Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de San Martín · Causa 45750
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la parte demandada.
2Rechazando las inconstitucionalidades planteadas por la parte actora e individualizadas en el Sub. Antecedentes del presente pronunciamiento.
3Declarando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019 y la inaplicabilidad de las Resoluciones (SSN) Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023.
4Haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por la parte actora: Ignacio Joaquín Pérez Alsina , y condenando a la parte demandada La Segunda ART S.A. a pagar a la parte actora dentro de los DIEZ (10) DÍAS de notificada, la suma de Pesos treinta y seis millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos veinte con cincuenta centavos ($ 36.957.720,50) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
5Disponer que para el caso de incumplimiento el monto se actualizará con más los intereses que se liquidarán al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en caso de que la accionada incurra en mora.
6Imponiendo las costas a la Parte Demandada vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057) .
7Procédase a practicar por Secretaría regulación de los honorarios profesionales (cfr. Ley 14.967 y art 59 Ley 15.057).
8Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese. …
TRIBUNAL DE TRABAJO NRO. 2
DPTO. JUDICIAL SAN MARTÌN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PEREZ ALSINA IGNACIO JOAQUIN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057
Nº de Expediente: 45750 .
Id. en Receptoría: SM-10168-2023
General San Martín.
S E N T E N C I A D E F I N I T I V A
En la Ciudad de Gral. San Martín, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Número Dos de esta Ciudad , los doctores: Gabriel Eduardo Lanzavechia, Eduardo Daniel Suvidzinski y Esteban Federico Coda, en su Sala de Acuerdos, a fin de dictar Sentencia Definitiva en los autos "PEREZ ALSINA IGNACIO JOAQUIN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057" Expediente N° 45.750 , de conformidad con lo establecido en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 57 de la Ley 15.057, resolvieron plantear y votar por separado, previo sorteo en este orden: Doctores Gabriel Eduardo Lanzavechia, Eduardo Daniel Suvidzinski y Esteban Federico Coda, la siguiente cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Gabriel Eduardo Lanzavechia dijo:
1. En fecha 12/04/2023 10:13:05 a. m. se presenta la parte actora: Ignacio Joaquín Pérez Alsina , a través de su representación letrada, promoviendo demanda por accidente de trabajo; y a solicitar, en consecuencia, el cobro de indemnizaciones por la suma de $ 7.898.981,96 y accesorios contra La Segunda ART S.A.
Conforme la presentación inicial, la actora manifestó aspectos relativos a la relación laboral, tales como las tareas desempeñadas, jornada laboral y días trabajados, función y cargo, salario devengado, como así también lugar de donde desempeña labores.
Asimismo, indica que la fecha del siniestro acaeció en fecha 29/08/2022 describiendo la modalidad de la ocurrencia en el Sub. V 'Hechos', a la cual se la remite en honor a la brevedad causal.
Expone que efectuada la denuncia a la ART se le brindaron prestaciones médicas.
Indica que ha iniciado el trámite por ante la Comisión Médica, habiendo quedado concluida la vía administrativa.
Plantea inconstitucionalidades, formuladas en Sub. X, XI, XII y VI, a cuyos fundamentos se remiten en honor a la brevedad.
Liquida, mensura y justifica los daños.
Ofrece prueba, funda en derecho y concluye con el líbelo introductorio de la instancia, solicitando se haga lugar a la acción intentada, con costas.
2. En fecha 19/03/2025 el Tribunal dispuso el traslado de la demanda.
3. Corrido el traslado ritual, en 07/04/2025 14:10:04 p. m. compareció la representación letrada apoderada de La Segunda ART S.A. a oponer excepción de falta de legitimación pasiva (no cobertura de enfermedades fuera de listado de enfermedades profesionales) por los fundamentos a los que se remiten en honor a la brevedad, y a contestar demanda en subsidio, solicitando su rechazo con costas.
Reconoce Contrato de Afiliación Nro. 247075 a favor de la empleadora del accionante, por los riesgos de trabajo.
Subsidiariamente manifiesta inexistencia de relación causal entre el infortunio laboral relatado y las supuestas secuelas esgrimiendo que la ART le ha brindado todas las prestaciones y atenciones médicas; impugna liquidación; ofrece pruebas, contesta los planteos de inconstitucionalidad y pide que se rechace la demanda con expresa imposición de costas e hizo reserva de Caso Federal.
4. En fecha 21/04/2025 el Tribunal dispuso la producción de la prueba ofrecida por las partes.
5. En fecha 22/09/2026 el Tribunal dispuso dar traslado a las partes a fin de que aleguen por escrito sobre el mérito de la prueba.
6. Agotada la instancia de alegatos, el Tribunal dispuso pasar los autos al acuerdo en fecha 14/10/2026, efectuándose el sorteo correspondiente en fecha 26/10/2026, y encontrándose los presentes en estado de dictar Sentencia Definitiva .
L A D E C I S I O N :
I). Que, corresponde señalar que el llamamiento de estos autos para dictar sentencia, al haber sido consentido, convalidó cualquier posible deficiencia procesal anterior a dicha etapa y, en consecuencia, cerró el debate para las partes (arts. 170 del CPCC y ccdtes; art. 14 Ley 15.057) .
II). Que, los presentes actuados ventilan la pretensión de la parte actora descripta en el Sub. 1° de 'Antecedentes', mientras que la posición de la parte demandada subyace en el Sub. 3° de 'Antecedentes'.
Por lo expuesto, sobre el marco jurídico que involucra la cuestión, considero que corresponde trasladar los extremos fácticos del caso a los presupuestos de exigencia de las Leyes Nro. 24.557, 26.773 y 27.348 -normativa vigente al tiempo de acaecimiento del infortunio laboral de autos- cuyo fundamento propicio aplicable.
