Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8537 Sentencia: Definitiva Actor: Pérez Alexis Alihuen Demandada: Electrificadora del Valle S.A Objeto: Demanda Laboral Fecha: 10-10-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “PEREZ, Alexis Alihuen c/ ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. s/ demanda laboral” Expte. Nº 17.072 del año 2015 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Ciudad de Pico Truncado Secretaria Laboral, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8537. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda Isabel Bard y Horacio Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el actor representado por los Dres. Sergio E. Acevedo y Víctor Vicente Mártensen promueve demanda laboral contra la empresa Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA) reclamando la suma de $ 1.176855,05 o lo que en más o menos surja de la prueba por salarios caídos con sus intereses a tasa activa desde marzo de 2009 al 30 de abril de 2014 y sus contribuciones y aportes legales y asignaciones familiares por esposa e hijos y por el mismo período $500 mensuales por privación de los beneficios de la obra social de su familia y sus intereses a la tasa activa, más la cantidad del fondo de desempleo y sus intereses a la tasa activa desde cada mes en que debió hacerse el depósito, todo hasta el efectivo pago.
Reclama las sanciones patrimoniales del art. 18 y siguientes de la ley 22250 más intereses. Se indica que la relación se encontraba regida por la CCT 76/1975 y 545/2008 que se deberán observar al realizar la liquidación. Reclama la documentación y certificación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 80 de la LCT. En otro orden reclama un resarcimiento por daño moral por la conducta de la demandada reclamando un incremento del 50% de las sumas que se le adeude.- Recuerda el asesinato del Oficial Sayago el 7 de febrero de 2006 que tuvo amplia repercusión nacional y que el 24 de febrero de 2006, recién llegado de su trabajo cuando llegó un grupo de encapuchados que lo tiraron al suelo y maltrataban a su padre y a sus hermanos y es detenido.
Refiere que existieron dos causas una denuncia contra el entonces Jefe de Policía W.A. Roque por apremios ilegales y la causa “CUATRIHUALA Darío Víctor y otros s/ coacción agravada en concurso real con homicidio calificado” Expte 22.001/2006. Describe, con relación a esta última causa que estuvo detenido hasta el 27 de febrero de 2009 en que recupera la libertad ambulatoria por no existir sentencia en la causa penal. Agrega que en dicho juicio resultó absuelto de culpa y cargo por no haber existido acusación en su contra. Relata que la empleadora al conocer su detención por el asesinato de Sayago lo suspende por 30 días sin goce de haberes y que al finalizar debía presentarse a trabajar y en su defecto se definirá la situación por la normativa laboral.
Esta comunicación, dice, fue contestada por su madre haciendo saber que estaba detenido y que se configuraba en injusta y violatoria de sanción sin causa y lo responsabiliza por los salarios caídos y ante la falsa acusación le intima rectifique o ratifique bajo reserva de acciones penales y denuncia persecución y discriminación. Esta carta nunca fue respondida lo que a su juicio es una presunción en contra de la patronal. El actor nunca pensó que no recuperaría su libertad. Aclara que luego del 2 de marzo de 2006 la única comunicación fehaciente fue el 30 de abril de 2014 cuando la empleadora en sede administrativa comunicó que estaba despedido y los créditos estaban prescriptos y que había cesado el 26 de junio de 2006 conforme la documentación expedida por AFIP (formulario de baja).
