Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120749
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Negri, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.749, "Losinno, María de las Mercedes contra Antonelli, Marta Beatriz y otro. Pérdida de vocación hereditaria".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores confirmó la sentencia del juez de grado quien, a su turno, desestimó la acción de pérdida de vocación hereditaria incoada por la señora María de las Mercedes Losinno contra la señora Marta Beatriz Antonelli y el señor José Luis Cajda (v. fs. 1.435/1.442 vta.).
Se interpusieron, por el letrado apoderado de la actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.451/1.480 vta. y 1.482/1.530).
Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso contrario:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, en el marco de una acción de pérdida de la vocación hereditaria incoada por la señora María de las Mercedes Losinno contra la señora Marta Beatriz Antonelli y el señor José Luis Cajda, rechazó la pretensión de revocación por ingratitud de los actos jurídicos realizados a favor de los demandados, por quien -en vida- fuera el hermano de la actora (v. fs. 1.326/1.351).
A su turno, la Cámara de Apelación departamental confirmó la sentencia cuestionada, en el entendimiento de que no observó constituidas las injurias graves que la norma sustantiva requiere (v. fs. 1.435/1.442 vta.).
II. La legitimada activa frente a este último pronunciamiento se alza mediante la vía extraordinaria de nulidad, por la cual denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial (v. fs. 1.451/1.480 vta.).
Manifiesta que el Tribunal de Alzada ha incurrido en omisión de cuestión esencial, al no tratar planteos oportunamente efectuados en el escrito postulatorio y en la expresión de agravios.
Alega que no obstante la abundante prueba reunida en la causa, la sentencia de la instancia incurrió en absurdo y arbitrariedad rechazando la demanda, aduciendo que los accionados no tuvieron responsabilidad alguna en la falta de atención médica ni en su deceso.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Ha dicho esta Corte que las cuestiones esenciales son aquellas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales (causas C. 103.206, "Carrara", sent. de 14-IX-2011; C. 116.525, "Gallegos de Sandoni", sent. de 12-III-2014 y C. 118.950, "Consorcio de Propietarios del Edificio calle 45 nro. 867 de La Plata", sent. de 5-X-2016).
En autos los tópicos denunciados como omitidos y que fueran reseñados ut supra no poseen aquella condición, en tanto constituyen argumentos de hecho que la actora ha traído en apoyo de su posición.
En este sentido, no resulta ocioso recordar que los argumentos de derecho o de hecho en los que las partes sustentan sus pretensiones no revisten el carácter de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todas las cuestiones esenciales no conlleva la de seguir a las partes en todas sus argumentaciones (causas C. 91.629, "Sánchez Escudero", sent. de 13-IV-2011 y C. 118.950, cit.).
III.2. Por otra parte, la alegada configuración del supuesto de absurdo y arbitrariedad de sentencia (v. fs. 1.455 vta.) no son temas que puedan someterse a juzgamiento dentro del recurso extraordinario de nulidad, en tanto son propios del de inaplicabilidad de ley (causas Ac. 84.326, "G., N. A.", sent. de 7-IX-2005; C. 107.914, "Soficlar S.A.", resol. de 16-III-2011; C. 118.991, "Bruch", resol. de 4-VI-2014; C. 118.096, "Deltano S.A.", sent. de 1-VI-2016; etc.).
IV. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, corresponde rechazar la vía anulatoria interpuesta, con costas (arts. 68 y 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La señora María de las Mercedes Losinno promovió demanda de revocación por la causal de ingratitud de los actos jurídicos que su hermano fallecido, Carlos Mario Losinno, habría realizado en vida a favor de Marta Beatriz Antonelli y José Luis Cajda, contra quienes dirigió la acción.
Puntualmente solicitó la revocación de la donación gratuita de la nuda propiedad -escritura n° 39 de fecha 7 de mayo de 2010 y del testamento por acto público otorgado por escritura n° 163 de fecha 17 de octubre de 2008-, cesión de hacienda y de boleto de marca y/o señal, como cualquier otro derecho patrimonial que hubiera sido objeto de liberalidades.
