Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-757/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la actora a fs. 97/99 vta..-
2Desestimar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600-.-
3No hacer lugar a la medida precautelar solicitada a fs. 99 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: P-757/15-TSJ Sentencia N°: 1002 Actor: PEREZ GALLART SUSANA CLAUDIA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 17/03/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1002 FOLIO Nº 3078/3083 PROT. ELECT. TSS1 002 C.161.-
Río Gallegos, 17 de marzo de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “PEREZ GALLART SUSANA CLAUDIA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº P-757/15, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que, llegan los presentes autos al Acuerdo a fin de resolver los planteos formulados por la actora a fs. 97/99 vta.. En dicha presentación expresa “…Que en tiempo y forma interpongo recurso de reposición contra la providencia de fecha 13-11-15, párrafo III, en tanto ordena, invocando el art. 25 de la ley 2600, correr traslado a la parte demandada de la medida cautelar solicitada, peticionando a VE que conforme las razones legales que expondré, declare a todo evento, la inconstitucionalidad de dicha norma, y revoque por contrario imperio el traslado en cuestión, resolviendo in audita (sic) parte la medida cautelar peticionada, el 7-10-15…” (cfr. fs. 97).- Afirma que “…Es necesario resaltar que en cualquier momento, de acuerdo a la vigencia actual de las normas dictadas, y cuya constitucionalidad se reclama, podría mañana mismo el PE… concretar la expropiación dispuesta.
Con más razón, ello va a ocurrir una vez que tome conocimiento de la existencia de este proceso judicial… La medida cautelar peticionada, sin duda forma parte del contenido constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que el traslado previo a la demanda[da], ordenado por VE lesiona este principio constitucional, al dejar desprotegida de manera absoluta a mi mandante en los derechos constitucionales que reivindica,…” (cfr. fs. 97 vta.). Continúa su presentación alegando que no surge “…de la norma citada por VE, que sustanciar la medida pretendida, se equipare a correr traslado previo al Estado provincial, generando agravio específico y grave al derecho de defensa en juicio, que la pretensión precautoria de mi mandante, por vía de esta interpretación errónea, se convierta en un proceso contradictorio, dando oportunidad al Estado para que consume los hechos que intentan evitarse con la traba de la medida, conociendo de antemano el contenido de la demanda…” (cfr. fs. 98).- Por otro lado, solicita que “…En el supuesto, en que no se considere inconstitucional la bilateralización de la medida cautelar, confirmándose el traslado ordenado en el auto de fecha 13-11-15, hasta tanto se resuelva en este incidente, por la[s] mismas razones mencionadas como fundamento de la solicitud cautelar, pido a VE dicte interinamente una medida precautelar, que impida al Estado provincial levar [sic] adelante, una vez anoticiado de la existencia del proceso principal, la alteración de la situación existente hasta que exista pronunciamiento en este incidente…” (cfr. fs. 99).
En este sentido asevera que “…es necesario que se contemple que de no admitirse en este momento, y como previo al anoticiamiento del Estado provincial de la acción deducida, al menos esta pretensión subsidiaria, se da al Estado la posibilidad de concretar bajo la ‘apariencia del uso de una herramienta legal, la confiscación de las tierras en cuestión’ logrando con este inconstitucional destino abierto, que estas cuantiosas y costosas hectáreas sean de un ‘plumazo’ disponibles, con el dictado de una ley que efectivamente es una carta en blanco, para que el PE disponga de tierras privadas para cualquier fin…” (cfr. fs. 99 vta.).- Que, a fs. 101 pasan los presentes al Acuerdo, ordenándose a fs. 102 la notificación de la integración de este Alto Cuerpo.-
A fs. 104 y vta., se presenta la actora manifestando que “…venimos a solicitar con caraxter [sic] de preferente despacho, que se resuelva sin más demora ni sustanciación, el recurso de revocatoria interpuesto contra el auto por el cual VE dispuso correr traslado de la medida cautelar solicitada, a la accionada, como previo a resolver la misma… fundo este pedido en el hecho objetivo que con fecha 1-3-16 se ha publicado en el Boletín Oficial de esta Provincia el Decreto 0153/15, por el cual la Sra. Gobernadora de la Provincia instruye a la Fiscalía de Estado que inicie ‘los trámites expropiatorios pertinentes, de acuerdo a lo normado en la ley provincial No. 21’…”.- A fs. 105 se certifica que la integración de este Tribunal no fue consentida por la presentante, y se ordena otorgarle preferente despacho a las presentes actuaciones, volviendo las mismas al Acuerdo.-
