Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35323-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad -por ausencia de jurisdicción- del control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver el expediente a ese organismo para que -por quien corresponda- dicte un nuevo fallo. Con costas de esta instancia en el orden causado. A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/26 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
28784/2025 PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE (TF 35323-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 16 de abril de 2026.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional a fs. 67/68, contra la sentencia de fs. 52/56, cuyo traslado fuera contestado por la parte actora a fs. 93/99. Y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso El Sr. Olmedo Vicente Pérez Cattalurda, ciudadano uruguayo, el 31/03/2011 se encontraba en la terminal de pasajeros de la empresa “Buquebus” cuando personal de la Prefectura Naval Argentina realizó un control de egreso de personas hacia la República Oriental del Uruguay y constató que llevaba entre su vestimenta un total de U$S 28.300 (veintiocho mil trescientos dólares estadounidenses). En función del límite previsto en el decreto 1570/2001, texto según decreto art. 3° del Decreto N° 1606/2001 B.O. 6/12/2001 (vigente al momento de los hechos del caso), se procedió al secuestro de U$S 18.300 (dieciocho mil trescientos dólares estadounidenses).
En el expediente judicial 5893, que tramitó ante el juzgado nacional en lo penal económico nro. 1, el actor fue sobreseído del delito de contrabando de divisas por la sentencia del 26/09/2011.
Mediante la resolución DE PRLA 2882/12, la División Secretaría de Actuación nro. 5 dispuso desestimar la denuncia en los términos del art. 1090, inciso b), del CA y remitir las actuaciones a la División Secretaría de Actuación nro. 2 para que sustancie el procedimiento para investigar la infracción al art. 979 del CA (cfr. fs. 94/95 de la actuación 15184-172-2011).
De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 6/05/2014 se dispuso la apertura del sumario (fo. 105 de las act. adm.). A fs. 108/109 de las actuaciones el Sr. Pérez Cattalurda declaró que “tal como fuera demostrado en sede penal, las divisas no fueron ocultadas a la autoridad, sino mostradas” y que la finalidad del tráfico de tales divisas era para adquirir un audífono de fabricación holandesa.
El sumario concluyó, con la resolución (DE PRLA) 7631 del 5/11/2014, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros condenó al Sr. Olmedo Vicente Pérez Cattalurda por la comisión de la infracción prevista en el art. 979 del CA al pago de la suma de $73.457,46, la multa sustitutiva del comiso de $1,32 y el comiso de los U$S18.300 depositados bajo acta-lote 11 001 NARC 0001666K, Bolsa de Seguridad B10299, en el ámbito de Secuestros de la Dirección Aduana de Buenos Aires (cfr. fs. 113/115 de las act. adm.). Contra dicha resolución, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA (cfr. fs. 6/12).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 11 de febrero de 2025, la Sala “F”
del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución DE PRLA 7631/2014 en cuanto a la condena a pagar la multa de $73.457,46, con costas, y, en cambio, la revocó respecto del comiso de los U$S 18.000 secuestrados, con costas en el orden causado, ordenando la devolución de las divisas al encartado.
Para así decidir, el vocal cuyo voto conformó la mayoría, aplicó el criterio sentado en la resolución del 4/09/2024 dictada en el expte. 2023-26990071-APNSGAD#TFN del registro del organismo de origen, en los autos “Maza María Josefa c/DGA”, según el cual el art. 7° del decreto 1570/01 es inconstitucional, puesto que la prohibición de exportar la mercadería comisada en autos, US$ 18.300, en exceso a la suma de U$S 10.000 permitida o su equivalente en otras monedas, fue dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia, de manera que la pena de comiso sobre la mercadería de exportación prohibida del art. 979, apartado 2, del CA configura una proyección punitiva que resulta incompatible con el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional que terminantemente veda la materia penal.
III. Los agravios del Fisco Nacional – ARCA – DGA Que la demandada se agravia de lo así resuelto, comenzando por recordar que el Tribunal Fiscal de la Nación no es un órgano que se encuentre facultado para declarar la inconstitucionalidad de las normas. Solicita la aplicación del art. 1164 del CA y de la doctrina sentada por esta Sala en los autos “3M Argentina SACIFIA (TF 39667-A) c/DGA CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 28784/2025 PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE (TF 35323-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO s/recurso directo de organismo externo”, expte. CAF 30378/2023, al dictar sentencia el 29/10/2024.
En cuanto a la materialidad de la conducta infraccional reprochada, postula que el artículo 632 del C.A. (vigente al momento del hecho) facultaba al PEN a establecer prohibiciones económicas y que, concretamente, el Decreto N° 1570/2001 (y sus modificatorios) —dictado en el marco de la emergencia económica— prohibió la exportación de billetes y monedas extranjeras por fuera del control de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias cuando se trate de suma iguales o mayores a U$S10.0000 o su equivalente.
