Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 43.968-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en su totalidad, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111973941-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 8 de Octubre de 2025 En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Daniel Alejandro Martin (por excusación del Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expediente N° 43.968-I y su acumulado Nº 43.972-I, caratulado: “Pereira Vitorino Armando s/ Recurso de Apelación”.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 18/50 y 129/163vta. el Sr. Vitorino Armando Pereira interpone sendos recursos contra las Resoluciones Nro. 209/2015 (DV CRR2) y 208/2015 (DV CRR2), emitidas por la Dirección Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI.
Por la primera -emitida el 26/06/2015- se le determinó de oficio la obligación del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006, intimándolo a ingresar la suma de pesos dieciséis mil novecientos siete con treinta y seis centavos ($ 16.907,36) con más sus intereses resarcitorios. Por la segunda -emitida el 26/06/2015- se le determinó de oficio la obligación del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006, intimándolo a ingresar la suma de pesos ochocientos ochenta y un mil trescientos ochenta y siete con treinta y dos centavos ($ 881.387,32) con más sus intereses resarcitorios. Que en los referidos actos, la Administración Tributaria hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de los recurrentes, conforme las previsiones del artículo 20 de la ley Nro. 24.769.
Que según se desprende de los considerandos de las resoluciones apeladas los ajustes se originan por la omisión del recurrente de declarar los saldos existentes en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera de la Confederación Suiza al 31/12/2006. Ello es detectado por el organismo fiscal a partir de la información recibida en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal suscripto con Francia, aprobado por la ley N° 22.357 y su Protocolo posterior por ley N° 26.276. Que según dicha información, el aquí recurrente era “internet user” (usuario de internet) en la citada cuenta (ver. fs. 25 de los antecedentes administrativos).
En primer lugar, plantea la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar de oficio sus obligaciones fiscales del período 2006. Sosteniendo que resultan inaplicables por ilegítimas e irrazonables las causales de suspensión dispuestas de forma genérica por los artículos 44 y 17 de las leyes 26.476 y 26.860.
Solicita la nulidad de las resoluciones recurridas por entender que el procedimiento de determinación de oficio se efectúa respecto de la presunta existencia de una cuenta bancaria.
Sostiene que no existirían elementos que permitan considerar que la información brindada por el Fisco francés sea equivalente a la información obrante en la entidad bancaria, única fuente de información real y fidedigna. Que la información sobre la existencia de una cuenta bancaria debió haber sido obtenida de forma directa por la respectiva entidad bancaria.
Manifiesta que el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscripto con la República Francesa no sería idóneo para tener por auténtica la información intercambiada.
Se agravia que los únicos elementos utilizados por el Fisco Nacional para dar soporte a la presunción consisten en las referidas planillas redactadas en idioma francés, sin su respectiva traducción, lo que impediría ejercer su derecho de defensa.
Afirma que el soporte informático (CD) que contendría la planilla resultaría inválido ante la ausencia de su apertura y desintervención.
Considera improcedente la utilización de la presunción del art. 18 inc. f) de la ley 11.683, por falta de acreditación del hecho conocido. Agrega que la carga probatoria de la presunción estaría en cabeza del organismo recaudador.
Reflexiona que la liquidación del impuesto a las ganancias efectuado, para el caso de personas físicas no todos los conceptos se encuentran alcanzados por el gravamen.
Cita jurisprudencia, ofrece pruebas y solicita la revocación de las resoluciones, con expresa imposición de costas al organismo fiscal.
II. Que a fs. 65/84vta. y 182/203vta. el Fisco Nacional contestó el traslado de los recursos, y por las consideraciones que expone, solicita que se confirmen sus actos, con costas.
Con respecto a las nulidades y la improcedencia de los ajustes, señala que la resolución da cuenta del origen de los cargos, de la información financiera y bancaria solicitada en el marco del Convenio con la República Francesa, referida a contribuyentes argentinos vinculados con la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos seguida a la entidad HSBC.
Sostiene que la actora no explica de qué forma el inicio de la fiscalización de forma electrónica la ha afectado en sus derechos, restando recordarse que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo concreto para el derecho de quien las pide, pues lo contrario sería, como tiene dicho numerosa jurisprudencia, declarar la nulidad por nulidad misma.