Aclara que al recuperar la libertad se presentó a trabajar en la base de Las Heras de EDVSA y el jerárquico Sr. Ovando le informó que la orden empresarial era que para que le dieran ocupación debía traer la sentencia absolutoria o el sobreseimiento definitivo desvinculándolo del trágico suceso que motivó la suspensión.-
Por ello el actor entiende que éste es el cimiento de su reclamo pues no estaba formalmente despedido, sino suspendido y cuando acude a la empresa no es tomado. Argumenta que desde el 28 de febrero de 2009 puso su fuerza de trabajo a disposición de la demandada e invoca que el art. 103 de la LCT, no excluido de la ley 22250 según art. 35 fundamenta su pretensión de cobro de los salarios caídos. Y dice que por lo expresado por el Sr. Ovando es que se presentó en sede administrativa en que la demandada relata que sus créditos estaban prescriptos y que se le había dado la baja en junio de 2006. Funda en derecho su reclamo y contesta el planteo de prescripción formulado por la demandada en sede administrativa. Reclama daño moral y practica liquidación.-
II. Que a fs. 59 obra el acta de la audiencia del art. 47 de la ley 1444, donde se deja constancia que no se encuentra presente la demandada, pero que los Dres. Gustavo Menna y Juan Andrés Gutierrez Hauri acreditan actuar en representación de la demandada conforme poder de fs. 42/43 y acompañan contestación de la demanda de fs. 46/55 y oponen excepción de prescripción. Se tiene por contestada la demanda y se corre traslado.-
La demandada opone en su escrito la prescripción de la acción con apoyo en la baja ante la AFIP que la propia actora acompaña (fs. 23) y sostiene que al haber cesado la relación el plazo de la prescripción se encuentra holgadamente vencido. Hace notar que el reclamo administrativo fue promovido el 18 de febrero de 2014 y que la prescripción alcanza a todas las pretensiones expuestas con argumentos que tengo presentes en este acto.-
Al contestar la demanda comienza por una negativa de los hechos en forma expresa para cada hecho, acompaña documentación y reconoce las copias del expediente administrativo y la constancia de baja en AFIP, aportada por el actor. Señala lo que considera incongruencias, hace notar que para la consistencia del reclamo del actor debió haber notificado en forma fehaciente a su empleadora que se encontraba a disposición para tomar servicio. A todo evento y dentro de la lógica argumental del relato del actor (que su parte niega) explica que la omisión de notificar y ponerse a disposición de la demandada debe interpretarse como “abandono renuncia” situación prevista en el art. 241 de la LCT o conocida como mutuo acuerdo tácito con cita de doctrina y jurisprudencia. Sostiene la improcedencia del daño moral y de la liquidación practicada. Ofrece prueba, se opone a comparecencia a audiencia de posiciones, reserva el caso federal y peticiona que en su oportunidad se rechace la demanda en todas sus partes con condenación en costas.- La parte actora en escrito de fs. 61/73 contesta el traslado de la excepción de prescripción. La demandada a fs. 78/79 contesta el traslado de la ampliación de prueba que a su vez es contestado por los representantes del actor en la pieza de fs. 83/85.-
III. Que por providencia de fs. 87/88 se abre la causa a prueba y se provee la considerada pertinente. Producida la obrante en autos en PE 271838/2022 se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444 para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba. El actor en PE 442850/2022 acompaña su alegato. Por no haber estado debidamente notificada la demandada de la audiencia, en PE 298023/2022 se fija nueva audiencia y se tiene por presentado el alegato del actor. En PE 502489/2022 la secretaria informa que no se presentó nadie a la audiencia. Por ello en PE 514283/2022 se le da por perdido el derecho de alegar a la demandada y se llama autos a sentencia. En PE 651995/2022 la representación de la demandada da cuenta de la sentencia homologatoria en el expediente promovido por su parte en una causa por acuerdo preventivo concursal que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, secretaria 33 de la Capital Federal y pide se lo tenga presente en estos obrados. En PE 426145/2022 se lo tiene presente y se corre traslado a los apoderados del actor.-
IV. Que la sentencia (que obra en PE 1214597/2024) establece: 1º) declara la inconstitucionalidad, en este caso particular del art. 15 de la ley 22.250 en lo que hace a su último párrafo, 2º) hace lugar parcialmente a la demanda planteada por PEREZ ALEXIS ALIHUEN condenando a la firma ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. al pago de las sumas de dinero a determinarse en su oportunidad correspondiente a los rubros demandados en concepto de: a) indemnización por antigüedad y b) fondo de desempleo. Las sumas de dinero correspondientes a dichos rubros deberán ser actualizadas desde la fecha 30/4/214 (2014 entiendo) y conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA y que son de uso judicial. Los montos o sumas que en definitiva resulten deberán ser abonados por la demandada condenada en el plazo de diez días siguientes a la fecha de la notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse bajo apercibimiento de ejecución forzosa (arts. 99 y sgtes. Ley 1444). 