Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2519/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE532915-2022, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE546964-2022.- 2º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2519/22-TSJ Interlocutorio N°: 3731 Actor: PÉREZ ANTONIO Demandada: VIOTTI SERGIO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 24-02-2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3731 FOLIO Nº 6656/6659 PROT. ELECT. TSS1 002 I.231
Río Gallegos, 24 de febrero de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “PÉREZ ANTONIO c/ VIOTTI SERGIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº P-22.669/18 (P-2519/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Miguel Nicolás Cano (cfr. PE532915-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE508503-2022. Esta última, rechazó los agravios formulados por el actor en la apelación y confirmó la sentencia de Primera Instancia; sin costas en esa instancia por no haber sido contestados los agravios (cfr. PE cit.).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había rechazado la demanda por daños y perjuicios promovida por el Sr. Antonio Perez contra el Sr. Sergio Roberto Viotti; e impuso las costas al actor (cfr. fs. 133/134 vta.).-
II. Que en su recurso de casación, el recurrente manifiesta que el sentenciante denota una postura totalmente incongruente, parcial y arbitraria. Entiende que en muchos pasajes de la sentencia se aparta del thema decidendum y que da por ciertas todas y cada una de las afirmaciones del Juez de Primera Instancia, por lo que vislumbra una posición tendenciosa a favor de los intereses del demandado. Entiende que la sentencia de la Excma. Cámara no hace mérito ni profundiza en los argumentos vertidos por el actor, lo que violenta todos los principios que consagra la Constitución Nacional (cfr. PE532915-2022, pág. 3).- Aduce que el fallo impugnado: “…No realiza un análisis pormenorizado de las probanzas de autos, aportadas por la actora, la que sistemáticamente niega, a la vez que se empeña en efectuar interpretaciones que beneficien solo (sic) a la demandada y reñidas con el orden procesal aplicable, que sin dudas traen aparejada la nulidad de la sentencia en crisis.” (cfr. PE. cit., pág. 3).-
Entiende que la Excma. Cámara de Apelaciones se constituye en defensora de los intereses del demandado (cfr. PE cit., pág. 3).-
Sostiene que el actor le otorgó dos cartas poder al Dr. Viotti para iniciar demanda, contra la empresa Vieira Argentina S.A. y contra la Provincia de Santa Cruz, respectivamente, en virtud de que dicha empresa se encontraba intervenida. Esta circunstancia, razona, demuestra que se encuentra probado el mandato conferido y que el mismo fue aceptado tácitamente por el Dr. Viotti (cfr. PE cit., pág. 4).-
Expresa que: “En el caso que nos ocupa se demanda al Dr. Viotti precisamente por no haber iniciado la demanda, por haber permitido que opere la prescripción, cuando hubiera bastado con que manifestara al actor que no le interesaba iniciar la causa para la cual había sido apoderado, haber renunciado al poder.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Agrega que la carta poder es el instrumento por el que se prueba el mandato. Al respecto, destaca que el Dr. Viotti nunca inició la demanda ni renunció al poder conferido (cfr. PE y pág. cits.).-
Dice que: “El poder no solamente se limita a la representación procesal sino que en el mismo se celebra el contrato de mandato. Por lo que yerra diametralmente el Sr. Juez ad quem cuando limita el alcance de las cartas poder a la representación procesal. Claramente, si se firma una carta poder la misma contiene un mandato.” (cfr. PE cit., págs. 4/5).-
