Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar por inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1122/1126 y vta., por los Defensores Particulares de Sergio Oscar Pereyra.
2Confirmar, la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1102/1107 y vta.
3Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 1126 Vta.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:027 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 26 de Junio de 2.015 AUTOS: "PEREYRA SERGIO OSCAR S/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, AMBOS EN CONCURSO REAL ENTRE SÍ", Expte. Nº 4743/14 (P-897/14/TSJ)
Río Gallegos, de junio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: "PEREYRA SERGIO OSCAR S/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, AMBOS EN CONCURSO REAL ENTRE SÍ", Expte. Nº 4743/14 (P-897/14/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuesto a fs. 1122/1126 vta., por los Defensores Particulares Dr. Fernando Pablo Tanarro y Raúl Enrique Andrade, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1102/1107 vta., que en su parte resolutiva dispone condenar a SERGIO OSCAR PEREYRA a la pena de prisión perpetua, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Homicidio Criminis Causa (arts. 80 inc. 7º C.P.), debiendo además, hacerse cargo de las costas del proceso (art. 29 inc. 3 C.P.), en perjuicio de Hermidio Adolfo Pilquiman.- Que, el recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 1130/1131 y vta., y sostenido en esta instancia a fs. 1146.-
II.-) Por su parte, los Defensores Particulares del imputado Sergio Oscar Pereyra, se agravian, exponiendo luego de transcribir parte de la motivación del fallo recurrido, en lo relativo al aspecto sustancial "...La orfandad probatoria de esta causa, las dudas y hasta enigmas que presenta la conducta asumida por Pereyra, su comportamiento insólito con posterioridad a lo sucedido en el puesto San Fernando, hacen que el fallo se construya en base a probabilidades o supuestos, y encuentra casi único sustento en un informe psicológico, que si bien puede decir algo parecido a lo que sostiene el Magistrado votante también, y a la luz de los hechos, puede decir lo contrario...".- Manifiestan que "...según lo relatado en el fallo, Pereyra habría matado a Pilquiman para apoderarse de sus pertenencias, y que en la causa se ha podido determinar la conexión ideológica entre el homicidio y su deseo de apoderarse de la camioneta de la víctima y de sus pertenencias.
Lo que no es así. Y de serlo nos pone frente a la inevitable pregunta de si Pereyra comprendía lo que estaba haciendo. Alguien que, supuestamente -como sostuvo el Fiscal- aparece como estudiando el lugar y aprovecha el momento de encontrarse solo con la víctima en un estado casi de total indefensión, escapa con el objeto de sus deseos para luego ser aprehendido paseando por la calle principal de la localidad de Piedra Buena. Aprehendido en una forma infantil. ¿Es ésta la conducta esperable de quien habría urdido o tramado un plan para apoderarse de una camioneta, matando a su dueño? ¿Es esta la conducta que tipifica el art. 80, inc. 7 del C.P? ¿Es éste el 'matar para' del que habla el fallo?
El art. 80, inc. 7 funda la calificación en consideraciones subjetivas. Esto es en casos en que pueda reputarse probado que el propósito homicida se elaboró y adoptó antes de iniciar el delito-fin, es decir para aquellos casos en que la ida homicida aparezca pre deliberada y anterior por ejemplo a los actos del apoderamiento. Así se dice en el fallo, sin prueba alguna, que la situación de encontrarse –supuestamente- solos nuestro defendido con la víctima fue propicia para que Pereyra desarrollara su acción. Y de allí se salta al deseo de apoderamiento de la camioneta, que no surge de las pruebas de autos, ni siquiera del informe psicológico. Tampoco de los mentados mensajes de texto, cuya importancia se magnífica en el fallo en sentido del deseo de apoderarse de la camioneta...".- Agregan "...En este punto, es dable recordar que del principio de culpabilidad se deduce que un sujeto solamente puede ser penalmente responsable de aquellas consecuencias de su comportamiento que, como ciudadano fiel al Derecho, podría y debería haber evitado.