III). Que, por el curso del trámite llevado a cabo y toda la etapa de conocimiento que enmarca el presente proceso, debe extraerse -y así declararé- que a estas instancias corresponde tener por asumida y aún consentida para las partes la habilitación de competencia en torno a las previsiones del art. 2 ley 15.057 para el caso, sin más consideración; reiterado ello larga y pacíficamente a la fecha, tanto por el Superior Tribunal de este Estado (ver causas SCBA L. 93.120, L. 94.821, L. 102.937, L. 78.411, L. 107.248, entre muchas otras, con los fallos rectores "Quiroga" L. 75.708, "Chávez" L. 82.871, "Abaca" l. 80.735, "V de C." L. 87.394 y los precedentes "Castillo" y "Sotelo" de la Corte Nacional., y conforme -asimismo-, arts. 75 inc. 12 y 22 CN y arts. 1,15 y 39 Const. Provincial), delimitando tales antecedentes la suerte del planteo de inconstitucionalidad del art. 46 LRT, de tal modo enervado; e igual extensión argumentativa cabe formular hacia los arts. 8, 12, 21 y 22 de la LRT, en el entendimiento de las facultades del juez natural de la causa para poder determinar el carácter laboral, tanto del accidente o profesional de la enfermedad, y establecer en base a ello la indemnización que amerite -en lo que interesa para el caso-; desde que atañe al marco competencial de esta Justicia, en lo que aquí se está dilucidando. Todo ello, agrego, clara y contundentemente refrendado en la línea de doctrina legal expuesta, a través de los precedentes. (SCBA L. 106.703 S 18-4-2011 y SCBA L. 105.098 S 10-8-2011) .
Así las cosas, sobre las inconstitucionalidades planteadas -indicadas en el acápite de 'Antecedentes'- cabe resaltar que tal planteo hilvana uno de los ejercicios más delicados de la Judicatura; y que debe atenderse como la última ratio del ordenamiento jurídico, ya que las normas que son dictadas atendiendo los procedimientos constitucionales, siempre gozan presunción de legitimidad y sólo son pasibles de atacamiento a través del planteo de inconstitucionalidad cuando resultan irrazonables o conllevan a una contradicción con el ordenamiento jurídico en los términos del art. 31 de la Carta Magna (cfr. S.C.B.A, I-1494, S. del 23-12-1997, 2027, S del 27-12-2000, entre otras en idéntica dirección; CSJN., Fallos 260:153; 264:364; 228:325; 260:153; 300:241 y 314:424) .
Asimismo, el Máximo Tribunal provincial ha dicho sobre esto que : "La condición de ultima ratio del orden jurídico caracteriza el sistema de revisión constitucional de las normas y supone confinar la posible invalidación de la regla infraconstitucional a los puntuales supuestos en que su repugnancia con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta. De tal suerte, semejante determinación, la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, no se abre paso ante la duda; solo es practicable cuando fuere de estricta necesidad adoptarla y muy clara la inconsistencia normativa, supuesto que no debe confundirse con la mera opinión divergente sobre el contenido de la ley " (SCBA LP B 79228 RSI-236-24 I 19/04/2024 Carátula: Arameda, Rebeca de los Ángeles c/ IOMA s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008 (Inconstitucionalidad art. 17 bis, ley 13.928) Magistrados Votantes: Torres-Genoud-Kogan-Soria).
El estudio de estos planteos requiere un acabado examen que demuestre de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución, causando -de este modo- un agravio. Un planteo de esa índole debe tener un sólido desarrollo argumental y fundamento que se apoye en las probanzas de la causa (S.C.B.A., I. 2027, 27-12-2000, Juez Hitters (SD); I 2169, 3-12-2003, Juez Hitters (MA), JUBA B 89598; CC0203 LP, B82594 RSD-174-96 S 25-6-1996).
Sentado ello, adelanto que los planteos de inconstitucionalidad no pueden prosperar por los motivos que seguidamente expondré.
Partiendo del análisis de la razonabilidad de normas que es alcanzado por el control de constitucionalidad esgrimido, y que consiste en verificar la proporción entre el fin requerido y la medida adoptada para lograrlo, responde a valoración axiológica de justicia, que nos muestra lo que se ajusta o es conforme a la justicia, lo que tiene razón suficiente.
De lo expuesto se deriva que si hay razonabilidad en la limitación a un derecho no existe violación inconstitucional al mismo, es decir, que la razonabilidad es el test que sirve para distinguir lo constitucional de lo inconstitucional (conf. Bidart Campos, German J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Nuevo edición ampliada y actualizada a 2000-2001, T. I-A, págs. 456y ss., 805 y sgtes.).
Para cumplir con este objetivo, es fundamental identificar el núcleo esencial de cada derecho. Este núcleo representa aquello que no puede ser eliminado, modificado, dañado ni frustrado. Si se garantiza su preservación, la limitación del derecho será considerada razonable; de lo contrario, se incurrirá en arbitrariedad e inconstitucionalidad.
Desde esta perspectiva, en el caso bajo análisis no se observa que las normas impugnadas por el accionante carezcan de razonabilidad, ni que vulneren de manera sustancial los derechos del accionante (arts. 14, 17, 28 y concordantes).
Que, con relación a la constitucionalidad del Decreto Nro. 669/2019, deberá estarse a lo dispuesto infra.
Resulta abstracto que me expida sobre las demás cuestiones planteadas, pues en modo alguno, modificarían la solución del pleito.
IV). Que, adunado a ello, debe esgrimirse que, sobre la competencia jurisdiccional de este Tribunal de Trabajo a los efectos de evaluar las afectaciones derivadas del hecho, la amplitud de conocimiento que tiene este Organismo Jurisdiccional para entender el caso, ya que se encuentra resuelta y delimitada dentro de la Doctrina Legal SCBA delimitada en precedentes "Marchetti" (SCBA. L. 121.939, Sent. del 13-V-20), "Szakacs" (L.123.792) y "Delgadillo" (L.124.309).
Conforme ello, se advierte que el accionante transitó la vía administrativa previa, obligatoria y excluyente que prevé el Sistema de Riesgos del Trabajo (Leyes 24.557, 26.773 y 27.348 y demás normativa reglamentaria y complementaria), por el siniestro laboral producido en autos.
Así las cosas, partiendo de lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, con relación al concepto de salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social (Organización Mundial de la Salud [O.M.S.], link de acceso: https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions " style="font-weight:bold;"> https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions , fecha de consulta al momento del dictado de este pronunciamiento).
Entonces, la Ley 15.057 ha dispuesto en su artículo 2, inc. 'j', segundo párrafo que la Jurisdicción Laboral entenderá en la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, en el marco de una acción ordinaria, que se delimita como una acción de conocimiento.
Del precedente de la SCBA en la causa 'Marchetti' (L. 121.939) , se advierte del voto del Dr. Genoud, el concepto de revisión plena de la jurisdicción laboral, veamos: ".la legislatura local sancionó la ley 15.057. En su art. 2 inc. "j" contempla la "...acción ordinaria de revisión plena.ante el juzgado laboral" .
En tal sentido, entiende el Suscripto que deberán debatirse todas las consecuencias que pudieran derivarse de la contingencia reclamada en autos, y que fuera objeto del reclamo por ante el procedimiento administrativo obligatorio referenciado ut-supra, comprendiendo así la evaluación de todas las lesiones que el actor pudiera haber sufrido como consecuencia de dicho hecho, abarcando tanto el aspecto físico como el psíquico; atendiendo ello que se encuentra afectada la salud del trabajador como consecuencia de un infortunio laboral.
