Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 4 de San Isidro · Causa SI-24064-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 ley 23.928, según ley 25.561 y 11 ap. 2 ley 27.348 (modif. art. 12 ley 24.557), dec. 669/19 y de acuerdos que establecen sumas no remunerativas..-
2Rechazar la demanda en cuanto pretende el reclamo del daño psicológico.(art. 726 Cód. Civil)
3Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr PEREIRA LUCIO y en consecuencia condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. . a abonar al actor dentro de los diez (10) días de notificada y mediante depósito en autos, la suma de PESOS pesos UN MILLON TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 ($1.003.691,89) en concepto de las indemnizaciones contempladas en los arts. 14 ap. 2 inc. a) de la LRT y 3 ley 26.773.- i) Actualizar dicho monto, - desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría -, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual . Estimándose como índice inicial a aquel correspondiente al de la ruptura del vínculo y como dividendo al último publicado.- ii) En caso de incumplimiento, aplicar sobre el resultado que arroje el cálculo dispuesto en el punto presente, '. un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.' (conf. art. 12 inc. 3 ley 24.557). …
EXPTE Nº SI-24064-2023
En la ciudad de San Isidro, el Tribunal del Trabajo Nro. 4 de éste Depto. Judicial, de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Anexo Único aprobado por Acuerdo n° 3975, procede al dictado de la sentencia definitiva en el expediente nro. SI,24064-2023 " PEREIRA LUCIO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. S/ RECURSO CONTRA DECISION COMISION MEDICA JURISDICCIONAL. LEY 14997 ", con arreglo al siguiente orden de votación: doctores Mollo, Garcia Cossovich - Mena.
EL DR. MOLLO DIJO:
I)
En presentacion electrónica de fecha 13.7.23 comparece el Dr BRASHICH IGNACIO JAVIER en carácter de letrado apoderado del Sr. PEREIRA , LUCIO en tal calidad inicia la presente acción contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. en procura de obtener un resarcimiento económico en razón de las consecuencias dañosas derivadas del siniestro que denuncia, planteando la inconstitucionalidad e inoponibilidad de los acuerdos que establecen sumas no remunerativas. En relación al hecho que da origen al presente reclamo, indica el letrado que el actor sufrió un accidente el día 11.10.22, cuando se encontraba realizando sus tareas habituales para su empleadora TI AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.. Desempeñándose como operario especializado multiple - doblado neumatico, en el horario de 8.00 a 17.00 hs de lunes a viernes con una remuneración de $ 255.675.
Relata que en fecha 11.10.22 en la maquina que el actor trabajaba, le aprisionó el dedo mayor derecho. Denunciado el accidente la ART brinda prestaciones otorgándole alta medica el día 8.11.22
En presentación electrónica de fecha 18.8.23 contesta demanda PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. por intermedio de su letrado apoderado Dr. CERGNUL EDUARDO MARIO, en dicha presentación reconoce la existencia del contrato de afiliación hacia la empleadora del actor como también el haber recibido denuncia del accidente sufrido por este último y el haber dado tratamiento médico adecuado. Entiende que su representada ha cumplido con la ley vigente y con sus obligaciones y por ello sostiene que la acción debe ser rechazada, con costas.-
Con fecha 25.8.23 la parte actora contesta el traslado del art. 29 Ley 11.653 (hoy art. 34 Ley 15.057).-
Por auto del día 8.9.23 se abre la causa a prueba por el plazo de sesenta días, proveyéndose las pruebas ofrecidas.-
Por proveído del 15.7.25 se ha tenido presente el desistimiento respecto de las pruebas pendientes formulado por la parte actora y en fecha 13.8.25 el de la demandada. Por providencia de fecha 26 .8.25 se tienen por agregados los alegatos.-
En la audiencia celebrada en fecha 14.8.26 se ordena el pase de los autos al Acuerdo a fin de dictar sentencia.-
II)-
Hechos acreditados.-
II.i. Existencia del vínculo laboral. Celebración de contrato de Afiliación. Denuncia. Trámite ante Comisión Médica. Accidente Trabajo. -
Conforme los términos expuestos en los escritos de demanda y contestación, analizados conjuntamente con la documentación adjunta a los escritos de inicio y de responde, el informe de AFIP y el dictamen contable de fecha 3.3.25, se halla acreditado (arts. 31, 34, 50, 54 inc. d) y 89 ley 15.057; 354 inc. 1 párr. 1, 385 y 401 CPCC):
a) Que entre el Sr. PEREIRA LUCIO y la empresa TI AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A. se configuró una relación contractual de carácter laboral (art. 21 LCT), en la cual el accionante mantuvo la calidad de trabajador (art. 25 LCT) y las persona jurídica la de empleadora (art. 26 LCT).-
