó servicios tres meses en el Escuadrón 1 y que se desempeñó en la sección núcleo y salía de patrulla, recordó su participación en una que realizó un procedimiento “NN”, que su superior Aguirre la convocó de urgencia y de noche, fuera del horario laboral, sin darle explicaciones. Por temor a la sanción concurrió aunque luego le pareció raro debido a que no hubo detenidos. Que al salir lo primero que le llamó la atención, aun sin tener experiencia, fue que el vehículo de Gendarmería no tuviera identificación. Que la camioneta era manejada por Aguirre y a la derecha iba Morinico y le dijeron que iban a hacer una patrulla, no más. Que se dirigieron a un lugar oscuro, fuera del ejido urbano de Sáenz Peña y si bien no preguntó el destino se sentía segura porque iba con alguien de jerarquía, aunque tuvo temor por la oscuridad.
Al llegar a un lugar, se para la camioneta, la nombrada no sabía dónde estaba y no se veía nada, se bajaron, le ordenaron que prepare mate, los dos jefes se aislaron y se pusieron a hablar, sin poder escuchar el diálogo que tuvieron. Mientras preparaba la infusión le pareció raro que Morinico tiró una mochila, si bien se preguntó por qué lo habrá hecho, lo dejó pasar sin interrogar al respecto. Luego vinieron dos hombres que fueron parados y les comentaron que había sucedido un procedimiento. Que sintió desconcierto y bronca porque le cortaron sus ilusiones, que carecía de experiencia y que no tenía con quien hablarlo ni a quien preguntarle. Que en ese momento tenía que trabajar, siempre confió en su jefe, por eso no hizo preguntas.
Que le ordenaron que abra la mochila, encontró dos paquetes rectangulares tipo ladrillos, era la primera vez que veía marihuana y tenía olor feo. Le pidieron que haga los reactivos y fue maltratada por su inexperiencia. Que los Gendarmes les explicaron a estos dos señores, sin que fuera verdad, que ellos habían encontrado la mochila pero que no sabían de quién era, que aparentemente tenía marihuana, que ellos eran los testigos de que la mochila estaba tirada sin dueño. Que se le vino el mundo abajo porque estaban inventando algo que no pasó, no podía abrir la boca porque la iban a sancionar, por lo que para resguardar su privacidad y trabajo se quedó callada. Que no se contactaron con el Juzgado Federal por lo que habían encontrado, le dictaron para que fuera la escribiente y le delegaron la responsabilidad.
Al volver a su casa le comentó a su marido llorando y no lo conversó con nadie, que siguió en la Sección Núcleo hasta que le pidió al jefe de otra área salir de ahí. Que las patrullas van rotando y que Aguirre dijo que saquen a los más antiguos que tenían calle y ruta que sabían hacer actas y procedimientos y que se pongan a los gendarmes. Que tuvo conflictos con la esposa del Cabo Primero Morinico, que quiso pegarle por la situación de su marido, la amedrentó y también recibió amenazas de otros compañeros de la fuerza, sin ningún motivo.
Respecto de la situación de Reinoso, César Ariel Tribbia señaló que se aprovechaban del subalterno que no tenía conocimiento. Que a la gendarme femenina la llevaron engañada y la hicieron ser parte de un procedimiento “NN”, la experiencia hace a que uno sepa qué está bien y qué no.
Por otra parte, el Suboficial Ceferino Meza declaró en el expediente disciplinario sustanciado por Gendarmería Nacional nº1/21 de la Agrupación XVIII “Chaco” que escuchó que se hacían esos procedimientos “NN”, pero ese día estaba en la patrulla de refuerzo. En una conversación entre Meza y el Sargento Diego Quintana donde el primero mostró su descontento con algunos integrantes de la Sección Núcleo por los procedimientos dudosos en infracción a ley 23737. Meza le informó de una situación en que salieron al terreno dos patrullas, una de ellas a su cargo, con la misión de emplazar la misma en la localidad de Avía Terai. Según la orden del Alférez Enzo Aguirre, la patrulla debía ubicarse en inmediaciones a la localidad de Pampa del Infierno ya que la otra patrulla a cargo de Aguirre, lo haría en caminos secundarios. Otra situación que recordó, fue que estaban preparando los reactivos para el narco test como si vaticinaban un procedimiento.
En la misma línea de análisis, se asentó el testimonio de Sergio Niell quien refirió que los primeros días de abril una noche que estaban en el control en el acceso a la localidad de Avía Terai llegó una camioneta Hilux gris con Aguirre, Morinico, Roxana Reinoso y que Aguirre le dijo que se había hecho un procedimiento para que trabajaran en conjunto, a lo que le contestó que no iba a ser partícipe de eso porque no sabía qué habían hecho, dónde, ni cómo, se negó a firmar las actuaciones y siguió con el control de ruta. Que su jefe de patrulla era el Suboficial principal Meza, el conductor el Cabo Díaz, el Gendarme Brian Corach y él. Que nunca tuvieron buena relación con Aguirre, pues no compartía su manera de trabajar porque no era la correcta. Luego de negarse a suscribir las actuaciones los sacaron del área, sin saber quién lo hizo ni por qué.
Por otra parte, del peritaje de los datos extraídos del celular de Scheurman aportó una conversación del día 13/04/2021 en la que Aguirre le informó sobre las actividades operativas de ese día hasta las 20:00 horas a lo que Scheurman respondió “… Espectacular más tu preventivo esta noche” refiriéndose al procedimiento realizado ese 14/04/2021 a la hora 01:40 que se iba a efectuar coincidiendo que a ese mismo horario empieza a enviarle a este último fotografías del procedimiento “NN”.
En lo que respecta al procedimiento cuarto llevado a cabo en Tres Isletas, el día 15/05/2021, en el que se secuestraron 5.730 gramos de marihuana, se le dio intervención al Juzgado Federal del lugar y se registró bajo el número FRE 1872/2021 (Coirón 26199/2021). Cabe señalar que la patrulla estuvo compuesta por los Gendarmes Olmos Cierezko, Carlos Martín Villa Aguilar, Julián Morinico, Ricardo Montes y Alex Apolo Franco quienes salieron a bordo de un automóvil identificado como 36619, a fin de realizar un operativo de control en la Ruta nacional 16, en el acceso a Avía Terai. En la orden de patrulla nº 237/2021 el Alférez Olmos Cierezko refirió estar en tareas de prevención general controlando vehículos sobre Ruta nacional 95 y Ruta provincial 9 en Tres Isletas. Que a las 11:00 horas recibió un llamado del oficial Scheurman anoticiándolo sobre un posible ingreso de estupefaciente desde la provincia de Formosa por el Rio Bermejo en la zona conocida como Puente Lavalle para su traslado a Sáenz Peña. Posteriormente, recibió una alerta por movimientos de motos y personas en el monte, por un camino vecinal en la ex Ruta nacional 95, lugar donde había sido desplazado pese a lo dispuesto de antemano en la orden de patrulla citada. Efectuados los rastrillajes en la zona permitieron culminar con el hallazgo de una bolsa tipo arpillera con ocho paquetes rectangulares con estupefaciente.
El detalle de la orden de patrulla 237/21 según instrucción suplementaria indicó que la misión estaba prevista para Avía Terai sin identificar horarios. Esa patrulla se compuso con Olmos Cierezko, Villa Aguilar, Morinico, Montes y Franco como se apuntó más arriba. Respecto de este procedimiento, se reseñó que Luciano Abel Olmos Cierezko recordó que cumplió funciones como jefe de patrulla y que lo secundaban Villa Aguilar, Morinico y Ricardo Montes (…) La patrulla debía instalase en Avía Terai. Antes de salir el Cabo Ricardo Montes le dijo que por orden verbal de Scheurman la patrulla tenía que ir a Tres Isletas, asique tuvo que modificar la orden de patrulla y la hoja de ruta. Antes de iniciar la marcha se acercó Scheurman y dijo que instalara un control en la rotonda de Tres Isletas y que lo iba a llamar por teléfono. En la rotonda no había señal por lo que se dirigieron a la localidad, le ingresó la llamada de Scheurman preguntándole dónde se encontraba, que estaba llegando a la rotonda, y arribó en una camioneta Ranger sin recordar el color acompañado de Portillo y un gendarme de los nuevos. Le comunicó en presencia del resto de la patrulla que un informante le había dado un dato de que habían bajado marihuana desde Formosa y que la guardaron en cercanías de una escuela, próximo a la rotonda donde se encontraba el control. Les dijo que vayan hasta el colegio, que en el primer camino había que doblar a la izquierda y buscar una tranquera blanca, que en ese sector habían escondido un paquete. El Cabo Morinico fue quien encontró la bolsa, Scheurman le ordenó buscar testigos y avisar al Juzgado Federal que estaban en un control de ruta y que un lugareño les advirtió de movimientos extraños sobre la zona del establecimiento educativo y que cuando llegaron al lugar una moto giró en `U´ abandonando un bulto y eso fue lo que hizo. Había una bolsa con ocho paquetes rectangulares con un peso de seis kilogramos aproximadamente.
El testigo Alexis Ezequiel Palacios dijo que:
”había participación del GOIP con el Alférez Enzo Aguirre. [L]e llamó la atención que daban salida por una investigación que era del norte, Salta y Jujuy, que venían de ahí pero ellos hacían procedimientos en todo el Chaco, o hacían investigaciones en el Chaco y participó Olmos en uno de esos procedimientos que se probó con mensajes que según escuchas telefónicas de la causa, pero resulta que esa causa estaba archivada, cre[e] que era la 841…”. En el juicio declaró Carlos Martín Villa Aguilar que Scheurman dijo que tenía información de algún procedimiento antes de salir de patrulla. Que no era cotidiano que se cambie a último momento el destino de la patrulla, pero supuestamente había droga que escondían y que desde ahí repartían. Él le dijo a Olmos que hiciera como que estábamos controlando, que vino gente civil y nos avisaron de que ahí, donde nos encontramos nosotros la droga, había movimientos raros de motos y esas cosas, que iban y retiraban de ahí la droga, que no había nadie cerca ni huellas de motos. Olmos no lo mencionó en el acta a Scheurman, esa era una zona que no tenía mucho movimiento. Respecto de las órdenes de patrulla explicó que el día anterior sale la orden para el día siguiente y que en este caso fue una orden verbal. Que ninguno de los integrantes de la patrulla puede realizar ni decidir el cambio de destino de la patrulla.
En orden a esa actividad, se produjeron diversos informes. En una escucha Villa Aguilar le refiere a Sánchez que estaba preocupado por haber sido involucrado en un procedimiento “NN” (sin detenidos) y que espera ser llamado a declarar en las actuaciones administrativas para contar lo que vio durante el procedimiento. En otra conversación del 13 de junio de 2021 Scheurman le dijo a Perdaza: “…No, che, con Olmos no llegué a hablar, me dijo que estaba todo bien no más y lo que si hablé con Alférez Enzo Aguirre me dijo que Olmos no le dijo nada, que le preguntó boludeces no más y nada. Mañana voy a hablar con Olmos, no quería llamarlo viste no quería hablar por teléfono, estoy evitando todo por las dudas, y nadie me dice nada solo que es un tema que lo está manejando el segundo jefe de agrupación…”. Además del celular de Scheurman surgió una conversación del 15/05/2021, hora 17:40 que le envió una serie de mensajes al contacto agendado como Cte. Pr Marangon jefe E1 con una minuta del procedimiento de ese día. Marangon respondió, “…Perfecto tigre salió muy bien…” y otro audio de WhatsApp de Scheurman a Perdaza con lo sucedido el 15/05/2021. “…Le explicó por qué se lo sacó al muchacho ese de núcleo, de que no tengo nada en contra del gendarme que está ahí, de que si, de que yo conseguí ese sábado eso y quemaba y tenía que sacarlo, mi informante me lo dio y punto a pelarse, no vamos a andar boludeando con semejante cosa mi comandante, es así, que yo tengo un contacto, que me llamó a la mañana del 15 de mayo, nos encontramos antes de llegar al escuadrón, me lo dio, y así como llegué agarré y me fui y lo dejé ahí porque tenía que sacármelo de encima. No es la primera vez que se va a armar un procedimiento no se va a dejar de armar algo, pero bueno, fue error en la elección de la gente…”.
