Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7976
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7976 Sentencia: 2985 Actora: PEREYRA, Nilda Haydee Demandada: GONZÁLEZ, Diego Objeto: Interdicto de recobrar Fecha: 14/12/2022 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintidós se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “PEREYRA, Nilda Haydee c/ GONZÁLEZ, Diego y otro s/ interdicto de recobrar” Expte. P 17232 del año 2015 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Pico Truncado, que tuvieron ingreso en esta instancia bajo el Nº 7976. A estos fines se determinó el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos; Griselda I. Bard y Jorge Omar Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIME-RA: ¿Debe abrirse a prueba en la instancia? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en primer término corresponde el tratamiento del pedido formulado en el punto III del escrito de fs. 173/174 por el cual, el recurrente, solicita la apertura a prueba en la instancia. Ello a fin de producir en la instancia las pruebas respecto de las cuales se ha declarado la negligencia y que su parte insiste en su interés en replantear. Adelanto mi posición en contra de lo requerido. Es sabido que el replanteo de prueba en segunda instancia es excepcional. Su fundamento par-te de la inapelabilidad de las decisiones del juez (art. 357 del CPCC) sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. En el caso se ha declarado la negligencia del demandado en su carga de producir la prueba ofrecida pues a él le incumbía urgir para que sean diligenciadas oportunamente (art. 362 del CPCC). Por ello el replanteo se funda en la finalidad de reparar los errores del juez a quo en las providencias relativas a la producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Por ello autoriza la producción en segunda instancia en los casos de declaración infundada, injustificada o mal declara-das de negligencia o caducidad de la prueba. Quien ahora pretende el replanteo no ataca la declaración de negligencia, sino que pretende superar la propia torpeza en su defensa en autos. Ello que atenta contra los principios de celeridad y debido proceso, principios que sufrieron agravio en un interdicto que se dispuso que tramitara por las normas del proceso sumarísimo (fs. 36 último párrafo) iniciado en el lejano noviembre de 2015.
Por ello propongo al Acuerdo rechazar la pretensión de replantear la prueba no producida y respecto de la cual medió declaración de negligencia. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
II. Comparto la propuesta y las razones expuestas por el primer votante y como él entiendo que no se dan las circunstancias extraordinarias que habiliten el replanteo de prueba en segunda ins-tancia. Adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que la Sra. Juez ha resumido la acción intentada y su responde y las circunstancias proce-sales del expediente que y por celeridad me remito a estos antecedentes que llevaron a la sentencia de fs. 149/152. El pronunciamiento hace lugar al interdicto de recobrar incoado por Nilda Haydee Perey-ra contra Diego González ordenando en consecuencia se le restituya la posesión de un lote de 50m de largo por 25m de ancho ubicado en la chacra LG1 A de la quinta G de la ciudad de Las Heras y lo condena con costas. Difiere la regulación de honorarios. Nada dice la sentencia de la situación del codemandado Juan Nicolás Mendoza a quien se in-tentara notificar con la cédula de fs. 38 del traslado de la demanda.
Y digo se intentara notificar habi-da cuenta que no se cumplió con el aviso del art. 316 del CPCC y directamente se entregó a otra per-sona aplicando la norma del art. 142 del rito que no corresponde en el traslado de la demanda. Juan Nicolás Mendoza no se presenta a estar a derecho. Y luego, a mi juicio, sin estar correctamente inte-grada la litis a fs. 65 se abre la causa a prueba y en la condena no se lo menciona. Notificarlo de la sentencia llevó a que fracasada la cédula de fs. 200 se lo notificara por PE 492744/2022. Mendoza no realizó ningún planteo y el vicio señalado no afecta la sentencia habida cuenta que la actora le imputa haberle vendido la fracción objeto de interdicto no haberla desposeído.
Por otro lado, la circunstancia de haber abierto la causa a prueba sin estar correctamente integrada implica tener por desistida de la acción contra Mendoza. Eventualmente la litis debió ser corregida en la instancia de grado y ha que-dado convalidado lo actuado. Aclarado ello quiero señalar que no se me escapó que ambas partes hacen referencia a una denuncia penal lo que podría afectar el principio de prejudicialidad ahora legislado en el art. 1775 del Código Civil y Comercial. Si bien la parte demandada ha perdido la oportunidad de valerse de la prueba en esos autos, solicité se me informara si la causa penal había concluido, lo único que interesa a los fines de la prejudicialidad al Dr. Candia, agente fiscal de Las Heras quien me ratificó el archivo de la causa como surge de las copias de actuaciones que me remitió.