II. Llegan así los presentes autos a efectos de resolver sobre el recurso de revocatoria, la solicitud de inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Nº 2600, y la medida precautelar solicitada, conforme la presentación de fs. 97/99 vta..-
La actora afirma que “…el art. 25 de la ley 2600, invocado como fundamento en el auto que parcialmente cuestiono, dice que las medidas cautelares tramitarán por incidente que se sustanciará en el plazo de cinco días, lo que debe ser interpretado por VE, y así lo pido, como el deber procesal de conducir un asunto o juicio, por la vía procesal adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia (conforme Diccionario Jurídico Lexicoom.org, On Line), pero nunca como la facultad de ‘bilateralizar’ la pretensión precautoria reclamada…” (cfr. fs. 98).-
El artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600- establece que “Se podrá peticionar en forma anterior, simultánea o posterior a la interposición de la acción, la adopción de las medidas urgentes que según las circunstancias, aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo. El Tribunal podrá disponer tanto una medida distinta como limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. La petición tramitará por incidente que se sustanciará por el plazo de cinco (5) días, sin interrumpir el curso del proceso principal”.- Cabe mencionar que es interpretación de este Tribunal que el término sustanciación en dicho artículo hace referencia al traslado que debe otorgarse a la otra parte. Sería ilógico admitir que por sustanciación se interprete dar trámite como sostiene la actora, ya que el artículo mismo expresa en primer lugar, que la petición se tramitará por incidente, quedando el término “sustanciará” para determinar que se debe dar traslado a la contraria, siendo esta la interpretación más adecuada y armónica de su redacción.-
En igual sentido, Ramiro Simón Padrós, al referirse a la ley Nº 26854 de Medidas Cautelares, más específicamente al informe previo exigido en su artículo 4º, hace alusión al término sustanciación en el mismo sentido que le otorga este Tribunal, es decir, como traslado de la presentación (conf. aut. cit. en: Nadia Karina Cicero -Directora- “Legislación Usual: Derecho Administrativo”, 1º Ed., La Ley 2015, pág.1018).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que: “La primera fuente de interpretación de la ley es su letra y las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero significado -el que tienen en la vida diaria-, y cuando emplea varios términos, no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir conceptos, siendo el fin primordial del intérprete dar pleno efecto a la voluntad del legislador, debiendo evitarse el excesivo rigor de los razonamientos que desnaturalicen al espíritu que ha inspirado su sanción, pues, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando lo requiera la interpretación razonable y sistemática, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante” (Fallos: 331:2550); “No se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del Derecho en grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la interpretación de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias” (Fallos 330:2304, del Dictámen de la Procuración General al que remitió el voto de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y E. Raúl Zaffaroni).- Por otro lado, debemos recordar que nos encontramos ante un proceso contencioso administrativo, según resolución obrante en copia a fs. 89/90, y que dicha resolución se encuentra firme y consentida. La actora alega como sustento de su pretensión, conceptos y fallos relativos al derecho privado, que no contemplan las particularidades propias del fuero contencioso administrativo. El mismo contiene características que lo identifican y que de ninguna forma pueden ser entendidos como violaciones al principio de igualdad de las partes, sino que por el contrario, regulan en forma específica los procesos, respetando los rasgos que caracterizan dicho fuero.- Por lo que considero que no debe hacerse lugar a la pretensión de la actora al respecto.-
