Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-26990071-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución (DE PRLA) n° 7631/14, dictada en la Actuación SIGEA n° 15184-172- 2011, en cuanto condena a la firma recurrente al pago de una multa, con costas a la recurrente.
2Revocar la citada Resolución, en cuanto procede al comiso de la mercadería secuestrada -esto es: 18.300 dólares estadounidenses-, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-14794827-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Febrero de 2025 GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, para dictar sentencia en los autos caratulados “PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 35.323-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 6/11, se presenta, por derecho propio, el Sr. Olmedo V. Perez Cattalurda e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) n° 7631/14, de fecha 20/4/12, dictada por el Jefe del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, recaída en el SIGEA n° 15184-172- 2011, que lo condena al pago de multa en los términos del 979 del C.A. y comiso de la mercadería. En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Considera que existen dos sentencias contradictorias, por un lado, la dictada en sede penal que lo absuelve y, por el otro, la resolución condenatoria en sede aduanera. Hace referencia al art. 525 del C.A. y al Tratado de Asunción. Expresa que no hubo intención de cometer la infracción endilgada y que fue él mismo quien comunicó donde tenía el dinero. Realiza consideraciones respecto del Decreto n° 1570/01 y sus modificaciones. Sostiene que se lo ha privado del derecho de propiedad. Manifiesta que desconocía la normativa vigente relacionada al egreso de divisas. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 20/23, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Hace referencia a los arts. 489 y 979 del C.A., al Decreto n° 1570/01 y a la Resolución General n° 2705/09. Expresa que la ignorancia o el error de hecho o de derecho no es causal de exculpación. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, a fs. 24, se declara la causa de puro derecho. A fs. 36 se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 38 se ponen para alegar. A fs. 46 se agrega el alegato de la demandada, dejando constancia a fs. 47 que la actora no hizo uso del derecho conferido. A fs. 48 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA n° 15184-172-2011 se inician, a fs. 1, con la Nota n° 406/11 de la Prefectura Naval Argentina, a fs. 3/3 vta., obra copia del Acta Circunstanciada y; a fs. 28, obra el Acta de Denuncia n° 19/11. A fs. 68/73 vta., obra copia de la sentencia del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 1. A fs. 106/106 vta., se dispone la apertura de sumario y se corre vista de todo lo actuado a la recurrente. A fs. 108/109 vta., contesta vista la recurrente. Finalmente, a fs. 113/115 vta., se dicta la Resolución (DE PRLA) n° 7631/14, aquí apelada.
V. Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada por la que se condena a la recurrente en los términos del art. 979 del C.A. se ajusta o no a derecho.
Que la Prefectura Naval Argentina mediante un control de egreso de personas hacia la República Oriental del Uruguay en la terminal de pasajeros “Buquebus”, en fecha 31/3/11, constató que el Sr. Olmedo V. Perez Cattalurda llevaba entre su vestimenta un total de U$S 28.300 dólares estadounidenses. Ante dicha circunstancia, la autoridad interviniente secuestró el importe de U$S 18.300, en virtud del límite permitido establecido en el Decreto n° 1570/01.
Que tales hechos dieron lugar a la causa judicial n° 5893 caratulada “PEREZ CATTALURDA, olmedo Vicente s/ TENTATIVA DE CONTRABANDO DE DIVISAS” que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 1, que mediante la sentencia de fecha 26/9/11, resolvió sobreseer a la recurrente del delito de contrabando contemplado en los art. 863 y 864 inc b) del C.A., propiciando aplicable al caso la figura constitutiva del art. 979 del C.A.
Que, atento a ello, el servicio aduanero dispuso la apertura de sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 979 del C.A., por el que se le corrió vista a la recurrente. Producido el descargo, se la condenó al pago de una multa por la infracción mencionada.