Afirma que en el fallo impugnado: “No tienen en cuenta el tiempo transcurrido desde que el Sr. Pérez otorgara la primera Carta Poder y la segunda. Lo que implica, sin lugar a dudas que el Sr. Perez (sic) nunca desistió de su voluntad de iniciar la demanda. El contrato de mandato se perfeccionó cuando el Dr. Viotti recibió la primera carta poder, lo que no cabe dudas, porque de lo contrario no hubiera confeccionado nunca la segunda. El Sr. Pérez no tiene formación para confeccionar los instrumentos, y no tiene sentido que el mismo sistemáticamente, haya asistido al estudio del Dr. Viotti para averiguar en que (sic) estado estaba su trámite.” (cfr. PE cit., pág. 5).- Respecto a que el actor no acreditó haber entregado el Dr. Viotti las cartas poder, manifiesta que se ha dicho que en el foro, los abogados, los letrados, ni sus secretarias firman recibo de la documentación, que hubiera sido la única forma fehaciente de acreditar tal hecho. Añade que dado que no es de uso forense, la única prueba para acreditar tal hecho es la de las presunciones (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que se ha efectuado un análisis parcial y arbitrario de las probanzas de autos por lo que no se advierte que existía un contrato de mandato celebrado entre el Sr. Perez y el Dr. Viotti a la luz de lo normado por el artículo 1319 del CCyC; mandato que fue aceptado tácitamente por el demandado (cfr. PE y pág. cits.).-
Observa que: “La situación de mis mandantes, frente al arbitrario fallo que impugnamos, es de total desprotección, pues el Dr. Viotti es un abogado conocido en el foro y un político de peso, por lo que se viola el principio de justicia, sobre todo cuando ni siquiera el propio Viotti contestó los agravios y pese a ello, la Excma. Cámara le da mayor entidad a los dichos del mismo, desconociendo la veracidad y la congruencia de los hechos narrados por el Sr. Perez y los actos celebrados por el mismo, así como su continua asistencia al estudio del Dr. Viotti, de lo que se hizo caso omiso.” (cfr. PE cit., págs. 5/6).- Entiende que no se ha valorado la denominada prueba indiciaria o circunstancial, incurriendo en un rigorismo formal que se aparta de la búsqueda de la verdad material.
Sobre el particular, agrega que la presunción debe ser aplicada a favor del actor, pues el demandado no demostró quien habría confeccionado las cartas poder firmadas por Pérez, ni que el actor nunca haya ido a su estudio; todo lo contrario, reconoce haber representado a distintas personas en el conflicto con Vieira Argentina S.A. (cfr. PE cit., pág. 6).- Anuda que: “Se impone al Excmo. Tribunal el deber claro, que no pueden desatender, no pueden conformarse con las apariencias superficiales y deben investigar lo que realmente ocurrió, descartando toda simulación o apariencia fraudulenta. De lo cual ni el a quo ni el ad quem han hecho mérito, por lo que ello trae aparejada la nulidad de la sentencia, tal cual como lo pidió esta parte.
Eso en el mejor lenguaje significa que existe un apartamiento diametral de las obligaciones de los jueces incurriendo en incongruencia, en perjuicio de una de las partes: el actor.” (cfr. PE y pág. cits.).- Plantea que la Excma. Cámara de Apelaciones cita normas que no son de aplicación al caso dado que la demanda que debía iniciar el Dr. Viotti nunca fue presentada y que no tienen sustento fáctico ni jurídico alguno, sino sólo su manera de leer una realidad que no es tal. Agrega, que por otro lado es absurdo, puesto que de haber sido así tanto el actor como su letrado se habrían embarcado en una aventura jurídica, lo que de ningún modo es así; el actor reclama lo que entiende que por derecho le corresponde, pues entre otros tantos indicios, se ha violado el principio de buena fe (cfr.