b) Que entre la empleadora del actor y PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. se celebró el contrato de afiliación Nro. 286386 en los términos de la Ley 24.557, el cual se hallaba vigente al momento de la denuncia del siniestro que se invoca.-
c) Que se formuló ante la accionada la denuncia de un accidente de trabajo padecido por el actor, la que fue registrada bajo el nro. 224435900100 .-
d) Que La Segunda ART S.A brindó al actor prestaciones médicas desde el momento de la denuncia y hasta el 8.11.22 en que fue otorgada el alta médica sin incapacidad (art. 20 ley 24.557).-
e) Que el actor inició el expediente administrativo nro. 535324/22 ante la Comisión Médica 391 de San Isidro - por 'Divergencia en la Determinación de la Incapacidad'; habiendo dispuesto el Titular del Servicio de Homologación de ese organismo, el día 26.4.23, que el trabajador no padece incapacidad laboral permanente parcial definitiva respecto de la contingencia de fecha 11.10.22 .-
f) Que el 11.10.22 , mientras el actor prestaba servicios para su empleadora, la maquina en la que trabajaba le aprisiona el dedo mayor derecho, contando a esa fecha con 52 años de edad.-
II.ii) Disminución de la capacidad laborativa.-
Conforme lo relatado en el escrito de inicio, el actor sostiene que padece una disminución de la capacidad física que alcanza al 10 % y psicológica de 10 % .-
Previo al análisis de la prueba pericial producida, pondero en primer término que si bien es cierto que la misma no tiene fuerza vinculante, en razón que el juzgador no debe perder su condición de tal para convertirse en mero homologador de dictámenes periciales médicos (Augusto M. Morello, Anales de las VII Jornadas Argentinas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Rosario 1983, pág. 119), corresponde destacar que si la pericia ha sido regularmente incorporada como prueba al proceso, y sus conclusiones además de contener motivación clara y lógica, se basan en hechos o datos probados con rigor técnico científico, tiene eficacia probatoria y el juez para descalificarla debe tener fundadas razones para el rechazo (Carlos Alberto Livellara, Valor probatorio del dictamen pericial médico en el proceso laboral, Revista de Derecho Laboral, Procedimiento laboral-II, t° 2007-2, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 308).-
A través del dictamen de fecha 19.5.25, el médico tratante señala se determina que el actor presenta, a raíz del accidente una incapacidad física, parcial y permanente del 5.45 % de la T.O.teniendo en cuenta:
1-Compromiso de Mano Derecha:3 % (Rigidez con limitación funcional de la 3era. articulación IFP secundaria a secuela traumática.)
2-Factores de Ponderación:-Dificultad para la realización de las tareas habituales: leve:10%.-No amerita recalificación.-Edad Del Damnificado de 31 y más años:2%.
Resulta imposible, a criterio de este perito, determinar a ciencia cierta el origen exacto de todos los hallazgos físicos y clínicos que presenta el actor. Pero sí se puede afirmar que el evento dañoso sufrido (accidente) tiene la entidad suficiente como para despertar dolencias clínicas que pudieron haber permanecido latentes en el accionante, y comenzar la sucesión de eventos que culminaron con la incapacidad que presenta en la actualidad.
En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta los elementos empleados para realizar la experticia (examen físico del Sr PEREIRA LUCIO realizado por el perito y estudios complementarios) y las conclusiones a las que el experto ha arribado, estimo que el dictamen reúne las características y condiciones suficientes para validarlo como tal, toda vez que los fundamentos y conclusiones del mismo comprenden todos los requisitos de lógica, técnica, ciencia y equidad para crear en mi certeza respecto de las conclusiones allí indicadas.-
Consecuentemente estimo probado que el Sr PEREIRA LUCIO tiene disminuída su aptitud laborativa en un 5,45 % de la total obrera, detentando exclusiva vinculación con el siniestro sufrido por aquel el 11.10.22 (arts. 44, 54 inc. d) y 89 ley 15.057; 474 y cc. CPCC).-
En segundo lugar, la perito psicóloga Lic. MARIA CLARA NUÑEZ, en la presentación electrónica de fecha 25.12.23 ha indicado haber llevado a cabo una Entrevista psicológica y diferentes técnicas.-
Se concluye por tanto que, si bien los sucesos que promueven las Presentes actuaciones verosímilmente han producido una afectación en los sentimientos del actor ya que éste vivenció un suceso inesperado, abrupto y sorpresivo, al indagar el hecho se manifiesta una reacción vivencial esperable compatible con la categoría de sufrimiento normal con comportamiento presente. Los hechos de la presente litis, no han tenido para la subjetividad del Sr. Pereira suficiente entidad y/o trascendencia como para agravar rasgos de su personalidad de base y evidenciar un estado de perturbación emocional encuadrable en la figura de Daño Psíquico.- .