Que, el art. 979 del C.A., dispone en su ap. 1° que: “El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje o de pacotilla, según el caso, mercadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con una multa de UNO (1) a TRES (3) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
Que, a los efectos la infracción impuesta, la ignorancia deliberada o el desconocimiento de la normativa aplicable al caso no dispensa a la recurrente de responsabilidad por su conducta desplegada. Pues, la situación de que sea de nacionalidad uruguaya, no lo exime de haber obtenido determinada información relacionada a la declaración de divisas extranjeras que, por diversos motivos, ha preferido no adquirir, manteniéndose en un estado de incertidumbre.
Que el art. 8 del CCyCN establece el principio de inexcusabilidad, señalando que “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.”.
VI. Que, ahora corresponde determinar si la suma excedente de U$S 18.300 dólares que portaba la recurrente, constituye o no efectos admitidos o admisibles como equipaje.
Que, al respecto, el art. 491 del C.A. establece que: “El Poder Ejecutivo podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación del régimen previsto en este Capítulo con relación a determinados efectos”. Que el art. 7 del Decreto n° 1570/01, modificado por el Decreto n° 1606/01, vigente al tiempo de los hechos investigados en la presente causa, expresa: “Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y previamente autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, o sea inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA”.
Que, de acuerdo a las normas citadas, los U$S 18.300 dólares estadounidenses secuestrados (ver fs. 3/3 vta de las act.), eran objeto de una especial y específica “exclusión” del régimen de equipaje, por lo que corresponde confirmar la infracción endilgada.
VII. Que en relación con el comiso impuesto por el art. 1° de la resolución apelada corresponde hacer unas consideraciones al efecto.
Es menester preliminarmente señalar que, sin perjuicio de haber adherido al voto del Dr. Juan Manuel Soria en la causa “MAZA, MARIA JOSEFA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2023- 26990071- -APN-SGASAD#TFN”, en lo que respecta a lo aquí tratado, esto es el comiso de la mercadería, a los fines de evitar una aplicación irracional del derecho, en virtud de la uniformidad de criterios consolidados ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y la abundante doctrina sentada respecto al tema, entiendo apropiado realizar un nuevo examen de la cuestión, sobre los hechos fácticos que se presentan.
En materia de prohibiciones económicas transitorias, el art. 632 del C.A. faculta al el Poder Ejecutivo a establecer prohibiciones de carácter económico a las importaciones o exportaciones de determinada mercadería, en forma transitoria, con el objeto de cumplir alguna de las finalidades previstas en el art. 609, cuando tales finalidades no pudieren cumplirse adecuadamente mediante el ejercicio de las facultades otorgadas para establecer o aumentar los tributos que gravaren las respectivas destinaciones. Es decir, que en este contexto, la prohibición emanada del decreto que establece un tope para la extracción de divisas fuera del territorio aduanero, tiene su fundamento legal en las facultades otorgadas por el Código Aduanero al Poder Ejecutivo, en cuanto autoriza a ejecutar la política monetaria y cambiaria (art. 609, inc. b, del CA).
En otras palabras, la calidad prohibida (sin adentrarme a la cuestión de fondo, a la que me referiré más adelante) de la mercadería ha sido un elemento seleccionado por el propio legislador como sanción accesoria o cautelar de la sanción de multa establecida en la figura básica infraccional de transgresiones del régimen de equipaje, previendo justamente, las atribuciones que el mismo Código le asigna al Poder Ejecutivo en materia de prohibiciones.
Es así que, el comiso de la mercadería procede de la aplicación del ap. 2, art. 979, del C.A., sobre la base de la prohibición legal establecida en el art. 7, del Decreto n° 1570/01 y sus modificaciones.
Por ello, sobre esta línea de razonamiento, no es cuestionable la validez del decreto en cuanto a sus efectos, toda vez que particularmente es la Ley n° 22.415 contempla y faculta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda establecer prohibiciones, tal la de carácter económico –y relativo- como lo es la que pesa sobre el dólar estadounidense.
