Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 22825-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada, con costas por su orden.
Alta en sistema: 03/07/2019
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
15841/2005 PEREYRA RICARDO GENARO (TF 22825-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, de junio de 2019.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que a fs. 173/4, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución de la AFIP, mediante la cual había excluido al contribuyente del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes con efectos desde el mes de febrero de 2001 con fundamento en que la actividad del acreedor hipotecario que ejerciera no podía ser incluida en dicho régimen. Impuso las costas por su orden. Para así resolver consideró que, desde el punto de vista normativo, la resolución general 911/00 (BO 24/10/2000) suprimió el primer párrafo del art. 65 de la Res. 619/99, que disponía que no podrían adherir al régimen los sujetos que desarrollaran operaciones financieras con recursos monetarios propios o ajenos en virtud de no encontrarse comprendidos en la definición de pequeños contribuyentes, disposición que alcanza a la hipoteca de U$S 60.000 del 28 de febrero de 2001. Es decir que a esa fecha no existía ninguna exclusión normativa respecto a dicha actividad, por lo que la decisión que así lo dispuso fue dictada en apartamiento del marco normativo vigente.
Entendió en tal sentido que si bien ello era suficiente para resolver sobre la ilegitimidad de la decisión recurrida, con arreglo al principio de legalidad que rige en materia tributaria, no podía dejar de señalarse también que la realización de una única hipoteca por un contribuyente cuya actividad declarada es la de venta de productos alimenticios en un local de su propia casa no podía llevar sin más a concluir que el contribuyente hubiese comenzado a hacer operaciones de financiación, aún cuando cierto es que para la gravabilidad de los intereses que generan esta clase de operaciones la ley del impuesto a las ganancias no requiere de habitualidad.
2. Que, disconforme con esta decisión, la actora dedujo recurso de apelación a fs. 175, expresando agravios a fs. 176/8, contestado a fs. 194/8, respecto de la imposición de costas por su orden.
3. Por su parte, el Fisco apeló a fs. 180, fundada a fs. 185/91, que no ha sido contestada.
Sostiene que si bien es acertado que el art. 65 de la RG 619/99 se encontraba derogado a la fecha de la operación por U$S 60.000, de la propia decisión apelada se desprende que sí se encontraba vigente al momento de efectuarse la operación por $5.000.
Es decir que por esta operación el Fisco podía excluir al Sr. Pereyra del régimen dado que se configura una doble actividad, tal como lo dispone el art. 17 de la ley 24.977.
Alta en sistema: 03/07/2019 Destacó en tal sentido que el a-quo no se expidió respecto de la operación por $5.000, es decir que omite arbitrariamente pronunciarse, hecho que genera un agravio irreparable a su parte, por cuanto de haberlo considerado hubiera surgido que la exclusión era correcta aún por esa sola operación. Así, entiende que el voto mayoritario prescinde de la realidad económica dado que el actor efectúa dos actividades, lo que es contrario con la ley 24.977.
Finalmente, solicita la aplicación del art. 76 de la ley 11.683, reformado por la ley 27.430, en cuanto a la incompetencia del Tribunal Fiscal.
4. Que, surge de estos autos, que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si por los dos préstamos efectuados por el Sr. Pereyra, corresponde su exclusión del régimen simplificado del monotributo.
Es dable recordar al respecto que tales préstamos son dos: uno por $5.000 del 27 de febrero de 2000 y otra por U$S 60.000, del 28 de febrero de 2001.
5. Que, ante todo, cabe señalar que el art. 86 de la ley 11.683 dispone que en los recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de tributos o sanciones, la Cámara resolverá el fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos probados, aunque podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos. Es de advertir, por ende, que la valoración del Tribunal Fiscal respecto de la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara.
6. Que, mediante el art. 31, inc. b, pto. 2 de la RG 911 (BO 24/10/00) se dejó sin efecto el art. 65 de la RG 619 (BO 18/6/99) que disponía que no podían adherir al Régimen Simplificado los sujetos que desarrollaran operaciones financieros con recursos monetarios propios o ajenos (prestamistas) en virtud de no encontrarse comprendidos en la definición de pequeños contribuyentes.
7. Que, tal como lo puntualizó el a-quo, en cuanto al préstamo por U$S 60.000, efectuado en febrero de 2001, en virtud de lo previsto en la RG 911/00, a esa fecha no existía ninguna exclusión.
En tanto, respecto del préstamo por U$S 5.000, realizado en febrero de 2000, es decir, con anterioridad a la referida resolución, tal como lo señaló el voto mayoritario, la realización de una única hipoteca por un contribuyente dedicado a la venta de productos alimenticios no puede Alta en sistema: 03/07/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 15841/2005 PEREYRA RICARDO GENARO (TF 22825-I) c/ DGI s/ considerarse como una “actividad de financiación” como para excluirlo del régimen.
8. Que, el art. 17 de la ley 24.977 establece que “Quedan excluidos del Régimen Simplificado los contribuyentes que: …c) Tuvieran más de una unidad de explotación y/o actividad comprendida en el régimen”. En efecto, tal como se advierte de la ley, la exclusión estaba dirigida a aquellas personas que desarrollasen operaciones financieras o de prestamistas, y el Fisco no ha probado que la actora realice tal actividad en forma habitual.
Por tal motivo, no se advierten razones para considerar que la sentencia apelada resulte irrazonable o arbitraria, máxime cuando el apelante no plantea ningún tipo de objeción seria o cuestionamiento dirigido a derribar los argumentos expuestos en el pronunciamiento, en especial con referencia a que no se encuentra acreditada la actividad de prestamista.
Por ello, y toda vez que los agravios del Fisco no logran desvirtuar los fundamentos de la decisión recurrida, corresponde desestimarlos.
9. Que, a lo expuesto cabe agregar que en cuanto al planteo referido al art. 76 de la ley 11.683, reformado por la ley 27.430, no resulta de aplicación al caso de autos por haber quedado firme y consentido el pronunciamiento de este Tribunal referido a la competencia del Tribunal Fiscal (fs. 116/118), dictado con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida normativa.
10. Que, en cuanto a las costas corresponde imponerlas por su orden en ambas instancias en atención a la naturaleza compleja de la cuestión (art. 68, segunda parte del CPCCN).
11. Que, conforme al artículo 2° de la acordada de la CSJN nº 66/90, cuando el Estado Nacional debe integrar la tasa judicial antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
Que por ello, corresponde hacer lugar al pedido de diferir el pago de la tasa de justicia respecto de la suma de $ 750 (fs. 204), debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los quince días, las medidas adoptadas por su Superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. Por todo lo expuesto SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas por su orden.
Alta en sistema: 03/07/2019 Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY ROGELIO W. VINCENTI
Alta en sistema: 03/07/2019
Fin de la sentencia