3º) Desestima los rubros salarios caídos, asignaciones familiares, obra social art. 18 ley 22.250 y daño moral conforme lo dispuesto en el considerando III inc. b, c e d. 4º) Condenar a la demandada a entregarle al actor el certificado de aportes conforme los prescripto por el art. 80 de la LCT y certificación de servicios y remuneraciones (formulario P.S.6.2 de ANSES) teniendo en cuenta las bases y pautas dadas ut supra respecto del período de tiempo trabajado, debiendo acompañarlo a la sede del Juzgado dentro de los treinta días corridos de que quede firme el presente pronunciamiento. 5º) Condenando en costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 6º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta tanto den cumplimiento con la AC. 2628 del STJSC. 7º) Regístrese. Notifíquese.- Mientras el expediente se encontraba en Despacho en PE 651995/2022 la demandada da cuenta de la sentencia homologatoria dictada en los autos “Electrificadora del Valle S.A. s/ acuerdo preventivo extrajudicial” que tramitan en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial de Cap. Fed. Nº 17 secretaría 33 y solicita se lo tenga presente en estos actuados. En PE. 426145/2022 se lo tiene presente y se corre traslado a los apoderados del actor.-
Dictada la sentencia en PE 1225739/2024 se corrige error en el registro de la sentencia estableciendo que el correcto es Tomo XXXI Fº046/054 Registro 1621.-
V. Que la parte actora interpone y funda recurso de apelación contra la sentencia en PE 1243743/2024 que se le concede libremente y con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios por PE 764003/2024 que no son contestados.-
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo en PE 1422072/2024. Recibidos se integra cámara en PE 1444524/2024 y consentida la integración se dispone en PE 1453168/2024 el pase a sentencia fijando el orden de estudio.-
El Dr. Víctor Vicente Mártensen en su memorial de agravios se queja por cuanto la sentencia desestima los rubros salarios caídos, asignaciones familiares, obra social (art. 18 ley 22250) y daño moral. Además por haberse establecido la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA de uso judicial para actualizar los rubros por los que prospera la acción. Comienza con un capítulo de introducción que se tiene presente.-
En un primer agravio se dirige contra la admisión de la excepción de prescripción de los salarios caídos. Recuerda que la prescripción bianual de los créditos laborales se mide desde el nacimiento de cada crédito. Para sostenerlo afirma que el análisis de la sentencia es equivocado al prescindir de hechos esenciales que conducen a una solución contraria. Hace hincapié en que la sentencia reconoce que el actor se presentó a trabajar una vez que quedó en libertad y que el empleador condicionó el reingreso a la acreditación de su inocencia en el juicio penal. Dice que ello sería coherente con la naturaleza sancionatoria (no preventiva) de la suspensión impuesta por la demandada y sostiene que la suspensión sufrida por el actor después de presentarse a trabajar es groseramente violatoria del art. 218 de la LCT.- Considera equivocada la respuesta del magistrado y que el nacimiento del crédito por salarios caídos no se produjo al concluir cada mes sino al acreditar el actor su inocencia en el juicio penal pues la empleadora condicionó la reincorporación a la prueba de la inocencia e invoca la doctrina de los actos propios. Invoca por otro lado la dispensa en la prescripción del art. 2550 del CCyC o el art. 3980 del CC que permite al magistrado dispensar de la prescripción ya cumplida por dificultades de hecho, indicando como tal el dictado de una resolución en el juicio penal, que obstaculizaban temporalmente el ejercicio del derecho, para ello afirma que en el presente caso la empleadora actuó a lo largo del tiempo en accionar contrario a la buena fe al pretender escudarse en la prescripción de los derechos del trabajador con una suspensión que ella extendió en el tiempo sin notificación ni fundamento. Para ello invoca el art. 63 de la LCT que obliga a las partes a obrar con buena fe y califica la pretensión de ampararse en la prescripción de maliciosa y además un abuso de derecho con referencia al art. 69 de la LCT y art. 10 del CCyC. Hace notar que la propia sentencia señala comportamientos de la empleadora contrarios a la buena fe y los enumera.-
Por ello razona que si la sentencia penal se dictó en diciembre de 2013 y el reclamo administrativo se inició en febrero de 2014 la demanda por salarios de suspensión no debe considerarse prescripta. Invoca el art. 223 de la LCT que transcribe y sostiene que en el caso la empleadora no cumplió con las obligaciones que la ley le impone en casos de suspensión disciplinaria al extenderla por cinco años después de la liberación del actor sin causa, plazo ni notificación. Ello, a su juicio, acentúa el carácter abusivo de la empleadora cuando pretende escudarse en la prescripción. Por esta causa considera que se debe revocar la sentencia en cuanto rechaza el reclamo de salarios por suspensión disciplinaria. Cita doctrina y expresa que ella se compadece con el principio de la justicia social del art. 9 de la Constitución provincial y hace referencia al principio del art. 24 del C.P.- Pide se revoque la sentencia en cuanto desestima el pago de los salarios caídos y se los admita desde el 27 de febrero hasta el 30 de abril de 2014 con sus asignaciones familiares, obra social y las sumas de los arts. 17 y 18 de la ley 22250.-