Por conclusión, considera el Suscripto que la instancia jurisdiccional debe indagar sobre las secuelas incapacitantes padecidas por el accionante con motivo del infortunio laboral, que se encuentren articuladas y reclamadas por el accionante y que se hallen debidamente probadas.
V). Que, por una cuestión metodológica corresponde adentrarme en el análisis de las excepciones y defensas planteadas por la accionada de: falta de legitimación pasiva/ ; a cuyos fundamentos se remiten en honor a la brevedad; esgrimidas en su contestación de demanda.
Por ello, corresponde tratar cada una de las defensas planteadas.
Sobre el planteo de excepción de falta de legitimación pasiva , corresponde decir que mediante este tipo de defensas se controvierte la existencia de la legitimatio ad causam ; es decir, quien demanda o contra quien se demanda no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir sobre el objeto que versa el juicio.
En palabras similares, podríamos decir que la legitimatio ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en un proceso judicial, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifiquen su pretensión. Sobre ello, se dicho que: "...por falta de acción debe entenderse la ausencia de la calidad invocada por el actor o la atribuida respecto del demandado, pues la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en la relación jurídica sustancial." (Fallo citado en "Código...comentado y anotado" Tº IV-B, Morello, Sosa y Berizonce, p. 256 y ss.).
Por lo que, analizando las constancias de autos, surge que el accionante solicita hacer efectiva una pretensión indemnizatoria consistente en una reparación por las afecciones que dice haber adquirido como consecuencia directa del infortunio laboral sufrido. Y que analizadas que fueran las constancias de la causa, conforme Expte. Administrativo SRT, la resolución dictada por la Comisión Médica Jurisdiccional y fecha de inicio de las presentes actuaciones; teniendo en cuenta que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el art. 2 inc. J) de la ley 15.057, regula el procedimiento recursivo, y siendo que la misma ha sido iniciada en el marco legal establecido por dicha norma; y que, asimismo, tal como se ha dispuesto en el Sub. IV, la acción perseguida transita una revisión plena de las afectaciones presuntamente padecidas por el actor; por lo que se afirma que se hallaba en derecho de accionar como lo hizo, puesto que resulta titular del interés legítimamente protegido por el ordenamiento jurídico.
Por lo expuesto, la defensa introducida deberá ser rechazada (arts. 2 inc. j) de la Ley 15.057, 12 y 31 de la ley 11.653).
VI). Que, tal como ha quedado configurada la cuestión, corresponde avanzar con el análisis del fondo, y por ello, efectuar en análisis del material probatorio a fin de delimitar los aspectos debatidos en autos. Y atendiendo al sistema de apreciación de la prueba contenido en el artículo 57 de la Ley 15.057 conforme las reglas de la sana crítica, corresponde ponderar al proceso en su desarrollo total y en cuanto su múltiple unidad.
VI.1. Que, del análisis de la prueba informativa dirigida a Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de fecha 11/04/2025 15:29:52 p. m. surge que se recurrió, por el siniestro acaecido en fecha 28/08/2022, a la vía administrativa reglamentaria (Expte. SRT N°: 425945/22) por divergencia en la determinación de la incapacidad.
Conforme ello, se desprende que ha quedado concluida la vía administrativa.
VI.2. Que, del estudio de la prueba documental acompañada por las partes en los escritos constitutivos del proceso, como así también del expediente administrativo S.R.T. referido precedentemente considero que el accionante se desempeñó como trabajador dependiente de Procter & Gamble Argentina SRL al momento del siniestro laboral sufrido, empleador que aseguraba los riesgos del trabajo a través de la demandada.
Por tanto, debe considerarse que, de encontrarse probado el siniestro recaído en autos, deberá entenderse por obligada en los términos de ley a la accionada.
VI.3. Que, en mérito a los escritos de demanda, contestación de demanda y documentación acompañada a los mismos, adunado a la prueba informativa a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo agregada, considero probado en la fecha indicada ut-supra la parte actora sufrió un siniestro laboral y que fue aceptado por la demandada en los términos del Dto. 717/96.
VI.4. Que, seguido, corresponde adentrarme en la cuestión de la determinación de la existencia de secuelas incapacitantes derivadas del siniestro.
Cabe resaltar que, para ello, se debe seguir aquel lineamiento que dispone determinar si con base al plexo probatorio es posible acreditar los reclamos indemnizatorios pretendidos por la accionante, ya que los mismos no procederán sino en la medida de una adecuada prueba de los perjuicios sufridos (conf. S.C.B.A., julio 12-1966 E.D. 17-148).
Así, analizando el fondo sobre la existencia de afectaciones a la salud y su causalidad, se produjo prueba pericial médica y pericial psicológica , obrante bajo trámite electrónico de fecha 20/02/2026 12:08:37 p. m. y 17/06/2026 19:54:24 p. m., respectivamente.
De la pericia médica, se extrae: ". La actora presenta incapacidad que puede guardar relación de causalidad con el infortunio de autos. dado por la documental y el mecanismo del accidente. Justipreciamos dicha incapacidad que es de grado parcial y de carácter permanente, basado baremo del decreto 549/2025, por las secuelas a nivel de columna dorsolumbar, el cual no tiene valores por daño anatómico en relación a las hernias discales no operadas y se debe dar incapacidad por déficit funcional que es del 6%, y sensitivo del 3%, dando un total parcial del 9%, con más los factores de ponderación, actividad y edad (20 4=24 de 9%=2,16%), dando un total definitivo del 11,16%(once con dieciséis por ciento)." .
De la pericia psicológica, se extrae: ". El accidente de autos afecto a la víctima psíquicamente. El peritado presenta patología de tipo Trastorno de Estrés Postraumático. Dicho trastorno es calificado según el DSM-IV de la Asociación Psiquiátrica Americana perteneciente a bibliografía actual utilizada. Hoy y día siguen los dolores continúan. En relación a los síntomas psicológicos que le aparecieron luego refiere temores en general, temor a salir a la calle, palpitaciones, sudoración, irritabilidad, hipervigilancia, perdida de interés o placer en hacer actividades. Refiere no haberse subido más a su moto con lo cual tiende a evitar una situación que le recuerde el trauma. Para arribar a tal formulación se tuvieron en cuenta las entrevistas semidirigidas y las conclusiones del psicodiagnóstico administrado. Se vio afectada su salud y su psique, ya que en relación a los síntomas psicológicos que le aparecieron luego refiere temores en general. Por las noches mientras dormía los primeros meses luego del accidente solía despertarse a la media noche sobresaltado a veces sin poder volver a conciliar el sueño en toda la noche. Se ha sentido triste con presencia de desgano y pocas motivaciones en general. Su vida de relación también se vio afectada ya que en esos momentos tenía conflictos con su familia por situaciones cotidianas debido a su inestabilidad emocional de ese momento y sentimientos de irritabilidad. Se puede establecer una incapacidad psicológica en el Sr Ignacio Pérez Alsina. Se le adjudica un 15% de incapacidad psíquica permanente." .
