Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.268-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 7703/11, en cuanto condena a NICOLÁS VICENTE PEREDA, a una multa (la que se reduce) equivalente a tres mil trescientos ochenta y seis con 34/00 ($ 3.386,34.- ), en los términos del art. 969 del C.A. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 65 % a la actora y 35 % al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-60699323-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 7 de Julio de 2021 A.
Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Horacio Joaquín Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “PEREDA NICOLAS VICENTE c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expte. Nº 31.268-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso:
Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 7703/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la Actuación N° 13289-34379-2008, en cuanto condena al Sr. Nicolás Vicente Pereda, al pago de la suma de $ 5.079,52 en concepto de multa, por encontrarlo responsable de la infracción tipificada en el art. 969 del C.A.. Ello por cuanto no habría cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada dentro del plazo establecido en la DJVE N° 07 001 DJVE 005218 V.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 11/18vta. se presenta Nicolás Vicente Pereda mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos y hace referencia a la autodenuncia, afirmando que ha puesto en conocimiento de la Aduana el hecho cuestionado. Cuestiona la doctrina citada en la resolución apelada. Señala que nunca ha incumplido sus deberes formales y que no existen en el caso otras operaciones que constituyan antecedente alguno. Agrega que en el caso no existió perjuicio fiscal pues se pagaron los derechos por lo que entendía iba a exportar. Analiza jurisprudencia invocada en la resolución apelada. Entiende que, en el caso, además de verse afectadas las garantías constitucionales, debe prosperar la reducción prevista en el art. 917 del C.A. al no surgir de los actuados que se estuviera sustanciando un proceso de inspección aduanera o impositiva con anterioridad a la promoción de las actuaciones administrativas. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 29/33vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, realiza una breve reseña de lo sustanciado ante la Aduana y niega cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento o bien, surgieran de las actuaciones administrativas. Considera que la presentación efectuada por la recurrente ante la División Registro de Exportación a los efectos de una autodenuncia, no puede ser considerada como tal atento a no cumplir con los supuestos del art. 917 del C.A.. Cita el texto del art. 917 del C.A. y doctrina al respecto. Cita los artículos 728, 729, 730 y 731 del C.A.. Entiende que el incumplimiento de la DJVE se debió a una exclusiva decisión empresarial propia del giro comercial y que ello no constituye un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, razón por la cual considera aplicable el supuesto contemplado en el inciso 3 del art. 917 del C.A.. Cita jurisprudencia al respecto. Manifiesta que la actora se acogió de manera voluntaria al régimen previsto en la Ley 21.453 y que ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen, resulta ajustada a derecho la aplicación de la sanción prevista y penada por el art. 9 de la referida ley, tipificada en el art. 969 del C.A.. Cita jurisprudencia relacionada al caso. Finalmente, ofrece prueba y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-34379-2008 se iniciaron a fs. 1 con la presentación efectuada por la despachante de aduanas en fecha 11/12/08 -en representación de Nicolás Vicente Pereda- por medio de la cual efectúa la autodenuncia respecto del incumplimiento de la DJVE N° 07001 DJVE005218V – AGRICULTURA N° 00066754. A fs. 2/10 se agregaron copias de la siguiente documentación: DJVE N° 07001 DJVE005218V, DJVE AGRICULTURA N° 00066754, P.E N° 08 008 EC01 007963 U, P.E. N° 08 008 EC01 008365 R y P.E. N° 08 008 EC01 008401 X. A fs. 11/12 se agregó la constancia SIM de la DJVE involucrada, indicando la cantidad a exportar (240,00) y la cantidad exportada (183,04), y los permisos de embarque asociados a la misma (08 008 EC01 007963 U, 08 008 EC01 008365 R y 08 008 EC01 008401 X). A fs. 14 se agregó el acta de denuncia de fecha 18/12/2008 donde se registra como motivo de la misma “POR CUMPLIR EN MENOS DEL 90% LA DECLARACIÓN JURADA DE VENTA AL EXTERIOR 07001DJVE005218V DEL MÍNIMO TOLERABLE POR LA NORMATIVA VIGENTE. RESOLUCIÓN 1365/02 (AFIP). ANEXO II, PUNTO 7, RESULTANDO DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN EL ART. 969 DEL C.A.”. A fs. 15 se agregó la Nota N° 12189/08 (SE REEX) donde se determina una diferencia de mercadería de 32,96 tn. A fs. 16 se liquidó la multa mínima por la suma de $ 5.079,52. A fs. 17, con fecha 9/02/09 se instruyó sumario y se corrió vista de las actuaciones. A fs. 19 se encuentra la constancia de notificación de dicho acto en fecha 20/03/09. A fs. 20 se libró nueva notificación a la firma exportadora, la cual se notificó el 09/06/09. A fs. 23/24, con fecha 29/06/09 contestó la vista la firma NICOLÁS VICENTE PEREDA. A fs. 29 la Secretaría actuante determina no hacer lugar a la validez de la autodenuncia en los términos del art. 917 ap. 2) “… atento a lo establecido en el apartado 3 del mencionado artículo, dado que no se está ante una declaración inexacta, y la infracción consiste en el mero incumplimiento del plazo acordado para la realización de las operaciones de exportación, otorgados en cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior comprometidas oportunamente …”. A fs. 31 se declaró la cuestión de puro derecho y a fs. 32/35 se dictó la resolución apelada en autos.
