Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2586/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1195265-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1293902-2024.-
2Hacer saber al letrado patrocinante de la actora, Dr. Arturo Raúl Sabbatella, lo expuesto en el considerando III.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2586/24-TSJ Interlocutorio N°: 3834 Actor: PEREA VICENTE RAMÓN Demandada: SWISS MEDICAL ART S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 18-10-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3834 FOLIO Nº 7010/7013 PROT. ELECT. TSS1 048 I.241
Río Gallegos, 18 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “PEREA VICENTE RAMÓN c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº P-37.369/19 (P-2586/24-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el Sr. Vicente Ramón Perea, con el patrocinio letrado del Dr. Arturo Raúl Sabbatella (cfr. PE1195265-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1175188-2023 que confirmó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia.- A su turno, este último decisorio había hecho lugar a la demanda laboral incoada declarando la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 22 de la Ley N° 24.557, Decreto N° 717/96 y artículo 20 de la Ley N° 27.348; y abstracto el planteo de inconstitucionalidad del artículo 46, apartado 1, de la Ley N° 24.557 y del Decreto N° 1278/2000. Desestimó los planteos de inconstitucionalidad de los Decretos Nº 1278/00 y 410/01, artículo 50 de la Ley N° 24.557, artículo 9 de la Ley N° 26.773, artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928 y artículo 4 de la Ley N° 25.561; rechazó la aplicación al caso del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669/19 por extemporánea e hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor condenando a la accionada al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del artículo 14, apartado 2°, inciso a) de la Ley N° 24.557, por la incapacidad sufrida del 27.7 por ciento de la total obrera como consecuencia del accidente laboral ocurrido el día 17 de octubre de 2016 (cfr. PE800055-2023).-
II. Contra esa decisión, la parte actora interpuso recurso de casación con fundamento en la: “...violación de la ley conforme el art. 3º, inciso a) y b) del Libro i (sic), Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Art. 103º bis de la Ley 1.444 (art. incorporado por Decreto 1.734/88) y ley 1.687, y en el canal impugnativo de la doctrina de la arbitrariedad ley (sic) o doctrina legal ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.” (cfr. PE1195265-2023, pág. 1).- En cuanto al agravio concerniente a la violación de la ley, luego de explayarse sobre la eficacia temporal de las normas conforme lo prescripto por el artículo 7 del CCyCN, expresa el casacionista que: “Siendo la cuantificación del daño una consecuencia del daño y no el daño mismo, dicha cuantificación deberá resolverse aplicando las normas vigentes al momento de dictarse sentencia […] En los términos del Art. 7 CCC, entonces, los intereses constituyen consecuencias (en este caso, la indemnización debida por la mora) de hechos anteriores (la mora misma), y por lo tanto deberán juzgarse por las normas vigentes al momento de dictar sentencia, en razón de no tratarse de situaciones agotadas a dicho momento.
No olvidemos que en todo sistema jurídico protectorio siempre se debe aplicar la norma y la interpretación más favorable al sujeto protegido.” (cfr. PE cit., págs. 4/5).- Respecto al principio de congruencia, aduce el recurrente que: “En la demanda promovida, el accionante contempló el expreso pedido de condena al pago de intereses sobre la indemnización reclamada…La Cámara confunde, la doctrina reiterada del Cimero Tribunal provincial que si el rubro intereses no fue objeto de petición en la demanda, no puede condenarse a la accionada a cumplir una obligación que no integra la litis, ya que afectaría el principio de congruencia en su vinculación con el derecho de defensa en juicio…el supuesto reclamado es la aplicación de norma de orden público vigente (art. 770 inc.
B del CCyC) ante el categórico inocultable requerimiento expreso que muestra la apuntada pieza postulatoria…no se violenta el principio procesal de congruencia, corresponde incluirlos de oficio en la condena la disposición normativa del art. 770 inc B del CCyC…” (cfr. PE cit., pág. 5).- Por último, precisa el actor que: “…si en la demanda se han reclamado los 'intereses', ha de entenderse que el actor reclama la capitalización de intereses y que el deudor así debió entenderlo al anoticiarse del reclamo. A ello debo añadir que no puede interpretarse que el acreedor ha renunciado a parte de sus derechos, siendo que toda renuncia debe ser expresa. En virtud de todo lo expuesto solicito, se revoque, se corrija y rectifique la sentencia definitiva dictada por el Juez a quo, en virtud de la ausencia de aplicación de la capitalización semestral conforme la aplicación del art 770 Inc.