De lo expuesto, surgen las consideraciones científicas y legales que permiten identificar las afectaciones en la salud padecidas por el accionante, como así también los porcentajes fijados para las incapacidades laborales detectadas.
Sobre la prueba pericial corresponde señalar que los dictámenes deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, A. y S. 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14-XI-2007). Al apreciar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, La Ley 1988-D-100; Ac. 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998, entre otros).
La fuerza probatoria de los dictámenes periciales es de merituación exclusiva de los Magistrados, quienes, teniendo en consideración la competencia de las personas que efectúan los mismos, los principios en que puedan fundarlos y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, tomarán su propia convicción, adjudicándoles el valor que estimen apropiado para la resolución de la litis (SCJBA, DJBA v.134 p.345 o L.L.1988-D-100; citado por Morello y otros, "Códigos., t. V-B, pág.439).
Es por ello por lo que: ".si bien las conclusiones vertidas en el dictamen médico carecen de efectos vinculantes, no es menos cierto que, la desestimación de la opinión del experto médico debe fundarse en argumentos científicos capaces de desvirtuarla, so pena de incurrir en absurdo." (SCBA LP L 90384 S 09/05/2007 Juez Soria (SD) Carátula: N., P. A. c/P. A. s/Enfermedad accidente Magistrados Votantes: Soria-Negri-Pettigiani-Kogan-Genoud Tribunal Origen: TT0500LP) .
Con base a la experiencia en la materia, los exámenes efectuados y el material probatorio producido en autos, se arriban a las conclusiones citadas de las que no encuentro mérito para apartarme y tampoco advierto otras constancias en la causa que me permitan alejarme de sus conclusiones o que denoten un grosero error en la labor pericial; constando además que la experticia se ha cumplimentado con los baremos de ley. Es por todo ello que considero que la pericia goza de plena eficacia probatoria (art. 54 y 57 de la Ley 15.057).
En tal sentido, considero probado que el infortunio laboral de autos ha generado secuelas incapacitantes que advierten estricta regla de causalidad , sin que existan otras constancias en autos que permitan desvirtuar la pretensión incoada por la actora.
Consecuentemente, considero probado que la parte accionante padece una incapacidad parcial y permanente del: 26.16% de la T.O. proveniente de del daño físico, psíquico y respectivos factores de ponderación , y que guarda relación causal con el siniestro sufrido por la parte actora.
Sobre el baremo aplicable, tal como regla el art. 8 de la Ley 24.557 (ccdte. Art. 9 Ley 26.773) se dispone que el grado de incapacidad debe confeccionarse en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, elaborada por el Poder Ejecutivo Nacional y la cual pondera entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.
Es así, que la aplicación de tales baremos resulta obligatoria, y que tal criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes: "Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - ley especial" 12/11/2019. Expte. CNT 47722/2014 y "Seva, Franco Gabriel c/ Asociart ART S.A. s/ accidente ley especial. CSJN, 5/8/2021, como así también por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el marco los autos "Agosto, Guillermo Elvio Fabián contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", causa L. 121.391, sent. 19/2/2020, Mág. Votantes: Kogan-de Lázzari-Soria-Pettigiani.
Todo ello, concordante con la Doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el precedente "Mansilla Martin Maximiliano c/ Provincia ART.S.A. S/ Accidente de Trabajo" (SCBA LP L 118.181 s 19-10-2016) en cuanto determina la vigencia -aplicación material y temporal- que regía la cuestión al momento de la toma de conocimiento de la incapacidad y/o consolidación del daño.
Lo cierto, es que durante el transcurso del presente proceso se ha dictado el Decreto Nro. 549/2025, el cual genera una modificación sustancial en la materia, ya que introduce una nueva Tabla de Incapacidades Laborales, derogándose así la anterior normativa: Dec. 658/96, 659/96 y mod. 49/2014; y disponiéndose norma transicional en el artículo 3°.
Conforme ello, atendiendo la norma transicional determinada en el art. 3 de la normativa precitada y la fecha de realización de la pericia médica en autos -la cual se encuentra firme- se concluye que la Tabla de Incapacidades Laborales impuesta por el Decreto referido no resulta aplicable; y, por tanto, la determinación de incapacidad laboral se encuentra procedentemente delimitada por el perito médico conforme al baremo aplicable.
Que, frente al planteo de inconstitucionalidad del Dec. 549/2025, y en atención a lo ya expuesto precedentemente, corresponde la aplicación del baremo vigente al momento del infortunio. Y, tal como se ha expuesto precedentemente en materia de inconstitucionalidades; el planteo requiere que demuestre de qué manera la norma cuestionada provoque un agravio, teniendo un sólido desarrollo argumental y que especifique el agravio en cuestión con apoyatura en las probanzas de la causa (S.C.B.A., I. 2027, 27-12-2000, Juez Hitters (SD); I 2169, 3-12-2003, Juez Hitters (MA), JUBA B 89598; CC0203 LP, B82594 RSD-174-96 S 25-6-1996) , aspecto que no ha sido demostrado, por lo que deberá rechazarse el planteo formulado.
En tal sentido, si bien el perito médico efectuó la valoración de las secuelas incapacitantes conforme las previsiones del Decreto 549/2025, corresponde determinar el porcentaje de incapacidad con arreglo al baremo temporalmente aplicable al caso.
A tal fin, habrá de efectuarse una identificación correlacional entre las secuelas constatadas por el experto y las previsiones contenidas en la Tabla de Evaluación de Incapacidades vigente al momento del infortunio, trasladando la descripción médico-funcional efectuada en la pericia a los parámetros de valoración previstos por el Decreto 659/96 y sus modificatorios, a fin de establecer el grado de incapacidad que jurídicamente corresponde reconocer.