De conformidad con las conclusiones medicas arribadas y ante la ausencia de elementos probatorios que abonen la existencia de la incapacidad psíquica denunciada o desvirtúen el origen de la patología clínica en análisis, estimo que el Sr. PEREIRA LUCIO tiene disminuida su aptitud clínica, en razón del accidente acaecido el 11.10.22 , en un 5,45 % de la total obrera.. (arts. 44, 54 inc. d), 89 ley 15057; 474 y cc. CPCC).-
II.iii) Monto del Valor del Ingreso Base.-
Se ha denunciado en el escrito de inicio de demanda que el Ingreso Base Mensual del actor ascendería a la suma de $ 137.033 circunstancia que sido desconocida por la accionada en la presentación de fecha 18.8.23.-.
A fin de valorar la presente controversia amerito el informe de la Sra. Perito contador de fecha 3.3.25 , con el que hallo probado que las 12 ultimas remuneraciones devengadas por el Sr. PEREIRA LUCIO previas al siniestro son las consignadas en el anexo de la presentación de fecha 3.3.25.
Es necesario en este punto recordar que el art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 ley 27.348), prevé: a) el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador (conf. art. 1 Convenio N° 95 OIT), b) que corresponde considerar aquellos devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor, y c) que los salarios mensuales que integran el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables); ahora bien, tomando como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social en relación a los índices RIPTE del periodo supra señalado y dividiendo el valor de destino por cada uno de los valores de origen, se arriba al valor de ajuste, el cual se debe multiplicar por cada uno de los salarios del actor, fijándose el ingreso base mensual en $ 231.652,39 ( art. 12 ap. 1 ley 24.557) (arts. 31 inc.g), 34, 54 inc. d) y 89 ley; 354 inc. 1 párr. 1°, 385 y cc. CPCC).-
III)-
Hechos no acreditados.-
No se ha acreditado en autos el siguiente hecho (arts. 89 ley 15.057 y 375 CPCC):
- Que se encuentren abonados los rubros que integran la liquidación de autos.-
IV)-
La decisión.
a)-
Prestaciones.-
Reclamo con fundamento en la ley 24.557 .-
Conforme lo considerado en el punto II.ii.f), no cabe duda que el siniestro denunciado en autos, corresponde a un "accidente de trabajo" en los términos previstos en el art. 6 ap. 1 de la ley 24.557.-
Ahora bien, en el punto II.ii) de la presente, ha quedado probado que el actor padece una incapacidad física del 5,45 % de la total obrera y que de dicho número, detenta exclusiva vinculación con el siniestro sufrido por aquél el 11.10.22 .-
Asimismo en el punto II.iii) ha quedado probado que el ingreso base mensual alcanzó a $ 231.652,39.-
En consecuencia, teniendo en cuenta la edad del actor al momento del siniestro, que ha quedado acreditada en el punto II.ii.f) ( 52 años), y el porcentaje de incapacidad que el mismo le ha generado (5,45 %), corresponde realizar el siguiente cálculo conforme lo dispuesto por el art. 14 ap. 2° inc. a):
$ 231.652,39 x 53 x 5,45 % x (65/52) = $ 836.409,91
Efectuado el cálculo, y teniendo en cuenta que la suma resultante del mismo resulta superior a aquella que surge del monto establecido por Res. 51/22 de la Secretaría de la Seguridad Social ($ 8.433.218 x 5,45% = $ 459.610,38 ), corresponde establecer en pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 91/100 ($ 836.409,91) la correspondiente reparación en concepto de las prestaciones contempladas en el art. 14 ap. 2° inc. a) de la LRT.-
b)
Aplicación de la ley 26.773 .-
El accionante solicita la indemnización adicional de pago único reglada por el art. 3 de la ley 26.773. El Congreso Nacional al dictar esa normativa decidió, en un giro histórico en la evolución del régimen especial en esta materia, extender la cobertura tarifada más allá del tradicionalmente cubierto daño material salarial presunto, para hacerse cargo -en forma tasada- de otros posibles segmentos del daño (daño material estético, daño del plan de vida, daño moral, etc.), sin exigir su identificación (".en compensación de cualquier otro daño no reparado por las fórmulas.") ni su acreditación (CNAT Sala II, 07/05/2015, SD 104322, "Barroso, Juan Armando c/ José Ernesto Kondratzky y otros s/ Accidente - acción civil") .-
En razón de ello, estimo que corresponde admitir la indemnización adicional que prevé el art. 3 de la ley 26.773.-