B del Código Civil y comercial (sic) de la Nación.” (cfr. PE cit., pág. 7).- Cita abundante doctrina y jurisprudencia en sustento de sus planteos casatorios.-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1293902-2024.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE821431-2024.-
III. Liminarmente, advertimos que el recurso de casación en estudio adolece, al menos en su apartado VI -Petitorio-, de una cuestionable labor profesional por parte del letrado patrocinante del recurrente.-
Así, el escrito recursivo en su acápite VI, incisos b) y d), reza que: “Se conceda el recuso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y absurdo en la apreciación de las pruebas, para ante (sic) la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires […] d) Solicito a la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que, en su momento, resuelva casar la sentencia dictada por el Tribunal del Trabajo…” (cfr. PE1195265-2023, pág. 8).- En efecto, la transcripción efectuada pone en evidencia la inexcusable ligereza con la que el letrado patrocinante de la parte actora encaró su actuación ante esta instancia extraordinaria, advirtiéndose, lisa y llanamente, una reprochable maniobra de copiado y pegado en el escrito portador del recurso a partir de una presentación correspondiente a otra jurisdicción.-
Por lo expuesto, corresponde advertir al Dr. Arturo Raúl Sabbatella para que en lo sucesivo ajuste su labor profesional a la alta función que tiene encomendada.-
IV. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670, entre otros).- Y también que: “Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3809, Folio 6928/6930, entre otros).- A la luz de todas estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE1195265-2023 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
V. En lo tocante a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada por el casacionista, debemos reiterar que resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823, entre otros), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.-
En efecto, si bien se mencionan distintas normas presuntamente conculcadas por la Cámara de Apelaciones (vgr. arts. 7 y 770 inc. b) del CCyCN), no se intenta una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente se denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia atacada.- Por el contrario, se advierte que el casacionista pretende discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que el Tribunal de Alzada debió fallar. No obstante, omite estructurar un desarrollo argumental que visibilice nítidamente un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial atacado.-
Así, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia recurrida lo que conduce, inexorablemente, a la inviabilidad formal del embate casatorio.-
VI. Igual suerte sigue el planteo efectuado por el recurrente relativo a la supuesta violación en que habría incurrido la sentencia de Cámara respecto a la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia.-
En dicho sentido, la violación de la doctrina legal se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.-
Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...'...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...'…” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521; Interlocutorios, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049, XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370, entre otros).- Ahora bien, el recurrente ni siquiera individualiza cuál sería el precedente de este Alto Cuerpo que entiende vulnerado por la sentencia atacada, extremo este que sella desfavorablemente el planteo efectuado.-
VII. En cuanto a la arbitrariedad denunciada, emparentada con la ausencia de violación del principio de congruencia, advertimos que la parte recurrente se limita en tildar de arbitraria la sentencia de Cámara en virtud de que esta última se enrola en una línea jurisprudencial contraria a su pretensión.-
En ese sentido, este Alto Cuerpo ha dicho que: “…'…la adhesión a una teoría no implica -en principio- el haber incurrido en arbitrariedad; máxime cuando numerosa doctrina y jurisprudencia son contestes con la misma...' (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157; Tomo XII, Sentencia, Reg. 418, Folio 2282/2288), también dijo este Tribunal: '...si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencia no habilita 'per se', la admisión de su queja...' (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 398, Folio 2154/2157).” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 500, Folio 2760/2773, entre otros).- En ese mismo carril, este Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: “…también ha dicho la CSJN '... '…si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad…' (Fallos: 237:69) que '…no cubre los supuestos de error... en la interpretación del derecho…' (237:74) toda vez que '...la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función...y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar…' (237:142) (Citado por Genaro Carrió 'Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria' T. I págs. 29/30)...' (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 523, Folio 2940/2946).” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 570, Folio 3242/3247).- En consonancia con lo expuesto, debemos señalar que la fundamentación de la sentencia atacada resulta compatible con la postura jurisprudencial sostenida en el voto mayoritario del mismo precedente citado por el actor en su recurso y, consecuentemente, la arbitrariedad denunciada no puede prosperar. (cfr. Cámara Segunda de Apelaciones, Sala Primera, autos: “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Izquierdo García Marco Antonio s/ Cobro ejecutivo”, causa: 134555. Voto del Dr. Sosa Aubone -mayoría-. La Plata, Prov. de Bs. As., 24 de octubre de 2023).-
VIII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1195265-2023 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1293902-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1195265-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1293902-2024.-
2. Hacer saber al letrado patrocinante de la actora, Dr. Arturo Raúl Sabbatella, lo expuesto en el considerando III.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1048I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3834 Folio N°: 7010/7013 Secretaría: 1
Fin de la sentencia