III. En segundo lugar, se tratará la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Nº 2600 planteada.-
La actora se limita a manifestar que la medida cautelar peticionada “…forma parte del contenido constitucional a la tutela judicial efectiva, por lo que el traslado previo a la demanda, ordenado por VE lesiona este principio constitucional, al dejar desprotegida de manera absoluta a mi mandante en los derechos constitucionales que reivindica…” (cfr. fs. 97 vta.).-
Cabe recordar, como ya lo ha sostenido este Tribunal Superior, que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal “...constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, pues configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ‘ultima ratio’ del orden jurídico (Fallos: 316:2624, 319:3148; 312:235, entre muchos), y que exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 315:923; 328:4542)” (cfr. Tomo XIV -Sentencia-, Reg. 484, Folio 2628/2634). Asimismo, se ha dicho que es el interesado quien debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y que “...La sola invocación de ser la norma objetada violatoria de la Constitución Nacional, resulta insuficiente para obtener la declaración de inconstitucional[dad] que se pretende, siendo menester invocar y demostrar en el caso concreto el perjuicio que ella apareja (cfr. CFed. Seguridad Social, Sala I, en autos “Sali, Roberto v. Estado Nacional”, Sentencia del 31/10/2000. Cita on line: Abeledo Perrot Nº 70012025).- No corresponde a los jueces sustituir al Poder Legislativo, dado que el control de constitucionalidad no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, sino que debe limitarse al examen de la compatibilidad que las normas impugnadas observen con las disposiciones de la Ley Fundamental, consideradas éstas como un conjunto armónico, un todo coherente dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de todas las demás, evitando que la inteligencia de alguna de ellas altere el equilibrio del conjunto (Fallos 312:122).- La declaración de inconstitucionalidad de una norma legal sólo resulta viable si su irrazonabilidad es evidente, mientras que el control que al respecto compete en último término al Poder Judicial no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador (Fallos 308:1631, entre otros).-
Particularmente, en lo que respecta al caso de autos, corresponde decir que el legislador ha optado por una solución posible, sin conculcar con ello derecho alguno. Podemos afirmar que, citando a Hutchinson, “…La conveniencia de que el trámite de las medidas cautelares sea un proceso [haciendo referencia a la bilateralidad del proceso cautelar] tiene ventajas. El juez tiene mayor conocimiento de la situación; conoce los argumentos de ambas partes; la medida que dicta tiene mayor fuerza, pues ha escuchado los argumentos de ambas…” (cfr. Tomás Hutchinson, Derecho Procesal Administrativo, Rubinzal Culzoni, 2009, Santa Fe, Tomo III, págs. 542/543).- Del mismo modo, Ezequiel Cassagne afirma que “…en ciertos supuestos donde el interés público es evidente y adquiere una importancia relevante, se debiera correr un breve traslado a la otra parte a los efectos de que pueda ser oída y ejerza su derecho de defensa.
Este emplazamiento no atropella el instituto cautelar sino que lo fortalece, no existiendo norma que lo prohíba. Sin perjuicio de que algunos autores lo denominen la bilateralización de las medidas cautelares, u otros prefieran referirse a un simple pedido de informes, lo cierto es que serán procedentes y necesarios en la medida que se den las circunstancias que así lo ameriten y, por supuesto, siempre que la urgencia lo permita” (cfr. aut. cit., “Las Medidas Cautelares contra la Administración”, publicado en “Tratado de Derecho Procesal Administrativo”, Juan Carlos Cassagne - Director, La Ley, Buenos Aries, 2007, T. II, pág. 288).- En igual sentido, resulta relevante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la comunicación previa de la demanda a la Procuración del Tesoro de la Nación (art. 8 ley 25.344), de cuya doctrina -mutatis mutandi- podemos afirmar que dicha exigencia “…no configura una irrazonable reglamentación de los derechos individuales en juego… sólo busca asegurar la eficiente defensa en juicio del Estado Nacional, condición indispensable para que se produzca un debate efectivo entre las partes y un fallo judicial informado…” (Fallos 330:5032).