En agravio posterior se queja porque, no obstante haber invocado la prescripción de los salarios caídos se queja por no haberse condenado al pago de aquellos créditos no prescriptos. Se queja por ser la resolución confusa y difícil de interpretar la verdadera razón para desestimar, toda vez que si bien hace referencia a la prescripción debió condenar al pago de los no prescriptos. Lo funda en el art. 103 de la LCT que transcribe y entiende que no existe motivo para apartarse de la ley pues el trabajar tiene derecho a remuneraciones por el sólo hecho de encontrarse a disposición del empleador, habida cuenta que Pérez, recuperada la libertad se presentó a trabajar y se puso a disposición sin que le dieran tareas y está probado el despido el 14 de abril de 2014.- Respecto de la suspensión argumentada por la demandada dice que ella no cumple con las pautas exigidas por el art. 218 LCT ni se encuadra en el plazo del art. 229 LCT y que por ello tiene derecho a las remuneraciones por todo el tiempo de la suspensión conforme art. 223 LCT. Cita doctrina y hace referencia al art. 78 de la LCT. Por ello entiende probada la mora.-
En otra vertiente impugnativa ataca la sentencia por el rechazo del daño moral pues sostiene que la misma sentencia proporciona los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales para su procedencia en estos autos.-
Considera equivocado lo decidido en cuanto se sostiene que la indemnización por antigüedad que se concede es suficiente, por entender que está comprendido, para denegar lo pedido. Distingue entre esa indemnización y la reparación del daño moral. Dice que la principal conducta de la empleadora que origina daño moral es haber atribuido formalmente al actor haber sido apresado por el asesinato del oficial Sayago e insiste en haberlo suspendido y otra la atribución de la comisión de un delito de tamaña gravedad. Ello estaría reforzado por haber afirmado en el telegrama que se consideró esa situación como injuriosa y amenazar con el despido que a su tiempo no concretó. Sostiene que ello afecta la dignidad y la honra del trabajador sin justificación, agravado por haber dirigido el telegrama al domicilio familiar del trabajador y que fuera rechazado por su madre. Lo califica de difusión en el ámbito familiar de la falsa injuria.- Argumenta que la actora sostiene en su telegrama haberse enterado del supuesto hecho por un diario nacional pero no lo ha acreditado en autos, pero que no hubiera evitado la imputación. Cita doctrina sobre la materia que se tiene presente.-
Tras transcribir situaciones de procedencia del daño moral que menciona el magistrado en la sentencia sostiene que todos ellos son aplicables a la comunicación de suspensión recibida por el actor que estaría agravado al imputar al trabajador estar preso por el asesinato de Sayago y además comunicar la imputación al ámbito familiar, en afectación innecesaria e improcedente sobre la persona del trabajador y difundirlo en el ámbito familiar lo que hace procedente la indemnización del daño moral.-
Considera no relevante a estos efectos que el trabajador no haya intimado personal o telegráficamente la dación de tareas. Enumera las razones que hacen procedente el reclamo de daño moral y pide se revoque la sentencia admitiéndolo.-
En el último agravio la parte sostiene que tanto en el objeto de la demanda como en el último párrafo del punto E solicitaron expresamente que los intereses se calculen aplicando la tasa activa y se queja por cuanto la sentencia dispone seguir lo dispuesto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia. Considera acertado disponer calcular los intereses desde que cada suma fue debida y hasta el efectivo pago. Se agravia porque en lugar de la tasa activa solicitada se decida aplicar la tasa pasiva lo que le causa un sensible e injustificado perjuicio.-
Hace notar que el único fundamento es la cita de algunos precedentes “que no obligan por sí mismos a su aplicación y que corresponde a épocas pasadas”, se explaya con los índices inflacionarios y razonamientos que se tienen presente.-
Discurre sobre violaciones a la constitución nacional, pactos y convenciones internacionales que entiende la sentencia incurre en perjuicio del trabajador. Dice se habría omitido el control de constitucionalidad que deben realizar los magistrados respetando, incluso, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Expresa que el tiempo del proceso lleva a una confiscación judicial de hecho que afecta a los trabajadores por la tasa negativa y critica la diferencia de criterios en distintas jurisdicciones y que no se cumpla la manda del art. 65 de la constitución de la provincia de Santa Cruz de asegurar la celeridad del trámite en los juicios laborales afectando la garantía del plazo razonable. Invoca la opinión de la Dra. Gabriela Vázquez al tratar el acta 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.- Solicita se reajuste el crédito por los índices de precios al consumidor con más el interés que fije el Tribunal y en subsidio se aplique la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.-
Deja planteada la cuestión federal en los términos del art. 14 de la ley 48 y funda en derecho su posición y solicita que oportunamente se revoque la sentencia de primera instancia en todo cuanto fuera materia de agravios.-
Estos agravios no fueron contestados.