De las conversaciones del teléfono de Morinico de fecha 15 de mayo del 2021, el nombrado dialogó con el Cabo Amarilla Esc. 1, “Vamos a ir todos presos” e hizo referencia a que Scheurman no aparece en las actuaciones y Amarilla le responde que todos saben. En la misma conversación Morinico refiere a Aguirre “…Yo le dije a Alférez Enzo Aguirre esas agachadas no me gustan…”, Amarilla pregunta “Dónde está el jefe2” contestándole Morinico “… se piró para no salir salpicado…”. Morinico menciona los autos secuestrados, a lo que Amarilla contestó, “…me avisaron hace cuatro días que iba a pasar esto…”. A su turno Morinico le respondió “…Seguro ayer estaban desarmando todos los autos eso no ve estaban todos ahí…”.
Otros diálogos “Morinico con el número agendado como “Sarg Espinosa Esc 1”. Morinico: “…el pepo se mandó un NN…”, aludiendo al Segundo Comandante Scheurman y agregó, “…son 6 Kg que el pepo nos trajo que andaba con un esclavo y el alférez de finanzas…” refiriéndose a Portillo Neuman. Espinosa -su interlocutor- le consultó, “… El tema es de dónde saca los panes de marihuana el 2do”, y Morinico le responde “…Compran o cambian por autopartes…”. Del 11 de junio del 2021 surge “… Ahí me dijo Montiel que le dijo su novia que hay un lio en el escuadrón, que Leal y un gendarme salieron agregados por su seguridad vida dice el carnero acá que el gendarme que fue con el 2do lo mandaron a Las Palmas (…) porque ese día le contó al otro que ellos tiraron el NN” (…) “Gendarme que contó lo que pasó” (…) “el de los 5 Kg”.” Y del 14 de junio de 2021 “Morinico le dice a su pareja “… encima dientes, yo y Brian Corach hasta las bolas estamos todos los NN”… “Y si denuncio los NN yo figuro en todos por más que no me haya metido amor…”.
Por último, respecto del quinto procedimiento, Miraflores, el día 14/07/2021 en la costa del Río Bermejo, en camino empedrado en cercanías del Puerto Lavalle se secuestraron 16.768 gramos de marihuana, se dio intervención a la Fiscalía Federal, se registró el caso Coirón nº 39361/2021, sin constar ingreso al LEX100.
Se asentó en el libro de novedades de guardia que se debían realizar tareas de campo en el marco de la causa FRE 841/2020.
Fue Perdaza quien elevó las actuaciones a la autoridad judicial.
El informe de Pellerino presentó una documental referida a investigaciones realizadas por el GOIP próximas al 14 de julio 2021 y se dejó constancia que Gareca como jefe de sección Miraflores recibió un llamado de Perdaza a la hora 09:08 comunicándole que debía prestar apoyo al GOIP que se encontraba trabajando en la zona de Fortín Lavalle.
En el acta de procedimiento firmada por Gareca se aclaró que Noguera y Alejandro ubicados en la rivera del Río Bermejo observaron a un masculino que, sin mediar palabras emprendió la huida, rastrillaron la zona y a ciento cincuenta metros de un campamento precario ubicado sobre una senda que conecta el Río Bermejo, hallaron dos bolsas con paquetes de marihuana. Solicitaron apoyo a la sección Miraflores para que se hagan presentes con testigos.
En el juicio Gareca manifestó que era su primer año de oficial no cursante, al ser una jurisdicción muy grande tenía pocos niveles estadísticos o pocos niveles de procedimientos. Que Scheurman, una vez en la sección le ofreció estupefaciente para hacer unos procedimientos manifestándole que la sección tenía pocas estadísticas. En esa oportunidad le refirió que lo agarre y le mostró el paquete rectangular. Relató que estaban realizando una patrulla en Juan José Castelli, que en el transcurso de la mañana lo llamó el Segundo Jefe, Perdaza quien le dijo que el personal del Escuadrón que realizaba tareas de inteligencia estaba en el límite del Río Bermejo, que podría ser que necesite del apoyo de la patrulla debido a que ellos estaban con una investigación.
Durante la tarde, finalizada su patrulla, se quedó en las proximidades de la localidad y lo llamó el Noguera que se desempeñaba como jefe de ese grupo de investigaciones, quien le requirió apoyo por un procedimiento y que necesitaba la presencia de dos testigos. El comandante también lo llamó para solicitarle que se dirija a esa zona, convocaron dos testigos y se trasladaron hasta el lugar del hecho, estaba la gente que realizaba tareas investigativas y el estupefaciente. El encargado del grupo le dijo que habían observado un masculino al que no pudieron identificar, que a la voz de gendarmería se escondió en la maleza, en la montura. Que lo llamó Perdaza porque era el personal más próximo al lugar.
En cuanto a si habló o advirtió a sus subalternos con relación a los procedimientos NN, respondió que sí, que se había llegado a un acuerdo de escribir los hechos tal cual pasaron, está plasmado en el acta tal cual pasaron, a qué hora los llamaron, cómo es dirigieron, quién se encontraba en el lugar del hecho, que les manifestaron los testigos y el personal de pericia que hizo las pruebas de narcotest. Que dio las indicaciones porque era su metodología de trabajo, escribir detalladamente la cronología del procedimiento en sí. Teníamos conocimiento, por comentarios, que se estaban realizando ese tipo de procedimientos en el Escuadrón. Que ese mismo día tuvo dos o tres comunicaciones con Perdaza y que le llamó la atención que uno de los testigos comentó que no había rastros de algún tipo de embarcación.
Declaró José Daniel Noguera que participó de un procedimiento NN justamente con integrantes del GOIP y el apoyo de la sección Miraflores, en el marco de la causa 841/2020, en virtud de un procedimiento que había realizado la Policía del Chaco en cercanías al sector identificado como La Barrera, fueron el 13 de julio (2021) a realizar el reconocimiento del lugar lindante al Rio Bermejo, ya que por ahí solían realizar el pase mediante la utilización de canoas. Dejó constancia que la jefatura de unidad tenía conocimiento de la información que manejaban. Que al otro día, 14 de julio, le solicitó a Perdaza una camioneta y una moto, y le respondió que la primera no estaba disponible y que la segunda no funcionaba, por lo que volvieron a salir del lugar en un Chevrolet Celta, una vez que llegaron a ese sector con el Sargento Alejandro cuando iban recorriendo la senda aproximadamente a doscientos metros del ripio detectó una persona que vestía una camisa de grafa color marrón y jeans, y las huellas que fue dejando le hizo presumir que tenía puesta unas alpargatas, físicamente era flaco y alto, cuando los vio automáticamente emprendió la fuga.
Dejó sus cosas y corrió detrás de ese masculino hasta que lo perdió de vista. Rastrillaron y detectaron un campamento improvisado, precario, y debajo de unas hojas encontraron dos bolsas de arpilleras color blanco, se comunicaron con Boituzat para que venga en apoyo. Se fue hasta la Escuelita y habló con Perdaza, le pidió si podía comunicarse con el juzgado y el segundo jefe le dijo que no, que cuando llegara el Subalférez Gareca se haría cargo de la situación, le pidió que hable con Gareca, y el también habló con Gareca para explicarle cómo llegar al lugar y para que trajera testigos.
Lo expuesto encuentra respaldo en las comunicaciones que dan cuenta que el procedimiento fue realizado por el personal de GOIP del Escuadrón 1 “Presidencia Roque Saénz Peña” con apoyo de la sección Miraflores. Del dialogo entre Marangon y Aguirre del 31/07/2021 surge que “…va a meter otro con Noguera…”, refiriéndose al procedimiento que se había realizado el 14/07/2021.
Finalmente, Sánchez Velázquez dijo que se dirigió hacia Miraflores y fue atendido por Marcelo Palma encargado de dicha unidad. Comentó los comportamientos extraños que había visto ese día del procedimiento cerca del Río Bermejo y que los del GOIP hablaban con los testigos. Que llamó a Gareca y le dijo que no hicieran las actuaciones de ese procedimiento porque era armado. Por otra parte, el fallo citó informes de los que surgen ciertas internas en el Escuadrón nro.1 frente a la investigación iniciada.
Resultaron elocuentes las transcripciones de diálogos entre González Heredia y Scheurman en la que este último le dijo que se quede tranquilo, que no va a pasar nada, que le va a enseñar y que antes se pagaba para hacer un procedimiento. Que la clave es el silencio de la patrulla. Comparó que en Salta hicieron un operativo de 250 kilos de cocaína y que acá es lo mismo pero “sólo con la diferencia que a mí me dio el informante en la mano, para después tirarlo en alguno. Está mal hecho, está bien, mal hecho, porque yo no lo debo agarrar, lo debe dejar el otro ahí tirado y yo lo tengo. me dice dónde y yo lo tengo que buscar, .Si? Esta mal hecho, pero tampoco esta tan mal hecho, porque uno busca, pero que busca, un beneficio para el Escuadrón. Me entendés?…” (…) “lo que sí está mal es que yo lo lleve en la camioneta y lo ponga yo. Sí, eso sí está mal (…) Es que eso no está mal y, bueno, imaginate yo ahora, negro, que por una pelotudes, por una pelotudes, por querer hacer un procedimiento para el Escuadrón, yo quede en el medio, y el Segundo Jefe y el Alférez Aguirre” (…)” Sabes cuál fue mi error? Llevarlo a Aramayo. Si yo me iba con Portillo solo, esto no pasaba. Entonces yo me salí, me fui con Aramayo, llegamos a la rotonda y sabes cuál fue mi error de mostrarle a Aramayo, verdad? Yo abrí la mochila, le dije pásame la mochila, yo abrí la bolsa de arpillera (…) en la camioneta. Por eso te digo, yo no sé si esa foto, si el me saco una foto o no. Ahí estoy en el horno…”. La testimonial de Matías Maximiliano Heredia González respecto de la patrulla que integró los primeros días de junio de 2021, junto a Montiel y Scheurman, refirió que “Esa vez el Comandante (…) iba de conductor en la camioneta (…) Llegando a la sección, todavía en la ruta, el (Scheurman) dijo que tenía para hacer algo (…) dijo la palabra “marihuana”. Yo en ese momento no entendía, pero sabía que no era algo bueno y me incomodó muchísimo, sentí miedo, no sabía que hacer (…) El Cabo Montiel que también estaba en la camioneta escucho eso (…) cuando Scheurman se refirió a la marihuana y apunto hacia atrás como que ahí tenía algo, pero no vimos que era lo que tenía…”.
Respecto de la grabación de audio que le efectuara a Scheurman contó que tuvo la oportunidad de registrarlo cuando le preguntó sobre Aramayo y porque le quería enseñar pero había cosas que no le parecían bien y se sentía incómodo, por eso lo grabó.