V. Que no se encuentra discutido ante esta instancia que la recurrente no ha cumplido con la exportación de la mercadería comercializada bajo el régimen establecido en la Ley 21.354 y que, en consecuencia, mediante la resolución apelada en autos se le exige a la actora el pago de una multa en los términos del artículo 969 del C.A.. Que, el artículo 969 del C.A. dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.” Que, por su parte el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.” Que, en igual sentido, la Resolución AFIP N° 1365/02, citada en el acta de denuncia obrante a fs. 14 de las act. adm. establece en su Anexo II, punto 7, que “El sistema sólo permitirá a la Aduana de registro de la DJVE cancelar esta declaración cuando cumpla o supere el NOVENTA POR CIENTO (90%) del volumen declarado, en caso contrario emitirá un mensaje informando sobre la anormalidad del hecho (…) impidiéndole su cancelación.”
Que según surge de las actuaciones administrativas, el total de la mercadería a exportar era de 240 toneladas, constituyendo las 183,04 toneladas efectivamente exportadas (mediante los permisos de embarque N° 08 008 EC01 007963 U, 08 008 EC01 008365 R y 08 008 EC01 008401 X) el 76,26% del total de la mercadería, restando un saldo pendiente de 32,96 toneladas para completar el porcentaje mínimo requerido del 90%. Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la DJVE en trato en fecha 26/07/2008, sin que se haya cumplido con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90 %, resulta, por lo tanto, ajustada a derecho la multa aplicada por el servicio aduanero (15% sobre el valor FOB de la mercadería en infracción, ver fs. 16 de las act. adm.).
VI. Que la recurrente sostiene que, en virtud de haber denunciado el incumplimiento de las exportaciones de conformidad con lo establecido por el art. 917 del C.A., corresponde reducir el importe de la multa que se le pretende aplicar. Que, por su parte, la Aduana considera que la multa prevista en el art. 969 del C.A. no puede ser reducida en virtud de encontrarse encuadrada en el apartado 3 del art. 917 del C.A..
Que, corresponde entonces, me expida respecto de si la multa exigida a la recurrente, en virtud de la infracción prevista en el art. 969 del C.A., puede acogerse al beneficio de la autodenuncia preceptuado por el art. 917 del mencionado cuerpo legal.
Que el art. 917 del CA prevé un supuesto de atenuación, por el cual se reduce la multa en el 75% de su importe mínimo, que es el de la autodenuncia. Antes de la ley 25.986 -BO 5/1/2005-, este beneficio sólo se circunscribía a las declaraciones inexactas y se limitaba a supuestos muy reducidos. La ley 25.986 amplió los supuestos y extendió el beneficio a todas las infracciones aduaneras.
Que el actual art. 917 del CA, aplicable en la especie (según la reforma introducida por la ley 25.986) dispone: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que:
“a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o “b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.
“2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación .
“3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”. Que, si bien no se trata de una infracción de fondo al régimen de destinaciones suspensivas, el régimen especial bajo el cual la actora confeccionó la DJVE (Ley 21.453) sí conlleva una obligación -material- y un plazo determinado para su realización. Por lo que, el mentado régimen no se encuentra excluido de aquellas “ destinaciones u operaciones” descritas en el apartado 3 del precepto legal examinado, toda vez que no surge de este último que se encuentre taxativamente circunscripto a las infracciones relativas a destinaciones suspensivas, sino que -recalco- a todas aquéllas “destinaciones u operaciones” cuya realización se halle sujeta a un plazo reglado.
Que, en conclusión, el supuesto en trato encuadra en el ap. 3 del art. 917 del C.A., por lo cual no puede beneficiarse con el instituto de la autodenuncia.
VII. Que, empero, si bien no se ha demostrado causal alguna de exclusión total de la culpabilidad, debe considerarse la graduación de la sanción aplicada.
Que, en efecto, el acta de denuncia data del 18/12/08 (ver fs. 14 de los ant. adm.), es decir, resulta a todas luces posterior a la autodenuncia presentada por la recurrente el 11/12/08 (ver fs. 1 de las act. adm.), mediante la cual el servicio aduanero pudo tomar conocimiento del incumplimiento de la exportación por parte de la apelante. Que, por ende, considero aplicable al caso de autos la reducción del art. 916 del CA., en tanto, la recurrente había denunciado una infracción aún no advertida por el servicio aduanero. En dicho sentido, propicio que se fije la multa en el mínimo del 10% establecido en el artículo 969 del C.A., lo que da por resultado una multa de $ 3.386,34.
VIII. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas según los respectivos vencimientos (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 7703/11, en cuanto condena a NICOLÁS VICENTE PEREDA, a una multa (la que se reduce) equivalente a tres mil trescientos ochenta y seis con 34/00 ($ 3.386,34.-), en los términos del art. 969 del C.A. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 65 % a la actora y 35 % al fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Que adhiero al criterio del Dr. Segura en cuanto sostiene que se trata en autos de un supuesto encuadrable en el apartado 3 del artículo 917 del CA razón por la cual, la reducción de la pena en los términos previstos por dicha norma, es improcedente.
II. Que disiento, en cambio, con el voto del vocal preopinante en cuanto propicia la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del CA. Al respecto, cabe señalar que, tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable.
Que así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa, ED- DCCLXIV-708).
III. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7703/2011 dictada en la Actuación N° 13289-34379-2008. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Horacio J. Segura.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 7703/11, en cuanto condena a NICOLÁS VICENTE PEREDA, a una multa (la que se reduce) equivalente a tres mil trescientos ochenta y seis con 34/00 ($ 3.386,34.- ), en los términos del art. 969 del C.A. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 65 % a la actora y 35 % al fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2021.07.07 09:02:56 ART Date: 2021.07.07 09:21:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.07.07 12:30:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.07.07 12:30:47 -03:00
Fin de la sentencia