VI. Que en el punto 1 del fallo se declaró la inconstitucionalidad, en este caso particular del art. 15 de la ley 22.250 en lo que hace a su último párrafo, que dispone:
“….El sistema a que se refiere el presente artículo para el trabajador de la industria de la construcción reemplaza el régimen de preaviso y despido contemplados por la ley de contrato de trabajo.”
Sin perjuicio que personalmente no comparto en líneas generales esta declaración, ella ha quedado consentida por las partes por lo que esta declaración tendrá efectos sobre los aspectos resueltos en autos.-
Otro aspecto establecido en la sentencia ha sido la fecha del fin de la relación laboral. Para ello rechaza la aplicación de la doctrina del abandono renuncia prevista en el art. 214 de la LCT y rechaza la fecha del distracto propuesta por la demandada y entiende que la finalización de la relación se operó en la audiencia de fs. 18, el día 30 de abril de 2014. Esta conclusión ha sido consentida por las partes.-
En estas condiciones vemos que se han rechazado los argumentos de la demandada. Para que tuviera andamiento la fecha de finalización de la relación laboral nunca puso a disposición del actor la libreta de fondo de desempleo o comunicó en forma expresa el fin de la relación ni se invocó una razón que le impidiera hacerlo. Al concurrir Pérez a la base para poner su fuerza de trabajo a disposición de la empresa no se le comunicó el distracto ni se le entregó la libreta de fondo de desempleo como establece el art. 20 de la ley 22.250. Luego a partir de allí y hasta la comunicación del despido el 30 de abril de 2014, como establece la sentencia el actor tendría derecho a los salarios caídos o salarios de suspensión (salvo los prescriptos) al no haberse comportado la demandada como buena empleadora comunicando el despido anterioridad. Ello es así, por no obedecer la privación de la libertad del actor a una denuncia de la empleadora de un delito cometido, en perjuicio de la empresa, imputando la comisión del éste al actor.- Aclaro que no comparto estas conclusiones o fundamentos de la sentencia o la aplicación de normas de la Ley de Contrato de Trabajo y de la ley 22.250 indistintamente, pero ellas han sido consentidas por las partes y debo analizar los agravios sin modificar los aspectos en que las partes se encontraban conformes.-
Aclarado ello, adelanto que es atendible parcialmente el primer agravio contra la disposición de la sentencia que hace lugar a la defensa de prescripción de las remuneraciones caídas.-
La prescripción sería procedente en principio únicamente contra todo crédito del trabajador anterior al 1º de agosto de 2013 es decir dos años antes de la promoción de la demanda realizada el 1º de agosto de 2015.-
Pero es importante señalar que ese lapso se produjo una interrupción conforme el reclamo administrativo (expediente Nº 23.227 del año 2014 – fs.137/183). Esta interrupción opera durante el trámite en sede administrativa, pero en ningún caso por un lapso mayor de seis meses conforme el art. 257 de la LCT. En esa sede administrativa la parte demandada acusó la prescripción de los salarios caídos entre marzo de 2009 y febrero de 2012 en la audiencia de fs. 167 conforme escrito 173/174 y lo recalcó en el último párrafo de fs. 47. Nada hubiera impedido al actor reclamar los salarios caídos antes de la prescripción desde que recuperó la libertad.- Sin perjuicio de la prescripción operada hasta febrero de 2012 la interrupción operó desde el 18 de febrero de 2014 hasta el 30 de abril de 2014 en que la parte actora declina la vía administrativa y a partir de allí comienza a computarse el plazo de dos años que no se agotó al momento de la promoción de la demanda efectuada el 1º de agosto de 2015 sin afectar a la prescripción operada y acusada en sede administrativa.-
Es entonces que entendemos que debe admitirse parcialmente este primer agravio por cuanto la prescripción no se había operado en autos respecto de créditos posteriores a marzo de 2012 y hasta la fecha del distracto. Se debe modificar la sentencia que así lo entiende y admitir con este alcance los agravios vertidos admitiendo el rubro salarios caídos desde febrero 2012 al 30/04/2014 fecha del distracto. Para su cálculo se partirá de los salarios de convenio de cada mes, mediante liquidación a practicar por gabinete contable en la etapa de ejecución de sentencia.-