Considerando la suma determinada en el punto IV.ii.a) de la presente; estimo que la indemnización adicional que prevé el art. 3 de la ley 26.773 deberá prosperar por el 20 % de $ 836.409,91, alcanzando la misma a la suma de pesos CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 98/100 ($ 167.281,98 ).-
En razón de lo dispuesto precedentemente,PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. deberá ser condenada a abonar las reparaciones establecidas que ascienden a la suma total de pesos UN MILLON TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 ($1.003.691,89 ).-
V)-
i)
Prohibición de indexar. Art. 11 Ley 27.348. Actualización de créditos. -
Previo a proceder con el cálculo de la prestación que entiendo procede en favor del promotor del pleito y en mérito al deber de control de constitucionalidad que debemos ejercer los jueces, habré de abocarme a tratar este punto respecto del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el inc. 2 del art. 12 de la LRT 24.557.-
En palabras de la SCJBA "El control judicial difuso, adoptado por nuestro país, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercer el control de constitucionalidad, sin hacer diferencias entre jueces nacionales y provinciales." (SCBA LP L 117573 S 28/09/2016, del voto de la Dra. KOGAN en mayoría, correspondiente a los autos "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. s/Apelación de resolución administrativa.") .-
La ley 27.348 a través de su art. 11 modifica el régimen de la ley 24.557 en aspectos que resultan sustanciales. A efectos de ponderar el monto del ingreso base mensual -IBM-, ordena su actualización con el índice RIPTE; luego, en el inc. 2, establece que "Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina."
Es sobre este inc. 2 del art. 12 en su nueva redacción que habré de detenerme para su análisis.
La reciente jurisprudencia dictada por nuestro Superior Tribunal en el precedente 'Muzichuk, Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial. (L. 129800, 14/07/2025) en el que ratificó la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19 realizada por el tribunal de origen, cuya decisión que fue replicada en los autos 'Silva, Alfredo Alejandro c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial' (L. 133905, 17/09/2025), pese a que la situación no era similar a la del expediente citado en primer término, en razón que en la instancia de grado había sido declarada su validez como decreto delegado (art. 76 Const. Nac.) en tanto el mismo cumplimentaba la manda legislativa establecida en el artículo 11.3 de la LRT, criterio último que era sostenido por éste órgano; para así decidir, sostuvo -en lo sustancial- que dicho reglamento no cumple con los requisitos exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Entendió que, en el caso, no se verifican las circunstancias excepcionales que justifican su dictado, tanto en lo relativo a la configuración de la emergencia, como a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.-
Previo a éstos pronunciamientos, se encuentra el citado precedente "Barrios", (SCBA, L. 124.096, sent. del 18-4-2024) que, además declarar la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, interpela a considerar el menoscabo que sufre el resarcimiento de la persona trabajadora accidentada como consecuencia del proceso inflacionario en afectación de su dignidad y el derecho de propiedad, desatendiendo uno de los objetivos del Derecho que es la reparación de los daños y violentando además los derechos y garantías consagrados al respecto tanto en la Carta Magna Nacional y Provincial como en Convenios Internacionales de igual rango.
El destacado "análisis/argumentos económicos" que se explican en el precedente citado, es aplicable a todo crédito, máxime, cuando se trata de uno de carácter alimentario perteneciente a un trabajador accidentado - sujeto de tutela constitucional preferente art. 14 bis CN , art. 39 CPBA.-
La Suprema Corte dispuso en el caso referido que las deudas dinerarias deben ser indexadas para conservar su valor y de allí satisfacer el imperativo constitucional. Comparó incluso la evolución de la tasa activa con índices como el IPC y el RIPTE, en un ejercicio numérico que ejemplificó magistralmente el impacto de la arrolladora depreciación monetaria que sufrimos en nuestro país. Concluyó en definitiva que la aplicación de la citada tasa bancaria -cuando luce negativa- en comparación con el poder adquisitivo de la moneda, importa afectación constitucional. Las tablas incluidas en el voto del ministro Soria, que concitara la adhesión de sus colegas, son explícitas en tal sentido.