En virtud de las evidencias señaladas y de la documentación incorporada al juicio se verificaron cada una de las circunstancias de los procedimientos irregulares reseñados y se probó la existencia de una organización coordinada desde la cúpula jerárquica del Escuadrón nº1 “Presidencia Roque Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional a cargo de los Comandantes Jefe Cristian Daniel Marangon (f.) y Segundo Jefe Julio César Perdaza, al momento en que se llevaron a cabo las actuaciones fraguadas. Se destacó de los sucesos que se caracterizaron por un libreto repetido, que no llamó la atención del ex Magistrado Federal a quien debieron dar noticia de los supuestos actos de la prevención, como lo contempla el art. 196 bis y que fue la fiscalía quien adoptó una posición diligente al detectar que algunas supuestas incursiones investigativas se trataban de un legajo archivado (causa nº841/2020).
Respecto del Segundo Comandante Raúl Ernesto Scheurman desplegó un rol operativo al procurar la droga utilizada para disfrazar la realidad que, en apariencias, los apremiaba estadísticamente dada la baja producción de resultados funcionales. Por otra parte, en cuanto a Enzo Gabriel Aguirre y Julián Matías Morinico reportaron, como oficial subalterno con la jerarquía de Alférez el primero, como Cabo Primero, el segundo, quienes junto con Scheurman, fueron los ejecutores de los procedimientos llamados “NN”, supuestos en los que se halló estupefaciente pero sin posibilitar dar con los autores y que eran trazados desde la jefatura por lo que, en definitiva, eran una ficción.
Para materializarlos involucraron a eventuales civiles que cubrieron las formas actuariales y también miembros novatos de la Fuerza caracterizados por la poca experiencia, antigüedad y conocimiento, a lo que se agrega la vulnerabilidad debido al temor por la superioridad a sufrir una sanción o pérdida laboral, en virtud de los cuales se aseguraban el silencio.
IV. A fin de tratar los cuestionamientos dirigidos a la valoración de la prueba realizada por el a quo, viene al caso recordar la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Casal” (Fallos 328:3329), que impone al juzgador el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de revisar, o sea, de agotar la revisión de lo revisable (confr. considerando 23 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti; considerando 11 del voto del juez Fayt y considerando 12 del voto de la jueza Argibay).
Siempre que se invoque una arbitraria apreciación de la prueba de cargo, corresponde previamente recordar que es el intercambio fruto de la inmediación y de la oralidad lo que confiere a los magistrados la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción en mérito a lo visto y lo oído en el debate. Ello les permite extraer conclusiones acerca de la veracidad y firmeza de quienes declaran en tal oportunidad procesal, y es la arbitrariedad el límite de dicha facultad. Es que, aun interpretándose al recurso de casación penal con la mayor amplitud que el régimen procesal vigente permite, esto es, habilitando la revisión integral de la sentencia recurrida, de ella se encontrará naturalmente excluida la prueba recibida oralmente y no registrada, dada la imposibilidad fáctica de hacerlo en ese caso, y especialmente la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal, en la medida en que la misma haya sido fundada (Fallos 328:3329, cit.). La hermenéutica de nuestro Código Procesal Penal de la Nación se rige, en efecto, por la libertad de apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica (arts. 206 y 398, segundo párrafo), lo cual significa que no hay regla alguna que imponga un modo determinado de probar los hechos de la acusación, ni un número mínimo de elementos de prueba. Sin un sistema de prueba tasada, la convicción judicial, como resultado del acto de producción y valoración de la prueba, no depende necesariamente de la existencia de un mayor o menor número de elementos de prueba, o de un número plural de testigos, sino de la adecuación y fuerza de convicción de la prueba practicada (confr. M. Miranda Estrampes, La mínima actividad probatoria en el proceso penal, Bosch, Barcelona, 1997, p. 184).
Los jueces del tribunal de grado son soberanos en la apreciación de los elementos de prueba y no cabe aquí sustituir esa tarea, sino únicamente controlar la razonabilidad de la motivación que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta. La irrazonable valoración de la prueba y la omisión de valorar elementos determinantes constituye un caso típico de arbitrariedad, que afecta al principio de razón suficiente (confr. G. Navarro y R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 392). Según la doctrina de la Corte Suprema, una sentencia es arbitraria cuando se ha omitido la valoración de prueba dirimente legalmente incorporada al proceso, que de haberse tenido en cuenta hubiera llevado a un resultado opuesto a la condena recurrida. En el catálogo de las sentencias arbitrarias ingresan aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso (Fallos 268:48; 268:393; 295:790) y cuya valoración puede ser de importancia para alterar el significado del juicio (Fallos 284:115; 324:915). Ello, claramente, excede el área de las meras discrepancias entre los puntos de vista de las partes y el juez (confr. N. Sagües, Compendio de Derecho Procesal Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 260), quedando incluidas aquellas situaciones en las que se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en él (Fallos 207:72; confr. G. Carrió y A. Carrió, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, I, p. 197).
V. En el caso traído a estudio, la conclusión condenatoria a la que arribó el sentenciante, aparece sustentada en una adecuada valoración de los elementos probatorios que integraron la compulsa y ajustada a las reglas hermenéuticas de la sana crítica (art. 398 segundo párrafo del CPPN). No se observa un análisis parcializado de la prueba ni tampoco se verifica la existencia de prueba relevante aportada en el debate que no haya sido considerada por los magistrados al tener por probada la responsabilidad de los enjuiciados.
Por el contrario, se verifica que la resolución adoptada se construye a partir de un correcto análisis del plexo probatorio, encontrándose suficientemente fundada la comprobación de la intervención de Perdaza, Aguirre y Morinico.
En efecto, relevados los agravios traídos a la instancia se observa que las defensas invocan la arbitrariedad de la resolución y plantean cuestiones que remiten a una valoración probatoria diversa a la efectuada en el fallo, pues alegan la inexistencia de elementos de prueba que permita arribar a un juicio de certeza que justifique las condenas penales, sin asumir lo acreditado en la sentencia e, insisten en sus posiciones, reclamando la ajenidad de sus defendidos en base a argumentaciones que carecen de entidad para conmover lo decidido.
Pues bien, la noticia inicial complementada con el relato del denunciante Federico Javier Leal describió el funcionamiento de la asociación ilícita al llevar a cabo los procedimientos llamados “NN” que culminaban con el supuesto secuestro de estupefaciente, que era procurado por el propio personal de la Fuerza que conformaba el grupo, siendo que esas actuaciones eran una ficción en las que se convocaban a testigos civiles para cubrir los recaudos formales y miembros jóvenes e inexpertos con el objetivo de mejorar las estadísticas en la lucha contra el narcotráfico.
La reiteración de operativos de prevención fraguados y similares desde enero a julio de 2021, dada la modalidad común permite afirmar que consistía en un proceder acordado. La verificación de 5 hechos similares, incluso ocurridos en línea con lo denunciado, dan cuenta de una habitualidad como también de un accionar previamente trazado. En todos los eventos se asentó un relato sobre las supuestas circunstancias previas a los hallazgos parecidos y que tuvieron correlato con las testimoniales recabadas, cada uno en la medida de su intervención.
De adverso al planteo defensista, la sentencia no se estructuró sobre la base del testigo Leal, a quien cuestionan por animosidad al querer perjudicar a sus superiores o debido a no haber intervenido de manera directa en los operativos, pues sus dichos encontraron respaldo en las versiones vertidas por varios funcionarios tales como Elías Aramayo, César Ariel Tribbia, Carlos Mario Norberto García, Alexis Ezequiel Palacios, Roxana Reinoso –siendo que algunos: Aramayo y Reinoso presenciaron los hechos- y también con las declaraciones de los testigos civiles Alexis Leguizamón, Rubén Benítez y Emanuel Barrientos.
Por lo demás, la prueba documental y pericial descripta resulta incontrastable y despeja la modalidad que asumió el consorcio delictivo. Con lo cual, todas las evidencias analizadas en conjunto y en contexto abonan la resolución.
Acierta el sentenciante al señalar que en la práctica la presencia, seguimiento y contralor del Jefe y del Segundo Jefe del Escuadrón 1 fue constante. Que si bien Marangon (f.) y Perdaza podrían haber supuesto que los procedimientos irregulares quedarían en secreto, la prueba acumulada expuso que ese blindaje no existió pues la mayor parte de los funcionarios sabían lo que implicaban ese tipo de procedimientos NN. Que, incluso, fueron asociados al movimiento en el cual Scheurman manipulaba la mochila negra que contenía la droga y a la necesidad de mejorar las estadísticas.
Además, resulta relevante destacar que fueron coincidentes los diversos integrantes de Gendarmería Nacional al relatar que el personal experimentado fue separado de la sección y desplazado de la actividad propia de prevención frente a algún cuestionamiento, circunstancia que también demuestra el acuerdo y un actuar estructurado con intervención de las máximas autoridades.
Como contracara de ello, a fin de perpetuar ese proceder en el tiempo se recurrió a personal novato, quienes debido a la inexperiencia y falta de conocimiento, manifestaron de manera reiterada sentir miedo al relatar el modo en que se vieron obligadamente involucrados en los procedimientos cuestionados. Incluso dicha emoción fue percibida por los sentenciante y la dejaron expresamente anotada. Por lo que tampoco, desde esta perspectiva, luce arbitrario el diverso destino procesal adoptado en relación a otros integrantes de la fuerza que también vivenciaron esos hechos.
En virtud de la prueba relevada como también de lo expuesto se observa que el fallo se encuentra debidamente fundado, que las defensas mediante críticas desatienden lo resuelto y reeditan cuestiones tratadas por los juzgadores vinculadas con la valoración de la prueba o de la maniobra en sí, que fueron debidamente abordadas, por lo que los cuestionamientos no poseen entidad para conmover lo decidido.
La defensa de Perdaza reclamó que no se acreditó la hipótesis fiscal pues no se pudo demostrar de donde obtuvieron el estupefaciente, para quien liberaban la zona, ni en qué lugar se hacía el intercambio. Si bien en el fallo se dejó asentado que el “…origen y la modalidad de obtención del estupefaciente no fue un tema que en el juicio contara con mayores precisiones, más allá de las manifestaciones del fiscal en cuanto a la forma en que Scheurman lo procuraba (…), sí en cambio podemos presumir, con alta seguridad, una más que preocupante connivencia de un miembro de la Fuerza con algún/os sujeto/s que se la procuraba/n bajo condiciones que no pudieron acreditarse” por lo que no se observa ni la defensa funda cómo la ausencia de prueba de un extremo de la acusación puede incidir o modificar el contundente cuadro probatorio fundante de la maniobra criminal detallada.
En relación a este tópico la defensa de Aguirre también refirió que se dejó de lado la hipótesis original y que su defendido nunca fue acusado de haber liberado zonas por lo que tampoco conformó la plataforma fáctica acusatoria, de lo contrario implicaría conculcar el principio de congruencia e insistió que en los alegatos el fiscal intentó introducir dicho cargo, y reclamó que se tenga presente a la hora de resolver. Toda vez que esa arista del hecho no fue acreditada ni enrostrada al encartado, resulta insustancial la moción realizada a este respecto.
