Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-757/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora a fojas 80 vta./83 vta., apartado 8.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-757/15-TSJ Sentencia N°: 1022 Actor: PEREZ GALLART SUSANA CLAUDIA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 26/09/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1022 FOLIO Nº 3179/3183 PROT. ELECT. TSS1 022 C.161
Río Gallegos, 26 de Septiembre de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “PEREZ GALLART SU- SANA CLAUDIA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE IN- CONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº P-757/15-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que conforme surge de fojas 51/84 de los presentes la Sra. Susana Claudia Pérez Gallart, por medio de su letrada apoderada, Dra. Claudia Elvira Guerra, interpone “…demanda originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Santa Cruz… a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 3422/2014… y del Decreto 13/2015… toda vez que tal normativa, expropiatoria de un inmueble del que mi mandante resulta ser copropietaria, vulnera de forma palmaria preceptos constitucionales reconocidos por la norma fundamental de la provincia y por la Constitución Nacional…” (cfr. foja 51 vta.).- Asimismo, en el apartado 8 de su presentación, solicita se “…dicte una medida cautelar por medio de la cual se disponga la suspensión de efectos de la Ley 34.22/2014 [sic] y del Decreto 13/05 [sic], ordenando a la Provincia que se abstenga de poner en ejecución del [sic] procedimiento expropiatorio que allí se regula, hasta tanto se recaiga [sic] sentencia definitiva y firme en estos actuados…” (cfr. foja 80 vta.).-
Respecto de la verosimilitud del derecho, sostiene que “…se ha acreditado que la inconstitucionalidad de la norma impugnada es notoria y no sólo verosímil… la medida cautelar solicitada debe prosperar, desde que si solo resulta necesario una simple apariencia respecto del derecho a los efectos del otorgamiento de la cautela, con más razón debe ser concedida ésta cuando el derecho resulta patente en virtud de las inconstitucionalidades alegadas…” (cfr. fs. 81/82).-
Seguidamente, se refiere al peligro en la demora, afirmando que “…surge de los términos de la presente demanda y de la pretensión que a través de la misma se persigue, que de no decretarse la medida cautelar solicitada se producirían indefectiblemente los perjuicios denunciados… el estado de la situación exige la adopción de decisiones de la judicatura que permitan mantener el statu quo existente a fin de evitar la consumación de vías de hecho y actos inconstitucionales que irrogaran gastos cuantiosos para la provincia…” (cfr. fs. 82/83).- Por último expresa que “…no existe otra medida cautelar que permita asegurar provisionalmente los derechos de mi parte, así como debe tenerse también en cuenta, que de no hacerse lugar a la medida peticionada, se originarán los graves perjuicios antes consignados, con lo cual la decisión judicial a la que se arribe devendrá -en su faz práctica- ineficaz, ya el daño ya (sic) se habrá irremediablemente producido… los presupuestos apuntados se hallan relacionados entre sí de modo que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparabilidad, el rigor acerca del ‘fumus’ se puede atenuar…” (cfr. foja 83).- A fs. 106/111 vta. este Tribunal rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la actora, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600- y no hizo lugar a la medida precautelar solicitada por la actora.-
A fs. 118/121 vta., se presenta la Provincia de Santa Cruz, representada por la Sra. Fiscal de Estado -Dra. Angelina María Esther Abbona- y por la Dra. Fernanda Anali Loncón Paredes. Afirman, que “…la contraparte en modo alguno ha demostrado satisfactoriamente que en el caso de autos se reúna el requisito de la verosimilitud del derecho cuya protección invoca.