Por ello, la Suprema Corte ha resuelto que el juez o tribunal interviniente "debe realizar adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumidad del crédito". Incolumidad, significa "sano, sin lesión ni menoscabo".
Se impone la indemnidad. Principio que, no es vano recordarlo, en la Provincia de Buenos Aires rige explícitamente por mandato constitucional (art. 39, ap. 3°, Const. Provincial), y que es obligación de los Jueces resguardar mas aún, cuando se trata de créditos alimentarios pertenecientes a sujetos de especial tutela y, en casos como este, cuando se encuentra afectada su integridad psicofísica.-
Ahora bien, bajo el prisma rector de los precedentes citados, entiendo que, la aplicación literal del inc. 2 del art. 12 de la Ley 24.557 modificado por el art. 11 de la ley 27.348, resulta insuficiente e irrazonable. No cumple la finalidad a la que apunta toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales, resultando así violatoria de los preceptos constitucionales del art. 14 bis, 16 y 75 inc. 22 en cuanto colisiona con preceptos normativos supralegales integrados al bloque constitucional como aquellos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otras normas supranacionales con jerarquía constitucional.
A efectos de ilustrar la postura que propicio, resulta útil graficar la evolución de la tasa de interés activa del Banco de la nación Argentina que se establece en el inc. 2) del art. 12 de la ley 24.557 en su redacción modificada por el art. 11 de la ley 27.348 en diferentes períodos hasta la fecha:
Luce así patente la desproporcionalidad y la consecuente confiscatoriedad que sufre el crédito del trabajador siniestrado con la aplicación de la norma en su actual redacción.-
Es por ello que, para el caso en concreto, propicio se declare la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc 2) de la ley 24.557 y en consecuencia su inaplicabilidad al caso de autos.-
Esto nos lleva a la conclusión que para el cálculo de la prestación dineraria correspondiente, se le aplicará un mecanismo de actualización que contemple la depreciación de la moneda a efectos de mantener incólume el crédito de autos.-
V.ii)-
Pautas para la liquidación .
En razón de lo expuesto, entiendo acertado clarificar las pautas para el cálculo; teniendo en cuenta que he propuesto actualizar el crédito, -previa inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561 y 11 ap. b) ley 27.348 (modif. art. 12 ley 27.348)-, utilizando el índice RIPTE, deviene acertado tomar como referencia la información suministrada por la Secretaría de Seguridad Social a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte, y con los datos brindados por la misma, corresponde en primera instancia establecer el índice RIPTE de origen, -fecha en que el crédito se hizo exigible-, y el de destino, -fecha actual-, a continuación dividir éste último por el primero, operación que arrojará como resultado el valor de ajuste, el cual se deber multiplicar por el monto de capital nominal; al monto actualizado se le adicionará el interés del 3 % anual.-
Por último debo destacar que en supuesto de autos no resulta aplicable la capitalización prevista en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), no constituye una tasa de interés moratorio de las establecidas en el art. 768 inc. c) de ese ordenamiento, sino que se trata de un índice de actualización, resultando improcedente dicha operación sobre éste último.-
V.iii)-
Sanción por incumplimiento .