En lo que respecta al principio de igualdad ante la ley, afirmó que “...para que dicha garantía pueda considerarse vulnerada es necesario que la norma legal establezca distinciones irrazonables o inspiradas en fines de ilegítima persecución, indebido favor, privilegio o inferioridad personal (Fallos: 254:204; 310:849, entre muchos otros). Incluso en la versión del principio de igualdad aplicada específicamente a las partes de un pleito, el Tribunal ha utilizado un criterio que exige la concurrencia de una restricción en las posibilidades de actuación en perjuicio de quien denuncia el trato desigual (ver Fallos: 312:367, considerando 6°, entre otros)” (Fallos 330:5032).- Atento lo ut supra expuesto, considero que debe rechazarse la declaración de inconstitucionalidad solicitada.-
IV. Por último, la actora solicita “…En el supuesto, en que no se considere inconstitucional la bilateralización de la medida cautelar, confirmándose el traslado ordenado en el auto de fecha 13-11-15, hasta tanto se resuelva en este incidente, por la[s] mismas razones mencionadas como fundamento de la solicitud cautelar, pido a VE dicte interinamente una medida precautelar, que impida al Estado provincial levar [sic] adelante, una vez anoticiado de la existencia del proceso principal, la alteración de la situación existente hasta que exista pronunciamiento en este incidente…” (cfr. fs. 99).- Respecto de las medidas precautelares, Tomás Hutchinson afirma que “…consiste en decretar una suspensión preventiva del acto administrativo, mientras se analiza y decide acerca de la suspensión provisional… es una medida precautoria previa a la cautelar dictada por el tribunal hasta contar con los informes previos que le permitirán decidir sobre la medida cautelar propiamente dicha…” (cfr. autor cit., Derecho Procesal Administrativo, Tomo III, págs. 619/620).-
Para el dictado de este tipo de medidas, debe exigirse la inminencia del peligro, no resultando necesario que el sentenciante se expida sobre la verosimilitud del derecho, cuestión esta última reservada para el momento de resolver la medida cautelar correspondiente.-
Considero que en el caso de autos no se encuentra debidamente demostrado el peligro alegado, supuesto necesario y de carácter esencial para que este Tribunal haga lugar a la medida solicitada. Por el contrario, la situación denominada por la actora como de peligro, es decir, la posibilidad de que el Estado Provincial realice actos respecto de los inmuebles correspondientes, se vislumbra únicamente como lejana, ello atento que la actora no ha demostrado que desde el dictado de la ley Nº 3422 -11 de diciembre de 2014, publicada en el boletín oficial el 03 de febrero de 2015- el estado demandado haya realizado acto alguno destinado a disponer de manera categórica y concluyente de los inmuebles en cuestión. Tampoco logra dicho cometido acompañando copia del Decreto Nº 0153/15 (conf. fs. 103), ya que en razón del acto mencionado, no se vislumbra un peligro inminente y necesario para hacer lugar a lo solicitado, características esenciales de la medida peticionada como se expresó. Considero que tal instrumento no añade elemento alguno en dicho sentido.- Por otra parte, es pertinente señalar la identidad del objeto y el contenido de la precautelar peticionada con el objeto del presente incidente. Ello impide la procedencia de la petición venida a tratamiento -precautelar- pues la tramitación en plazos acotados del incidente de medida cautelar obsta a la configuración del peligro en la demora exigido, no siendo más que las incidencias promovidas por la misma parte las que provocan la demora.-
Cabe mencionar también, que no corresponde desnaturalizar el instituto de las medidas cautelares, por lo cual debemos ser prudentes en el dictado de medidas precautelares y hacerlo en aquellos casos en que tal medida resulte estrictamente necesaria, no siendo éste el caso de los presentes autos.-
Por lo que, en atención a lo expresado anteriormente, considero que en virtud de no encontrarse debidamente acreditado el peligro en la demora, el cual resulta esencial a fines de posibilitar el dictado de la medida solicitada, y el carácter restrictivo de las medidas precautelares, es que no corresponde hacer lugar a la medida precautelar solicitada por la actora.-
V. Por todo lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto a fs. 97/99 vta., desestimando la inconstitucionalidad del artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600-, así como también, toda vez que prima facie, los extremos invocados por la peticionaria no alcanzan para acreditar el peligro en la demora alegado, no hacer lugar a la medida precautelar peticionada. Ello sin perjuicio del oportuno mérito que deberá realizar este Alto Cuerpo al momento de dictar resolución respecto de la medida cautelar peticionada. Así lo voto.-
Los Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Clara Salazar, adhieren al voto del Dr. Mariani.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