Por tanto, la responsabilidad jurídico-penal está limitada por el poder individual de una persona. Esta delimitación de la responsabilidad según el criterio de las capacidades individuales se puede denominar imputación subjetiva...".-
Asimismo cuestionan el encuadre legal de la acción endilgada al enjuiciado, art. 80 inc. 7º, "...La conducta posterior de Pereyra, al retirarse del establecimiento ganadero –siguiendo los lineamientos del fallo- no es la propia de alguien que haya podido valorar acertadamente lo que habría causado. No es la de quien carece de capacidad empática, o del que está absolutamente comprometido con sus deseos, no, es algo más, es la de quien no ha comprendido lo que ha hecho. Única explicación lógica, siguiendo la versión del fallo, que no es la de nuestro defendido. No se puede entonces, con la conducta anterior y posterior de Pereyra, sostener que mató a Pilquiman para apoderarse de su camioneta y pertenencias. Ésto cuando no tuvo ni siquiera el mínimo cuidado para ocultar lo que supuestamente habría hecho. Es decir, para el fallo, mató para robar y ocultar lo hecho, y fue lo que menos hizo, ya que se paseó por varias horas con la camioneta a la vista de todo la gente...".- Agregaron que "...recordemos en ésto una vez más que: 'La esencia del agravamiento en el homicidio criminis causae consistente en una conexión ideológica que, como causal final, se relaciona de la siguiente forma: a) en primer lugar, el homicidio se realiza con el fin de cometer otro delito, que tanto puede ser cometido por quien mata, como por otra persona. De esta forma, el homicidio se tipifica tanto para preparar, facilitar o directamente consumar otro delito; b) en segundo lugar, el homicidio se comete con el fin de ocultar otro delito, como ser la muerte de una persona para que no delate al autor o evitar que el hecho sea descubierto; c) en tercer lugar, se puede cometer el homicidio con el fin de asegurar los resultados de otro delito y d) por último, se comete el homicidio con el fin de asegurar la impunidad, tanto para sí como para otra persona. Asimismo, se requiere dolo directo, ya que por la estructura no es admisible el dolo eventual' Buttiglieri, Miguel Ángel s Recurso de casación/// Cámara Nacional de Casación Penal Sala I (denominación anterior al art. 13, Ley 26371, B.O. 30/05/2008); 29-mar-2007; Boletín Secretaría de Jurisprudencia de la CFCP; RC J 12639/10...".- Concluyendo finalmente "...Por ello, entendemos primeramente que el fallo aplica erróneamente la ley, en este caso el artículo 80, inc. 7 del C.P., tal cual lo expusimos más arriba...".-
En un segundo capítulo afirma que la sentencia recurrida incurre en "...Transgresión de las normas de la sana crítica en la valoración de la prueba...".-
En este sentido destacan "...y el fallo, a nuestro entender, se construye sobre la base de supuestos, forzando los hechos para que un informe psicológico sirva como base principal del mismo. Tenemos sí que ha quedado probada la dinámica del accionar de los cuatro actores principales de esta causa, esto es Pilquiman, López, Santa y Pereyra. Esto es, varios días juntos, prácticamente alcoholizados y viajando de un lado para otro, con epicentro en La Esperanza. Para esta defensa, esto es lo único probado. Lo demás, reiteramos, es una construcción a partir de los alegatos del Sr. Fiscal, que muestran a Pereyra como una mente calculadora y oportunista, quien pacientemente habría esperado quedar a solas con la víctima, habiendo previamente estudiado el lugar, para luego matarlo para robarle la camioneta y otras pertenencias...".- Más adelante agregan "...Fácilmente a nuestro entender, se tomo como base un informe psicológico que dice algunas cuestiones que recepta el fallo, pero también dice otras, y omite muchas. O ni siquiera se analizaron. Así lo dicho por el perito puede aplicarse a cualquier persona, alguna de esas características les podrá caber, igual que a Pereyra, pero eso no lo hace una poseedor de una lúcida mente criminal que luego termina en forma insólita su accionar delictivo...".-
Finalmente, a modo de conclusión "...En este caso, a nuestro entender y respetuosamente, creemos que el vicio en que incurre la sentencia es partir de una afirmación no probada, de una motivación no probada, a la que se llega por una interpretación fragmentaria de un informe psicológico, para tratar de dar lógica a una conducta que no la tuvo para el fallo. De allí que también entendemos que se violado el debido proceso y la defensa el juicio conforme el art. 18 de la Constitución Nacional...".-