Deja por sentado que el ajuste que motivo la resolución, no se sustenta en las disposiciones del Convenio sino en las previsiones de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), ley 20.628 (t.o. en 1997 y sus modif.) y ley 23.966 (t.o. en 1991 y sus modif.) y que dicho Convenio solo es aplicable en cuanto a la información que se ha recabado y que ha servido de base para establecer la situación económica financiera del recurrente.
A su vez, afirma que la información fue obtenida legalmente. Sostiene que, en cuanto a la gestión y tramitación del intercambio de información, la normativa no regula expresamente el procedimiento que debe seguirse siendo potestad de los Estados Contratantes decidir en qué forma se efectuará. Asimismo, asegura que no requiere de certificación alguna ni resulta relevante su traducción ya que remite a nombres, nacionalidades, domicilios, montos y referencias temporales siendo que además la pauta sobre traducción no resulta absoluta sino que configura un principio general.
La información fue obtenida de las autoridades competentes del gobierno francés, en el marco de un tratado internacional que autoriza el intercambio de información en materia tributaria, información que por su parte se obtuvo en el marco de un allanamiento regular efectuado, tal como lo sostuvo la Corte de Casación francesa en el fallos del 27-11-13, desestimando los planteos nulificantes de la información en cuestión.
Ratifica que la información fue válidamente obtenida, que resultó suficiente para relacionar el total de las acreditaciones de la cuenta bancaria a la actividad comercial de la recurrente.
La recurrente sostiene que no es titular de ninguna cuenta en Suiza pero no lo ha demostrado fehacientemente, ya que no ha aportado prueba en dicha instancia administrativa y en autos la prueba no resultó procedente, por ello no logró revertir el criterio fiscal expuesto oportunamente por la fiscalización. Sin embargo, la nulidad solicitada no puede prosperar en atención a que el área interviniente dictó el acto con la correcta motivación que debe tener un acto, con causa y forma suficiente es decir, constatando y apreciando los hechos verificados en el marco de la fiscalización, más aun cuando la recurrente solo se limitó a efectuar una enumeración dogmática y citar fallos que hicieron lugar a la nulidad sin hacer una enumeración exhaustiva de los vicios que supuestamente tuvieron lugar en autos.
III. A fs. 97/99 vta. (Expte. Nº 43.968-I) 241/242, (Exptes. Nº 43.972-I) se rechazó la excepción de prescripción, con costas a la actora. A fs. 252 se encuentra la audiencia del art. 173 de la ley 11.683, en la cual se tuvo por desistida a la parte actora del exhorto dirigido a la autoridad financiera de la Confederación Suiza y se rechaza la restante prueba y se hace saber que la presente causa se resolverá con la documentación agregada en autos y los antecedentes administrativos incorporados por cuerda a las presentes actuaciones.
A fs. 270 se elevan los autos a la Sala “A”.
A fs. 278 se encuentra la excusación del Dr. Pablo Alejandro Porporatto, quien actúa como Vocal Subrogante de la Vocalía 3ra. Nominación, para participar en autos por haber “Intervenido como Jefe de División de Intercambio de Información Tributaria, área que desintervino y tuvo a resguardo la información que el gobierno francés entregó a las autoridades de AFIP….” A fs. 281 se encuentra el sorteo para integrar la Sala A en su carácter de vocal sustituto en los términos del art. 8 del RPTFN habiendo sido desinsaculado el Dr. Daniel Martín, Vocal Titular de la Vocalía de la 12va. Nominación.
A fs. 285 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que en primer lugar, por cuestiones de lógica precedencia, debe atenderse los planteos de nulidad intentados por el actor.
V. Respecto de los argumentos de la recurrente relativos a la inaplicabilidad del Convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.357, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que “Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del Convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio -cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio Convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. En cuanto a los argumentos de la recurrente relativos a la prueba en que funda su pretensión el Fisco Nacional corresponde destacar lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros s/L 24769, donde el juez señala que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa. La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la AFIP. Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido “...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario … y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 … No se advierte la intevención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados...”
“Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos -Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide “per se” la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales.”
Asimismo en dicha sentencia se señala “Que, en otro orden de ideas, las objeciones planteadas con relación a la presunta violación de la cadena de custodia y la posible contaminación de la documentación aportada por la República Francesa no resulta cuestiones nomativamente vinculadas a la validez de esos documentos sino que, por el contrario, guardan relación con el valor probatorio que jurisdiccionalmente pueda asignárseles” .Agrega al respecto que “En conclusión, al no corresponder un juicio anticipado y aislado sobre el mérito de la documentación acompañada por la República Francesa, el análisis de las objeciones y planteos desarrollados por el acápite (ii) del considerando 3º excede el marco de la presente incidencia”.