Tal como enseña el Dr. Vidal Albarracín, el Decreto n° 1570/01 (mod. Por Decreto n° 1606/01) no legisla sobre materia penal sino que solo se establece en su art. 7 una prohibición de exportar moneda extranjera en las condiciones que indica y tiene su fundamento en razones de política cambiaria. Por otro lado, los ilícitos aduaneros tutelan el adecuado ejercicio del control que tiene a su cargo la Aduana sobre las importaciones y exportaciones, no solo a los fines tributarios, sino también para el cumplimiento de las restricciones. De tal manera, el citado acto de gobierno se limita a ordenar una medida económica que, por afectar una función que las leyes le acuerdan a la aduana, compone el bien jurídico protegido (Héctor G. Vidal Albarracín, “Derecho Penal Aduanero”, Ediciones Didot, Buenos Aires 2018, pág. 71.) Es por ello que entiendo que cabe apartarme del criterio del Dr. Soria al que me adherí recientemente en la causa antedicha.-
VIII. Sentado lo anterior, y tal como ha marcado a modo de directriz la Excma Cámara Federal de Casación Penal, cabe recordar que el art. 10 de la C.N. -que declara la libre circulación de bienes en el territorio de la República- hace referencia a los “géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.”. En igual sentido, el art.10, punto 1. del C.A. establece “A los fines de este Código es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado”.
De ello se extrae que “mercadería”, en los términos de la legislación aduanera, es un concepto amplio que excede su significado etimológico vinculado al derecho comercial, ámbito en el cual se designa a aquellas cosas que están en el comercio o que son motivo de transacciones comerciales. En efecto, de conformidad con la legislación aduanera, también constituyen mercadería los objetos que se importan o exportan aun cuando no tengan por base una transacción comercial (vg. regímenes de equipaje –arts. 488 a 505–; pacotilla –arts. 517 a 528– y rancho –arts. 506 a 516– entre otros, del C.A.) e independientemente de que sean de carácter material o inmaterial (cfr. art.10 punto 2. del C.A.).
Aunado a ello, el art. 11 punto 1. del C.A. dispone ”En las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, esta se individualizará y clasificará de acuerdo con el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, establecido por el convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera (…)”. De allí que, además, los bienes serán considerados mercadería si están contemplados y tienen nomenclatura en el sistema armonizado.
En síntesis, a los fines del derecho aduanero un objeto es “mercadería” cuando cumple con dos condiciones, a saber: a) es susceptible de importación o exportación y b) está incluido en el nomenclador arancelario. Bajo dichos parámetros, si se analiza la posibilidad de calificar el dinero en efectivo como “mercadería”, la respuesta debe ser afirmativa toda vez que: a) se trata de un bien material susceptible de ser importado o exportado y b) es clasificable en la posición arancelaria 4907.00.10 como “billete banco”, de acuerdo al Decreto P.E.N. nro. 509/2007. Las características mencionadas permiten considerar que los billetes de moneda extranjera -en el sub examine, dólares estadounidenses- constituyen mercadería en los términos del Código Aduanero.
A mayor abundamiento, no puede soslayarse –como ya se señaló- que las normas reglamentarias dictadas en materia aduanera sustentan la conclusión adoptada. En efecto, el art. 7 del Decreto P.E.N. nro. 1570/2001 (texto según Decreto P.E.N. nro. 1606/2001) establece “Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realicen a través de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y previamente autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, o sean inferiores a DOLARES ESTADOUNIDENSES UN DIEZ MIL (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA” (el destacado no obra en el texto original).
Asimismo, la A.F.I.P.–D.G.A. dictó la Resolución General nro. 2705 reglamentando el control del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo. En particular dispuso que “El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales preciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas” (cfr. art. 1 de la R.G. 2705, el destacado no obra en el texto original). Asimismo, estableció que los importes superiores a diez mil dólares estadounidenses sólo pueden egresar del país a través de entidades financieras y que, en caso de que el egreso se realice bajo el régimen de equipaje y por un valor superior al indicado, existe obligación de efectuar una declaración jurada ante el servicio aduanero (cfr. arts. 3 y 4 de la R.G. 2705) (el destacado me pertenece).