Fundó esta petición en lo que calificó como actitudes indignas de la señora Antonelli y el señor Cajda para con su hermano, como ser la falta de asistencia médica que necesitaba el fallecido por sus problemas de salud, la actitud omisiva de los demandados que tuvo como consecuencia el avance incontrolado de la enfermedad y, por último, la falta de tratamiento que lo llevó -a su entender- a la muerte.
I.2. Los legitimados pasivos contestaron la demanda negando categóricamente cada uno de los hechos y solicitaron el rechazo de la pretensión y la imposición de costas a la contraria.
Manifestaron que su accionar fue el "propio de la gente del interior bonaerense: amplio, generoso, solidario, fraterno con un anciano desvalido", con carencias materiales y espirituales graves, que necesitaba de atención y que gracias a la humanitaria acción de los mismos pudo transitar de la mejor manera posible por la etapa final de su vida, evitando la internación en un asilo de ancianos.
Asimismo, señalaron que Losinno se encontraba distanciado de su hermana, con la que llegó a dirigirse por medio de cartas documento. Expresaron que no hubo injuria alguna ni falta de cuidados o de alimentos, considerando que no había motivo alguno para que la demanda prosperara.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, después de ponderar las pruebas producidas en los obrados, rechazó la demanda por revocación de donación, testamento y demás liberalidades en el entendimiento de que la actora no probó la situación de abandono, falta de cuidado u omisión que diere lugar a una situación de ingratitud y consiguiente revocación de las generosidades (v. fs. 1.326/1.351).
III. A su turno, la Cámara departamental confirmó lo así decidido (v. fs. 1.435/1.442 vta.).
Para ello sostuvo que "...analizadas las constancias de la causa, advierto que en el caso no se configura el supuesto de injurias graves invocadas por la actora, en tanto no se ha logrado acreditar abandono alguno, desinterés, falta de cuidado en la salud u omisión que diere lugar a la situación de ingratitud por parte de los demandados hacia el donante" (fs. 1.438 vta.).
IV. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora, por apoderado, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia violación a los arts. 34 incs. 4 y 6, 36 inc. 2, 163 inc. 5, 164, 266, 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1.858 inc. 2, 1.860 y 3.843 inc. 2 del anterior Código Civil; 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y doctrina legal que cita. Asimismo, alega absurdo en la valoración de la prueba y vulneración al principio de congruencia (v. fs. 1.482/1.530).
Manifiesta que la valoración realizada de la historia clínica es descalificable por absurda, ya que la misma indica que el señor Carlos Mario Losinno ingresó de urgencia al Hospital de Ayacucho en estado de salud deplorable e irreversible, con indicios de haber desarrollado un cuadro grave con anterioridad, presente al momento de su internación y que mantuvo relación con la muerte del mismo.
Aduce que la sentencia también incurre en absurdo cuando afirmó que el fallecido vivió siempre en un medio rural y que contaba con un escaso nivel de educación, como también cuando afirmó que los demandados habían poseído una vida forjada en el mismo ámbito rural y con similar nivel socio cultural que su hermano y el desagrado o la aversión a consultar a profesionales médicos, prefiriendo recurrir a curanderos. Todo ello, en abierta contradicción con constancias fehacientes de la causa que demuestran lo opuesto.
Expresa, además, que de las constancias de autos -contestación de demanda e informes de los doctores Pagani y Dávila- su hermano se encontraba mal alimentado, lo que lo llevó a su desenlace final trágico.
Por otro lado, alega que el Tribunal de Alzada ha omitido tratar una cuestión esencial que es el aislamiento y separación respecto de la actora, familiares y amigos en que los accionados colocaron al señor Losinno, quedando éste en el campo a merced de ellos y sin contar con medio alguno para comunicarse ni movilizarse hacia la ciudad (conforme lo dicho por los testigos) y, más aún, después de la venta del vehículo. Consideró que esta cuestión es esencial a la hora de valorar la responsabilidad de los demandados en el deterioro y gravedad del estado de salud y su falta de tratamiento, siendo los únicos que estuvieron en contacto con el mismo y observaron los signos externos del deterioro que sufría su hermano.