Si bien se trata de documentación que carece de firma y apostillado, tal como se describe en el fallo que venimos transcribiendo “que tratándose de documentos privados secuestrados en poder de un particular, tales recaudos no constituyen un requisito de validez sin perjuicio de su valor probatorio...”. En cuanto a la falta de traducción, este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Cabe agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Es por dichas razones que deben rechazarse los planteos de nulidad, sin imposición de costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
VI. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas de fs. 25 de los antecedentes administrativos correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales la existencia de saldo en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con el asignado al aquí actor, no siendo suficientes las manifestaciones del actor al no contar con respaldo probatorio alguno.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que si las manifestaciones del contribuyente no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando.
Este Tribunal advierte que, de los antecedentes obrantes en la causa, surge sin dudas que era titular de la cuenta el Sr. Vitorino Armando Pereira (Internet user), siendo la única persona relacionada con dicha cuenta conforme fs. 25 de los (a.a. Bienes Personales) y a fs. 11 (a.a. impuesto a las ganancias). Respecto de los argumentos de la actora por cuanto sostiene que desconoce la cuenta bancaria atribuida, cabe señalar que dicha circunstancia, en primer lugar, no fue probada o demostrada en absoluto por la recurrente. Por otra parte, en función de los saldos que surgen depositados en la cuenta al 31/12/2006, resulta ajustado el criterio fiscal en función de los indicios recolectados y de las presunciones legales y las normas propias de cada uno de los gravámenes de un incremento patrimonial no justificado en el impuesto a las ganancias y bienes omitidos de declarar en el impuesto sobre los bienes personales.
A mayor abundamiento, corresponde resaltar que a fs. 52 (a.a. Bienes Personales), la recurrente presentó multinota (en respuesta de las Res. 245/2014 y 246/2014, ambas de Vista), primero reconociendo que no contestó en tiempo y forma la fiscalización electrónica Nº 2299514 y procedió a contestar en la misma en la nota expresando: “NO TUVE NI TENGO NINGUNA CUENTA DE NINGUN TIPO EN SUIZA….”, y luego solicitó una prórroga para responder la misma. A fs. 59 contesta las resoluciones de vista mediante mutinota y manifiesta: “… NUNCA TUVE CUENTAS EN SUIZA NI TUVE NUNCA EN MI PATRIMONIO CAPACIDAD DE AHORRRO PARA TENER ESA POSIBILIDAD…” continúa “…EN EL EXPEDIENTE SE MANIFIESTA QUE DICHAS CUENTAS FUERON MANEJADAS A TRAVES DE INTERNET, CARECIENDO POR MI EDAD AVANZADA Y FORMACIÓN CAPACIDAD PARA HACERLO...” (SIC). Pero no adjuntó, ni intentó valerse de ninguna prueba conducente para fundamentar sus dichos.
En esta instancia, cabe recordar que en la audiencia del art. 173 de la ley 11.683 el apoderado de la actora manifiesta: “que desiste del Exhorto a la autoridad fiscal de Suiza…”
Ello así, y teniendo en cuenta que este Tribunal debe pronunciarse únicamente sobre las cuestiones que se encuentran sometidas a su jurisdicción y en la medida del objeto de la litis, corresponde validar el criterio fiscal en cuanto le ha atribuido en función de los elementos de la causa la titularidad de los fondos al aquí actor.
Que, en virtud de lo expuesto, procede confirmar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
La Dra. Guzmán dijo:
Que se adhiere al relato de los hechos y a la solución propiciada por el Vocal Instructor, con excepción de las costas en la defensa de nulidad.
En efecto, entiendo que las costas deben ser soportadas por el excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposa en la alegada inexistencia de causa –art. 7, inc. b) de la ley 19.549- agravio que acarrea inexcusablemente aquélla declaración, lo que motivó que el Vocal Instructor le otorgara el tratamiento de excepción. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que advierto razones para apartarse de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N. Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J. N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
El Dr. Martin dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en su totalidad, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.- Date: 2025.10.07 17:32:46 ART Date: 2025.10.07 18:15:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.08 10:09:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.08 10:10:31 -03:00
Fin de la sentencia