Por otro lado, prescindiendo de esta información, si no hubiera concluido, la dilación de una causa por amenazas citada a fs.55 que nada tiene que ver con una desposesión o de la denuncia de usurpación y estafa (fs. 31/32) nos permi-te descartar la nulidad de la sentencia por violación de la prejudicialidad por encontrarnos en el su-puesto de excepción del inciso b) del art. 1775 del Código Civil y Comercial.
IV. Que el apoderado del demandado en su expresión de agravios ataca la sentencia soste-niendo que no se encuentran acreditados los extremos del art. 601 del CPCC en orden a que la actora “hubiere tenido la posesión actual” y que hubiere sido despojado total o parcialmente de la cosa con violencia o clandestinidad lo que a su juicio era suficiente para haber rechazado la acción. Sostiene que no puede atribuirse negligencia al demandado por la orfandad probatoria “dado que ninguno de sus letrados se ocupó de producir la prueba por él ofrecida” y que insistirá en la ins-tancia.
Reconoce que puede surgir de la prueba qua la actora concurría a dar de comer a sus caballos o regar sus plantas, pero nunca el hecho de la posesión.
Invoca como prueba de la posesión ejercida por su mandante la documental acompañada a fs. 45/49. Entiende que son prueba evidente y que si la actora concurría a dar de comer a sus caballos- cuestión no acreditada a su entender- o regar plantas lo ha sido con permiso de su mandante, y no por ejercer posesión de la chacra. Razona que, si la actora encontró el portón cerrado, es porque era Gon-zález quien ocupaba la chacra y ella solo iba de visita de vez en cuando sin que esa circunstancia pueda acreditar la posesión para intentar este interdicto. Afirma que no acreditó la actora haber efec-tuado construcciones o que la documental corresponda a materiales destinados a la chacra. Expresa que la orfandad probatoria es también de la actora quien no acreditó los recaudos de los incisos 1º y 2º del art. 601 del CPCC. La actora realiza planteos que fueron rechazados, pero no contesta los agravios. Los autos se elevan con la certificación obrante en PE 601219/2022. Recibidos conforme consta en PE 309245/2022 se integra Cámara con el Dr. Jorge Omar Alonso en PE 607.774 y se dispone el pase a sentencia por PE 402455/2022.
V. Que la Sra. Jueza funda la sentencia recordando el art. 2238 del Código Civil y Comercial que lo pertinente dispone:
“Las acciones posesorias según haya turbación o desapoderamiento, tiene por finalidad man-tener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la pose-sión, contra la voluntad del poseedor o tenedor. Hay turbación…. Hay desapoderamiento can-do los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o tenedor. La acción es po-sesoria si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la pose-sión, aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor….” Funda la sentencia en jurisprudencia que cita y en la valoración de la prueba producida y la orfandad probatoria del demandado para llegar a la convicción que la actora ocupaba un lote de 25 metros de frente por 50 metros de fondo en la chacra LG1 A de la quinta G de la ciudad de Las Heras.
La protección que la ley acuerda a la posesión o a la tenencia se apoya en dos principios: a) excluir en principio la justicia por mano propia de tal manera que quien entiende que tiene derecho sobre la cosa acuda a la justicia; b) todo poseedor o tenedor tiene derecho a ser respetado en su rela-ción de poder y si resulta turbado o despojado debe ser amparado y restituido. Ello aún en el caso en que no tenga un derecho sobre la cosa, pues todos debemos ser amparados frente a turbaciones o desapoderamiento de hecho. Esta acción versa únicamente en restaurar la situación de posesión o de tenencia antecedente. Desgraciadamente, este interdicto que debió ser de breve duración (por su trámite de proceso sumarísimo) lleva siete años de trámite.
Los operadores del sistema deben arbitrar los medios para evitar esta lentitud que conspira con el concepto de justicia: instando el trámite los letrados, y el des-pacho actuando con la celeridad que requiere el juicio sumarísimo. El ataque contra la sentencia no se centra en los argumentos principales en que la Sra. Jueza la funda, principalmente la prueba testimonial, corroborada por los recibos de pago de la energía eléctri-ca. De las declaraciones testimoniales prestadas en la causa, que en su grabación no se incluye el nombre de cada testigo, pero incluye a los tres identificados en las actas de fs. 107 (José Alberto Ha-ro) 110 (Héctor Ruiz González) y 113 ( Hugo Miguel Carrizo) se desprende la realización de actos posesorios: construcciones efectuadas, plantaciones y la tenencia en el bien de, por lo menos, un ca-ballo al que concurría a dar agua, y a regar las plantas, pero que demuestran sin lugar a dudas, a los fines de este interdicto, que la actora ostentaba, por lo menos, la tenencia de un lote de 25ms. de fren-te por 50 Ms de fondo que es parte de la chacra designada como LGI A de la quinta G de la ciudad de Las Heras.
En agravios el recurrente, en el primer párrafo del memorial de fs. 173 vta., admite que puede surgir de la prueba que la actora concurría “a dar de comer a sus caballos o regar sus plantas” lo que demuestra un señorío sobre la tierra. En el responde el demandado a fs. 52 vta. afirma haber colocado por motivos de seguridad un portón de dos hojas y dos portones de acceso en los costados del predio lo que es un indicio a favor del relato de la actora habida cuenta que no es razonable que “por seguri-dad” se coloquen además de un portón de dos hojas, dos portones de acceso en los costados del pre-dio. No es un establecimiento comercial con una entrada en ingreso y otra de salida, además de un ingreso de dos hojas, seguramente para entrada de vehículos.
En autos no se está discutiendo el mejor derecho ni la adjudicación municipal cuando otorga una tenencia provisoria (ver fs. 45) toda vez que la comprobación por la autoridad municipal de que el bien se encuentra libre y sin ocupantes choca con su propia versión. Ello sin perjuicio que, por otro, lado la comprobación pudo haberse realizado fuera de los momentos que la actora concurría a atender a su caballo y sus plantas. La colocación de un candado en el portón no prueba que González ocupara todo el predio, sino que, por el contrario, es un indicio del desapoderamiento.
Agrego que, con una mirada de género, debemos dar crédito a la versión de la actora respecto de haber sido insultada y amenazada con una fusta por el demandado con dos hombres atrás y con tres perros y que manifestó le iba a ir mal, diciéndole que como mujer le iba a meter un tiro (fs. 33 vta.). Esta mirada de género nos permite tener por corroborado por la denuncia que no quisieron to-marle en la comisaría como relata, y la invocación de la causa “Pereyra, Nilda Haydee s/ denuncia amenazas” Expte. 17.549 del año 2015 que tramitó en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, y que finalmente fuera archivada. Por estas consideraciones propongo al Acuerdo rechazar los agravios y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. Coincido con el análisis de los agravios que realiza el preopinante, en que no se encuentra afectada la prejudicialidad en razonamientos que lo lleva al rechazo del recurso. Me duele como inte-grante del poder judicial que un interdicto pueda llegar a durar lo que ha durado éste.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VI. Que en función de las consideraciones que anteceden propongo al Acuerdo dictar el si-guiente pronunciamiento: 1º Rechazar la petición de replanteo de prueba en la instancia que realiza el recurrente; 2º) Lamentar la excesiva duración de este interdicto y recomendar a los operadores del sistema judicial arbitren los medios para evitar su repetición; 3º) Rechazar los agravios formulados por el apelante y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio. Las costas de la instancia por su orden por no haber sido contestados los agravios; 4º) Regular el honorario del Dr. Carlos G. Toledo Vargas en un veinticinco por ciento de lo que se regule al patrocinio del demandado en primera instancia (art. 24 de la ley 3330); 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. Adhiero a la propuesta formulada por ser justa y equitativa.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 14 de diciembre de dos mil veintidós
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica de Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar la petición de replanteo de prueba en la instancia que realiza el recurrente;
2. Lamentar la excesiva duración de este interdicto y recomendar a los operadores del sistema judicial arbitren los medios para evitar su repetición;
3. Rechazar los agravios formulados por el apelante y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio. Las costas de la instancia por su orden por no haber sido contestados los agravios;
4. Regular el honorario del Dr. Carlos G. Toledo Vargas en un veinticinco por ciento de lo que se regule al patrocinio del demandado en primera instancia (art. 24 de la ley 3330);
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
El Dr. Jorge Omar Alonso no firma por no existir disidencia entre los suscriptos. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201167S.221 Tomo: XCVII Sentencia:2985 Folio Nº: 171/175 Secretaria: 1
Fin de la sentencia