Por último, hacen Reserva de Recurso"...Dado los derechos vulnerados en el pronunciamiento recurrido, los derechos al debido proceso de la Constitución nacional, formulamos reserva de interponer el recurso de queja por casación denegada y/o en su caso el recurso extraordinario Federal ante la CSJN...".-
III.-) Este Alto Tribunal, a los efectos de realizar un adecuado tratamiento de la admisibilidad formal de los motivos expuestos por el recurrente, para dar fundamento al medio de impugnación articulado, examinará con tal propósito los mismos, a los efectos de resguardar la correcta aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el caso “CASAL” (“Casal, Matías E. Y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), en torno a la garantía constitucional de la doble instancia penal, donde, empleando las palabras del maestro Lino Enrique Palacio: "...la Corte estipuló que el Tribunal de Casación debía revisar con amplitud en el marco de los recursos concedidos a personas condenadas, imponiéndole la obligación de agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, vale decir, que solo dejó fuera del ámbito de revisión lo que surja directa y únicamente de la inmediación propia de los jueces actuantes en la instancia anterior..." (Los Recursos en el Proceso Penal, ed. Abeledo Perrot, pág. 125).- Efectivamente, a modo de conclusión de la extensión de la materia revisable en la instancia extraordinaria, conforme a los mandatos constitucionales, el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación en dicha oportunidad sentó "...con el texto del art. 456 entendido exegéticamente y en armonía con los arts. 8°, inc. 2°, h), de la CADH y 14, inc.5°, del Pacto Internacional, resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho...".- Entonces, desde esta óptica, se asumirá la revisión de los motivos a través de los cuales el recurrente pretende fundar el medio de impugnación intentado.-
En igual sentido se ha sostenido "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (Conf. doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).-
IV.-) Para atender adecuadamente los agravios, es necesario realizar una descripción sobre los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche de la defensa.-
Así las cosas, la sentencia de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial consideró probado que, como especifica en la requisitoria de elevación a juicio el Ministerio Fiscal: "... se le imputa a Sergio Oscar Pereyra que en fecha indeterminada pero entre las 20:04 hs., del día 3 de octubre de 2012 y las 14:30 hs., del día 4 de octubre de 2012, en la vivienda existente en la Sección San Fernando del establecimiento ganadero “La Porfiada”, distante a 127 Km., de esta localidad por Ruta Provincial Nº 9, haber efectuado disparos con arma de fuego calibre 22 sobre la persona de Hermidio Adolfo Pilquiman causándole la muerte, para posteriormente apoderarse de la camioneta marca Ford F-100 dominio ADO-693, una carabina marca Rubi Extra calibre 22, así como otras pertenencias indeterminadas del causante, siendo hallado por personal de la comisaría de Comandante Luis Piedrabuena en posesión del vehículo mencionado en cuyo interior se encontraban elementos pertenecientes a la víctima. Asimismo se le imputa al enjuiciado que el día 05 de octubre de 2012, siendo las 06:30 hs., aproximadamente, en circunstancias en que personal de la Comisaría 1º de Comandante Luis Piedrabuena procediera al secuestro y requisa del vehículo Ford F-100 dominio ADO-693 que se encontraba en su posesión, portar una carabina marca Rubi Extra calibre 22, con Nº de serie 102887 ubicada detrás del asiento del conductor, así como también, dentro de la guantera, un cargador con 10 cartuchos calibre 22 pertenecientes al arma de mención, no pudiendo Pereyra acreditar la calidad de legítimo usuario como así tampoco su tenencia y/o portación...".- Con relación a la plataforma fáctica de mención, la defensa se agravia sosteniendo: a) Arbitrariedad del fallo por afectación de la sana crítica racional; b) Aplicación errónea del tipo delictivo previsto por el art. 80 inc. 7º del Código Penal.-