De todo ello se colige que el ingreso y egreso de divisas constituye un régimen aduanero específico, denominado “Sistema de Ingreso y Egreso de Valores”, circunstancia que ratifica que el dinero constituye mercadería sometida a las disposiciones del Código Aduanero. Máxime, si se tiene en cuenta que la misma norma dispone que en caso de incumplimiento del régimen “el sujeto responsable será pasible de las sanciones y medidas cautelares previstas por el Código Aduanero y normas complementarias” (énfasis agregado). (CFCP, Sala IV, Gemignani - Borinsky – Hornos “QUINTANA”, 25/04/2013, reg.546.4). Vale destacar que, claramente, lo aquí reprochado –tal el tipo infraccional- es utilizar un régimen que, a su vez, establece –en el caso del dinero en efectivo- un impedimento normativo expreso que veda la acción de egresar-exportar una determinada cantidad desde el territorio aduanero argentino.
Amén de señalar que el personal de control aduanero cuenta con un margen de discrecionalidad amplio para la verificación y evaluación de la mercadería que transporta el viajero para determinar si excede el marco del régimen específico, respecto a la incorporación del billete de banco como mercadería de exportación prohibida por la vía del equipaje, es claro que esa discrecionalidad se limitará a verificar si eventualmente hubo ardid idóneo para afectar el control aduanero -en cuyo caso deberá dar noticia al juzgado en turno que deberá entender en el delito de acción pública advertido-, eventualmente impulsar una investigación sumarial por infracción al Régimen cambiario o –y como es en el caso- impulsar una investigación infraccional aduanera.-
Como lo dije, es la vía elegida por el pretenso exportador la que tipifica la acción de exportar que deviene reprochable a la luz del Decreto PEN 509/2007 (B.O.23/05/2007) y las reglamentaciones dictadas en consecuencia por el Administrador de la ex AFIP (Actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y la sanción de multa es la pena impuesta por el legislador incorporando –más no agravando la pena principal- una accesoria de comiso en caso de verificarse que “la exportación para consumo de la mercadería en infracción estuviere prohibida” (Art.979 inc.2).-
Empero, no resulta menor destacar que la mercadería en cuestión es de libre circulación en el territorio aduanero argentino, de hecho, recién deviene típica la acción cuando el viajero - pretenso exportador- se adentra en la zona primaria –a donde se intensifica el control aduanero-, manteniéndose libre de circulación la moneda extranjera en ese marco de actuación hasta que, con la actividad de control de la aduana, esa acción de exportación es advertida por el personal aduanero.
IX. Ahora bien, el comiso del excedente de divisas ha sido tratado por los tribunales de Alzada en un aspecto específicamente procedimental y en relación con el delito de contrabando. Al respecto, entiendo como instancia de mérito, que debiere indagarse sobre la cuestión sustantiva del mismo –por su naturaleza punitiva- y en el contexto infraccional respectivo.
La Cámara en lo Penal Económico, en un caso de similares características fácticas, revocó la devolución otorgada del dinero secuestrado, que había ordenado el juez de Primera instancia, que declaraba el sobreseimiento del imputado por el delito de contrabando y ordenaba justamente la mencionada devolución, además, de disponer del envío de testimoniales a la Aduana para la sustanciación de un sumario infraccional por el art. 979 del C.A. Ante ello, la Cámara por mayoría entendió que el órgano competente para pronunciarse acerca de una infracción y del comiso era la Aduana, por lo que era congruente poner el dinero a disposición de ese órgano (CNPE, Sala B, causa 63.520, reg. 780/12, de fecha 12/12/12. Asimismo, CNPE, Sala B, causa 707/2012/CAI, fecha 23/5/14.).
En cuanto a ello, creo entonces, necesario analizar el carácter de la pena accesoria de comiso prevista en el ap. 2, del art. 979 del C.A.
Conforme surge de la norma en trato, este sólo se aplicará si la exportación para consumo en infracción estuviere prohibida, en este caso, el comiso no tiene carácter punitivo, sino solamente tutelar, toda vez que lo que ha querido el legislador es que se haga efectiva la prohibición de evitar de que esa mercadería salga del país.