En tal cometido, no se advierten modificaciones sustanciales ni consecuencias que redunden en detrimento del trabajador, ni objeciones sobre el instrumento que hayan sido debidamente identificadas por las partes, máxime cuando el porcentual atribuido por el experto se encuentra comprendido dentro de los límites mínimos y máximos previstos por el baremo legalmente aplicable, razón por la cual corresponde justipreciar la incapacidad en los mismos términos porcentuales determinados en la pericia.
VI.5. Que, del análisis de la prueba informativa dirigida a Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Expte. SRT precitado), no se advierte la existencia de preexistencias relativas a la incapacidad laboral del trabajador accionante en autos.
Aspecto que no ha sido desvirtuado, cuestionado, ni desvirtuado a través de los medios idóneos (Art. 289 y 296 del Código Civil y Comercial de la Nación). Tampoco se encuentran demostradas preexistencias a través de otro medio probatorio.
(SI EL PERITO MÉDICO DETECTÓ LAS PREEXISTENCIAS) Se advierte que el perito médico ha utilizado en la determinación de la capacidad, a través del método de la capacidad restante, la preexistencia detectada.
VI.6. No se encuentra probado que se hubiesen abonado las sumas adeudadas al Trabajador con motivo del infortunio laboral debatido en autos.
VII). Que, habiendo quedado determinada la existencia de afectación de la salud del trabajador, derivada de un infortunio laboral en el marco del vínculo jurídico entre la empleadora del accionante y la accionada, corresponde mensurar los daños conforme la ley vigente ( cf. sub. II de 'La Decisión ) a partir de las consideraciones que a continuación se exponen.
Así las cosas, la Ley 24.557 dispone en su artículo 14 que respecto las prestaciones por Incapacidad allí indicadas, que, una vez declarada el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral, el damnificado percibirá una indemnización de pago único, según el porcentaje de incapacidad.
Correspondiendo así, para el caso aquí ventilado, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. (Art. 14, inc. 2, acápite "a", de la Ley 24.557).
Por su parte, la L ey Nro. 27.348, complementaria de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización a fin de evitar los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del Ingreso Base. Es por ello por lo que regló por el artículo 11° la sustitución del artículo 12° de la Ley 24.557, un criterio de determinación del ingreso base para proceder al cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva.
Es así, que el artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispuso en el inciso primero que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio Nro. 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Y, que los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Asimismo, el inciso segundo d el artículo 12° de la Ley 24.557 (según Ley 27.348) dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
Posteriormente, en fecha 27/09/2019, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019 , el cual dispuso la sustitución de la tasa de interés prevista en el artículo 12, inc. 2 de la Ley Nro. 24.557 y sus modificaciones, por el equivalente a la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado; es así como el Decreto determinó el modo y el quantum sobre el guarismo a emplearse.
Adunado a ello, bajo el DNU precitado, conforme artículo 2° se otorgó la facultad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de dictar normas aclaratorias y complementarias del artículo 12 Ley 24.557 y así como también medidas tendientes a simplificar el pago de indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales. En esa sintonía la Superintendencia de Seguros de la Nación, dispuso, a través de las Resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023, la fórmula para calcular los intereses que surgen de la sumatoria de las variaciones del Índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) - No Decreciente.
No obstante lo expuesto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto de referencia, en el marco de la Causa L. 129.800, autos caratulados: "MUZYCHUK CLAUDIO RUBEN C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL" , todo lo cual, y sin perjuicio de las cuestiones planteadas en autos, y por razones de brevedad, congruencia y economía procesal, corresponde adecuar el presente pronunciamiento al criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por lo que, adhiriendo tales fundamentos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019. Asimismo, y atendiendo que las resoluciones Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023 dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) fueron en el marco de la función prevista por el DNU Nro. 669/2019, estas deben correr la misma suerte que la normativa que les diera causa.
Finalmente, cabe destacar que la misma Ley de Riesgos de Trabajo ha contemplado pautas de actualización del crédito (art. 12, ley 24.557, texto según 11, ley 27.348) donde se advierte que, en la especie, el legislador ha tenido la finalidad de evitar la depreciación del crédito por transcurso del tiempo.
Por lo que, consecuentemente, siempre ha de tenerse en cuenta la fecha del hecho generador del daño a reparar y la fecha en que se ordena judicialmente el pago de las prestaciones, para así indagar, objetivamente, si entre dichos momentos se han producido variaciones económico-financieras, por las múltiples razones que pueden acaecer en nuestro país, a fin de determinar si se ha producido una alteración de la realidad económica de la pretensión del accionante.
Rigiendo, en tal sentido, aquel precepto sostenido por el Suscripto, en cuanto que el derecho ha de ser interpretado conforme las pautas en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los Tratados sobre Derechos Humanos, los Principios y los Valores Jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (cf. criterio art. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación) por lo que, un análisis fraccionario del Derecho, no permitiría efectuar una integración de las normas de modo armónico.
VIII). Que, efectuadas las consideraciones que anteceden procedo a determinar el quantum indemnizatorio, individualizando y ponderando los elementos de juicio que sirven de base a la presente decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad (conf. L 37.437 sent. del 2-VI-87; L 52.908 sent. del 23- XI- 93 de la SCJBA), siguiendo las pautas vertidas en el Sub. de La Decisión que antecede y realizando una liquidación preliminar conforme el texto original del art. 11 de la ley 27.348.
Así, tomando en consideración la prueba informativa dirigida a la oficiada AFIP (hoy ARCA), la cual se encuentra agregada en autos, el valor del Ingreso Base Mensual de la parte actora ascendió a la suma de $ 289.097,01 (importe calculado conforme lo expuesto ut-supra , esto es, de acuerdo lo dispone el texto de la Ley 24.557 -según texto de Ley 27.348- , y utilizando a tal fin la publicación de los índices RIPTE extraída de: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte "> https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte ; tratándose, en esta instancia, de la mera aplicación de una operación aritmética a partir de parámetros ya definidos conforme los índices que son públicos para las partes, en el enlace de acceso indicado precedentemente. Dejándose constancia que las sumas utilizadas a los efectos del cálculo son las efectivamente acreditadas en la respuesta de la entidad oficiada y no cuestionadas por las partes.
Que, a dicha suma, y en atención a lo dispuesto en art. 12, inc. 2do. de la Ley 24.557 -texto según Ley 27.348- corresponde agregar el devengamiento, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la presente liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, el cual asciende a la suma de $ 804.473,88.
Por lo que, finalmente, corresponde decir que el Ingreso Base Mensual para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva, corresponde a la suma de $ 1.093.570,89.