A partir de la mora en el pago del capital actualizado propongo aplicar sobre el resultado que arroje dicho cálculo los emolumentos dispuestos por el art. 12 apartado 3° de la ley 24.557 (conforme el art. 11 de la ley 27.348); es decir '. un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.'. -
VI)-
Decreto 549/2025. Inaplicabilidad.-
Cabe señalar que el artículo 3 del Decreto 549/2025 establece que: "La TABLA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES, sustituida por el artículo 1° del presente decreto, entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, esto es, a partir del 2 de febrero de 2026, y desde esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre". Sin embargo, en el caso de autos, la incapacidad laboral de la actora fue oportunamente determinada a través de la pericia médica producida en la causa, -la cual este voto hace propia-, dictamen que fue elaborado conforme el baremo vigente al momento de su confección, esto es, el previsto por el Decreto 659/96 y sus modificatorios. En tales condiciones, no corresponde la aplicación del nuevo baremo al presente supuesto, no sólo porque el mismo no se encontraba vigente al momento del siniestro, ni de la evaluación pericial, sino además porque se trata de una norma de naturaleza sustancial que integra uno de los elementos centrales de la fórmula indemnizatoria del sistema de riesgos del trabajo. Su aplicación retroactiva importaría una alteración de los parámetros legales utilizados para la determinación de la incapacidad laboral, con afectación del principio de irretroactividad de la ley, de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad del trabajador. En consecuencia, la valoración de la incapacidad efectuada en autos debe fundarse en las previsiones del baremo establecido por el Decreto 659/96 y sus modificatorios.-
VII).-
Inconstitucionalidad de inoponibilidad de los acuerdos que establecen sumas no remunerativas .-
Teniendo en cuenta lo establecido por el art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 ley 27.348), el que contempla para el cálculo del I.B.M., el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador (conf. art. 1 Convenio N° 95 OIT), corresponde desestimar dicho planteo.-
ASÍ LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION los Dres GARCIA COSSOVICH y MENA adhieren al voto del Dr. MOLLO por compartir sus fundamentos.
POR LO QUE RESULTA DEL ACUERDO QUE ANTECEDE, EL TRIBUNAL RESUELVE:
1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 ley 23.928, según ley 25.561 y 11 ap. 2 ley 27.348 (modif. art. 12 ley 24.557), dec. 669/19 y de acuerdos que establecen sumas no remunerativas..-
2. Rechazar la demanda en cuanto pretende el reclamo del daño psicológico.(art. 726 Cód. Civil)
3. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr PEREIRA LUCIO y en consecuencia condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. . a abonar al actor dentro de los diez (10) días de notificada y mediante depósito en autos, la suma de PESOS pesos UN MILLON TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 ($1.003.691,89) en concepto de las indemnizaciones contempladas en los arts. 14 ap. 2 inc. a) de la LRT y 3 ley 26.773.-
i) Actualizar dicho monto, - desde que el crédito se hizo exigible y hasta la liquidación que se practique por Secretaría -, conforme índice RIPTE; adicionar al capital ajustado un interés puro al 3 % anual . Estimándose como índice inicial a aquel correspondiente al de la ruptura del vínculo y como dividendo al último publicado.-
ii) En caso de incumplimiento, aplicar sobre el resultado que arroje el cálculo dispuesto en el punto presente, '. un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.' (conf. art. 12 inc. 3 ley 24.557).
4. Imponer las costas a la accionada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. , en calidad de vencida (arts. 24, 89 Ley 15.057; 68 CPCC), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes; por la parte actora, Dres. BRASHICH IGNACIO JAVIER en el 20 % y por la demandada PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.. , Dr. CERGNUL EDUARDO MARIO en el 17 % ; y regular los de los peritos: Contadora LASERNA ALEJANDRO JAVIER en el 4%, Médico Legista Dr. ROMERO LUIS RODRIGO en el 4 % y psicóloga Lic. NUÑEZ MARIA CLARA en el 4% (arts. 207 ley 10.620; 1 punto 7. dec. 6732/87).-
Adicionar a tales importes, -tanto respecto de los letrados como de los peritos intervinientes-, el 10 % en concepto de aportes de ley (arts. 12 inc. a) ley 6.716, 193 ley 10.620 y 33 ley 12.724 (modif. por la ley 13.948) y 35 inc. "e" ley 12.207). Intimar a los profesionales a fin que den cumplimiento a lo dispuesto en dichas normativas.-
Los porcentajes determinados para los emolumentos, se computarán sobre el monto resultante de capital con intereses que surja de la liquidación a practicar por la Actuaria.-
Adicionar el 21 % en concepto de IVA, en el supuesto que los profesionales intervinientes detenten la condición impositiva de responsables inscriptos.-
5. Procédase por Secretaria a la apertura de cuenta judicial automática en la forma prevista en el Ac. 4233/26.
Hágase saber a las partes que la cuenta bancaria judicial y/o consulta de saldo en linea de la misma podrán ver visualizadas desde el "Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas" de los profesionales intervinientes (Res. SC N° 1204/25 SCBA).
Firmas
Funcionario firmante: MENA Cristian Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: MOLLO Mariano Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA COSSOVICH Alvaro - JUEZ
Funcionario firmante: MAZZIOTTI Veronica - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 337-2026
Fin de la sentencia