Por otra parte, en cuanto a la intervención de los enjuiciados en los procedimientos que las defensas invocan, el fallo señaló que “(e) l cúmulo de probanzas no circunscripto únicamente a la participación física de los encausados - como se dijo antes- no los imputa de una u otra actuación y los exculpa de las demás. El examen conglobado permite situarlos orientando sus voluntades hacia la consecución de fines por la exigencia de un mandato que demandaba una estadística más numerosa y efectiva en temas, por ejemplo, de narcotráfico. No hubo acá un catálogo de buenas intenciones, la metodología a la que recurrieron, indudablemente pudo y debió ser absolutamente diferente, pero sin embargo se optó por la ilicitud en todo sentido.” Razonamiento que explica y descarta las críticas que se basan en la participación in situ o no. De adverso al reclamo de la defensa de Perdaza, la responsabilidad de su asistido no se basa en conjeturas ni de manera indirecta por el accionar de los miembros a su cargo, dado que la maniobra desbaratada pudo ser desplegada gracias al acuerdo y directivas dadas por la cúpula jerárquica, resultando sus conversaciones citadas en el relevamiento de pruebas indicativas de su compromiso con la causa. Por lo que su planteo remite a un diverso análisis de las pruebas relevadas que dieron cuenta de su participación en los hechos ya sea elevando las actuaciones al órgano jurisdiccional o dando directivas tendientes a generar el ámbito propicio para que este tipo de procedimientos se materialicen y así inflar de manera mentirosa las estadísticas.
Distinta es la situación de Enzo Gabriel Aguirre y de Julián Matías Morinico, pues fueron el brazo ejecutor de la citada categoría de procedimientos e intervinieron de manera directa en la puesta en escena de los operativos ficcionados.
Aun cuando la defensa de Aguirre se esfuerce por detallar y criticar bajo distintas aristas los 5 procedimientos, todas remiten a un diverso análisis de los elementos probatorios con la única finalidad de alejar a su defendido de la escena cuando la prueba lo sitúa de manera directa en un rol activo.
En particular habré de hacer notar, en cuanto al reclamo relativo a la utilización de una motocicleta en la escena permitía realizar la trazabilidad del bien e identificar al propietario y que era imposible sacarlo del depósito de Gendarmería, ese planteo desatiende la observación realizada en la sentencia al preguntarse si “(e)n ese desmadre que representó el armado de patrullas, la utilización de vehículos no identificados, modificaciones sobre la marcha de lugares de patrullaje, etcétera. Era determinante acaso a quién pudiera habérsele secuestrado aquél motociclo, quien era su dueño? como con tanto énfasis lo expuso en su reclamo uno de los defensores. Aportaba el dato de la titularidad dominial? Modificaba en algo el cuadro o el hecho de que la motocicleta en definitiva fue retirada del Escuadrón?.” Por lo que la defensa insiste ante esta instancia en su reclamo inconducente y sin atender el fundamento del sentenciante que resulta razonable y acorde a los manejos verificados en esa repartición.
Tampoco resultan viables las críticas que atacan las testimoniales de Carlos Mario Norberto García y de Roxana Reinoso por falta de credibilidad o contaminadas por animosidad de perjudicar a sus superiores, en tanto que sus versiones encontraron respaldo de las actuaciones y en otras declaraciones, por lo que se tratan de una discordancia con el análisis de caso. Por lo demás, la ausencia de sujeción de los nombrados al proceso no empaña ni debilita la responsabilidad de Aguirre en los hechos probados.
En cuanto a la intervención de Morinico, fue acreditada su participación directa a partir de la documentación, las testimoniales relevadas y los contactos telefónicos con su pareja que dan cuenta de un obrar consciente y voluntario, que alejan su proceder de un accionar condicionado.
Por lo demás la defensa, mediante la invocación del principio de igualdad, alega que su asistido no tenía jerarquía ni capacidad de mando y que también había ingresado hace poco tiempo en la fuerza como el absuelto Brian Alejandro Corach, reclamando la misma suerte para su defendido, sin reparar que la desvinculación del nombrado operó por el beneficio de la duda y que dicha circunstancia no se verifica en el caso de Morinico respecto de quien la prueba antes reseñada lo vincula -sin lugar a dudas- en la empresa delictiva, por lo que, aun siendo ambos funcionarios rasos y novatos resulta imposible equiparar situaciones que se observan dispares.
Del análisis realizado se desprende que los señores jueces dejaron claramente asentados los motivos que los condujeron a la solución del caso, a la que se arribó expresando cuáles eran los fundamentos de hecho y de derecho en los que sustentaron su decisión.
En efecto, ninguna duda queda en cuanto a que de la lectura de la sentencia impugnada, es posible tomar un acabado conocimiento de los hechos y razones que llevaron al sentenciante a resolver del modo en que lo hizo. De su lectura se observa el análisis integral de las diversas evidencias y del desarrollo realizado que permitió acreditar la participación y responsabilidad de los imputados en los hechos de autos.
Por último, resta señalar que a esta altura de la encuesta no cabe duda alguna que los procedimientos objeto de las presentes actuaciones enumerados del primero al quinto resultaron falsos pues, tal como quedó acreditado, las actuaciones fueron promovidas a partir de la puesta en escena orquestada para simular secuestros de estupefaciente que eran suministrados por los propios preventores y las actas respectivas fueron valoradas en contexto con las restantes evidencias, con lo cual, no se observa ilogicidad ante la ausencia de redargución de falsedad de dichos documentos públicos, como invoca la defensa.
En consecuencia, las objeciones tendientes a cuestionar el fallo por arbitrariedad carecen que sustento y tienen la finalidad de desmerecerlas, sin atender al análisis conjunto y conteste realizado.
Por todo ello, se descarta la nulidad del fallo solicitado, pues la atribución de responsabilidad de los enjuiciados luce como una derivación razonada de las constancias de la causa y del análisis probatorio ajustado a las reglas de la sana crítica, a las máximas de la lógica, la experiencia y el sentido común de conformidad con lo previsto por el art 398 CPPN, por lo que no contiene arbitrariedad alguna que lo invalide como acto jurisdiccional.
VI. Tampoco tendrán acogida favorable los cuestionamientos que atacan la tipificación legal, pues se tratan de reiteraciones que no receptan los argumentos vertidos de manera fundada por el juzgador, toda vez que se verificaron los elementos objetivos y subjetivos de los reproches penales probados.
En lo que respecta al delito de asociación ilícita, los elementos de prueba compulsados armónica y conjuntamente permiten delimitar el contexto en el que actuó este grupo y su permanencia en el tiempo, como así también precisar la pluralidad de las conductas delictivas acordadas por todos los integrantes, aunque no todos ellos tomaran parte en la totalidad de los delitos. El art. 210 del Código Penal reprime con pena de prisión para aquel “…que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Llevo dicho en diversos precedentes que la figura penal en cuestión requiere para su configuración de la concurrencia de una serie de presupuestos objetivos, a saber, el número de integrantes; la existencia de un acuerdo previo y colectivo de voluntades de delinquir; la estructura organizada del grupo y cierto grado de permanencia en el tiempo (cfr., entre otros, en la causa nº CFP 2351/2019/TO1/CFC4 Sabzali, Mansoreh y otro s/recurso de casación, Sala II, reg. nº2187/21, rta. el 29/12/21; FCB 14009/2013/TO1/CFC9 Sosa, Rafael Gustavo y otros s/ recurso de casación, Sala III, reg. nº1007/19, rta. el 26/6/19).
En el presente caso, coincido con lo afirmado por la fiscalía en cuanto a que “…de común acuerdo los nombrados se confabularon y conformaron una organización, una suerte de cruzada que consideraron la más apta para intentar remontar una estadística que aparentemente obsesionaba a la cúpula jerárquica de Gendarmería Nacional en esta jurisdicción, la escasez de resultados positivos en materia de procedimientos contra el narcotráfico, como se vino apuntando en los tramos anteriores de estos fundamentos.
Los aquí imputados coincidieron intencionalmente entre ellos sobre los objetivos ilícitos, convencidos y al mismo tiempo intentando persuadir a terceros (también gendarmes) de que resultaba lo mejor para el Escuadrón y, en definitiva, para la propia Gendarmería Nacional.
Con ese propósito, tomaron parte de la asociación (delictiva) y cumplir con ese mandato de la superioridad, distribuyéndose tareas y acciones que respondieron a la traza de un plan previamente pergeñado (Cf. Escuchas telefónicas tomadas en relación con Raúl Ernesto Scheurman).
La banda u organización así constituída tenía por propósito materializar a través de una serie de ardides documentativos y manejos disfrazados de legitimidad en la órbita del Escuadrón 1 Presidencia Roque Sáenz Peña de Gendarmería Nacional llevara a cabo en distintos tramos del año 2021, una serie de procedimientos fraudulentos para conseguir un mejor número de tareas y resultados con sujeción -como se dijo- a un plan organizativo y en aras de revertir una nada favorable realidad institucional.”.
En el caso se encuentra cubierto el número de integrantes requerido, pues surge de las actuaciones la intervención de Perdaza, Scheurman, Aguirre y Morinico, junto a Marangón en su momento, como las caras visibles de las maniobras.
Tanto Marangón como Perdaza suscribiendo las elevaciones de las actuaciones a la justicia federal, Scheurman resultó el factor clave para la provisión del estupefaciente y Aguirre y Morinico integraron el brazo ejecutor interviniendo en los procedimientos. Se destacó que la participación conjunta aunque en operativos distintos no resulta una circunstancia que justifique escindirlos de una actividad o propósito final para el que aportaran, en diversas formas, a la etapa ejecutiva. Por lo demás, la separación del personal experimentado del sector operativo, el tenor y la reiteración de procedimientos similares a la luz de las declaraciones testimoniales vertidas por el personal de Gendarmería, dan cuenta que los enjuiciados conformaron una organización, que obraron en virtud de un acuerdo previo y que ese grupo utilizó la estructura organizada para concretar su cometido y reivindicar su performance.
Las pruebas antes analizadas otorgan certeza a los aportes que efectuaron a la asociación en calidad de miembros y demuestran su permanencia en el tiempo al haberse extendido a lo largo de varios meses del año 2021. Como se adelantó, para que se configure la asociación ilícita se requiere de acuerdo previo de voluntades entre tres o más personas, permanencia en el tiempo de la asociación, y organización del grupo en donde se contempla la distribución de roles de sus integrantes. Así lo estableció la doctrina judicial de la C.S.J.N. (Stancanelli, Néstor y otro”, Fallos, 324:3952), donde se aclaró que la asociación ilícita supone la existencia de un acuerdo previo de voluntades, no necesariamente expreso pero al menos tácito. Y que la finalidad de dicho acuerdo tiene que ser, como se verifica en la presente causa, la de planificar y ejecutar una pluralidad de actos calificados por la ley como delitos del derecho penal.
Sobre esa base, las conductas delictivas deben ser llevadas a cabo de manera organizada con la intervención de los miembros de la asociación, entre quienes debe mediar un vínculo sostenido en el tiempo que dote de permanencia a la convergencia de esas voluntades exigida por la figura.
El cuadro probatorio antes examinado, permitió a los magistrados de la anterior instancia alcanzar el grado de certeza necesario para determinar la intervención coordinada y organizada en una asociación ilícita de los enjuiciados.
De tal forma, el tribunal concluyó razonablemente que la vinculación de los encartados y su pertenencia a la asociación estaba suficientemente demostrada, lo que en modo alguno puede verse conmovido por las críticas defensistas, que lejos estuvieron de demostrar que la intervención punible de aquellos no fue la lógica consecuencia de la adecuada meritación de los elementos probatorios incorporados al juicio.
En la sentencia se abordaron las múltiples críticas defensistas que reproducen cuestionamientos constitucionales en relación al delito en cuestión, contestando que “(a)quí no se trata de castigar la participación en un delito, sino la participación en una asociación o banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos...” (SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino - tomo IV, Buenos Aires, TEA, 1996, p. 711).”.