V.-) Conforme a la revisión integral del fallo corresponde en primer término abordar el agravio defensivo relativo a que el fallo se encuentra desprovisto de la debida fundamentación (art. 116 del CPP), lo que, según el recurrente, torna arbitrario al mismo (Art. 439 inc. 2 del CPP).-
Como primera cuestión, corresponde efectuar algunas consideraciones generales en relación a los principios rectores de la fundamentación de los fallos judiciales.-
En este sentido, la obligación legal que impone a los jueces la necesidad de fundamentar y motivar, las resoluciones judiciales, no sólo surge de la carta magna como una derivación del principio republicano de gobierno, sino que también del ordenamiento procesal (arts. 116, 381 y 387 a contrario sensu del Código Procesal Penal).-
La doctrina dice que: "...Esta garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para dictar sus sentencias y facilita el control de la actuación judicial por el pueblo, de quien en definitiva emana la autoridad... Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente..." (conf. Gavier; Ernesto R., "La motivación de las sentencias", en Comercio y Justicia, 15 y 16 de octubre de 1961).- Concordante con la doctrina expuesta resulta ser la jurisprudencia pronunciada por la Cámara Nacional de Casación Penal quien se expidió con respecto al tema "...Motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen.
En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo..." (conf. Sala III, Causas nº 80, "Paulillo, Carlos Dante s/rec. de casación", reg. 111, rta. 12/4/94; nº 181, "Sassoon Attie, Raúl Nissim s/recurso de casación", reg. 177/94, rta. 17/11/94; nº 1802, "Grano, Marcelo s/recurso de casación", reg. nº 186/2002, rta. 22/4/2002; entre otras muchas).- Finalmente, a los efectos de concluir con la doctrina en lo que respecta a la motivación, que debe contar todo pronunciamiento judicial, corresponde efectuar la siguiente cita: "...para llegar a descubrir o determinar la “verdad de los hechos”, la “verdad fáctica”, para aceptar una proposición o una hipótesis como “verdadera”, es necesario demostrar "...su coherencia o incoherencia con el material probatorio recogido y la justificación o no de su relevancia y credibilidad..."; y esta demostración deberá explicitarse -justamente- en la “motivación” de la sentencia, "...que no es otra cosa más que la exhibición de un número plausible..., por relevancia y fiabilidad, de confirmaciones de la hipótesis acusatoria y de desmentidas de hipótesis explicativas alternativas a ella..., idóneas a justificar su aceptación como verdadera..." (Ferrajoli, Luigi, "Notas críticas y autocrítica en torno a la discusión sobre derecho y razón", en Revista de Ciencia Jurídica, Más derecho, T. 2, FJD editor, Bs.
As., 2001, pág. 17/68).- Volcado lo expuesto al caso en estudio, se puede apreciar, que los vocales preopinantes, han efectuado un estudio exhaustivo del material probatorio, fundando razonadamente sus conclusiones.-
En este sentido, los argumentos empleados por el recurrente delatan su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces, quienes concluyeron en la certeza del hecho objeto de este proceso.-
Ello es así, pues el tribunal de mérito dejó plasmados los motivos que lo condujeron a comprobar la materialidad del hecho y la autoría de Sergio Oscar Pereyra en el suceso que se le reprochó. A lo expuesto, los sentenciantes arribaron, expresando cuáles eran los fundamentos de hecho y las pruebas en las que cimentaron su decisión.-
En síntesis, en la sentencia impugnada es posible tomar conocimiento de los hechos y razones que llevaron al tribunal a resolver del modo en que lo hizo, de forma tal que, las críticas que formula la defensa, no pasan de ser un mero disenso con la valoración de la prueba y que, por las razones que se expondrán, no logran conmover la certeza del pronunciamiento.-
Con relación a la arbitrariedad reclamada por el recurrente, en principio, como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal. Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479), circunstancia que no acontece en el fallo en cuestión...- La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").-
Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria.-
Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº 084/094; "Soto, Víctor Ramón s/homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº 066/077; "Muñoz Juan Carlos s/robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Morales Omar Enrique s/apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.- En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad.-
VI.-) Lo expuesto anteriormente, se corrobora al advertir que en punto a la prueba de la autoría del enjuiciado en el despliegue de la acción típica que conforma el objeto del sub examine, aprecia este Tribunal que efectivamente, los elementos de juicio ventilados en el debate, conducen inexorablemente a tener por acreditado este presupuesto de responsabilidad penal.-
Ello así, al ponderar los resultados de las pruebas producidas en el debate, analizados en forma conjunta y armónica.-
En este sentido, si se complementan las circunstancias de tiempo, lugar y personas, mientras se descarta la posible autoría material de otras personas, todas conducen a una misma conclusión, que es la de asignar el protagonismo de la acción típica al enjuiciado.-
Del pronunciamiento se extracta claramente la responsabilidad del encartado, así los sentenciantes aseveran: "...Habiéndose comprobado la existencia de los hechos delictivos, seguidamente se ha de analizar su conexión con el accionar del imputado, y es así, que no caben dudas para este juez que Sergio Oscar Pereyra ha sido el autor del homicidio de Hermidio Adolfo Pilquiman mediante disparos que hubo de provocar utilizando un rifle calibre 22 marca Rubi, situándose en el exterior del inmueble para apuntar y disparar cuatro veces sobre la ventana de la víctima que no solo estaba golpeada sino que además altamente alcoholizada conforme lo establece el informe químico de humor vítreo y de sangre que arrojan como resultado 2,65 grs. y 2,50 grs. de alcohol, respectivamente...".- Agregan "...Por otro lado, las vainas encontradas en el lugar desde donde el imputado hubo de realizar los disparos, se corresponden, en cantidad, con los tres impactos hallados en el cuerpo de Pilquiman y con el restante alojado en el marco de la ventana luego de que atravesara su humanidad; y en calidad, al existir correspondencia técnica entre la impronta de los culotes con el dispositivo percutor del arma larga incautada que estaba en poder del imputado cuando fuera detenido en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena conduciendo la camioneta del extinto mientras se encontraba en el pub "El Triangulo"...".- Es importante tener en cuenta, que el encartado no puede aportar una versión coherente respecto de la incautación del arma, lo cual lo compromete seriamente.-
Efectivamente se debe tener presente, conforme a la pericia obrante a fs. 313/368 -prueba incorporada por lectura-, la cual se ilustra mediante secuencias fotográficas en sus conclusiones de fs. 320 se extracta textualmente: "...3). Las vainas servidas dubitadas que fueran incautadas en el lugar del hecho, fueron percutidas por el arma de fuego marca Rubi Extra Mod. 65 Nro. de Serie 102887. 4). El proyectil identificado como el nro "1" que fuera extraído del cuerpo en la diligencia procesal de autopsia realizada a Pilquiman Hermidio Adolfo fue disparado por el arma de fuego marca Rubi Extra Mod. 65 Nro. de Serie 102887...".- Se dijo, anteriormente, que el imputado no pudo dar un fundamento razonable respecto de la existencia en su poder del arma homicida, de ahí que no la reconozca al serle exhibida en la audiencia de debate. Por otro lado, conforme su relato, una vez acaecido el hecho se sube inmediatamente a la camioneta y se evade del lugar, no se entiende entonces como obra el arma en su poder.-
Téngase en cuenta que, conforme la inspección ocular, el arma Rubi (fs. 49/50), se incauta detrás del asiento de la camioneta (fs. 33 acta de secuestro), por lo que no cabe duda alguna, que fue colocada en ese lugar por el encartado.-
Por lo demás, corresponde tener presente que el arma secuestrada, resulta ser del occiso, toda vez que así lo reconocen en el debate, Patricio Edmundo Pilquiman y María del carmen Pilquiman.-
Otro de los indicios que comprometen al enjuiciado, resultan ser los mensajes de texto hallados en su celular (fs. 33 acta de secuestro incorporada por lectura).-