En tal sentido, luego de recordar que los dólares estadunidenses encuadran en las definiciones de los arts. 10 y 11 del CA expone que “…la mercadería excedente (divisas), tal como lo dispone el artículo 7 del Decreto N° 1570/01, se subsume plenamente en el tipo infraccional contemplado en el artículo 979 del Código Aduanero”, lo cual encuentra su fundamento “en la intención manifiesta de extraer del territorio aduanero, bajo el régimen de equipaje, mercaderías que, por su cantidad, calidad, variedad y valor, no reúnen las condiciones para ser consideradas como tal, conforme a lo establecido en el artículo 489 del mismo cuerpo normativo”.
Aclara que el Sr. Pérez Cattalurda “intentó egresar del territorio nacional portando la suma de U$S 28.300”, suma que excede “de manera ostensible el límite permitido en el marco del régimen de equipaje”. Postula entonces que la “ausencia de declaración correspondiente y el incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes configuran, sin lugar a dudas, una infracción aduanera tipificada en el artículo 979 del Código Aduanero, al trasgredir las obligaciones que rigen para el tránsito internacional de bienes”. Por todo lo cual, concluye que la conducta desplegada por el actor “configura una infracción al régimen de equipaje, regulado en los arts. 488 a 505 del CA, cuya transgresión queda supeditada a las sanciones previstas en los arts. 977 a 982 del mismo cuerpo normativo…”.
Desde otra perspectiva, recuerda que las normas que rigen el caso deben interpretarse bajo los estándares internacionales, tales como la Recomendación 32 del GAFI, destacando que “…el decreto reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo Nacional encuentra sustento legal en las atribuciones que le confiere el artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional, así como en el artículo 632 del Código Aduanero, que permite la imposición de restricciones de carácter económico de manera transitoria”.
Aduce que “… la prohibición que aquí se defiende se trata de una prohibición relativa de exportación de carácter económico transitoria, por razones económicas (art. 609, inc. b) del CA) dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo en los términos y conforme las facultades que establece el art. 632 del citado cuerpo legal”. Manifiesta que “…el Poder Ejecutivo Nacional no legisló en materia penal, sino que ejerció facultades otorgadas por el legislador para ejecutar políticas monetarias y cambiarias, dentro de los límites establecidos por el art. 609 del Código Aduanero”, a la vez que precisa que “el control aduanero de exportaciones, incluidas las prohibiciones económicas, es una función inherente al servicio aduanero, validada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En resumen, concluye que “…los efectos punitivos de la prohibición económica no solo son congruentes con el marco normativo vigente al momento del hecho, sino que resultan indispensables para garantizar su cumplimiento efectivo”, por lo que “desvincular la regulación establecida implicaría, lejos de ajustarse a los principios constitucionales, generar una ruptura en el equilibrio entre los poderes del Estado y en la ejecución de políticas esenciales para el interés público”.
IV. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr.
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28784/2025 PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE (TF 35323-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros; Sala II, CAF 44332/2023/CA001 “Genomma Laboratories Argentina SA c/ EN-AFIP -DGA-SIGEA 19144-10065-2019 s/dirección general de aduanas”, del 25/10/2024).
V. El dictamen del Sr. Fiscal.
En el dictamen nro. 4927/2025, el Sr. Fiscal General opinó que la inconstitucionalidad del decreto 1570/2001 no puede prosperar. A su vez, al dictaminar brindó los parámetros para la evaluación de los hechos pertinentes para sustentar la lesión al debido proceso adjetivo y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable (cfr. fs. 116/117, según las constancias del sistema de gestión judicial lex100).
VI. Las facultades del organismo administrativo jurisdiccional para declarar la inconstitucionalidad.
Que a fin de determinar si el Tribunal Fiscal de la Nación tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia, resulta conveniente comenzar por precisar el alcance que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha atribuido a los términos “control de constitucionalidad”.
Desde el año 1888, el Cimero Tribunal ha sentado la doctrina según la cual resulta “elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles é involuntarios de los poderes públicos”.
Y que el “control de constitucionalidad de las leyes, que es un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y legislativo, que hace la Constitución, y de la naturaleza esencialmente subordinada y limitada de este último, se halla especialmente consagrada por el artículo 3 de la ley de 16 de octubre de 1862 y artículo 21 de la Ley de Jurisdicción)” (cfr. Fallos 33:162 “Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. de Elortondo”, del año 1888). La Corte ha señalado, siempre refiriéndose al órgano judicial, que “en la admisión de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio no puede verse la creación de un desequilibrio de poderes a favor del Judicial ya que si la atribución de invalidar normas no es negada en sí misma, entonces carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay (voto de los jueces Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio en la causa "Juzgado de Instrucción Militar n° 50 de Rosario", Fallos: 306 :303; voto de los mismos jueces en “Mill de Pereyra”, Fallos: 324:3219; “Banco Comercial de Finanzas S.A., Fallos: 327:3117, y “Rodríguez Pereyra”, Fallos: 335:2333). El juez Rosatti se remite a lo afirmado en los considerandos 3° y 4° de su voto en Fallos: 343:345. El juez Lorenzetti se remite, al respecto y mutatis mutandis, al considerando 5° de su voto en disidencia en Fallos: 347:178” (cfr., más recientemente, CSJN “Chacón Luis Gustavo s/audiencia de sustanciación de impugnación”, del 15/10/2024).