I. Si bien comparto la fundamentación esgrimida y la decisión a la que arriba mi distinguido colega preopinante en lo que respecta al recurso de revocatoria y a la inconstitucionalidad planteados, disiento en cuanto a la denegación de la medida precautelar solicitada por la actora (Considerando IV), por los motivos que expondré a continuación.-
La accionante ha peticionado una medida precautelar, la cual consiste en la suspensión de los efectos de la Ley 3422/14 y del Decreto 13/15, hasta tanto se resuelva la cautelar que con idéntico objeto requiriera. Ello a consecuencia de la demora que, para el dictado de ésta última, se produce a raíz del procedimiento previsto en los artículos 25 y ss. de la Ley 2600.-
Las precautelares han sido una creación pretoriana de los jueces para contrarrestar los efectos nocivos que la demora para el dictado de una medida cautelar podría traer aparejada, en el proceso contencioso administrativo, la bilateralidad que la ley ha impuesto y la necesidad de contar con documentación que, generalmente, obra en poder de la administración, para constatar la verosimilitud del derecho requerida al efecto.-
Sobre el particular se ha expresado: “…una práctica jurisprudencial reiterada ha venido reconociendo, en el contencioso administrativo federal, la posibilidad de dictar una medida precautelar que consiste en la suspensión preventiva de los efectos de un acto administrativo mientras el juez analiza y decide acerca de la procedencia de la pretensión cautelar, la cual suele concederse cuando el tribunal considerase necesario requerir un informe previo a la demandada, tal como lo prescribe el art. 23 inc. 1° del CPCA de la Provincia de Buenos Aires (Adla, LVII-E, 6207)” (cfr. Cassagne, Juan Carlos, Medidas cautelares en el contencioso administrativo, LA LEY 2009-E, 924/925).- Doctrinariamente, se ha definido a tales medidas señalando que “Cuando el administrado promueve juicio contenciosoadministrativo y pide medidas cautelares contra la Administración Pública, los magistrados se han visto enfrentados a dos necesidades: por un lado, contar con las actuaciones administrativas pertinentes o con un informe producido por la demandada para poder evaluar la procedencia de las medidas precautorias solicitadas -sobre todo, la verosimilitud del derecho-; por otro lado, hasta tanto la autoridad administrativa remite las actuaciones administrativas o informa, evitar el riesgo de un daño irreparable para el administrado.
En tal encrucijada, y hasta tanto la autoridad administrativa arrima los elementos para resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares requeridas por el administrado, los jueces administrativos disponen preventiva y provisoriamente la suspensión de los efectos del acto administrativo atacado, a título de medida pre o subcautelar, con el objeto de evitar el riesgo de un daño irreparable para el administrado” (cfr. Sosa, Toribio Enrique, Medidas pre o subcautelares en materia de violencia familiar, LA LEY 2005-C, 940).- En igual sentido se ha expresado: “…En este orden de ideas, resulta destacable el dictado de estas medidas provisionales antes de resolver la petición cautelar innovativa, cuando el juzgador no cuenta con los elementos necesarios para pronunciarse sobre la verosimilitud del derecho invocado y debe ponderar el riesgo de un daño irreparable como consecuencia de la ejecutoriedad del acto.
En tal contexto, los jueces suelen dictar ‘precautelares’, que consisten en la suspensión de los efectos del acto cuestionado, hasta tanto la Administración produzca un informe sobre la cuestión planteada por el actor o remita la totalidad de las actuaciones administrativas requeridas a fin de obtener una cognición sumaria sobre la existencia del derecho, por lo que queda en sus manos cumplir en un breve plazo la orden judicial y colocar la causa en estado de resolver la medida cautelar peticionada…” (cfr. Bruno dos Santos, Marcelo A., Las llamadas “precautelares” contra la administración pública: un aporte pretoriano al debido resguardo de la tutela judicial efectiva, Publicado en: LA LEY 2003-D, 1225).- El fundamento de la existencia de este tipo de disposiciones, excepcionales, lo hallamos en el principio de tutela judicial efectiva.
“El derecho a una tutela judicial efectiva se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico por su recepción expresa -entre otros- en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8°) y el pacto de Derechos Civiles y Políticos de New York (art. 2°), que integran el derecho positivo de acuerdo al art. 75, inc. 22, CN” (cfr. Balbín, Carlos F. Tratado de Derecho administrativo, 2ª. edición, T° IV, Buenos Aires, La Ley, 2015, pag. 82).- “La CIDH, como la Corte IDH, ‘han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.
Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras esté siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el sistema interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final’ (CIDH, MC 30/14, Resolución 6/2014, Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia y otros respecto de Ecuador, 24/3/2014)” (cfr.