También se anotó que “(l)a existencia de la asociación lesiona el bien jurídico de la tranquilidad pública, al elevar el riesgo de que se produzca un número indeterminado de delitos, ‘(l)a misma existencia de la organización delictiva disminuye el sentimiento de responsabilidad personal de sus integrantes, puesto que su dinámica grupal genera una disminución de los factores individuales de inhibición y, por otro lado, su estructura organizativa facilita a sus miembros la comisión de hechos punibles (cfr. punto III del dictamen en S.C. S. 1175; L. XXXVI in re ‘Sanzoni, Emilio O. s/asociación ilícita’, 6 de agosto de 2001).
La sola existencia de la asociación ilícita es susceptible de poner en peligro el bien jurídico referido - y de ahí su constitución como un delito sui generis- a pesar de la naturaleza de los actos de conformación que, por ello, no pueden ser considerados, en rigor, como meramente preparatorios.
La CSJN al caracterizar el bien jurídico protegido lo define como la ‘...sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los delitos que la afectan producen alarma colectiva al enfrentarlos con hechos marginados de la regular convivencia que los pueden afectar indiscriminadamente…’, haciendo referencia a que ‘...la criminalidad de estos reside esencialmente, no en la lesión efectiva de cosas o personas, sino en la repercusión que ellos tienen en el espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que puede suceder…’”.
En la misma línea de análisis, el fallo afirmó que “…la asociación ilícita, por ser un delito de peligro abstracto, el llamado delito de emprendimiento (mero acto preparatorio) violatorio del principio de lesividad, termina siendo más grave que uno de ejecución, con lo cual, se hace un abuso de esta figura para así poder aumentar exponencialmente las escalas penales para insuflar la cuestión y generar prisiones preventivas en la definición del letrado.
En este punto, el defensor nada argumentó respecto de que la conducta de los imputados no generó esa inquietud social. Esto es, la maniobra por integrantes de una Fuerza de Seguridad, según la construcción defensa, podría no haber sido de las que el legislador consideró necesario prevenir al sancionar el artículo 210 del Cod. Penal.
Con el aporte que la jurisprudencia arrimo al análisis del citado artículo, se colige que no es la participación en un delito el que se castiga, sino la participación en una asociación o banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos.
De suyo entonces que las prohibiciones contenidas en la figura (art. 210 CP) y los delitos concretos que pudieran cometerse tienen diferente alcance, como de hecho se verificó en relación a los imputados (vgr. arts. 248, 274 y 293 CP).”
Por lo demás, la postura del sentenciante se corresponde con la postura asumida en reiterados precedentes, en cuanto sostuve que “…el anticipo de la reacción penal no se concentra en la finalidad de evitar futuros daños a determinados bienes -la vida, la libertad, el patrimonio-, sino que procura la protección de un bien jurídico propio y específico: la tranquilidad o el orden público, que se ve perturbado con la agrupación o asociación de individuos con propósito socialmente intolerables (conf. causa nº FTU 32191/2013/TO1/134/ CFC40, Ale, Rubén Eduardo y otro s/recurso de casación, Sala II, reg. nº1200/21, rta. el 16/7/21, FCT 3678/2013/ TO1/CFC7 Hurtado Suarez Willan y otros s/recurso de casación, como juez integrante de la Sala III de esta Cámara, resuelta el 12 de diciembre de 2019).
Vinculado con ello en doctrina se afirma que “el bien jurídico afectado no es sólo el que representen los posibles delitos, sino que la seguridad pública se vería afectada ya por la existencia misma de la asociación. No se trata únicamente de la protección de la seguridad pública ni tampoco de un mero adelantamiento de la punibilidad con miras a la protección de los respectivos bienes jurídicos de la parte especial. La perturbación del orden público, por lo demás, se puede dar aún sin peligrosidad de la asociación. Se trata de un delito de preparación, en tanto reprime actos que normalmente quedan impunes, por no constituir siquiera comienzo de ejecución de un delito determinado (art. 42, Cód. Penal). Sin embargo, si bien su estructura coincide con la de estos delitos, se le reconoce autonomía para afectar el bien jurídico tutelado, y por ello se sostiene que no se trata 'sólo' de un caso de adelantamiento de la punibilidad. Por esa razón ella es punible con independencia de la comisión efectiva de alguno de los delitos que constituyen su objeto: se trata de un delito autónomo" (P. Ziffer, Lineamientos básicos del delito de asociación ilícita, Buenos Aires, La Ley 2002-A-1210). Por otra parte, en cuanto a la supuesta indeterminación de delitos se sentenció que “tampoco aporto el defensor argumentos sobre los que considero inexistentes, vgr. la falsificación (293), o el delito omisivo previsto por el artículo 274 del CP.”.
Finalmente, en relación a la invocada afectación al principio ne bis in ídem, cabe recordar que para que la prohibición se encuentre configurada es necesario que concurran las tres identidades clásicas: eadem persona (identidad de la persona perseguida), eadem res (identidad de objeto de persecución) y eadem causa petendi (identidad de la causa de persecución) (Fallos: 345:440; voto de los jueces Fayt y López en Fallos: 326:2805). La inmunidad del ne bis in ídem atiende a la identidad del hecho de la persecución, antes que, a la identidad de delitos, porque un modo frecuente de intentar eludir la prohibición lo constituyen las variaciones sucesivas de las subsunciones jurídicas de un mismo hecho como objeto del proceso (Cfr. FCB 5650/2014/TO2/12/CFC7, DABUSTI, Juan Luis y otros s/ recurso de casación, Sala II, reg. 809/23).
La prohibición de doble persecución tiene rango constitucional (Fallos: 316:687 “Moño Azul” con cita de Fallos: 272:188 y 292:202, Fallos: 333:519; 342:1501 y 344:3761) y tradicionalmente se ha reconocido esta garantía como una de las no enumeradas (art. 33 de la Constitución Nacional) (Fallos: 248:232; 298:736; 300: 1273; 302:210, 326:2805, voto de los jueces Fayt y López). Asimismo, tiene correlato en las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos, en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prevé que “[n]adie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país” (art. 14.7) (Fallos: 345:440). En el sub examine, como acertadamente lo puso de resalto el a quo, el hecho por el que fueron condenados por haber formado parte de una asociación ilícita no posee los mismos recaudos típicos que los restantes delitos juzgados en autos, por lo que no se verifica la identidad de objeto (eadem res) requerida. Por consiguiente, tampoco en este aspecto, resulta censurable el fallo. Resta señalar que los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público que concurre, a su vez, de manera ideal con el incumplimiento de la obligación de promover la represión de los delincuentes, suponen conductas bien diferenciadas, con afectación a bienes jurídicos distintos. Así entonces en atención a la autonomía de las mencionadas figuras luce adecuada la modalidad concursal adoptada (art. 55 CP) (conf. FCB 14009/2013/TO1/CFC9 Sosa, Rafael Gustavo y otros s/recurso de casación, Sala III, reg. nº1007/19, rta. el 26/6/19).
En igual sentido se expidió el acusador público ante esta instancia al apuntar que “De conformidad con esta postura (mayoritaria en la doctrina), lo que integra el tipo penal es la finalidad de cometer delitos indeterminados, siendo que los concretos delitos cometidos por la asociación ilícita no pertenecen al tipo, sino que concurren en forma real con aquél (Ver, al respecto: NU- ÑEZ, Ricardo C., Derecho penal Argentino, córdoba, 1971, T. VI, pág. 189; SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, 1978, T. IV, pág. 608; FONTÁN BALES- TRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, 1994, T. VI, pág. 470; y CREUS, Carlos, Derecho Penal. Parte Especial, Astrea, Buenos Aires, 1983, T. II, pág. 189).
En igual sentido, D’ALESSIO apunta que ‘[s]e sostiene la existencia de un concurso real entre el delito de asociación ilícita y los que se cometen en cumplimiento de aquella, ya que la asociación es autónoma e independiente del o los delitos que a través de ella se cometan’ (Cfr. aut. cit., Código Penal. Comentado y anotado. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 1.043 -énfasis añadido-)”.
En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), las defensas estructuran sus críticas en base a un diverso análisis de las pruebas, pues reclaman que sus defendidos no realizaron la acción típica, que no se señaló ningún acto o resolución y que no encuentra probada la intervención, por lo que remiten a un diverso análisis de las pruebas y de la argumentación brindada en el fallo, por lo que a tenor de los argumentos antes expuestos, tales cuestionamientos resultan insuficientes a los fines pretendidos pues resultan meras discrepancias con el examen de las pruebas realizadas por los juzgadores.
En lo que refiere al delito de omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes (art. 274 CP), en la sentencia se afirmó que se trata de un delito que puede ser cometido solamente por aquellos sujetos que, por las leyes, están obligados a denunciar, siempre que conozcan del delito en el ejercicio de sus funciones, agregando que como se observó al analizar la materialidad “…ésta, junto con otras acciones concurrió en el caso de los funcionarios de Gendarmería Nacional aquí imputados. Nada, más allá de los supuestos hechos -a la postre verificadamente armados- integró una denuncia en términos formales. Antes bien, toda proactividad investigativa agotaba en la actividad ilegal que se montaba. Fuera de los que se negaron a ser parte de aquella cofradía como también se probó, resultaron ser los que de alguna manera dejaron al descubierto las ilícitas maniobras (vgr. caso del Sargento Federico Javier Leal)”. En particular, el delito en estudio se consuma cuando un funcionario, debiendo promover la persecución o represión, no lo hiciere, cuestión que aquí se presenta, desde que, lejos de cumplir con los deberes a su cargo, integraron cada uno de ellos la empresa delictiva. Sin perjuicio de lo expuesto, las defensas no realizaron argumentaciones de peso que permitan modificar el criterio adoptado, como tampoco han acreditado la existencia de arbitrariedad en su fundamentación, por lo que los agravios traídos a la instancia no resultan suficientes para desmerecer el fallo recurrido.
Lo expuesto también resulta aplicable para descartar los agravios planteados en orden al delito de falsificación, que cuestiona la defensa de Perdaza bajo la alegación que su defendido no realizó la acción típica, que su accionar se redujo a dar el pase de los sumarios al juzgado una vez concluidos, sin haber intervenido en el campo y confiando en que eran verdaderos ya que no tenía manera de conocer que eran fraguados, por lo que cuestiona la adecuación legal insistiendo en la diversa valoración del cúmulo probatorio analizado que no ha podido controvertir.
En lo que respecta a la exigencia típica del perjuicio potencial a bienes jurídicos de terceros que afirman que no se encuentra acreditado en autos ante la inexistencia de detenidos en el marco de dichos sumarios viene al caso señalar que la expresión “…de modo que pueda resultar perjuicio” significa que basta con que el perjuicio obre como posibilidad y también se afirmó que “el perjuicio potencial es el estado casualmente apto para lesionar la fe pública en que se encuentra el instrumento con arreglo tanto a sus condiciones objetivas – forma y destino- como a las que se derivan del contexto de la situación” (BAIGUN, Carlos, TOZZINI, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia, edit. Pensamiento Jurídico, Bs. As.1982, pág. 277).
En el caso en modo alguno puede afirmarse la atipicidad por no haber persona perjudicada por el delito en tanto que la falsificación de los instrumentos públicos no solo afectaron la fe pública y la confianza puesta por la sociedad en los servidores públicos que incumplieron sus funciones, sino que también estas conductas implicaron gastos al estado e incluso la utilización de sus bienes para la comisión de los delitos, por lo que la impugnación pretendida carece de fundamentación y de razonabilidad.