De este modo, resulta razonable colegir que el “control de constitucionalidad” que ejerce el Poder Judicial acarrea la obligación de analizar las normas que rigen las circunstancias de hecho, cotejarlas con el texto constitucional. Para la hipótesis que no se adecúen a los derechos y garantías consagrados en la norma fundamental y que entren en colisión con ésta, la persona que ejerza la magistratura deberá declararlas inconstitucionales y, por consiguiente, inaplicables en un caso concreto. Este control debe ejercerse aun de oficio bajo ciertas pautas, tales como a) que no exista ningún otro medio para la solución adecuada del juicio; b) que no se trate de una declaración en abstracto, sino en un caso o conflicto contencioso; c) que produzca efecto en el caso concreto.
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28784/2025 PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE (TF 35323-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ahora bien, el art. 1164 del Código Aduanero al referirse al contenido y alcance de las sentencias que dicte el Tribunal Fiscal de la Nación establece que “no podrá contener un pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”.
A la luz de la claridad del texto de la citada norma, cabe concluir que dicho organismo no está facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma, aun cuando medie pedido de parte, tal como ocurre en la especie (ver punto IV.a. fs. 8vta. del recurso que abrió la instancia ante el TFN).
En tal sentido, resulta acertada la reflexión que propicia el Sr. Fiscal General en el dictamen nro. 4927/2025, en cuanto a que la disposición aduanera “es conteste con el ordenamiento constitucional y con la ubicación orgánica del Tribunal Fiscal de la Nación, por cuanto sus vocales no se encuentran sujetos a los mecanismos de designación y remoción previstos en la Constitución Nacional para los jueces de la Nación y, por tal razón, su actividad —en cuanto recayera sobre la del Poder Legislativo, invalidándola— no está expuesta a los “pesos” y “contrapesos” institucionales que tienden a asegurar la división de poderes” (cfr., en el mismo sentido, Sala I, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 112544550-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 10/07/2023).
Por lo demás, esta Sala en su composición histórica, en un caso similar al presente ha declarado la nulidad, por ausencia de jurisdicción -por expresa prohibición legal- de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la que efectuó una revisión de la constitucionalidad y convencionalidad del sistema prescriptivo, en razón de haber excedido el marco de las facultades que el art. 1164 del CA le otorgan (cfr. expte nro. 23452/2016 in re “Alba Compañía Argentina de Seguros SA TF 3600-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/04/2018), de modo coincidente con lo sostenido por la Sala I en la causa nro. 37.320/22 “Newsan SA (TF 09753823-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/05/2023; Sala II, causa nº 55.640/2016, “Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 2/02/2017 ; Sala IV, causa nº 46.118/2015, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 10/03/2016; Sala V, causa nº 49.663/2016, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 07/03/2017. Asimismo, en la sentencia dictada el 29/10/2024 ha declarado la nulidad -por ausencia de jurisdicción- del control de convencionalidad (y por ende, de constitucionalidad), ejercido por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Estos precedentes no son los únicos, puesto que en cada Sala se ha reiterado la cuestión, se ha declarado la nulidad respecto del ejercicio del control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, lo cual autoriza a considerar que el asunto -en este fuerose encuentra en situación de plenario virtual.
A su vez, resulta atinado recordar la jurisprudencia de esta Cámara que, de modo general, ha sentado la doctrina, según la cual, la competencia del citado organismo no alcanza a cualquier cuestión relacionada con la materia tributaria o aduanera por más compleja que ésta resulte, sino exclusivamente a aquellas que resulten del texto de la ley de su creación (Sala IV expte. Nº 21.560/07, in re, “Flecamet S.A. (T.F. 25.377-I) c/ D.G.I.”, 5/06/08; Sala II expte. N° 62654/2018, in re, “ADM Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 18/10/2018; Sala III, expte. N°5171/2023 “ADM Argentina SA -TF 37288-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/04/2024).
A lo antedicho, no está de más añadir que el propio “Acuerdo Plenario” dictado 26/04/2022 por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA. c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en ocasión del decreto 793/2018, se adecúa a esta interpretación que es unánimemente postulada por la Cámara.
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28784/2025 PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE (TF 35323-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por consiguiente, corresponde admitir la queja formulada por el Fisco Nacional, declarar la nulidad -por ausencia de jurisdicción del control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver el expediente a ese organismo para que -por quien corresponda- dicte un nuevo fallo.
VII. Costas Que en atención a las particularidades de la cuestión y de las alternativas procesales suscitadas en autos las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
Por ello, en mérito a lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: declarar la nulidad -por ausencia de jurisdicción- del control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver el expediente a ese organismo para que -por quien corresponda- dicte un nuevo fallo. Con costas de esta instancia en el orden causado. A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/26 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑERIA
Fin de la sentencia