Balbín, Carlos F. ob cit., pag. 86).- Así pues las medidas precautelares, como la pretendida en autos, se tornan procedentes cuando, ante la demora que implica el dictado de una cautelar, se pudiera generar un perjuicio grave y de imposible reparación ulterior. Frente a tal eventualidad, considero que los jueces deben poner el acento en el principio constitucional de la tutela judicial efectiva aun frente a la imprevisión normativa.-
En la especie, debe ponderarse también que las exigencias para su dictado son menores que las requeridas para la cautelar, puesto que se da preeminencia al presupuesto del peligro en la demora y la irreparabilidad del daño, disminuyendo el recaudo de verosimilitud del derecho. Esta disminución de exigencias encuentra su razón de ser en el breve lapso por el que se las dicta (hasta que se resuelva la cautelar) y en que la verosimilitud del derecho es ineludible para la procedencia de la medida cautelar propiamente dicha.-
La jurisprudencia no ha sido ajena a estos conceptos: “Encontrándose ‘prima facie’ acreditada la posibilidad de que el accionante sufra un perjuicio inminente durante el tiempo que pueda insumir la resolución de una medida cautelar, corresponde decretar una medida precautelar tendiente a evitar la consumación de dicho perjuicio, en razón de la manda constitucional que exige garantizar el acceso irrestricto a la justicia y el derecho a la jurisdicción efectiva, máxime si no se advierte ‘prima facie’ que pueda producirse una inmediata lesión del interés público frente al perjuicio irreparable que se ocasionaría al actor y a la posible inobservancia del orden legal por parte de la Administración” (cfr. Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contenciosoadministrativo Nro. 1 de La Plata, Lezcano, Osvaldo S. c. Consejo de la Magistratura y otros, 23/03/2005, La Ley Online: AR/JUR/1817/2005). “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe abstenerse, en forma precautelar, de ejecutar tareas que impliquen la remoción definitiva del adoquinado de las calles del barrio de Palermo, hasta tanto se remitan las actuaciones administrativas necesarias para resolver la medida precautoria, pues ello es lo más idóneo a fin de sopesar los posibles graves e irreparables daños al patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad, a la vez que se contempla la no afectación del interés público que podría verse vulnerado con la suspensión de las obras” (cfr. Juzgado en lo Contenciosoadministrativo y Tributario Nro. 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Travi Federico y otros c. GCBA s/amparo, 26/04/2013, La Ley Online: AR/JUR/10791/2013). “El dictado de medidas precautelares no requiere mayor fundamento que el peligro en la demora, pues no resulta necesario que el juez se expida sobre la verosimilitud del derecho, ya que dicha cuestión queda reservada para el pronunciamiento cautelar a dictarse con posterioridad” (cfr. Juzgado en lo Contenciosoadministrativo y Tributario Nro. 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bodart, Alejandro c. GCBA s/amparo, 19/03/2013, LA LEY 22/03/2013, 7 -LA LEY 2013-B, 266, LA LEY 2013-C, 271).-
II. Aplicadas al sub lite las nociones precedentemente reseñadas, teniendo en cuenta que ante la sustanciación mediante el traslado a la demandada de la petición de una medida cautelar y la consecuente demora en la resolución de ésta última que ello trae aparejado; considero que ante la mínima posibilidad de que el accionante sufra un perjuicio inminente durante el tiempo que pueda insumir la resolución de la medida cautelar solicitada y la eventual irreparabilidad de sus efectos, es menester decretar la medida precautelar pedida, tendiente a evitar la consumación de dicho perjuicio. Apuntaré, además, que no se advierte que la medida pretendida, consistente en la suspensión, respecto de la actora, de los efectos de las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue en autos, pueda producir una inmediata lesión del interés público ni del propio poder administrador, dado el carácter puramente provisorio de la medida que habrá de adoptarse y su acotada extensión temporal (hasta que se resuelva la cautelar).-
Por ello, estimo procedente decretar, con carácter precautelar, la suspensión de los efectos de la ley 3422/14 y del Decreto 13/05 hasta tanto se haya resuelto la medida cautelar requerida por la accionante a fs. 102 vta..-
En virtud de lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la actora a fs. 97/99 vta.; desestimar la inconstitucionalidad del artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600- planteada y hacer lugar a la medida precautelar solicitada por la actora a fs. 99 y vta., decretando la suspensión de los efectos de la Ley 3422/14 y del Decreto 13/05 hasta tanto se resuelva la medida cautelar requerida por la accionante a fs. 80 vta./83 vta.. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y de la Srta. Presidente Dra. Clara Salazar y el voto en disidencia parcial del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la actora a fs. 97/99 vta..-
2. Desestimar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600-.-
3. No hacer lugar a la medida precautelar solicitada a fs. 99 y vta..-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1002 Folio N°: 3078/3083 Secretaría: 1
Fin de la sentencia