En virtud de este razonamiento, considero que al confirmarse el decisorio, la finalidad cautelar deviene en la aplicación de una efectiva pena accesoria, lo que conlleva a un replanteo de ciertas vicisitudes de hecho –en la plataforma fáctica- que desde mi punto de vista importan una distorsión al fundamento preventivo, que en mi parecer no debieren ser vistas desde una aspecto unilateral de los poderes públicos, puesto que la sanción trae aparejada un desapoderamiento de la propiedad de la mercadería.
La mercadería que se comisa tiene una peculiaridad que la diferencia de cualquier otro bien material susceptible de importación o exportación en términos del art. 10 del C.A., que precisamente es la razón prohibitiva de su exportación, es que el dinero o los billetes de banco –como se quiera- son reserva de valor y constituyen activos financieros.
Por la vía del efecto inflacionario, de los efectos perniciosos de la desvalorización monetaria, la mercadería comisada adquiere un valor por demás elevado del monto nominal establecido en la resolución por encima del importe en pesos de la pena principal –multa-, por ende, la pena accesoria se instituye bajo una pérdida del fundamento de racionalidad y proporcionalidad en la condena.
No debe perderse de vista que, la discusión acerca de la finalidad punitiva de la sanción –comiso- concurre con un perjuicio en el patrimonio del condenado, que se profundiza con mayor severidad que la pena principal (en la mayoría de los casos de desapoderamiento de divisas por régimen de equipaje), esto implica una disputa entre el derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional, y la potestad del Estado de limitar tal derecho. Por ello, es preciso realizar un análisis responsable de la aplicación de este instituto a esta mercadería en particular para evitar una desproporcionalidad entre el injusto y la pena, evitando que esta última sea de una aplicación arbitraria.
Lo antedicho, sin embargo, no me permite apartarme de la posición doctrinaria que ha sustentado el máximo tribunal, en cuanto al principio primario de la sujeción de los jueces a la letra de la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla (fallos 218:56, 299:167, entre otros). El legislador al establecer la prohibición de exportación de un monto determinado de divisas ha tenido en cuenta una herramienta política económica del control de cambios en miras a la protección de cuestiones relacionadas con el orden público, que entiendo, justificaría la aplicación de una pena –accesoria- más gravosa, atento al bien jurídico que intenta proteger.
La Aduana en su rol de control tiene una misión central que impacta en todo el sistema de recaudación y en este caso ha cumplido cabalmente con ello. Ha identificado en zona primaria a un pasajero que trasportaba entre sus pertenencias mercadería que excedía la “tolerancia” establecida en la norma (de U$S 10000 por ser mayor de edad), inició el procedimiento infraccional a tenor de lo establecido en el art. 979 del C.A. –en tanto no se habría colegido ocultamiento malicioso e idóneo para evitar o dificultar el control aduanero- y culminó su función jurisdiccional con la condena que se recurre ante este Tribunal.
Por ello cabe confirmar el decisorio aduanero aquí en crisis en tanto impone cautelarmente la pena de comiso limitándose a la cantidad de mercadería en infracción, por lo que corresponde confirmar el art. 1 de la resolución aquí apelda en cuanto le impone a la recurrente el comiso de U$S 18.300, depositados bajo acta-lote 11 001 NARC 000166 K, bolsa de seguridad B10299, en el ámbito de la Sección Secuestros de la DGA.
X. Que, en cuanto a las costas del proceso, no advierto motivos para apartarme del principio general de la derrota, debiendo las mismas ser soportadas por la recurrente vencida (art. 1163 del C.A.). En virtud de lo expuesto, VOTO POR confirmar la Resolución (DE PRLA) n° 7631/14, dictada en la Actuación SIGEA n° 15184-172-2011, en cuanto condena a la firma recurrente al pago de una multa y al comiso de U$S18.300, por la comisión de la infracción prevista y penada en el ap. 1 y 2, del art. 979 del C.A., con costas.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, al voto que antecede, en cuanto confirma la imposición a la recurrente de la multa objeto de autos, con costas a la recurrente.