Por último, concluye que de los contenidos volcados en los cuestionamientos surge palmariamente demostrado que todas las omisiones y acciones de los demandados desembocaron en la muerte injusta y prematura de Losinno ya que -considera-, con los cuidados adecuados a su edad y estado, su vida se pudo haber prolongado con dignidad.
V. Esta impugnación tampoco merece ser atendida.
V.1. Ha dicho esta Corte -en forma reiterada- que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa un aserto cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. C. 95.063, "Racing Club Asociación Civil", sent. de 22-XII-2008; C. 96.918, "Dalul", sent. de 25-II-2009 y C. 120.100, "Colman", sent. de 28-XII-2016), tal como, se adelanta, se verifica en el caso (art. 279, CPCC).
El Tribunal de Alzada, luego de analizar las constancias obrantes en el sub lite , concluyó que no se observó la constitución de las injurias graves que la norma sustantiva requiere para configurar la causal de ingratitud que persigue la actora, por lo cual sostuvo que la demanda estuvo bien rechazada y, en consecuencia, confirmó la sentencia del magistrado de grado (v. fs. 1.437/1.442 vta.).
Para así decidir y, en lo que aquí interesa destacar en atención al remedio extraordinario interpuesto, sostuvo que:
i. de los testimonios ofrecidos por ambas partes surgían no más que muestras de acompañamiento de los demandados hacia Losinno al mejorar su nivel de vida, dispensándole un trato cordial y atendiendo sus necesidades básicas;
ii. se trataba de un hombre con desagrado o aversión a consultar profesionales médicos, prefiriendo a curanderos;
iii. no se ha demostrado que ingresara al hospital con un estado de salud "deplorable o irreversible con indicios de haber desarrollado un cuadro grave con anterioridad, evidente a los ojos de los demandados" y, por ende, que sea imputable a éstos una eventual omisión en el cuidado;
iv. los donatarios no debieron saber los problemas de salud, por lo que no se puede acreditar al respecto el abandono alegado sino, por el contrario, fueron ellos quienes efectivamente lo llevaron al hospital ante la descompensación, sin perjuicio del desenlace que la misma tuvo con posterioridad, una vez ya internado aquél;
v. la accionante intentó fraccionar la prueba rendida, a la vez que extrajo de contexto muchos de los pasajes que transcribió en sus agravios, paralelando la sentencia y teniendo por probada su propia versión de los hechos con la prueba aportada únicamente por esa parte; y
vi. pese a la obligación legal que sobre la actora pesaba, ésta no ha desarrollado ninguna actividad útil a fin de lograr demostrar la versión de los hechos que formulara al interponer la acción, conforme el principio de la carga de la prueba que establece el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1.435/1.442 vta.).
Entiendo que los sólidos fundamentos desplegados por el Tribunal de Alzada, enfrentados con los argumentos expuestos por la recurrente (v. fs. 1.483/1.507), quedan intactos, pues nada hay en el recurso que permita vislumbrar que se haya configurado el vicio denunciado en autos (arts. 279, 384, 456 y 474, CPCC).
Al respecto, esta Corte ha dicho que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (causas C. 107.330, "Violante", sent. de 27-IV-2011; C. 99.762, "Fepetrol S.A.", sent. de 13-VII-2011 y C. 120.100, cit.), tarea no cumplida por quien recurre, lo que conduce -como se adelantara- al rechazo de esta parcela del remedio (art. 279, CPCC).
En ese sentido, vale recordar que la sola disconformidad con los fundamentos expuestos en la sentencia en embate, no constituye base idónea de agravios ni configura el absurdo que da lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, pues sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de las cuestiones de hecho y prueba (doctr. C. 118.313, "Daulias S.A.", sent. de 13-IX-2017; C. 117.867, "Cejas", sent. de 1-VII-2015 y C. 117.158, "Perú", sent. de 2-VII-2014).
Lo expuesto, como se dijo, basta para rechazar esta porción recursiva y autoriza a descartar, también, los quebrantamientos normativos endilgados (conf. art. 279, CPCC).