Es por ello por lo que, en mi opinión, por imperio de lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente, en los temas del Sistema de Riesgos del Trabajo, la demandada debe abonar a la actora las siguientes prestaciones:
1. Indemnización de pago único (art. 14, Inc. 2 a, de la Ley 24.557) . Corresponde otorgar a la parte actora la prestación que, por incapacidad parcial y permanente establece el art. 14 inc. 2 a) del mismo cuerpo legal, la cual asciende se extrae de los parámetros indicados precedentemente, esto es: IBM * 53 * (65/Edad al momento de la PMI) * % de Incapacidad Laboral.
Por lo que, para el caso, aplicando los valores debidamente acreditados, corresponde: $ 1.093.570,89x 53 x (65/32) x 26,16% = $ 30.798.100,41 .
Monto que supera el mínimo establecido por el Decreto 1694/2009, vigente al momento del infortunio laboral de autos. Ello, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Aiello, Roberto Alfredo c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - Ley especial" (03/09/2019) y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos "Bruno Estela Laura c/ Provincia ART S.A. s/ Enfermedad accidente" (L. 120.061) .
2. Indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado (art. 3 de la Ley 26.773) : Que corresponde calcular la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la Ley 26.773, ascendiendo el monto a la suma de $ 6.159.620,08.
En tal sentido, asciende el monto a Pesos treinta y seis millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos veinte con cincuenta centavos ($ 36.957.720,50).
No obstante, del líbelo de inicio surge el pedido de actualización de la actora, aunque fundado en el mecanismo legal vigente, permite tener por sometida a decisión la preservación del valor del crédito, correspondiendo al juzgador determinar la solución jurídica aplicable (iura novit curia ), sin alterar la pretensión. Debiendo precisarse que esta articulación fue sometida a conocimiento de este órgano en la etapa procesal pertinente.
En ese sentido, corresponde advertir que entre el momento del evento dañoso probado en autos y el presente pronunciamiento han ocurrido profundas variaciones económicas que se encontraron enmarcadas en el aumento de la inflación y el retraso salarial. Contextualmente, resulta notorio que la evolución de las variables económicas no ha sido homogénea: mientras la inflación experimentó incrementos sostenidos y de significativa magnitud, los salarios no acompañaron en igual proporción dicha dinámica, evidenciando un claro desfasaje en términos reales.
Resultando así, que del análisis de los datos objetivos analizados se evidencia una pérdida objetiva del valor del crédito que desnaturaliza su carácter reparatorio e integral. Y, es en tales condiciones que el método legal no cumple, en el caso concreto, su finalidad declarada de evitar que los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía de la prestación (Mensaje de Elevación de la ley 27.348). Por ejemplo, para el caso y tomando pautas objetivas según Canastas Básicas Totales (cf. surge de https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149 " style="color:#0563C1;text-decoration:underline ;"> https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149 y https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_06_263AD3144210.pdf " style="color:#0563C1;text-decoration:underline ;"> https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_06_263AD3144210.pdf , fecha de consulta al presente pronunciamiento) se advierte que la suma indicada precedentemente equivale a: 20,79 Canastas Básicas Totales Hogar 3°, resultando que de calcularse el capital indemnizatorio al momento del siniestro laboral este ascendía a: 77,57 Canastas Básicas Totales Hogar 3° (v. liquidación infra efectuada).
Adunado a ello, corresponde indicar que las variaciones de los índices oficiales empleados (IPC-INDEC, RIPTE, CBT 3-INDEC y tasa activa del Banco de la Nación Argentina) resultan datos de público conocimiento y publicados por organismos oficiales (resultando datos de libre consulta, disponibilidad y verificables por las partes).
Por lo que, con base en cálculos comparativos objetivos efectuados ( infra) en el presente pronunciamiento y en atención a que fue introducido el planteo en instancia oportuna, el caso de autos se distingue de lo dictaminado por la S.C.B.A. en las causas: "Galarza Daniel Alejandro c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in-itinere " (L. 132.729, 29/03/2026) y "Vera Carlos Issac c/ Empleador Autoasegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de Revisión Res. Comisión Médica Jurisdiccional ley 15057" (L. 139.012, 24/09/2026), ambas del Tribunal de Trabajo Nro. 5 de San Martín.
Por todo lo expuesto, y conforme los parámetros objetivos brindados, se comprueba que, en este caso concreto, el mecanismo practicado resulta inadecuado en orden a la preservación del crédito. Evidenciándose así la alteración económica en la prestación dineraria, siendo así que este resultado, justifica utilizar un mecanismo que asegure el cumplimiento de la función resarcitoria, toda vez que su monto se encuentra apartado de la realidad económica actual, resultando necesario establecer un mecanismo de ajuste que permita al trabajador preservar el valor de su acreencia laboral.
Es por ello por lo que, desde dicha mirada, corresponde brindar una respuesta orientada a justipreciar la prestación dineraria debida acorde a parámetros, pautas o mecanismos destinados a recomponer el crédito mediante el reajuste a fin de lograr la debida preservación del crédito.
Así las cosas, se debe aplicar índices que procuren adaptar la realidad económica que representa al crédito, aplicando mecanismos de actualización que reflejen el valor real de la prestación o daño, evitando índices o tasas que generen montos excesivos o desproporcionados respecto de la realidad económica, y debiéndose garantizar que la compensación mantenga equilibrio y correspondencia con el valor actual debido, siguiendo así las reglas de la equidad.
En tal sentido, corresponde, liminarmente, declarar la Inconstitucionalidad e Inaplicabilidad de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad (N° 23.928) y del art. 12 de la Ley 24.557 (según texto ordenado por art. 11 de la Ley 27.348).
Consecuentemente, disponer a los fines del cálculo del valor del ingreso base que se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio Nro. 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor, y que dichos salarios mensuales tomados a fin de establecer mes a mes aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y con tal ingreso base mensual, proceder al cálculo para determinar la incapacidad que establece el art. 14 inc. 2 a) de la Ley 24.557 y de corresponder, el art. 3 de la Ley 26.773.
Finalmente, al capital de condena deberá actualizarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento en que se practique la liquidación según el coeficiente que surja de dividir el índice RIPTE a la fecha de la PMI y el último índice RIPTE publicado, y, sobre dicho resultado, corresponde, oportunamente, añadir un interés puro del 3% anual desde la fecha de la PMI y hasta el momento en que se practica la liquidación.
La pauta de actualización propuesta; consolida los principios de razonabilidad y congruencia, el derecho de propiedad de las partes y la tutela judicial eficaz (artículos 1,17,18, 28 y conc. Constitución Nacional); procediendo a su fijación, más allá de la actitud de los justiciables; ello a los efectos de mitigar las distorsiones económicas generadas por las condiciones inflacionarias, las que impactan negativamente sobre los créditos reconocidos en los procesos laborales.