En definitiva, el pronunciamiento cuestionado ha sido sustentado razonablemente y los agravios de los impugnantes sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos 302:284; 304:415, entre otros).
La decisión cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchos otros).
VII. Por fin, en lo que atañe a la mensuración de la sanción impuesta cabe recordar que la individualización de la pena, dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, es una facultad propia de los jueces de la causa (confr. C.S.J.N., Fallos 237:190 y 423; 255:253; 305:494; 306:1669; 315:807 y 1699; S.330.XXXV, San Martín, Rafael Santiago, entre otros). Sólo puede resultar deslegitimado el monto de la sanción impuesta, cuando ella se revele manifiestamente desproporcionada con el grado de injusto y con la culpabilidad del sujeto, deviniendo de tal modo arbitraria. A ello, se suma otro condicionante derivado de la reciente implementación del sistema acusatorio, en cuyo marco, la sanción no podrá superar nominalmente la pretensión punitiva solicitada por el acusador público o privado, puesto que, en la medida que aquella no se presente como ilegal, se erigirá como un límite infranqueable para la jurisdicción a la hora de determinar el quantum punitivo (cfr. mi voto en causa Nº FSA 18892/2016/TO1/CFC6, Bellido, Héctor Alberto y otros s/ Infracción ley 23.737, Sala II de esta Cámara, rta. el 1º de septiembre de 2020, reg. 1161/20). En el caso, en orden a la sanción cuestionada por la defensa de Aguirre corresponde precisar que la pena fijada se inscribe en la escala penal establecida por las normas aplicables al caso (arts. 210 CP, en concurso real con 293 CP, 248 CP en concurso ideal con 274 CP). En tal sentido, la parte recurrente no explica cuál sería el yerro de haber determinado la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión cuando el legislador estableció una escala que oscila entre tres (3) y dieciocho (18) años de privación de la libertad.
En efecto, el juez de mérito tuvo en consideración como pauta agravante la calidad de los motivos que los determinaron a delinquir, descartó el mecanismo adoptado para paliar el déficit operativo que recaía en el Escuadrón 1 tuviera justificación y destacó que aun conociendo la ilegalidad de los procedimientos se verificaron frases que elogiaban los resultados o la posibilidad de obtenerlos en el sentido pretendido. También mensuró que la convicción de obtener algún rédito personal, ya sea un ascenso o reconocimiento personal fuera el promotor de dicha modalidad. Descartó la existencia de alguna situación de miseria o dificultad para ganarse el sustento. Y valoró la formación intelectual y las actividades laborales que era una ocupación válida para aportar a la subsistencia y que ningún dato del expediente revela alguna situación de indigencia o imposibilidad de procurarse medios de subsistencia lícitos.
Por otra parte, como pauta atenuante se señaló la ausencia de antecedentes penales, la extensión del daño y los peligros causados y se apuntó que “una celosa consideración del principio de culpabilidad por el hecho sólo admite aspectos de la personalidad del imputado relevantes como atenuantes por razones preventivo-especiales”. En relación a ello, aludió a cuestiones de prevención general, pues luego del hecho denunciado que puso coto al obrar ilícito también resultó un alerta para las futuras conducciones del Escuadrón.
Además viene al caso recordar las consideraciones citadas y tenidas en cuenta al descartarse la nulidad del pedido de pena del Fiscal relativas a la relevancia institucional y funcional de los sujetos sometidos a juicio.
En tal contexto, la respuesta punitiva dada por el judicante resulta proporcional a la intensidad antijurídica del hecho y, por ende, a la responsabilidad del autor. Así entonces, la afirmación de la impugnante referida a la falta de razones por haber sido valorados los indicadores en conjunto, no puede ser atendida en tanto que su mensuración resulta acorde a la entidad de los hechos, como también se ajusta a las condiciones personales del enjuiciado detalladas en el recurso y además fue graduada en menor intensidad que la pretendida por el acusador.
Por las razones expuestas, se propicia al acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. CPPN).
Así lo voto.
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
I. Que de modo liminar, cabe señalar que los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de Julio César Perdaza, Enzo Gabriel Aguirre y Julián Matías Morinico, resultan formalmente admisibles, toda vez que se dirigen contra una sentencia definitiva - impugnable según el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN)-; las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnarla -de conformidad con el art. 459, inc. 2, ídem-; los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del CPPN; y se han cumplido los requisitos de tiempo y fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.
II. Que superado el examen de admisibilidad de las impugnaciones deducidas y tomando en consideración los motivos de agravio alegados -lo que fueron reseñados en el apartado II del voto del colega preopinante-, corresponde comenzar el análisis del presente, en el orden que la lógica impone, con el tratamiento de los planteos nulificantes efectuados; para lo cual resulta necesario formular previamente unas breves consideraciones que hacen a la cuestión a resolver.
a. En primer lugar, es dable memorar que las nulidades procesales tienen por objeto el resguardo del debido proceso y la defensa en juicio; y que el principio general que rige en esta materia es el de legalidad o taxatividad, el cual impone que los actos procesales serán nulos únicamente cuando no se hubieren observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo dicha pena. Así lo establece el art. 166 del Código Procesal Penal de la Nación.
Tal como ha sido tradicionalmente sostenido, existen dos categorías fundamentales: “(…) la primera, dependiente de la forma de determinación legal de los supuestos de nulidad, de su específica tipificación en hipótesis circunscriptas a concretos actos o de una tipificación genérica abarcativa de una pluralidad de ellos; la segunda, subordinada al distinto régimen de oposición y declaración o, en otras palabras, a los límites de la posibilidad de manifestar la nulidad para que ella produzca sus efectos típicos (…)” (CREUS, Carlos “Invalidez de los actos procesales penales”, Editorial Astrea, 2da edición, 1995, pág. 26/27).
Conforme este criterio, la legislación procesal nacional diferencia las nulidades expresas de las genéricas: las primeras, se encuentran específicamente enunciadas en una serie de normas, en las que al regularse un acto en particular se imponen las condiciones de forma, cuyo incumplimiento se sanciona con el remedio procesal bajo análisis; mientras que las segundas, se suscitan cuando se advierte una falencia que afecta la regularidad de un acto, pese a no hallarse expresamente contemplada. El ordenamiento procesal distingue asimismo las nulidades absolutas de las relativas; mientras que las primeras importan la violación de una norma constitucional o se hallan expresamente establecidas (art. 168 del CPPN) y no son subsanables dentro del proceso, las segundas operan en función del interés de alguna de las partes y son pasibles de saneamiento.
En reiterados precedentes, a los que en honor a la brevedad me remito, he sostenido, con cita en doctrina y en la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, mas no cuando falta una finalidad práctica en su admisión.
En ese sentido, la nulidad por vicios de forma carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; y su procedencia exige, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, aquella sanción aparecería respondiendo a un formalismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Cfr. causas nº FSA 19498/2014/TO1/CFC3, reg. 1104/18, rta. 18/10/2018; FCB 10792/2015/TO1/CFC1, reg. 1909/19, rta. 24/10/2019; y FSA 18/2018/TO1/CFC1, reg. n° 743/20, 30/06/2020; FSM 22770/2015/TO1/CFC6, reg. n°2008/20, rta. 28/12/2020; y FBB 8604/2020/19/CFC2, reg. n° 2506/21, rta. 27/12/2021, entre muchas otras; todas ellas del registro de esta Sala I -con integración parcialmente distinta a la actual-).
A lo expuesto, cabe adunar que toda declaración de aquella índole exige, como condición indispensable, la demostración de un agravio concreto y la específica indicación de las defensas que ella ha impedido. En efecto, la demostración del perjuicio por la parte que solicita la nulidad es requisito insalvable. Así, quien invoca la violación de garantías constitucionales debe demostrar el concreto detrimento que podría generar a su parte el presunto vicio, toda vez que una declaración de tal gravedad no puede permitirse sea hecha en puro interés de la ley, cuando no ha causado efectos perniciosos para los interesados.
Bajo ese prisma, corresponde dar tratamiento a los planteos nulificatorios formulados.
b. Con relación a la nulidad introducida por la defensa de Morinico, vinculada a los informes periciales realizados a los teléfonos secuestrados en los domicilios de los imputados, adelanto que disiento respetuosamente con las consideraciones efectuadas por el magistrado que me precede en el orden de votación, doctor Carlos A. Mahiques, por las razones que a continuación expondré. Concretamente, la parte recurrente formuló aquel planteo en el entendimiento de que la medida practicada sobre los aparatos celulares en cuestión se trató en realidad de una intervención telefónica que tuvo por objeto conocer conversaciones anteriores mantenidas por los imputados, ello cuando no se encontraba vigente ninguna orden judicial que la habilitara y, por tanto, en infracción al art. 236 del CPPN.
Teniendo en cuenta la esencia de la argumentación defensista, habré de memorar lo sostenido con anterioridad con relación a que “la regulación del derecho a la privacidad implica (…), por un lado, la posibilidad de exclusión de terceros de ciertos ámbitos privados y, por el otro, una garantía frente al poder estatal que, por regla, se endereza a prohibir la injerencia de los órganos del Estado en aquellos, excepcionándola en los casos y bajo la estricta observancia de las formalidades que la ley prevé al reglamentarla racionalmente” (cfr. legajo n° CFP 1628/2020/PL1/CFC1; reg. nº783/24, rta. 02/07/2024). En dicho precedente, destaqué que los teléfonos celulares no resultan ser un avance tecnológico más y que, en virtud de la cantidad de información personal que ellos contienen, son esencialmente diferentes de otros efectos personales que pueden ser hallados -en el caso citado, en la requisa a un detenido-. También hice hincapié en que “un teléfono móvil difiere cuantitativa y cualitativamente de cualquier otro elemento que pueda ser habido en la persona del detenido o en la esfera inmediata de control (…)”; y mencioné que, entre mucha otra información que puede existir en tal dispositivo, se encuentran los registros respecto del tráfico de comunicaciones y de mensajes –texto y voz-.
En este punto, no escapa al suscripto que los teléfonos móviles se han convertido en la actualidad en una herramienta esencial para la coordinación y comunicación de los ciudadanos, incluso de aquellos que integran organizaciones delictivas. Desde esa perspectiva, se advierte que, en la prevención y persecución de actividades ilícitas, una inspección sobre un teléfono celular puede proporcionar información útil y de calidad para la investigación. Por eso, es menester señalar que aquellos aparatos no resultan inmunes a una medida como aquella, sino que de lo que se trata es de establecer los recaudos que para ello deben cumplirse.
En esa línea, he explicado con anterioridad que, por las especiales características y capacidades que presentan -y a las que se hiciera referencia precedentemente-, los aparatos de telefonía celular no se encuentran comprendidos entre los efectos personales a los que alude el art. 230 bis del CPPN, en lo atinente a la dispensa de orden judicial para su requisa por parte de los funcionarios de la policía y fuerza de seguridad (cfr. CFP 1628/2020/PL1/CFC1; reg. nº783/24, rta. 02/07/2024); así como tampoco aparece razonable considerar que cuando resulten incautados en el marco de la pesquisa, los teléfonos celulares se hallen incluidos en el vocablo “cosas” del art. 233 del CPPN, en cuanto dispone que “(…) el juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a la instrucción (…)” (cfr. FRO 2836/2021/TO1/3/CFC2, Reg. nº1405/24, rta. 21/11/2024). Ello en virtud de la intromisión al ámbito de privacidad -constitucional y convencionalmente protegido- que dichos actos suponen. Sentado ello, cabe aclarar que en el presente caso la medida que la defensa cuestiona no se trató de una intervención telefónica propiamente dicha, sino que aquella tuvo por finalidad conocer información almacenada, en lo que aquí interesa, en los teléfonos celulares incautados en autos, entre la que se encuentran las comunicaciones que en ellos fueron registradas.