II. Que, no obstante, corresponde dejar sentado que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013, “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A., del 3/12/2020, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción recurrida, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos; extremo sobre el que no corresponde pronunciamiento alguno, por razones de celeridad y economía procesal, en atención a la posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al resolver la presente cuestión, por lo que cabe proceder a confirmar la multa de marras sin considerar el temperamento asumido por el suscripto en las sentencias de referencia. ASÍ LO VOTO.-
III. Que, sentado ello, corresponde analizar el comiso, del que se agravia la parte actora. En tal sentido, resulta ajustado a derecho puntualizar que la referida cuestión sometida a examen de esta Magistratura ha sido adecuada y recientemente considerada por esta Sala “F” con fecha 4 de septiembre de 2024 in re “MAZA, MARÍA JOSEFA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expediente EX-2023-
26990071-APNSGASAD#TFN), la que resulta –en el aspecto relacionado con el comiso- sustancialmente análoga a la presente, por lo que cabe remitirse a los fundamentos y argumentos esbozados en el voto del Vocal allí preopinante -Dr. Soria-, a los que adhirieron los Dres. Garbarino y González Palazzo, los que en virtud de inequívocas pautas de justicia, razonabilidad, congruencia y coherencia, corresponde mantener en toda su extensión, a los fines de resolver el presente expediente; máxime cuando de ningún modo surge el error y/o la inconveniencia de aplicar la citada decisión sobre la cuestión legal objeto del pleito (confr. doctrina de Fallos: 183:409; entre otros), como así tampoco en la especie se verifica la existencia de cambiantes circunstancias históricas que demuestren la conveniencia de abandonar el criterio jurisprudencial previamente establecido (confr. doctrina de Fallos: 329:759; entre otros), por los mismos magistrados que deben sentenciar en la litis.
IV. Que, por ende, la pena de comiso impuesta en la litis, será dejada sin efecto, ordenando a la DGA que devuelva al actor los dólares estadounidenses billete incautados por el servicio aduanero; pues la prohibición a la exportación de la mercadería comisada en autos –U$S 18.300 en exceso a la suma de u$s 10.000 permitida o su equivalente en otras monedas- fue dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia (“DNU”) 1570/01 (BO: 03.12.01) conforme la reforma a su artículo 7 emergente del DNU 1606/01 (BO: 06.12.01), que llevó la suma de dólares billete autorizada -o su equivalente en otras monedas- a exportarse de un máximo de mil (1.000) a uno de diez mil (10.000).
En efecto, la pena de comiso sobre la mercadería de exportación prohibida del artículo 979, apartado 2, del CÓDIGO Aduanero impuesta en autos debe ser dejada sin efecto, en tanto configura una proyección punitiva del Decreto de Necesidad y Urgencia nro. 1570/2001, que resulta incompatible con disposiciones preeminentes de la Constitución que, terminantemente, vedan tal alcance penal a dichos instrumentos legales del PEN (art. 99 inc. 3 tercer párrafo).
Por lo tanto, corresponde revocar la Resolución DEPRLA Nro. 7631/2014, en cuanto procede al comiso de la mercadería secuestrada -esto es: 18.300 dólares estadounidenses-. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
V. Que, en cuanto las costas del pleito, resulta ajustado a derecho distribuirlas por su orden respecto de la revocación del comiso, atento haberse resuelto dicha cuestión por los fundamentos del propio Tribunal Fiscal (art. 1163 del C.A.). ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere a lo sustancial al voto del Dr. Pablo Garbarino. ASÍ LO VOTO.-
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) n° 7631/14, dictada en la Actuación SIGEA n° 15184-172- 2011, en cuanto condena a la firma recurrente al pago de una multa, con costas a la recurrente.
2. Revocar la citada Resolución, en cuanto procede al comiso de la mercadería secuestrada -esto es: 18.300 dólares estadounidenses-, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese.-
Date: 2025.02.10 14:01:16 -03:00 Date: 2025.02.10 14:10:49 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.11 10:55:10 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.11 10:55:11 -03:00
Fin de la sentencia