Efectivamente, de la transcripción de los mensajes (fs. 80/82 prueba incorporada por lectura), se extracta: "...Yo: jajaja mañana aparesco en una ford ja tkm. Enviado 3 de Octubre... Yo: Si me regalaron una Ja tkm. Enviado 3 de Octubre... Yo: Aí boy me arme de una for. Enviado 4 de Octubre...".-
Nuevamente en el debate el encartado no reconoce el celular incautado, por lo que omite todo tipo de comentario razonable, respecto de lo transcripto precedentemente.-
Con relación a lo manifestado a dicha circunstancia de la sentencia se extracta: "...he dejado para este apartado el contenido y valor de los mensajes de texto transcriptos justamente porque me ha llamado la atención la forma, diría hasta emocionante o más bien eufórica, con que el imputado hablaba y actuaba respecto de la posesión y uso de la camioneta, conduciéndose incluso hasta con cierta impunidad por las calles del pueblo...".-
De idéntica manera, en la sentencia se analiza, la versión exculpatoria del encartado y su falta de correspondencia con el material probatorio colectado.-
Así, oportuno es colacionar de la sentencia recurrida "...Es indudable que la versión brindada por el imputado en lo que refiere a los días previos y al día mismo en que se produjo el suceso, no llega a conmover la prueba vinculante reunida, en tal sentido, durante el juicio...".-
Sostienen "...Es así, que mediante el testimonio de Raúl Nazareno Medrano, propietario del bar “Rincón de Amigos” situado en el paraje La Esperanza, se pudo comprobar que López, Pereyra (que manejaba), Santana y Pilquiman, durante los días lunes y martes anduvieron juntos en su camioneta, pero el día miércoles solo vio a López, PEreyra y Pilquiman, tal versión se complementa armónicamente con lo manifestado por Claudia Virginia Macias quien manifestó haber visto a López en su casa el día miércoles a media mañana, y con lo dicho por este último, cuando asegura que se quedó en su hogar junto con Santana y que al puesto se fueron, el día miércoles, solos, Pereyra y Pilquiman...".- Por lo que concluyen "...Ahora bien, consecuentemente con lo afirmado, lo cierto es que en el puesto de San Fernando, el miércoles por la tarde, solo estaban Pilquiman y Pereyra, circunstancia que se haya confirmada, entre otras pruebas, por las secuencias fotográficas respectivas de donde se constata la existencia de dos vasos de vino en uso sobre la mesa de la cocina comedor donde fuera encontrada sin vida la víctima. Sin lugar a dudas que esta situación fue propicia para que el autor pudiera desarrollar su acción, donde además, contó con la soledad del campo, el estado de ebriedad de Pilquiman y su juventud frente a un hombre mayor disminuido en sus movimientos por el estado etílico que presentaba...".- La autoría material, se encuentra debidamente probada, pues razonablemente, no existe otra posibilidad que el hecho haya sido protagonizado por otra persona que no sea el enjuiciado, conforme a la restante prueba producida en el juicio. Como simple ejemplo de lo recién vertido, podemos agregar a lo expuesto en la sentencia que, además de la circunstancia que se acreditó, a la hora de la producción de la muerte de Pilquiman, que el enjuiciado era el único que se encontraba en el escenario del hecho juzgado, éste, a su vez, era quien tenía la res furtiva, cuando no había transcurrido un lapso temporal para explicar dicha tenencia con otro origen que no fuera el robo, sino, además, que dentro de la camioneta se halló el corpus instrumentorum del homicidio.- Acontece, entonces, que lo arbitrario es que el recurrente reduzca, prescindiendo de la consideración de circunstancias relevantes, la motivación del fallo condenatorio, a una inferencia subjetiva de los juzgadores a partir de los resultados de la pericia psicológica.-
Por lo demás, lo argüido por la defensa, cuando sostiene que el comportamiento de Pereyra no se compadece con alguien que pueda idear un elaborado plan criminal, éste Tribunal Superior de Justicia no comparte lo afirmado por el distinguido defensor, ya que, el accionar burdo desplegado por el encartado, es propio de una personalidad individualista la cual se guía por sus propios juicios, tal como lo describe el perito Mendicoa en el desarrollo del debate.-
Por último, tampoco válidamente permite fundar el recurso interpuesto, la alegación referida a la conducta posterior del enjuiciado a la comisión del hecho reprochado, consistente en no ocultar o disimular la tenencia de la res furtiva, particularmente la camioneta, argumentando dudas sobre la capacidad de culpabilidad o imputabilidad de aquel por parte del recurrente.-