Para que quede claro: a mi juicio se encuentran prescriptos los créditos por salarios caídos desde marzo de 2009 hasta el 18 de febrero de 2012 conforme se denunciara por la demandada. Desde allí en adelante hasta la promoción de la demanda los créditos no prescribieron en atención a la interrupción de la prescripción por las actuaciones en sede administrativa durante su tramitación entre el 18/02/2012 y el 30/04/2014 (art. 257 de la LCT). A partir de esta fecha la sentencia consentida por las partes determinó que se habría producido el distracto. Ergo no existen salarios caídos con posterioridad. Por ello propongo admitir parcialmente este primer agravio con este alcance.- Cabe señalar que no habiéndose discutido por la demandada la conclusión del magistrado en el sentido que el actor concurrió al quedar en libertad a poner a disposición de la demandada su fuerza de trabajo. Por otro lado no está cuestionado que no se lo aceptó mientras no obtuviera un sobreseimiento en la causa penal y surge de autos sin discusión que nunca se puso término a la relación laboral ni entregó la libreta del fondo de desempleo es suficiente motivo para admitir el segundo agravio, entendido respecto de aquellos salarios caídos no prescriptos. Así lo propongo al Acuerdo.- Respecto de las asignaciones familiares si bien se indica a fs. 29 que su esposa estaba embarazada, la existencia de un hijo y el posterior nacimiento prematuro de otro se hace referencia a que su esposa tomó otros rumbos en busca de seguridad. No hay constancias de familiares por los que percibiera estas asignaciones en los recibos acompañados salvo el cobro de una asignación prenatal en el recibo de fs. 4. Ergo no se ha demostrado que estuviera percibiendo estas asignaciones habida cuenta que puede percibirlas su esposa. No hay constancias que el actor hubiera cumplido con los requisitos para cobrarlos. Debe confirmarse la sentencia en cuanto rechaza el rubro.- No procede el reclamo de crédito alguno por obra social habida cuenta que la obra social sería la titular de ese crédito. No se ha reclamado (ni probado) el daño por no haber gozado de ella. La sentencia debe ser confirmada en este aspecto.-
Entiendo también que el agravio por el rechazo del reclamo de indemnización por daño moral debe ser rechazado y confirmada la sentencia en ese aspecto. Los hechos ocurridos en la localidad de Las Heras ese 6 de febrero a 7 de febrero de 2006 cuando un numeroso grupo de personas se manifestaron frente a la alcaidía coaccionando en forma agravada por la liberación de Mario Navarro detenido por orden judicial. Ello derivó en un enfrentamiento violento para obtenerla, incluso con disparos de armas de fuego a raíz de los cuales sufrieron heridas graves 5 policías y perdió la vida el oficial de Policía Jorge Alfredo Sayago, herido de bala en primer término y que fuera luego asesinado por golpes propinados con elementos contundentes contra su persona, caída e indefensa. Además se produjeron daños, pero la causa se declaró extinguida por este delito. El hecho alcanzó tal gravedad que se comentó a nivel nacional y el debate oral insumió casi tres meses. No conozco otro debate que insumiera tanto tiempo en la provincia. He actuado en él como Juez de Cámara, por subrogancia, junto a la Dra. Lembeye y el Dr. Olivera. En esa causa, como surge de la copia de la sentencia de fs. 186 a 328, se declaró extinguida por prescripción en orden al delito de daño por el que querellara el Estado Provincial (punto 2 del fallo) y se absolvió al aquí actor en orden a los delitos de homicidio agravado del oficial Jorge Alfredo Sayago y coacción agravada en virtud del pedido de las querellas y el Fiscal, sin costas.- Funda el agravio el recurrente en la difusión de una falsa imputación de un delito en el ámbito familiar mediante el telegrama dirigido por la empresa al domicilio del actor (en el momento que éste se encontraba detenido). Desde ya se aclara que los padecimientos de los parientes del actor por la comunicación, debieron ser reclamados por los familiares.