V.2. La impugnante, asimismo, esgrime que el Tribunal de Alzada -al tiempo de resolver- omitió tratar la cuestión esencial referente al aislamiento en que los demandados colocaron al señor Losinno (v. fs. 1.500/1.501 vta.).
Al respecto, cabe señalar que, descartando su invocado carácter esencial -como fuera resuelto al rechazar el recurso extraordinario de nulidad-, su consideración como "argumento de hecho" tampoco puede prosperar en tanto ha sido planteado de modo insuficiente en términos de absurdo y arbitrariedad, vicios que la interesada no logra evidenciar (v. fs. 1.483, 1.500/1.501).
Sabido es que para revisar las cuestiones de hecho es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión del impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Con lo cual cabe desestimar -también- esta parcela del embate (art. 279, CPCC).
V.3. Tampoco merece acogida la alegada violación al principio de congruencia, circunstancia que la recurrente entiende configurada al atribuirle a la Cámara otra conducta reprochable, cual es: la omisión de resolver los planteos efectuados en la expresión de agravios, referentes a la contradicción de lo afirmado en el fallo y las pruebas allí citadas (v. fs. 1.491 y vta., 1.493, 1.496 vta., 1.498, 1.500 y 1.501 vta.).
Nuevamente la quejosa confronta la decisión de la Cámara, pero sin lograr demostrar la infracción que pretende (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Pues bien, en relación a la pauta procesal mencionada, esta Corte ha afirmado que los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 164 del Código Procesal Civil y Comercial consagran el principio de congruencia, base de nuestro ordenamiento jurídico adjetivo, que se deriva a su vez del sistema dispositivo. Puede definírselo como la conformidad que ha de existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto. Dicho de otro modo, desde el punto de vista intrínseco, las decisiones positivas y expresas contenidas en la sentencia -acto que resume la función jurisdiccional- deben estar en relación directa con las acciones deducidas en juicio y con arreglo a las causas invocadas (doctr. C. 92.229, "Michat", sent. de 13-XII-2006; C. 99.508, "Rosiere", sent. de 11-VI-2008; C. 102.310, "Pacheco", sent. de 27-IV-2011 y C. 109.879, "Consorcio de Propietarios del Complejo Edificio Bristol Center", sent. de 15-VII-2015).
Partiendo de esta premisa, cabe decir que tal infracción se configura cuando se evidencia que lo decidido transita sendas diversas respecto de las manifestaciones vertidas en la demanda y su responde (doctr. C. 92.067, "Marinaro", sent. de 14-IX-2011 y C. 109.879, cit.).
El pretender justificar los agravios en una supuesta violación de la congruencia supone, sin más, desentenderse de los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada. Se juzgó que no se observaron constituidas injurias graves. Y tal evaluación y juzgamiento, como típica cuestión de hecho, queda exenta de la revisión por parte de este Tribunal.
Corresponde, entonces, desestimar la impugnación de la recurrente desplegada en cuanto a las violaciones al principio de congruencia y del art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial que denuncia, en razón de la insuficiencia que porta su embate (art. 279, CPCC).
V.4. Igual suerte adversa merecen los ataques vinculados con la endilgada transgresión a garantías constitucionales, pues tampoco se logra demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos que se dicen conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte (conf. doctr. C. 119.896, "Serial", sent. de 14-XII-2016 y C. 118.885, "Del Pino", sent. de 12-VII-2017).
V.5. Finalmente, resulta inhábil la esbozada violación de doctrina legal, ya que ha manifestado este Superior Tribunal que es carga específica del atacante denunciar aquella que reputa violada o erróneamente aplicada, mención que tiene que ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicho quebrantamiento o yerro se produjo (conf. doctr. causas C. 110.897, "Otamendi", sent. de 3-XII-2014 y C. 119.090, "Todoro", sent. de 21-IX-2016), actividad esta última soslayada por quien aquí recurre que habilita a desechar esta parcela del canal intentado.
VI. Por ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (arts. 68 y 289, CPCC)
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria , por los mism
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