Frente a ello, corresponde memorar que en el precedente dictado en la causa nº FRO 2836/2021/TO1/3/ CFC2 -citado ut supra- examiné el tratamiento que, a mi modo de ver, cabe dar cuando lo que se pretende es conocer la información contenida en un dispositivo celular; puntualmente, cuando se trata de las comunicaciones que en aquel pudieran registrarse, entre otras, en las aplicaciones de mensajería instantánea.
En primer lugar, recordé que “(…) el ordenamiento procesal penal de la nación establece solo la posibilidad de intervenir las comunicaciones telefónicas “o cualquier otro medio de comunicación del imputado” para impedirlas o conocerlas (art. 236, párrafo primero); y, seguidamente, estipula que “bajo las mismas condiciones, el juez podrá ordenar también la obtención de los registros que hubiera de las comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él” (art. 236, párrafo segundo). Ambos requerimientos deben realizarse mediante auto fundado; recaudo de fundamentación que exige al juez explicitar tanto la necesidad como la pertinencia de la medida y al que debe adunarse el estándar de sospecha que la norma requiere para habilitar la medida” (el subrayado me pertenece).
Expliqué que “(l)o expuesto evidencia que la norma en cita establece un estándar a partir del cual dichas intervenciones puedan ordenarse, a efectos de “impedir o conocer” las comunicaciones del imputado; y en las mismas condiciones es que se autoriza la obtención de los registros de las comunicaciones. Al respecto, en doctrina, se ha entendido que “(…) el derecho a la privacidad de las comunicaciones comprende no solo la protección de su escucha sino también la reserva misma acerca de su existencia (su registro) (…)” (NAVARRO, Guillermo Rafael y DARAY, Roberto Raúl. “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”; 5ta. Edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2013, pág. 302)”. Sostuve también que “(l)a norma parece encontrarse diseñada para la interceptación de comunicaciones de características telefónicas; ello por cuanto, si bien la norma prevé su aplicación para las comunicaciones telefónicas “o cualquier otro medio de comunicación del imputado” lo cierto es que bien puede interpretarse que, en la última parte transcripta, el legislador ha plasmado su voluntad de no restringir la facultad de intervención ante el avance tecnológico, aun cuando no sea posible suponer que se ha tenido en cuenta la variación en la naturaleza de la comunicación que ese avance ha significado”. A partir de ello, afirmé que “es posible sostener que si se entiende que las comunicaciones electrónicas se encuentran contenidas en la manda del art. 236 del CPPN, una interpretación que compatibiliza dicha norma con las garantías constitucionales que preservan la intimidad consiste en postular que la fundamentación que exige el dictado de la medida implica, además de la utilidad y necesidad de la misma, la existencia de un estado de sospecha previo e independiente respecto de la comisión de delitos por parte de, al menos, una de las personas involucradas en la comunicación, y la proporcionalidad en relación a la gravedad del injusto en investigación; a la par de la explicitación de la relación que de esa información pueda surgir con la causa que se investiga y la justificación del acceso a la información adjunta que, aun cuando pueda no conocerse ex ante, sea hallada en la diligencia”.
Bajo ese prisma, corresponde analizar los presupuestos de hecho evidenciados en estos actuados a los efectos de dilucidar si la medida probatoria atacada por la parte recurrente fue precedida de una orden que satisfaga los recaudos y estándares exigidos para la concreta injerencia en las comunicaciones que pudieran registrarse en los dispositivos celulares incautados.
Para su adecuado análisis, es menester memorar los antecedentes relevantes de la cuestión aquí a resolver.
De las constancias a las que se tuvo acceso a través del Sistema Informático Lex100 (cfr. FRE 3679/2021/TO1) surge que, el 6 de septiembre de 2021, el Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, doctor Carlos M. Amad, y el Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), doctor Diego A. Iglesias, formalizaron la investigación preliminar desplegada en el caso Coirón nº 24706/2021 (Expediente Procunar nº 1809/2021) y requirieron, en los términos del artículo 180 y concordantes del CPPN, la instrucción de la causa, conforme los hechos allí descriptos; así como también pidieron se cite a prestar declaración indagatoria a Julio César Perdaza, Enzo Gabriel Aguirre y Juan Matías Morinico, entre otros, respecto de quienes solicitó su detención y el registro tanto de sus domicilios como del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña” de la Gendarmería Nacional.
Tras materializarse los allanamientos, el representante del Ministerio Público Fiscal, el 9 de septiembre de 2021, “(a) partir de la delegación dispuesta por el señor Juez Federal, en los términos del art. 196º del CPPN[,] y la intervención conferida a la PROCUNAR”, formó actuaciones complementarias y ordenó la producción de una serie de medidas, entre ellas la extracción de información de los teléfonos celulares secuestrados en autos.
Concretamente, con el fin de “profundizar el conocimiento de los hechos que conforman el objeto procesal de [las] actuaciones”, en lo que aquí interesa, en el punto “f” de la providencia dictada en la fecha citada, el acusador público sostuvo: “(c)onsiderando los equipos de telefonía celular y demás elementos de almacenamiento digital secuestrados, en los términos de los arts. 212°, 222° y concordantes del CPPN, corresponde arbitrar los medios necesarios a los fines de obtener toda la información de interés contenida en los mismos, para su posterior análisis.- En ese marco, requiérasele al titular de la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional que, con carácter de muy urgente, disponga las diligencias pertinentes a esos fines, debiendo priorizar la extracción forense de los equipos de telefonía celular en un primer momento.- Asimismo, resulta pertinente solicitar al señor director de Antidrogas de la misma fuerza de seguridad que conforme una unidad de análisis para que, oportunamente, colabore con las autoridades de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos “Sáenz Peña” en el estudio de la información que sea obtenida y la vinculación que puedan tener con los hechos analizados en autos.- Previo a ello, notifíquese a las defensas en los términos de los arts. 258° y 259° del CPPN y, transcurrido el plazo de ley, líbrense las comunicaciones pertinentes, debiendo encomendarse al señor jefe de la Agrupación XVIII el traslado de los elementos en cuestión a la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional (…)”.
El 22 de septiembre de 2021, “(t)ras las notificaciones practicadas a las respectivas defensas y habiendo transcurrido el plazo previsto por el artículo 259 del CPPN sin que -conforme se desprende del sistema Lex 100- se haya propuesto perito alguno (…)”, el titular de la acción penal pública dispuso “librar los oficios dispuestos en el marco de estas actuaciones complementarias mediante decreto de fecha 9 de septiembre de 2021, comunicado oportunamente al señor Juez interviniente”. En ese sentido, dispuso librar “sendas comunicaciones al señor Jefe de la Dirección de Criminalística y Estudio Forense de la Gendarmería Nacional para dar inicio a los estudios ordenados y al señor Jefe de la Agrupación XVIII “Chaco” de la misma fuerza de seguridad en orden a que proceda al traslado d ellos aparatos de telefonía celular y demás elementos incautados, debiendo preservarse debidamente la cadena de custodia sobre tales efectos”.
Con motivo de aquel requerimiento, el Subalférez Nicolás Alejandro Fabián, Licenciado en Criminalística y con prestación de servicios en la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de la Agrupación XVII “Chaco” de Gendarmería Nacional, realizó, en carácter de perito actuante, los informes periciales nro. 99.473, 99.479, 99.481, 99.482, 99.483 y 99.484. En dichos informes se indicó el objeto del estudio realizado sobre los aparatos de telefonía celular incautados; los elementos de juicio recibidos para efectuar dicha tarea; el desarrollo y las operaciones realizadas; y las conclusiones a las que se arribó. Finalizada la labor encomendada, aquellos se elevaron a la Procuraduría interviniente.
Del análisis conglobado de la cuestión sometida a inspección bajo los lineamientos establecidos precedentemente, se advierte que la medida atacada no fue dispuesta por el juez interviniente sino que fue ordenada por el representante del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación cuya dirección le fue delegada en los términos del art. 196 del CPPN.
Ante ese escenario, es menester recordar que el párrafo primero de aquel articulado establece que “(e)l juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal, quien deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en la sección II del presente título [II] (…)”. Por su parte, el párrafo tercero estipula que “(l)os jueces (…) federales con asiento en las provincias (…) tendrán la misma facultad que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción (…)”.
En doctrina, se ha sostenido que “(l)a delegación no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final de temas puntuales (…)”; “(p)or el contrario, estarán a su cargo actos que le son propios e intransferibles, según lo establecen los arts. 210 y 213 [del CPPN](…)” (NAVARRO, Guillermo Rafael y DARAY, Roberto Raúl- Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial -Tomo 1-; Primera Edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pág. 491).
En esa línea, cabe memorar que en su sección II, el CPPN estipula que “el representante del ministerio fiscal procederá con arreglo a lo dispuesto por este Código para practicar las actividades a que lo faculta el artículo 196 y que le servirán de base a su requerimiento (artículo 347)” (art. 209); así como también establece que “(e)n el supuesto que el juez de instrucción proceda según el párrafo primero del artículo 196, (…) [aquel] representante (…) practicará los actos procesales que considere indispensables, salvo aquellos que la ley atribuye a otro órgano judicial” y que “(e)n este caso, los requerirá a quien corresponda” (art. 210; el subrayado me pertenece).
En cuanto a las facultades conferidas al representante del ministerio fiscal, el citado código precisa que “(e)n el plazo establecido para desarrollar la investigación (artículo 207), [aquel] (…) podrá citar a testigos (artículo 240), requerir los informes que estime pertinentes y útiles (artículo 222), disponer las medidas que considere necesarias en el ejercicio de sus funciones (artículo 120) y practicar las inspecciones de lugares y cosas (artículo 216) con la debida orden judicial de allanamiento en caso de ser necesario (…)”. En este punto, cabe mencionar que el artículo 222 establece que “(p)ara mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, el juez podrá ordenar todas las operaciones técnicas y científicas convenientes”.
Finalmente, dicho cuerpo legal prevé que “(e)n esta etapa, el representante del ministerio fiscal requerirá, bajo pena de nulidad, al juez (…) que practique los siguientes actos: (…) e) (t)odo acto no comprendido en el artículo 212, y que el Código Procesal Penal sólo faculte practicar a un juez” (art. 213).
Establecido lo expuesto, es menester destacar que la medida a través de la cual se dispuso la extracción de la información contenida en los equipos de telefonía celular secuestrados por medio de la cual, concretamente, se conocieron las comunicaciones telefónicas registradas por los imputados, no constituye, a mi modo de ver y en virtud de las especiales consideraciones efectuadas al inicio de este punto, una operación técnica (art. 222 del CPPN) ni ninguna de las medidas de las que el código ritual faculta a realizar sin orden judicial al representante del Ministerio Público Fiscal.
Ello por cuanto, una interpretación armoniosa del plexo legal vigente con las garantías constitucionales que preservan la intimidad conduce a sostener que, tratándose de información almacenada en aquellos aparatos y, en particular, de las comunicaciones electrónicas que éstos pudieran registrar, aún cuando tales dispositivos hayan sido secuestrados en el marco de un procedimiento válido dispuesto por la autoridad competente -en este caso, allanamientos-, la orden para su registro y conocimiento debe ser dictada por el juez.
En esa inteligencia, a la luz del marco normativo referenciado y frente al cuadro de situación antes descripto, se observa que la medida en cuestión no satisfizo el recaudo establecido por el art. 236 del CPPN, toda vez que se omitió dar intervención al juez -sujeto esencial de ese acto procesal- para su dictado. En esa línea, como se indicó, la realización de dicha medida no se halla entre las facultades que el código ritual le asigna al representante del Ministerio Público Fiscal en el marco de la delegación dispuesta en los términos del art. 196 del CPPN, sino que requiere el ejercicio de una función jurisdiccional, la cual sólo admite excepción en los casos y bajo las especiales condiciones estipuladas en el último párrafo del citado articulado, las que no concurren en el caso.
En tales condiciones, atento a la trascendencia sobre los derechos y garantías mencionados, entiendo que el planteo nulificatorio formulado debe tener favorable acogida (arts. 167, inciso 2º, 168 y 236, segundo párrafo, del CPPN).
En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del registro de los teléfonos celulares secuestrados en autos dispuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y excluir la información conocida a consecuencia de ello, de la que dan cuenta los informes precedentemente mencionados.
No obstante lo expuesto y a diferencia de lo alegado por la parte recurrente, se observa que la invalidez de la medida atacada -y, por tanto, la exclusión como prueba de los informes periciales mencionados- no conduce necesariamente a un cuadro de orfandad probatoria que imponga la absolución de los imputados, desde que en el sistema de nulidades es menester determinar si la evidencia adquirida de modo ilegítimo resulta ser el único elemento que vincule a aquel con el hecho ilícito; circunstancia que adelanto no ocurre en el presente caso, tal como se explicará más adelante.
c. Sentado lo precedente, en cuanto a la nulidad de la acusación fiscal por falta de fundamentación del pedido de pena, coincido, en lo sustancial, con las consideraciones efectuadas por el magistrado que lidera el Acuerdo, doctor Carlos A. Mahiques.
En efecto, las críticas formuladas ante esta instancia no solamente se tratan de una reedición de cuestionamientos anteriormente analizados y contestados por el tribunal a quo sino que, además, la parte recurrente no logra demostrar, ni del caso se advierte, el perjuicio que alega, ni la afectación a los derechos y garantías invocados.
A lo expuesto, cabe adunar que el planteo que en esta instancia se reedita se encuentra desprovisto de una fundamentación a través de la cual la impugnante se haga cargo de rebatir las argumentaciones brindadas por los sentenciantes en el fallo atacado.
En tales condiciones, al igual que magistrado preopinante, entiendo que el planteo debe ser desechado.
III. Que sentado lo expuesto, corresponde abordar los agravios vinculados a la arbitrariedad de la sentencia en lo atinente a la valoración de las pruebas que fue realizada por el tribunal para establecer la materialidad de los sucesos objeto de juzgamiento y al grado de responsabilidad en ellos de los imputados, así como también aquellos relativos a las calificaciones legales escogidas y la modalidad concursal establecida.
En esa directriz, cabe primeramente recordar que la legislación procesal impone a los magistrados del poder judicial la obligación ineludible de motivar sus decisiones. Ello ha sido receptado en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual establece que las sentencias deberán ser motivadas bajo pena de nulidad; a lo que se aduna lo estipulado en el artículo 404, inciso 2, de dicho cuerpo legal, en cuanto a que la sentencia será nula si faltare o fuere contradictoria la fundamentación. Al respecto, se destaca que motivar o fundamentar los decisorios judiciales implica establecer por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellos contienen.
En segundo término, deviene útil memorar que la hermenéutica de aquel código de rito se rige por la libertad de apreciación de la prueba según la sana crítica (artículos 206 y 398, segundo párrafo), lo cual implica que no existe regla alguna que imponga un modo específico de comprobar los hechos que constituyen el núcleo de la acusación, así como tampoco un número mínimo de elementos probatorios que deba recolectarse ni un valor en abstracto de cada uno de ellos.
Los magistrados integrantes del Tribunal cuentan con la libertad de admitir la prueba que tengan por útil y conducente a los fines del proceso, atribuyéndole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, el valor que asumen para la determinación de los sucesos materia de investigación. De esa manera, los sentenciantes se encuentran obligados a descartar la hipótesis acusatoria si no poseen certeza acerca de los hechos materia de imputación, en la medida que derive racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso (Fallos: 307:1456; 312:2507; 321:2990 y 3423).
En tercer lugar, cabe señalar que una correcta exégesis del recurso casatorio permite que este Tribunal examine el modo en que los jueces de la instancia anterior han valorado los elementos de prueba, advirtiendo como único límite aquellas cuestiones relacionadas directa y únicamente con la inmediación propia del juicio oral, materia que se halla vedada por su naturaleza irrepetible o irreproducible en esta instancia.
Con arreglo a tales criterios, se procederá al estudio del pronunciamiento atacado a la luz de los cuestionamientos esgrimidos.
En esa inteligencia, tal como se indicó en el punto II.b, la evidencia que a mi modo de ver fue adquirida de manera ilegítimo –puntualmente, los informes periciales que dan cuenta de las comunicaciones telefónicas registradas en los teléfonos celulares de los imputadosno resultan ser el único elemento que vincula a aquellos con los hechos ilícitos materia de juzgamiento.
En efecto, se advierte que, excluidos aquellos elementos de prueba, el resto del plexo probatorio ponderado en la sentencia por el tribunal de juicio permitió verificar la materialidad de los sucesos objeto de reproche.
En esa línea y tal como mencionara detalladamente el colega preopinante, se observa que el tribunal a quo no sólo meritó la declaración de Leal -puesto en crisis por los recurrentes- sino también los testimonios brindados por distintos funcionarios que fueron contestes con aquella versión, las manifestaciones de los testigos civiles y demás prueba documental; entre otros elementos probatorios.
En este punto, se advierte que el decisorio se encuentra fundado y que las alegaciones de las defensas aparecen como reediciones de cuestiones que han sido debidamente tratadas por los sentenciantes, lo cual evidencia que aquellas únicamente trasuntan una disconformidad con lo resuelto.
A partir del plexo probatorio que por fuera de los informes periciales en cuestión ha sido ponderado por el tribunal de juicio, coincido con el colega preopinante en cuanto a que de la reiteración y modalidad común de operativos de prevención fraguados y similares desde enero a julio de 2021 se desprende un proceder acordado, previamente trazado, el cual evidencia una habitualidad. El razonamiento seguido por el tribunal a quo para establecer la materialidad de los hechos, la participación y responsabilidad en ellos de los imputados, así como también las calificaciones legales escogidas y su modalidad concursal, está exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica, pues - exclusión mediante de los informes periciales en cuestión- el restante plexo probatorio producido y valorado configura un cuadro cargoso contundente y suficiente para alcanzar la certeza apodíctica que exige un pronunciamiento de condena y, correlativamente, desvirtuar la presunción de inocencia de la cual gozaron los imputados durante la sustanciación del proceso (art. 3 del CPPN). En esa línea, comparto los fundamentos brindados por el colega que me precede en el orden de votación que lo condujeron a descartar los cuestionamientos vinculados a la calificación legal, la modalidad concursal y la alegada afectación a la garantía del ne bis in idem; con relación a los cuales se advierte que los recurrentes limitan la expresión de sus agravios a una divergencia con la interpretación dada por el tribunal a quo y, por tanto, aparecen como juicios discrepantes del decisorio cuya impugnación postula.
Asimismo, entiendo que la arbitrariedad alegada se encuentra desprovista de todo sustento. Ello es así ni bien se observa que el tribunal de la instancia previa realizó un tratamiento concreto y pormenorizado sobre las particularidades de los hechos juzgados y descartó las diferentes defensas articuladas en favor de los imputados a través de un razonamiento lógico y crítico de los distintos elementos de prueba incorporados al legajo en punto a los aspectos antes indicados.
En función de lo expuesto, concluyo que la revisión del pronunciamiento atacado evidencia que las condenas constituyen una derivación necesaria y razonada de los elementos probatorios incorporados al debate y de la aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que las partes hayan logrado demostrar la existencia de vicios que impidan considerarla como un acto jurisdiccional válido (cfr. CSJN, Fallos: 327:3913; 303:888 y 303:509, entre otros).
En tales condiciones, corresponde descartar los agravios deducidos por las partes recurrentes que fueron objeto de análisis en el presente acápite.
IV. Que de igual modo, coincido con el magistrado que inaugura el presente Acuerdo en que el examen de la sentencia permite advertir que ésta cuenta con fundamentos suficientes en torno a la determinación del quantum punitivo impuesto a los recurrentes Julio César Perdaza, Enzo Gabriel Aguirre y Julián Matías Morinico respecto de los hechos corroborados en el caso.
En efecto, los montos de pena impuestos no lucen desproporcionados ni irrazonables ante la naturaleza de la acción desplegada por los acusados y los medios empleados, así como también han sido determinados con la debida consideración de sus circunstancias personales; todo ello con ajuste a las directrices establecidas por los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Por lo expuesto, los cuestionamientos introducidos por las partes en este punto deben ser desechados.
V. Que, en virtud de las razones brindadas, propongo al Acuerdo: I) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julián Matías Morinico, únicamente en punto al agravio relativo a la nulidad del registro de los teléfonos celulares secuestrados en autos dispuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal el 9 de septiembre de 2021 y a la exclusión de la información conocida a consecuencia de ello, de la que dan cuenta los informes nro. 99.473, 99.479, 99.481, 99.482, 99.483 y 99.484(arts. 167, inciso 2º, 168 y 236, segundo párrafo, del CPPN) y RECHAZAR dicha impugnación respecto a los restantes agravios allí deducidos; sin costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN); II) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julio César Perdaza, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN); III) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Enzo Gabriel Aguirre, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN); y IV) TENER PRE- SENTE las reservas del caso federal efectuadas.
Tal es mi voto.-
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Que, por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones vertidas por el colega que lidera el Acuerdo, Carlos A. Mahiques, en virtud de las cuales estimó que corresponde rechazar los agravios relacionados con la denegatoria de la nulidad del alegato fiscal, con la valoración de la prueba, con la calificación jurídica aplicada y con el quantum de la pena impuesta –apreciaciones que ya cuentan, a su vez, con el aval del colega que nos precede en el orden de la votación, Daniel Antonio Petrone- hemos de compartir la solución propuesta de rechazar los recursos de casación interpuestos por las respectivas defensas particulares de Julián Matías Morinico, Julio César Perdaza y Enzo Gabriel Aguirre, con costas (cf. arts. 470 y 471 –ambos a contrario sensu-, 530 y ccds. del CPPN).
De otra parte, llamados a dirimir la cuestión acerca de la validez de las pericias practicadas sobre los teléfonos incautados en el marco del presente proceso, atento las particulares circunstancias del caso, hemos de adherir en lo sustancial a los fundamentos y a la solución propuesta por nuestro colega que lidera el Acuerdo, Carlos A. Mahiques.
En suma, pues, proponemos al Acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. CPPN).
Tal es nuestro voto.
En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal,
I. RECHAZAR, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julián Matías Morinico, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN);
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Julio César Perdaza, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN);
III. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Enzo Gabriel Aguirre, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ccds. del CPPN); y IV) TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (CSJN, Ac. Nº 10/2025) y remítase al tribunal de procedencia mediante pase digital. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
Fin de la sentencia