Se demandó sosteniendo que la patronal remitió un telegrama (que contesta la madre del actor) del siguiente tenor:
“Habiendo tomado conocimiento por un diario nacional de la privación de su libertad por el asesinato de Sayago en la localidad de Las Heras, suspendemos a usted sin goce de haberes por un plazo de 30 días. A la finalización de dicho plazo debe presentarse a trabajar o en su defecto se definirá su situación conforme a la normativa laboral ya que esta situación implica para la empresa injuria de su parte. Queda usted debidamente notificado. Firmado Ferrer Sergio. (fs. 6).
Del relato de los hechos surge que el actor resultó detenido en su domicilio el 24 de febrero de 2006 en presencia de su familia. Ergo la privación de libertad era del conocimiento de la familia y debo agregar que de gran parte de los vecinos y conocidos.-
Los hechos del aquel 6 de febrero de 2006 fueron de conocimiento de toda la población de Las Heras y se difundieron a nivel nacional. Lo más grave fue el brutal homicidio del oficial Sayago cometido después de herirlo de bala. Fueron procesadas muchas personas con distinta participación de los hechos desde daño al homicidio agravado. La comunicación referida no le imputa al aquí actor haber sido autor del homicidio. Sino que interpreto se lo detuvo en la investigación de los hechos en que ocurrió el asesinato de Sayago precisamente durante esos disturbios. Malo sería que la madre y la familia del actor lo hubieran considerado autor de esa muerte.- No se trató de una falsa imputación de un delito toda vez que el actor fue detenido durante la investigación de los hechos de ese 6 de febrero de 2006 donde el oficial Sayago fuera víctima de un homicidio agravado y se cometieran una serie de delitos entre ellos el delito de daño por el que se declaró extinguida la acción por prescripción respecto del actor y de otras personas. Entiendo que haber sido detenido durante tres años y que se inició una causa por apremios ilegales debe haber causado un daño de consecuencias no patrimoniales, pero no ha sido la patronal la responsable. Que el actor estuvo detenido en la causa “Cuatrihuala” lo conocen muchos de los habitantes de Las Heras así como es de conocimiento que fue sobreseído.- En el telegrama transcripto no se imputa a Pérez haber sido el autor o uno de los autores de la muerte del Oficial Sayago, sino que indica el motivo de la suspensión que es algo distinto. Ello es así por cuanto lo que se está indicando que se lo privó de la libertad por los hechos de ese seis de febrero y en los cuales lo más grave ha sido precisamente la muerte de Sayago y la detención no se produjo por haber sido imputado por la patronal, sino por la instrucción del sumario.-
No obstante el esfuerzo de la representación del actor en su expresión de agravios a mi juicio no conmueve la sentencia en cuanto rechaza este rubro. Por ello propongo al acuerdo el rechazo de este agravio.-
El último agravio se refiere al reajuste del crédito. Sobre el particular es conocida en el foro local la diferencia que mantengo con mi distinguida colega que era dirimida por los miembros de la Cámara Criminal como subrogantes en posiciones distintas según quien fuera llamado por sorteo a dirimirla y que ahora deberá ser dirimida por el nuevo integrante de este tribunal. Personalmente soy partidario de la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina como finalmente lo estableciera el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los autos “Diaz c/ Provincia de Santa Cruz s/ laboral” y mantenido en “Ojeda, Sandra Fabiana c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ cobro de pesos” y en “Farrel Francisco Norberto c/ Laperchuc, Raúl Osvaldo s/ laboral” y recientemente en “Varas, Enriqueta Margarita c/ Pardo Antonio Balois y otro s/ laboral, cobro de pesos” Prot, Elect. TSJ 1 003 S211 entre otros pronunciamientos registrados en: TSJ T.XX reg. 676 fº 3922/3927; TSJ t. XX reg. 674: TSJ t. XIX reg. 644, donde el Alto Tribunal resolvió distintos recursos de Casación en consonancia con la Corte Suprema de Justicia en “Palmieri Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ ordinario” o en el recurso de hecho en la causa “Mantello, Pablo Mario c/ Fuerza Aérea Argentina s/ ordinario”. Quiero agregar como lo hago siempre que no se me escapa la realidad económica del país, pero tengo en cuenta que la llamada tasa activa en sus distintas variantes como tasas bancarias que son contienen como debo remarcar, ingredientes ajenos al costo del dinero pues incluyen gastos financieros y administrativos de los bancos al prestar el dinero, gastos de personal, de la infraestructura, cargas previsionales e impositivas además de los riesgos de los incobrables sobre el interés que pagarán a los depositantes. Mantengo esta posición y propongo al Acuerdo se rechace este agravio y se aplique sobre los créditos que se reconocen la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina desde que cada crédito se hizo exigible y hasta el efectivo pago.- Solo cabe lamentar que este juicio haya tenido tan larga duración.