PE y pág. cits.).- Expresa que: “El hecho de que no se respeten las formas, que se apliquen erróneamente las normas legales, es atentatorio contra la igualdad ante la ley, en este caso de mi mandante.” (cfr. PE cit., pág. 7).-
Advera que: “La sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, viola las formas y solemnidades sustanciales para el procedimiento, al formular argumentos que constituyen verdaderas defensas que ni siquiera la propia demandada se atrevió a esgrimir, suplantando a la misma, en desmedro de los intereses de mi (sic) mandantes y en abierta violación del derecho de igualdad de las partes y de justicia. Respetuosamente decimos que esas consideraciones no resisten el menor análisis, puesto que está basando su fallo en meros supuestos, en apreciaciones subjetivas, que llegan al absurdo, se aparta de los hechos alegados y probados en la demanda y su contestación, que determinan el thema decidendum. Ello sin perjuicio de que dichas apreciaciones aparecen nuevamente como arbitrarias y tendenciosas, siempre en perjuicio de los intereses de mi mandante.” (cfr. PE cit., pág. 8).- Sostiene que la decisión atacada violenta los derechos de su mandante y por ende el debido proceso; y que se ha resuelto de manera extra petita, desnaturalizando el objeto de la demanda. Por los motivos expuestos, agrega que se ha producido una violación de la ley (cfr. PE y pág. cits.).-
Hace reserva del caso federal (cfr. PE cit., pág. 9).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE546964-2022).-
III. Que, en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es que en relación al invocado equívoco en que habría incurrido la Excma. Cámara de Apelaciones al estimar que no se encontraba acreditada la existencia de contrato de mandato entre las partes ni la existencia de responsabilidad profesional del demandado, no pasa de la exposición de su personal y discordante criterio al del juzgador, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la pieza recursiva.-
Es menester recordar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Excma. Cámara de Apelaciones ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de arbitrariedad, absurdo, violación de la ley o quebrantamiento de formas.-
Concretamente, la Cámara señala que para que exista mandato una parte debe obligarse a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Observa que el poder, como instrumento que acredita personería, puede contener un mandato que para ser válido dentro de un proceso y generar consecuencias debe ser presentado en un pleito y ser tenido por tal. Añade que en el caso que origina la promoción de esta causa, no se inició ninguna causa o trámite jurisdiccional o administrativo que implique una labor profesional iniciada por el demandado. Asimismo, observa que la confección de las actas poder podrían constituir un acto preparatorio, pero nunca un mandato. Agrega que tampoco existe prueba alguna de que al Dr.
Viotti hubiese recibido tal documentación o que el actor le haya encomendado una labor profesional (cfr. PE508503-2022).- Así las cosas, se observa que los argumentos del recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué existiría un mandato sin ejecución que le generaría la obligación de resarcir al demandado. Pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).- Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales o principios generales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2960, Folio 4761/4764, entre otros).- Sin perjuicio de lo expuesto, lo cual resulta suficiente para el rechazo del recurso intentado, también se constata que los planteos realizados por el recurrente remiten en definitiva a cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de los jueces de grado, en lo relativo a si existía un contrato de mandato entre las partes y las consecuencias jurídicas derivadas de tal circunstancia.
Es decir, que remite al examen de cuestiones de hecho y prueba; y que son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el sub lite.- En atención a lo expuesto, y relacionado a la invocada arbitrariedad y/o absurdo de la que adolecería la sentencia de Cámara, debe recordarse lo que este Alto Cuerpo ha dicho sobre esa causal impugnativa, a saber: “… '…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…' (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788) y que debe rechazarse el absurdo o arbitrariedad denunciados en tanto no se ha logrado demostrar que el discurrir del fallo se encuentre viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1178, Folio 1554/1556)…” (TSJ Santa Cruz, Inter- locutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003). Asimismo, es tesis de este Tribunal que: “…'...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...' (confr.
Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2638, Folio 3963/3966).” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 523, Folio 2940/2946). Circunstancias estas que no se avizoran en el sub lite. Por lo tanto es inatendible el pretenso agravio vinculado a esta causal casatoria.- Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denunciada violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3573, Folio 6182/6185).- En síntesis, se debe concluir que las críticas del recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.
Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
IV. Que en mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado en PE532915-2022, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE546964-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE532915-2022, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE546964-2022.- 2º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse.- La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias.- Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1002I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3731 Folio N°: 6656/6659 Secretaría: 1
Fin de la sentencia