En primer lugar, luce claramente que el informe psicológico no ha relevado ninguna alteración psíquica que permita sostener la sospecha de inimputabilidad, pero, fundamentalmente, surge de su capacidad de culpabilidad de la actuación coherente del enjuiciado y las evasivas sobre la forma en que había adquirido la tenencia de la camioneta.-
A las inferencias del recurrente a partir de la ostentación posterior por parte de su asistido de la res furtiva, solo cabe otorgarles solo el valor de una nueva discrepancia con la interpretación brindada por los sentenciantes.-
En definitiva, el medio de impugnación extraordinario interpuesto revela una mera discrepancia con la motivación y decisión de la sentencia recurrida, incluso con la reedición de argumentos ya vertidos en el debate.-
En consecuencia, como se adelantó, no basta para fundar en forma suficiente un recurso extraordinario con la exhibición de un punto de vista diferente a lo decidido, pues, es condición de admisibilidad que los recursos no se limiten a invocar una hipótesis legal de casación, sino en fundar su presencia a través de un análisis lógico de su motivación.-
VII.-) Reconstruido que han sido los hechos en sus circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas, y ante la certeza de las pruebas mencionadas anteriormente corresponde pasar a analizar la calificación legal de los hechos, circunstancia en la cual se agravia la defensa.-
En este sentido, la conexidad del homicidio con el apoderamiento ilegítimo de las cosas pertenecientes a Pilquiman, en realidad, reconoce la misma plataforma fáctica por la cual se afirmó su autoría. Probada ésta y la simultaneidad del homicidio y apoderamiento de las cosas de Pilquiman, no se advierte otro motivo para privar de su vida a aquel, es razonable aceptar que la acción de matar fue para robar.-
En consecuencia, nuevamente, advertimos que el recurrente traduce en su medio de impugnación una mera discrepancia con la motivación del fallo, reeditando lo expuesto en el alegato.-
En este sentido oportuno es recordar "...No es necesario, entonces, una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano. La ley sólo exige que el deseo del autor de cometer un delito funcione como motivo que lo lleve al homicidio. Esto sólo requiere decisión, que puede producirse de improviso; pues, como se ha señalado y se verá en el parágrafo siguiente, el agravamiento se fundamenta en la conexión ideológica entre uno y otro hecho... El C.P. ha adoptado el sistema de la conexión para calificar este homicidio. Ello exige la integración psicológica del delito con un elemento subjetivo que va más allá del mero concurso de hechos punibles dolosos. Se caracteriza porque el autor mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar la impunidad, o por no haber logrado el fin ilícito que se propuso..." (Los Homicidios Calificados; Jorge D. López Bolado; págs. 231, 232, 234; ed. Plus Ultra).- Siguiendo el mismo sentido corresponde ilustrarnos con las palabras de Sebastián Soler "...a) El homicidio finalmente conexo requiere, según se ha dicho, que el autor, en el momento de matar, tuviera la indicada finalidad. Una vez más encontramos, pues, un asesinato en el cual la razón de la agravante finca en ese desdoblamiento psíquico que hemos visto ya otras veces dotado de poder calificante para el homicidio. En este caso, la particular odiosidad del hecho deriva de que el supremo bien de la vida es rebajado por el criminal hasta el punto de servirse de ella para otra finalidad. Su psiquismo tiende directamente a otra cosa distinta para cuyo logro la muerte –a la cual la acción también se dirige- aparece para él como un medio necesario o simplemente conveniente o favorable. El acentuado carácter subjetivo de tal circunstancia impone como consecuencia que la agravante subsiste aun cuando el sujeto esté equivocado acerca de la relación real que guarda su homicidio con el otro delito o con la impunidad..." (Derecho Penal Argentino; Soler; pág. 42; Tº III; ed. Tea).- Nos recrea Donna "...Si se analiza la cuestión, desde una teoría de la imputación, la cuestión además es normativa. Se le imputa al sujeto que, “para” o “por”, realiza un nuevo delito y por ello que la imputación ahora es mayor, pero ello no es sólo psicológica, sino normativa. Ahora el Derecho decide, sobre esa base, imputar una calificante y esto es estrictamente normativo..." (Derecho Penal Parte Especial; Edgardo Alberto Donna; Tº I; pág. 126; ed. Rubinzal-Culzoni).-