VII. Que por estas razones y con el limitado alcance establecido en mi voto considero que la sentencia no es justa por lo que respondo en forma negativa a la primera cuestión. Los honorarios de la instancia se imponen a la demandada por el principio objetivo de la derrota. (art. 68 del CPCC).-
Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Concuerdo con el preopinante. Debo señalar que si bien he votado en diferentes pronunciamientos por la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de intereses válido, debo analizar el caso al día en que me encuentro escribiendo este fallo. Tal como sostuve en anteriores pronunciamientos (“PACHECO, GRISELDA BEATRIZ C/SUAREZ, GERARDO S/ DEMANDA LABORAL - COBRO DE PESOS” - Expte. Nº 20084 9/5/2024), donde la información que publica oficialmente el INDEC indica que en el año 2023 existió una inflación acumulada mayor al 210% y en lo que va de este año cerca al 65%. En el presente caso la utilización de la Tasa Pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina arroja un mayor importe que la utilización de la tasa activa, por el período de tiempo en que debe realizarse el cálculo. Por esta razón tratándose de un criterio que debe valorarse en beneficio del trabajador, siendo que la tasa de interés propuesta en el voto que antecede resulta más beneficiosa para el trabajador, en el particular habré de adherir al voto que antecede ya que se trata de la tutela de derechos laborales lo que importa prestar una especial atención (arts. 14 bis C. N., 9 y ccs. LCT, arts. 766 y ccs. CCC, 164 y 166 CPCC).- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que a mérito de lo que expuse al contestar la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios vertidos por el recurrente. 2º) Modificar la sentencia recurrida y agravar la condena admitiendo la procedencia del rubro salarios caídos desde el mes de febrero de 2012 al 30 de abril de 2014 (fecha del distracto determinada en la sentencia). Para su cálculo se partirá de los salarios de convenio de cada mes, mediante liquidación a practicar por el gabinete contable en la etapa de ejecución de sentencia. Se confirma la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios con costas en la instancia a la demandada vencida por el principio objetivo de la derrota. (art. 68 del CPCC). 3º) Se difieren los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren regulados los correspondientes a los trabajos en primera instancia. 4º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en el punto VII de PE 1243743/2024. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 10 de octubre de dos mil veinticuatro
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
2. Modificar la sentencia recurrida y agravar la condena admitiendo la procedencia del rubro salarios caídos desde el mes de febrero de 2012 al 30 de abril de 2014 (fecha del distracto determinada en la sentencia). Para su cálculo se partirá de los salarios de convenio de cada mes, mediante liquidación a practicar por el gabinete contable en la etapa de ejecución de sentencia. Se confirma la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios con costas en la instancia a la demandada vencida por el principio objetivo de la derrota. (art. 68 del CPCC).-
3. Se difieren los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren regulados los correspondientes a los trabajos en primera instancia.-
4. Tener presente la reserva del caso federal formulada en el punto VII de PE 1243743/2024.-
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Horacio Fernández no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Humberto E. Monelos- Juez de Cámara- Presidente; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; ANTE MI: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201037S.241 Tomo: CI Sentencia: 3077 Folio Nº: 052/062 Secretaria: 1
Fin de la sentencia