Así las cosas, corresponde advertir que, efectuando el cálculo con el Ingreso Base Mensual según pautas precedentemente expuestas -sin aplicación de tasa activa- multiplicado por la fórmula indicada precedentemente (53 * 65/Edad al momento de la PMI * % de Incapacidad Laboral), correspondería otorgar a la parte actora la prestación que, por incapacidad parcial y permanente establece el art. 14 inc. 2 a) de la Ley 24.557:
1. Indemnización de pago único (art. 14, Inc. 2 a, de la Ley 24.557) : $ 8.141.803,09.
2. Indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado (art. 3 de la Ley 26.773) : $ 1.628.360,62.
Resultando así, que el capital de condena ascendería a la suma de los rubros indemnizatorios antedichos. Y, que dicho capital se actualiza conforme las pautas precedentemente dictadas, quedando determinado del siguiente modo:
a. Actualización de capital de condena .
Variación de índice: + 5,877635519
Suma actualizada: $ 57.425.461,25
b . Cálculo de intereses.
Intereses:
Tasa pura de interés: 3,0 %
Tasa pura de interés total: 12,50 %
Total intereses: $ 7.178.182,66
Suma actualizada con intereses: $ 64.603.643,90.
En definitiva, corresponde a la demandada pagar a la parte actora la suma de Pesos sesenta y cuatro millones seiscientos tres mil seiscientos cuarenta y tres con noventa centavos ($ 64.603.643,90) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
IX). Que, concordantemente con lo expuesto ut-supra respecto del DNU Nro. 669/2019 (y su inaplicabilidad al caso de autos) como así también lo dictaminado precedentemente sobre el art. 12 de la Ley 24.557 (según texto ordenado por art. 11 de la Ley 27.348) propicio que la cuestión debe ser solucionada a través de la aplicación de un índice de readecuación monetaria. Por lo que propicio la inaplicabilidad al caso de autos de lo dispuesto en el art. 12 inc. c) de la ley 24.557 (conf. Ley 27.348), y disponer que, para el caso de incumplimiento el monto se actualizará según el coeficiente que se obtenga de la división entre el índice RIPTE publicado a la fecha del incumplimiento y el índice RIPTE publicado a la fecha de cobro y, sobre dicho resultado, corresponde añadir un interés puro del 3% anual.
X). Que, teniendo en cuenta que la parte actora ha debido iniciar el presente proceso para obtener la reparación de los daños que sufriera como consecuencia del infortunio del que fue víctima, estimo que las costas deben ser impuestas a la Parte Demandada vencida (arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057; art. 68 del CPCC y ccdtes.) .
XI). Que, la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se diferirá para el momento de la liquidación.
A tal fin, se dispone se practicará con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117.427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional") . Asimismo, lo será también de conformidad en los términos del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ello, con base en los fundamentos del precedente: "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019 ), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto la disposición normativa incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 730) resulta análoga a la prevista en los artículos 1 y 8 de la ley 24.432, que modificaron, respectivamente, el artículo 505 del Código Civil y el artículo 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, siendo que en el marco de la causa precitada, y a partir del dictamen del señor Procurador Fiscal (cuyos fundamentos compartieron los Sres. Magistrados del Máximo Tribunal Federal) se resolvió que la cuestión quedó encuadrada en las decisiones ya adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes registrados en Fallos 332:921 ("Abdurraman"), 332:1118 ("Brambilla") y 332:1276 ("Villalba"), donde la CSJN se expidió a favor de la constitucionalidad de la modificación introducida por la ley 24.432 a los art. 505 del Código Civil, entonces vigente, y art. 277 de la ley 20.744, y por tanto, la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 730, cumple símil finalidad.
Consecuentemente, debe ser rechazado cualquier planteo que cuestione la validez, aplicación y constitucionalidad de tal normativa.
XII). Que, tratándose de una cuestión que ha ventilado el ejercicio de la acción en el marco del Sistema de Riesgos del Trabajo, en los términos de ley 24.557, 26.773 y 27.348, y a tenor de lo reglado en Art. 17 de la Ley 27.348, hágase saber la siguiente modalidad a los efectos del pago de las obligaciones inherentes y reconocidas en autos:
a) Sobre el Capital Indemnizatorio a favor de la Parte Actora (Trabajador) reconocido en autos. La demandada deberá depositar el Capital en la cuenta sueldo de la accionante (actora) siempre que aquella se encuentre disponible y habilitada. A tal fin, hágase saber a la parte actora que deberá dentro de tres (3) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos titularidad y datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° DE DNI Y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, a fin de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos.
En el caso de que la parte actora (parte trabajadora) no cuente con cuenta sueldo y posea cuenta bancaria de su titularidad, deberá dentro de tres (3) días de la notificación de la presente, denunciar y acreditar fehacientemente en autos dicha titularidad y datos de la referida cuenta (BANCO, N° de CBU, ALIAS, N° de DNI y CUIT), adjuntando la documentación respaldatoria respectiva, bajo su exclusiva responsabilidad personal y patrimonial; a efectos de hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos.
b) Exclusiones al sistema de pago dispuesto precedentemente. Se excluye para esta opción plataformas virtuales no bancarias, tales como: Mercado Pago, Personal Pay, Ualá, Modo, BNA+ / Billetera Nación, Naranja X, Brubank, Reba, Pomelo, PayPal, como así tampoco ninguna plataformas o servicios financieros digitales, ni similares al efecto.
c) Supuesto de ausencia de cuenta sueldo o cuenta bancaria de titularidad de la parte actora (trabajadora). Apertura judicial de autos. En caso de que la parte actora (trabajadora) no hubiese denunciado en los plazos indicados precedentemente cuenta alguna, o para el caso en que hubiese manifestado que no posee cuenta personal bajo su titularidad, se hace saber a la parte demandada (y obligada al pago) que deberá proceder a depositar el monto adeudado en la cuenta de autos. A cuyo fin deberá requerirse que se libre oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Tribunales (5100), a efectos de la apertura de la cuenta de autos.
d) Supuesto de apertura de 'Cuenta DNI' del Banco de la Provincia de Buenos Aires). Hágase saber a la accionante que podrá gestionar la apertura de una cuenta gratuita en su nombre, mediante la aplicación "Cuenta DNI" provista por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y acreditar en autos mediante constancia digital los datos de esta, N° C.B.U., CUIT y ALIAS.
Lo expuesto precedentemente, se enmarca en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución SP N°16/20, que dispone que: "...todas las órdenes de pago con débito en las cuentas judiciales que libren los titulares de los órganos jurisdiccionales de todos los fueros e instancias deberán realizarse mediante transferencias electrónicas." .
ASÍ LO VOTO
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Eduardo Daniel Suvidzinski , vota adhiriendo a los 'Antecedentes' del caso indicados por el Magistrado del primer voto Gabriel Eduardo Lanzavechia , los cuales se dan por reproducidos en honor a la brevedad, como así también la solución del caso, formulando DISIDENCIA sobre la modalidad de actualización del crédito indemnizatorio, por los fundamentos que infra se exponen:
I).- Que, habiendo quedado determinada la existencia de afectación de la salud del trabajador, derivada de un infortunio laboral en el marco del vínculo jurídico entre la empleadora del accionante y la accionada, corresponde mensurar los daños conforme la ley vigente a partir de las consideraciones que a continuación se exponen.
En cuanto al modo de actualización del crédito, considero que debo efectuar una aclaración respecto al criterio que he sostenido en anteriores pronunciamientos.
En tales oportunidades entendí que, frente al proceso de depreciación monetaria, resultaba necesario acudir a mecanismos destinados a preservar adecuadamente el contenido económico del crédito reconocido al trabajador.
Sin embargo, un nuevo análisis de la cuestión, a la luz del régimen específico establecido por el legislador para las prestaciones dinerarias derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y lo solicitado por la parte actora en el punto 13 de su libelo de inicio, me lleva a revisar aquella posición.
Consecuentemente, entiendo que la existencia de una tasa legal específicamente prevista por el art. 12 de la ley 24.557, conforme la modificación introducida por el art. 11 de la ley 27.348, constituye una circunstancia jurídicamente relevante que conduce a adoptar, para estos créditos, el mecanismo de cálculo allí establecido.
Ello no implica desconocer las razones que oportunamente me llevaron a sostener el criterio anterior, sino efectuar una revisión de la solución a partir de las circunstancias normativas, jurisprudenciales actualmente relevantes y lo solicitado por la parte actora.
En consecuencia, sin desconocer el criterio que anteriormente he sostenido y dejando expresamente a salvo que se trata de una modificación de mi posición sobre la cuestión, habré de aplicar en el presente caso el modo de actualización contemplado en el art. 11 de la ley 27.348, por entender que ella constituye el régimen legal específico aplicable al crédito objeto de condena
Por lo que, tomando las consideraciones efectuadas por el Magistrado del primer voto, en mi opinión, por imperio de lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente, en los temas del Sistema de Riesgos del Trabajo, la demandada debe abonar a la actora las siguientes prestaciones:
1. Indemnización de pago único (art. 14, Inc. 2 a, de la Ley 24.557) . Corresponde otorgar a la parte actora la prestación que, por incapacidad parcial y permanente establece el art. 14 inc. 2 a) del mismo cuerpo legal, la cual asciende se extrae de los parámetros indicados precedentemente, esto es: IBM * 53 * (65/Edad al momento de la PMI) * % de Incapacidad Laboral.
Por lo que, para el caso, aplicando los valores debidamente acreditados, corresponde: $ 1.093.570,89x 53 x (65/32) x 26,16% = $ 30.798.100,41 .
Monto que supera el mínimo establecido por el Decreto 1694/2009, vigente al momento del infortunio laboral de autos. Ello, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Aiello, Roberto Alfredo c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente - Ley especial" (03/09/2019) y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos "Bruno Estela Laura c/ Provincia ART S.A. s/ Enfermedad accidente" (L. 120.061) .
2. Indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado (art. 3 de la Ley 26.773) : Que corresponde calcular la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la Ley 26.773, ascendiendo el monto a la suma de $ 6.159.620,08.
En tal sentido, asciende el monto a Pesos treinta y seis millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos veinte con cincuenta centavos ($ 36.957.720,50) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
II).- Que, concordantemente con lo expuesto; propicio, de conformidad con lo que dispone el inc. 3 del art. 12 de la LRT en su redacción según Ley 27.3480 que en el caso en el cual la accionada efectivamente incurra en mora, el crédito lleve un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
ASÍ LO VOTO.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Esteban Federico Coda , vota adhiriendo a los 'Antecedentes' del caso indicados por el Magistrado del primer voto, los cuales se dan por reproducidos en honor a la brevedad, como así también la solución del caso, adhiriendo a la disidencia formulada por el Magistrado del segundo voto sobre la modalidad de actualización del crédito indemnizatorio por compartir su criterio.
ASÍ LO VOTO.
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, en mérito a las consideraciones de hecho y derechos precedentes, este Tribunal FALLA :
1°). Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la parte demandada.
2°). Rechazando las inconstitucionalidades planteadas por la parte actora e individualizadas en el Sub. Antecedentes del presente pronunciamiento.
3°). Declarando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019 y la inaplicabilidad de las Resoluciones (SSN) Nro. 1039/2019 y Resolución 332/2023.
4°). Haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por la parte actora: Ignacio Joaquín Pérez Alsina , y condenando a la parte demandada La Segunda ART S.A. a pagar a la parte actora dentro de los DIEZ (10) DÍAS de notificada, la suma de Pesos treinta y seis millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos veinte con cincuenta centavos ($ 36.957.720,50) en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente.
5. Disponer que para el caso de incumplimiento el monto se actualizará con más los intereses que se liquidarán al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en caso de que la accionada incurra en mora.
6. Imponiendo las costas a la Parte Demandada vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057) .
7. Procédase a practicar por Secretaría regulación de los honorarios profesionales (cfr. Ley 14.967 y art 59 Ley 15.057).
8. Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese.
9. Comunicar electrónicamente a la Receptoría General de Expedientes Dptal. a los efectos de que tome debida nota; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, inciso 2° del Acuerdo SCBA Nro. 2972/00 (mod. por Ac. SCBA 3004) y Ac. SCBA Nro. 3397, art. 58.
10. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Conf. Ac. 4039/21 de la SCBA y, cumplida que sea, oportunamente, ARCHÍVESE .
Suscripto por los Magistrados y Sra. Actuaria interviniente, en la Ciudad de General San Martín, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA3.971/20).
Domicilios vinculados para notificar en los términos de Resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/23:
Firmas
Funcionario firmante: LANZAVECHIA Gabriel Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: SUVIDZINSKI Eduardo Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: CODA Esteban Federico - JUEZ
Funcionario firmante: COZZARIN Maria Marta - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 788-2026
Fin de la sentencia