En resumen, contrariamente a lo que pretende el recurrente, ha quedado suficientemente establecida en el caso la especial situación subjetiva exigida por el tipo penal contenido en dicho precepto, en tanto las circunstancias precisadas en la sentencia traducen inequívocamente el propósito del imputado de matar a la víctima para asegurar el provecho del robo y su impunidad en ese evento, resulta adecuado el encuadre legal dado a los hechos fehacientemente comprobados en el juicio.-
Así "...es importante recalcar que encuadra en el delito previsto en el art. 80 inc. 7º, del Código Penal, la conducta de quien, con el objetivo de robar, mata a la víctima para lograr ese fin, ya que el agravamiento del homicidio en este supuesto reside en una conexión ideológica y subjetiva entre el homicidio y el restante delito, sin que sea necesaria una preordenación anticipada, deliberada y resulta de antemano..." (Conf. CNACC, Sala VII, in re "Ortiz, Diego F. y otros" del 19/08/2005, LL 2006-A, 344; ésta es la tesis seguida por Nuñez en el "Tratado de Derecho Penal", Ed. Lerner, Córdoba, 1977, T. III, pág. 54/55).- En el mismo sentido la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Santa Fe, ha resuelto en fecha 01/07/1997 que se distingue el Homicidio Casualmente Conexo –Art. 80 inc. 7mo. del C.P.- del Robo Seguido de Muerte en que esta última especie sólo cabe la muerte que se produce al robar y no la que es resultado voluntariamente perseguido en el curso de un robo y como medio para procurar impunidad por su comisión y en la causa hubo intención de matar e impregnarla de la finalidad de evitar los autores con ello su identificación por lo que estaban protagonizando, lo que imperativamente hace de aplicación la figura penal del Homicidio Casualmente Conexo con otro delito a que alude el Art. 80 inc. 7mo. del C.P. (Resolución N° 31, Tomo 4, Folio 359, en autos "P.D., s/Homicidio Calificado). Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, "T.,F.H y G., A.G", 08/05/2009, LLLitoral 2009 (agosto), 821; AR/JUR/11771/2009).- VIII.-) Por lo expuesto, se puede concluir que el fallo analizado, presenta fundamentos serios y atendibles, responde en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho presentes en el caso.-
Podrá compartirse o no lo resuelto, pero no puede sostenerse, que carezca de sustento fáctico y/o normativo; de ahí que los defensores particulares de Sergio Oscar Pereyra, no han logrado probar el absurdo en la valoración de la prueba, o que el tribunal incurriese en arbitrariedad, o errónea interpretación del derecho sustantivo, toda vez que la responsabilidad de Pereyra se encuentra plenamente acreditada, en grado de autor del delito de HOMICIDIO CRIMINIS CAUSAE (Art. 80 inc. 7 del C.P.), a través de los elementos de convicción reseñados, siendo acorde su interpretación y su conclusión fundada en derecho.- Por las razones expuestas, de conformidad con lo establecido en el art. 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 1122/1126 y vta., por los Defensores Particulares de Sergio Oscar PEREYRA en todas sus partes, confirmando la sentencia dictada a fs. 1102/1107 y vta., por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, teniéndose presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulado a fs. 1126 vta., por los recurrentes.-
Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR por inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1122/1126 y vta., por los Defensores Particulares de Sergio Oscar Pereyra.
2. CONFIRMAR, la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1102/1107 y vta. 3º) TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 1126 Vta.-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cinco vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso (art. 27 de la Ley Nº Uno -T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dra. Clara Salazar –Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2030I.151 TOMO:XIX– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:027 FOLIO Nº:109/117 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia