Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2586/247-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el Sr. Vicente Ramón Perea en PE1616256-2024, ESC00396415.pdf y ESC00396414.pdf.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2586/247-TSJ Interlocutorio N°: 494 Actor: PEREA VICENTE RAMÓN Demandada: SWISS MEDICAL ART S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 04-04-2025 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 494 FOLIO Nº 1873/1876 PROT. ELECT. TSS1 002 O.251
Río Gallegos, 4 de abril de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “PEREA VICENTE RAMÓN c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº P-37.369/19 (P-2586/24-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara el Sr. Vicente Ramón Perea, con el patrocinio letrado del Dr. Arturo Raúl Sabbatella, en PE1616256-2024, ESC00396415.pdf y ESC00396414.pdf, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE1594505-2024, por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera en PE1195265-2023.-
El presentante funda su recurso en el artículo 14 de Ley Nº 48 y en la causal de arbitrariedad (cfr. PE1616256-2024, ESC00396415.pdf, págs. 1 y 3).-
Luego, expone el cumplimiento de los requisitos que hacen a la procedencia del recurso extraordinario federal (cfr. PE y pdf, cits. págs. 3/11).-
En cuanto a la crítica de la resolución recurrida, dice que: “La sentencia puesta en crisis, prescinde de texto legal aplicable -art. 770 inc. B CCyCN-. Conforma un supuesto de arbitrariedad normativa, ya que se prescinde u omite de lo preceptuado en la disposición legal que es de orden público. Tal prescindencia implica un error de derecho, que hace funcionar la descalificación por arbitrariedad […] esta parte alega la causal de arbitrariedad de la sentencia, expresando que se encuentran afectados en forma directa los Arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la C.N. La resolución puesta en crisis adolece de los siguientes defectos legales, la decisión exhibe una evidente arbitrariedad al prescindir de una norma vigente (art. 770 inc. B CCC).” (cfr. PE y pdf cits., págs. 12/13).-
Indica que: “En la demanda planteada, el juez de primera instancia resuelve no llevar a cabo la capitalización de intereses tal como lo dispone el art. 770 inc. b del CCC, tomando la decisión expresa de no aplicar el texto legal vigente, prescindiendo con ello además de una norma de orden publico (sic). A dicha arbitrariedad debemos sumarle que luego, la Cámara de Apelaciones confirma lo resuelto por el a quo y, como epilogo (sic) de la arbitrariedad, el STJSC (sic) entiende que no hay arbitrariedad.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 13.).-
Agrega que: “…los magistrados actuantes incurrieron en una confusión en lo que respecta a dos institutos sumamente relevantes del derecho: El principio de congruencia -por un lado-, y el iura novit curia -por el otro-[…] el argumento que han esbozado las diversas instancias en el presente caso, en donde se excusaban de no aplicar el texto legal del art. 770 inc. b CCC, con motivo de que no fue solicitado por esta parte carece de sustento, toda vez que se trata de una norma imperativa de orden público que se encuentra vigente[…]En la demanda lo que se discute es el método de actualización del crédito que debe percibir el actor, lo cual forma parte del thema decidendum, por lo que corresponde que los jueces resuelvan aplicando el principio iura novit curia.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 14/15).-
Postula que: “…el mencionado rubro intereses no solo fue incluido en forma expresa en el escrito inicial de demanda… sino que los mismos fueron también el motivo de agravio que fundaron y sustentaron los sucesivos recursos interpuestos por esta parte…al haber reclamado dichos intereses desde el inicio, ello ha de entenderse que el actor reclama también su capitalización y que el deudor, al momento de anoticiarse de este reclamo, debió entenderlo así[…]el principio procesal de congruencia no se encuentra violentado, por tratarse de un supuesto de derecho en el que entra en juego únicamente la aplicación de una norma vigente, la cual corresponde se incluya de oficio en la condena, como derivación de la aplicación del principio iura novit curia.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 16).-
Afirma que: “Frente a los desajustes y variaciones económicas y financieras observables en nuestra realidad economía (sic), y por requerimiento expreso del actor, y en marco del iura novit curia, se torna necesario que los magistrados resuelvan aplicando el art. 770 inc. b CCyCN[…]Es necesario a la hora de resolver el caso, ponderar las variables de la economía y ello además exige a la par indagar si media una afectación al núcleo esencial de los derechos tutelados por el ordenamiento.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 18/19).-
Cita jurisprudencia del máximo Tribunal Federal referente al principio iura novit curia, enfatizando el deber de los jueces en la aplicación del derecho a los supuestos fácticos alegados, con prescindencia de las normas invocadas por las partes y aún ante el silencio de éstas (cfr. PE y pdf cits., pág. 21).-
Posteriormente, se ordena correr traslado del recurso extraordinario a la parte contraria, quien debidamente notificada, no lo contesta (cfr. PE976953-2024).-
Corrida la vista al Sr. Agente Fiscal ante este Excmo. Tribunal Superior, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “…la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1672840-2024, pág. 4).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE1007502-2024.-
II. Ahora bien, analizando la presentación del Sr. Vicente Ramón Perea y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nº 38/2011 y Nº 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente no dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, ya que, si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que no lo ha deducido en tamaño A4.- Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, dado que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y no excede los renglones permitidos por la normativa citada (cfr. art. 1º del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º; incumpliendo los requisitos establecidos en los incisos d), f), y parcialmente el inciso i) del citado artículo. Ello así, en tanto y en cuanto se omite constituir domicilio electrónico, no se individualiza correctamente la decisión contra la cual se interpone el recurso. Respecto al inciso i), se omite indicar los precedentes de la Corte Nacional sobre el tema.-
No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado -a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011 (cfr. Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exige el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2011, pág. 107).-
Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cits., págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, según considera, se debería haber resuelto, por aplicación de principio iura novit curia, en la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.-
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).-
El recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. PE y pdf cits., pág. 1) sin especificar acabadamente, más allá de la mención inserta en el petitorio, en cuál de sus incisos. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una Ley del Congreso (art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14, inc. 2º de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora (cfr. PE1594505-2024).- Asimismo, resulta importante destacar que a lo largo del recurso extraordinario el recurrente manifiesta su disconformidad con lo decidido por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial sin lograr rebatir el desarrollo argumental expuesto en la resolución impugnada que fuera dictada por este Alto Cuerpo y mucho menos intentar vincularlo con la cuestión federal que se invoca.-
Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas.” (cfr. inc. e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, pág. 432).-
Además, le corresponde al recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la resolución dictada y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado. La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble, entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata, no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433).-
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulneradas que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal, como así tampoco la relación directa con la materia debatida. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la parte recurrente insiste en plantear el recurso en torno a una de las causales a través de la cual el Máximo Tribunal ha ingresado, excepcionalmente, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que se intenta encauzar la impugnación, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional ( Fallos 325:3265).-
En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el recurrente se limita a denunciar la existencia de vicio sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del presentante es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Cimero Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias, ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (cfr. Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por el Máximo Tribunal en materia de recurso extraordinario federal, ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el recurrente debe rebatir los argumentos en que se apoya el Tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.-
Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el Sr. Vicente Ramón Perea en PE1616256-2024, ESC00396415.pdf y ESC00396414.pdf.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.- Protocolización: TSS1002O.251 Tomo: X Interlocutorio: 494 Folio N°: 1873/1876 Secretaría: 1
Fin de la sentencia