- Tampoco demuestra que en la especie se configure una situación de excepción que justifique apartarse de la doctrina que establece que una medida cautelar no es un mecanismo hábil para cuestionar actos administrativos y/o leyes…” (cfr. foja 119 y vta.). Expresan, en relación al peligro en la demora, que “…el peligro del cual nos habla la actora consiste en que el Estado Provincial interponga una acción judicial de expropiación, cuya tramitación resulta necesaria en función de normas constitucionales y en el que podrá oportunamente oponer todas las defensas que se considere pertinentes… En concreto, el hecho de interponer una acción judicial expropiatoria en modo alguno puede caracterizarse como una situación de peligro y/o perjuicio. Tampoco puede admitirse que nos encontremos ante una pérdida económica, y ello toda vez que la adquisición por parte del Estado del bien expropiado se encuentra constitucional- mente supeditada al pago de una indemnización previa. Lo expuesto conlleva a que por razones de utilidad pública el derecho de propiedad con el que contaba el expropiado se transforme por subrogación real, en el derecho al cobro del valor del bien afectado…” (cfr. fojas 119 vta./120).- Manifiestan, que “…El interés público en este caso es concreto y está vinculado directamente con la necesidad de la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena de contar con terrenos que sirvan para solucionar la crisis habitacional de la población más vulnerable. Dicho interés debe ponderarse por el sobre el [sic] daño que la ley pueda causar a la Sra. Pérez Gallart, atento a que el daño a la comuni- dad, más específicamente al sector con menos recursos, es a simple vista prepon- derante…” (cfr. foja 121).-
Por último, afirman que “…Sobre la supuesta inexistencia de otra medida eficaz para la protección de su derecho, debemos decir que tampoco es cierto que se configure tal situación.- La actora nos dice que no existe otro remedio procesal para evitar los perjuicios consignados. Se trata de un argumento falaz en función de que, justamente, la medida eficaz para la protección lo constituye la tramitación del proceso expropiatorio, siendo esto lo que se procura evitar con la medida cautelar solicitada…” (cfr. foja 121 y vta.).- A fs. 123 y vta., obra dictamen emitido por Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido negativo respecto del acogimiento de la cautelar solicitada atento que “…considero que los extremos indicados no se encuentran configurados por lo que se torna improcedente la medida cautelar solicitada… no existe un derecho verosímil que justifique la solicitud del dictado de dicha medida, toda vez que como ya se ha establecido, los actos de los poderes públicos, en este caso el dictado de la Ley y del Decreto referido gozan de presunción de validez, no habiéndose podido acreditar, por el momento, que los mismos resulten arbitrarios y/o contrarios a la Constitución Provincial y Nacional. Asimismo considero que no se advierte cuál es el peligro en la demora que invoca la actora, pudiéndose interpretar el dictado de la medida cautelar requerida como un adelanto del fallo que en definitiva se dictará, el cual de resultar favorable a la accionante importará que el supuesto daño o perjuicio en que se hubiere incurrido pueda ser reparado…”.-
II. En el particular caso de autos, al tratarse de una ley, se debe extremar la cautela al pronunciarse respecto a una medida como la peticionada por la actora en tanto que -para concederla- deberíamos juzgar “prima facie” que la legislación atacada resulta inconstitucional y conculca irreparablemente derechos legítimos que la misma ostenta (conf. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 796, Folio 2256/2259).-
Así lo ha sostenido también la SCBA al decir que “…A su vez, debe recordarse que, cuando lo que se pretende cautelarmente es la suspensión de los efectos de una ley o reglamento, la reunión de los requisitos necesarios para que ello proceda debe ser efectuada con el mayor rigor, puesto que tales actos tienen en general la presunción en su favor de ser conformes a la Constitución (cfr. causas B. 31.703 “Piérola” y sus citas en “Acuerdos y Sentencias”, serie 20ª, t. VI, p. 390; I. 1.520, “Peltzer”, res. de 28-V-91; I. 3.024, “Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.”, res. de 8-VII-03; B. 67.594, “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, res. de 3-II-2004; I. 68.944 “U.P.C.N.”, res. de 5-III-2008; I 71.446, “Fundación Biosfera”, res. de 24-V-2011 e I 72.269, “Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado”, res. de 6-XI-2012)…” (cfr. “Presidente de la Junta Electoral de la Provincia de Bs. As. c/ Poder Ejecutivo y Legislativo s/ confl. Art. 161 inc. 2º const. Prov.”, 18/12/2013).- A la luz de los parámetros expuestos, deben analizarse las normas cuestionadas, a fin de determinar si las mismas violentan el “derecho verosí- mil” que dice tener la actora.-
La Ley Nº 3422/14 establece en su artículo 1º “…DECLÁRA- SE de utilidad pública y sujeta a expropiación por parte de la provincia de Santa Cruz, una fracción aproximada de doscientos ochenta y seis (286) hectáreas…”
Dicha ley, establece también en su artículo 2º “…La presente expropiación tendrá por objeto la adquisición de tierras a favor del Municipio de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, a los fines de brindar soluciones al ac- tual déficit de tierra fiscal para el desarrollo urbano. A dichos efectos, el mencionado municipio será titular del dominio y la jurisdicción respecto del bien a expropiarse, pudiendo destinar dichas tierras a satisfacer la demanda de terrenos para la cons- trucción de vivienda familiar u otros destinos, que demande la dinámica urbana y el crecimiento de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena”.- Dentro del limitado marco cognoscitivo propio de este tipo de procesos, considero que la petición cautelar de autos no se sustenta sobre bases “prima facie” verosímiles. No se advierte, en principio, que la declaración de utilidad pública contenida en la Ley N° 3422/14, resulte contraria a los principios y garantías constitucionales invocadas por la accionante.-
En este sentido, la calificación de utilidad pública no resulta, en principio, arbitraria o inexistente en tanto que el bien expropiado conduce a la satisfacción de una utilidad pública concebible, que consiste en destinar el inmueble en cuestión para “…satisfacer la demanda de terrenos para la construcción de vivienda familiar u otros destinos, que demande la dinámica urbana y el crecimiento de la localidad…” (cfr. art. 2, Ley Nº 3422/14).-
Ingresar en un análisis más profundo respecto de si el fin alega- do en la ley es el real o el que efectivamente los legisladores tuvieron en miras, excede en demasía el marco del análisis cautelar.-
Por otra parte la actora no ha acreditado prima facie que exista una manifiesta desproporcionalidad en cuanto a la extensión del terreno a expropiar y la concreta utilización que del mismo se pretende hacer conforme a lo que surge de la ley. Únicamente existen las afirmaciones de la actora en cuanto a la supuesta extén- sión desmedida, pero sin acompañar mayores fundamentos en dicho sentido más allá de su apreciación personal.-
Puede compartirse o no el criterio plasmado en la ley y el decreto atacados, pero lo cierto es que no existe arbitrariedad manifiesta que permita en este estado inicial de la causa hacer lugar a lo peticionado, al margen de lo que luego de tramitado el presente juicio se pueda determinar en definitiva.-
Al respecto, en cuanto al recaudo de la verosimilitud del dere- cho, hay que considerar que para derrumbar la enunciada presunción de legitimidad, la misma debe emerger con indiscutible nitidez, lo cual -en principio- no se advierte en el caso sub examine. Es que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares reviste particular estrictez cuando se cuestiona una ley, atento a la presunción de validez de la que goza, exigencia que imprime de una mayor profundidad a la ponderación de la verosimilitud del derecho invocado y frente a la cual los elementos hasta ahora aportados por la impugnante no permiten desvirtuar la aludida presunción.- En consonancia con lo expuesto y analizadas las constancias de autos, no surge con claridad que exista un peligro inminente o, de tal gravedad, que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona y tampoco que el mismo sea irre- parable ulteriormente.
Al respecto, este Alto Cuerpo, ha sostenido que “…Por lo general el peligro en la demora resulta de las circunstancias del caso y no requiere prueba, quedando su apreciación al arbitrio del juez. Si se trata de un acto de autori- dad, en cambio, debe ser irreparable, pues prevalece el orden público, que califica el carácter restrictivo de la interpretación (CNCiv., Sala B, ED. t. 93, p. 603)…” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 835, Folio 2369/2371). El requisito del peligro en la demora no se halla suficientemente fundado en el escrito de demanda. En efecto, no puede advertirse en la especie una situación de peligro cierto o inminente que imponga la urgente adopción de una medida de naturaleza excepcional (como la que aquí se solicita), más allá de las afirmaciones vertidas sobre circunstancias hipotéticas que podrían suceder.- Asimismo, debe tenerse en cuenta, en la especie, la solvencia de la parte demandada, la cual es, en este caso, notoria; por lo que resulta remoto el peligro de que la actora pueda verse privada de los resarcimientos a los que pudiera, finalmente, tener derecho.
Por ello, en relación a los perjuicios que el acto impugnado pudiere causar a la accionante, ha de destacarse que la ejecución del acto cuestionado no le generaría -en principio- un perjuicio de imposible o difícil reparación dado que nada impediría que, en caso de obtener, aquella, una sentencia definitiva favorable; logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el acto, más aún teniendo en cuenta que se ha demandado al Estado Provincial, cuya solvencia se presume y no puede ser cuestionada (conf. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XI, Reg. 722, Folio 2036/2037 y Reg. 743, Folio 2096/2098).- Dentro del reducido marco de conocimiento que este incidente nos autoriza, determinar si la normativa en cuestión adolece de los vicios que le imputa la actora, exigiría ponderar elementos que obligarían a este Alto Cuerpo a in- gresar al fondo de la cuestión que se discute en la causa principal, lo que le está vedado en esta incidencia meramente cautelar, por lo que debe rechazarse la medida pretendida.-
La actora no ha logrado acreditar el derecho que le asiste y la gravedad y la irreparabilidad del perjuicio que le pudiera ocasionar el cumplimiento de la ley y decreto cuestionados. Ello así, teniendo en cuenta que los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares deben examinarse con mayor rigor cuando lo que se procura a través de ellas es la suspensión de los efectos de una ley puesto que la misma debe presumirse constitucional mientras no se produzca una declaración judicial que establezca lo contrario y atento que no se encuentran en tela de juicio las mayorías legales, la competencia, ni el trámite impreso para su sanción (conf. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 796, Folio 2256/2259).- Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, con costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por el art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600. Ello sin perjuicio del oportuno mérito que, sobre lo sustancial de la controversia, deberá realizar este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva. Así lo voto.-
Los Dres. Alicia de los Angeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Mariani.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Los argumentos y pretensiones de las partes ya han sido adecuadamente expuestos en los resultandos de la causa relatados por mi distinguido colega preopinante, por lo que a ellos me remito para evitar innecesarias repeticiones; empero disiento con el desenlace que, para esta contienda, propicia. Considero, por mi parte, que la medida cautelar merece favorable acogida, en virtud de las razones que a continuación expondré.-
La accionante ha peticionado una medida cautelar, la cual consiste en la suspensión de los efectos de la Ley Nº 3422/14 y del Decreto Nº 13/15, hasta tanto obre sentencia firme en los autos principales. Ello, a fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse en el caso que sea favorable a la pretensión de la actora y evitar el perjuicio irreparable que a dicha parte le provocaría si no se sus- pendiera el proceso expropiatorio.-
Sabido es que la finalidad del proceso cautelar, como el de au- tos, consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia a dictarse, cuando existe el riesgo que durante el lapso de tramitación de la causa pudieran acontecer circuns- tancias que a la postre hagan que la sentencia sea de imposible cumplimiento y/o pro- duzcan perjuicios irreparables o de difícil reparación ulterior. Los requisitos que se exigen para acogerlas son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y una contracautela, para el caso que la medida a decretarse pudiera ocasionar algún perjuicio a la demandada.- Ante la solicitud de una tutela semejante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado “…que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la ma- teria controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.
Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda re- lación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emi- tir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese marco, en el ‘sub lite’ se presenta el ‘fumus boni iuris’ -comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria (Fallos: 314:695 y 711). Que, de igual modo, debe concluirse con relación al peligro en la demora, que se considera configurado.
El requisito en estudio, debe examinarse de acuerdo con un juicio obje- tivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros, y es preciso señalar que la situación denunciada requiere el dictado de medidas que resguarden los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir los puntos debatidos y de esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca. Que no empece a lo expuesto que en el caso se trate de medidas cautelares innovativas, a fin de que no se altere la situación existente creada por la ley, cuya inconstitucionalidad se plantea, pues si bien este Tribunal ha considerado a ese tipo de solicitudes como una decisión excepcional, por configurar un anticipo de jurisdicción favorable res- pecto del fallo final de la causa que altera el estado de cosas existente (conf.
Fallos: 316:1833 y 319:1069), las ha admitido cuando existen fundamentos de hecho y de derecho que exigen una evaluación del peligro de permanencia en la situación a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los intereses en juego. Es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy difi- cultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633).” (Fallos: 330:1261).- Resulta oportuno recordar, que la medida cautelar de no innovar peticionada en la especie tiende a mantener el ‘status quo’ existente, antes del dictado de las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue en autos y así evitar que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de las tierras de la actora antes que se decida sobre la constitucionalidad de la normativa que lo dispuso.-
En relación al primero de los requerimientos, el ‘fumus bonis iuris’, se ha dicho que el despacho de una cautelar no exige un examen de certeza sino sólo su verosimilitud, ya que el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto (conf. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, in re: “Rejas, Alejandra Felisa c. Estado Nacional Minis. Just. Seguridad y DD.HH. P.F.A. s/inconstitucionalidad”, sentencia del 11/06/2012. Cita Online: AR/JUR/30916/2012). Máxime cuando no se aprecia, como en el caso, que su otorgamiento pudiera provocar a la parte contraria algún grave perjuicio. En estos casos los jueces deben ser más propensos a la concesión que a la denegación.- En el estrecho marco de conocimiento que antecede a su dicta- do, en el caso sub examine, aparece con suficiente claridad que si no se accediese al pedido formulado y, finalmente, le asistiese razón a la actora, se podrían generar per- juicios que deben ser evitados.
La relación existente entre la ley y el decreto cues- tionados y la afectación de los derechos del actor resulta indiscutible; hecho que es comprobable por la mera confrontación de las circunstancias del caso, toda vez que dichas normas han dispuesto la expropiación que la actora cuestiona con base en la Constitución Nacional y dicho planteo genera una duda razonable que será dirimida al finalizar el juicio. Más aún si se tiene especialmente en cuenta la necesaria proporcionalidad que debe haber entre la limitación de derechos individuales y la finalidad de la norma que dispone la utilidad pública, cuestión que a priori amerita una prudente ponderación judicial, teniendo en miras la extensa superficie de tierra afectada por la referida ley.
Tal aspecto, más allá de no implicar ninguna conclusión sobre el objeto de la causa, coadyuva, a mi entender, a otorgar mayor solidez a la verosimilitud del derecho invocado por la actora, sin perjuicio del mérito que oportunamente se realice al respecto en la sentencia definitiva.- De allí surge, también, el peligro que tiene la demora, por el riesgo que la expropiación se concrete antes de concluido el pleito y la actora se vea despojada de su propiedad. A ello se suma, además, que no se advierte que la medida pretendida, consistente en la suspensión de los efectos de las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue en autos, pueda producir una inmediata lesión del interés público ni del propio poder administrador, quien no ha mostrado hasta el momento urgencia ni mayor disposición administrativa destinada a obtener disponibi- lidad de las tierras en cuestión.
Empero, ello no obsta a que la demandada pueda dis- poner en forma repentina, la puesta en marcha de las medidas administrativas ten- dientes al cumplimiento de la norma cuestionada, y con ello, provocar a la actora los efectos que mediante la presente medida cautelar pretende evitar.- El Máximo Tribunal de la Nación, ha sostenido que es dable recordar que la garantía constitucional de la defensa en juicio, así como incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable, pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación con grave e irreparable perjuicio de quienes lo invocan (Fallos: 319:1492; 324:1944), exige que frente a una intensa verosimilitud en el derecho y un claro peligro en la demora, se consagre dicha garan- tía constitucional adoptándose las decisiones jurisdiccionales previas y provisionales que atemperen o impidan, en la medida de lo posible, las consecuencias que puede generar la razonable espera de una decisión definitiva (conf. fallos cit.).- En el presente, tal como se indicara, se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho invocado para acceder a la medida solicitada y concurre el peligro en la demora exigido para las cautelares, por lo que la suspensión de los efectos de la ley cuestionada será admitida; bajo caución juratoria atento a lo expresa- do precedentemente en torno a que no se vislumbra grave perjuicio para la deman- dada (conf. arts. 25 y 27 del CPCA, Ley Nº 2600 y 200 del CPCC y C, t.o. según Ley Nº 3453, aplicable por remisión del art. 32 del CPCA, Ley Nº 2600).- Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse sen- tencia definitiva.-
En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora a fs. 80 vta./83 vta., decretando la suspensión de los efectos de la Ley Nº 3422/14 y del Decreto Nº 13/05 hasta que se dicte en los autos principales sentencia definitiva; previa caución juratoria que deberá prestar la actora en estos actuados. Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipula- do por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayori- tario y concordante de las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani; el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subro- gante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora a fojas 80 vta./83 vta., apartado 8.-
3. Regístrese y Notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1022C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1022 Folio N°: 3179/3183 Secretaría: 1
Fin de la sentencia