Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala II de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCon fundamento en el acuerdo que antecede se dicta sentencia rechazando la revocatoria in extremis planteada a fs. 1260- 1262, sin imposición de costas en atención a la falta de controversia (arg. art. 68 segundo párrafo del CPCC).
REGISTRO Nro. 113-S FOLIO Nro. 499/506 Expediente nº 148.294 Juzgado nº13 // En la ciudad de Mar del Plata a los 28 días del mes de Mayo del año dos mil trece, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “PEREZ, Miguel Cantalicio c. Del Río, Eduardo y Otros s. daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible la revocatoria in extremis formulada a fs. 1260-1262?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: El pedido de modificación de la sentencia realizado por el apoderado de la actor que - simultáneamente – ha planteado un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ha sido introducido por la vía de la revocatoria in extremis, cuestión sobre la que tantas veces se pronunciaran las distintas salas de este Tribunal.
La revocatoria in extremis es un remedio para reparar errores materiales, no para revisar la causa, por lo que no puede ser usada para cuestionar el acierto o los errores de los sustentos jurídicos o lógicos de la sentencia, o para plantear vicios de juzgamiento (Midón Marcelo, ”Reposición in extremis” , en La Ley ejemplar del 1.12.11 p.1).
Entiendo que el pedido de modificación de la tasa de interés, aún cuando haya sido realizada en un escrito que contiene un claro planteo respecto de que el fallo va en contra de mis convicciones, encuadra en el supuesto anterior, y por ello debe ser rechazado, y canalizado por la vía del recurso extraordinario (art. 161 inc. 3 apartado a) de la Cosntitución de la Provincia de Buenos Aires).
II: Sin embargo, y ante la seriedad y calidad del planteo efectuado, me parece que corresponde repasar los antecedentes de la decisión cuestionada que fueron expuestos con mayor amplitud en otro precedente de esta Sala II (causa nº 143.933).
Los argumentos allí utilizados referían que la doctrina legal sobre la tasa aplicable al daño moratorio, hasta entonces en duda por su antigüedad (1991), había sido ratificada en la causa nº 101.774, "Ponce, Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros. Daños y perjuicios".
Pese a que no había sido ése el criterio de esta Sala, donde por mayoría, se venía aplicando la tasa activa a casos como el presente, no podemos ignorar la ratificación, actualización y vigencia indiscutible de la doctrina legal que ello implica, aunque no coincida con ella (arg. art. 163 inc.3 a de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). III: El planteo del actor respecto que los jueces estamos sentenciando contra nuestras propias convicciones, me ha llevado a reflexionar sobre situaciones similares en las cuales, por problemas de forma, procesales, carecemos de la posibilidad de modificar una decisión que entendemos injusta (v.g., el recurrente no se agravió de una porción esencial de la sentencia, dejó consentir una decisión previa, se trata de un supuesto de nulidad relativa que no ha sido planteada, no se ofreció ni obviamente produjo la prueba conducente, etc.). Y estas situaciones no sólo se producen en los tribunales de grado.
Puede decirse que quienes quedaron en minoría en la SCBA, luego respetaron y aplicaron la decisión mayoritaria. Baste como ejemplo la opinión del Dr. Hitters en su voto (causa 101.774 citada), al decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció (“Banco Sudameris c. Belcam”) que la determinación de la tasa aplicable depende del caso concreto y corresponde a los tribunales inferiores, pues no se trata de una cuestión federal, sino de derecho común, para cuya aplicación los Tribunales de grado se encuentran habilitados, quien luego ha defendido la obligatoriedad de la doctrina reafirmada en Ponce.
Además, cabe señalar que las convicciones (“libres convicciones”) constituyen un modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al Juez, ni en medios de información que pueden ser fiscalizados por las partes (Couture “Fundamentos del derecho procesal civil”, edit. Depalma Bs.As. 1969 p.273 nº 174) y en los procesos civiles, los jueces apreciamos la prueba conforme las reglas de la sana crítica (art. 384 del CPC), y sentenciamos “…de conformidad a las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según corresponde por la ley…” (art.163 inc.5 CPC).
IV: Las razones para sostener la tasa activa de este Tribunal de apelación, nos parecían sobradas.
Siguiendo aquella doctrina, la Cámara Nacional Civil que había sostenido la tasa pasiva en el plenario “Vázquez c. Bilbao”, y la hubo de reafirmar en “Alaniz c. Transportes 123”, cambió de posición hacia la tasa activa en el plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios”, del 20/04/2009. La Cámara Nacional de Comercio sigue utilizando la tasa activa por aplicación del plenario “La Razón”.
En la reparación de daños, la víctima (acreedora)
no quiere la inmediata restitución de las cosas a su estado anterior o el dinero (art.1083 Código Civil), con el fin de que su patrimonio o su estado espiritual persistan menguados, mientras ve crecer sus ahorros en el banco. No reclama para seguir sufriendo el perjuicio y poner el dinero a plazo fijo. Lo quiere para reparar lo que injustamente ha sufrido, y cuando no lo indemniza el responsable en forma oportuna, debe recurrir a obtener un crédito abonando la tasa activa que el dador del mutuo le cobra.
Esta última situación se sostiene en el inc. 2 del art. 505 del Código Civil, que como se sabe, faculta al acreedor a hacerse procurar por otro y a costa del deudor el cumplimiento de la obligación (Barbero, Ariel Interés moratorio ¿Por qué el deudor moroso debe pagar un interés menor? LA LEY 2008-E, 1114).
El acreedor debe pagar en el proceso lo mismo que le hubiera costado obtener la plata fuera de él, porque de lo contrario la tasa judicial barata importa una invitación al incumplimiento (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala 1ra. en JA 1987-I-368).
Tal razonamiento caracteriza uno de los cuatro sistemas de responsabilidad previstos en el Código Civil, cual es el del incumplimiento de obligaciones que tienen por objeto dar sumas de dinero, y que goza de la presunción legal de daño y de relación causal adecuada de este con aquel. Se debe el daño moratorio sin necesidad de acreditarlo y se presume irrefragablemente que ese daño fue la consecuencia del incumplimiento (Casiello, Juan José, en Bueres –Highton “Código Civil comentado”, edit. Hammurabi tº 2 A página 475/6).
El origen de esta particularidad puede encontrarse en los comentarios de Domat y Pothier, resumidos en el voto de la minoría registrado en el plenario de la Cámara Nacional Civil del 2/8/93 "Vázquez, Claudia c. Bilbao, Walter y otros (LA LEY, 1993-E, 126): "Antiguamente, privado el acreedor del goce de su capital, a causa de la mora del deudor, siempre podía recurrir a un tercero solicitándole en préstamo un capital equivalente al suyo; cuando el deudor finalmente pagaba la deuda, podía a su vez el acreedor restituir el préstamo recibido del tercero. Con lo cual el verdadero y efectivo daño soportado por el acreedor consistía en los intereses pagados por él al tercero”. No obstante, la doctrina legal que desecha el criterio general, recientemente reafirmada, no puede llevarnos a desentendernos del caso concreto, en tanto las sentencias dictadas por los Tribunales superiores no son normas a las que los inferiores deban ajustarse irremediablemente, ya que los jueces de grado no pueden, ni deben, prescindir de las circunstancias del caso que se ha sometido a su juzgamiento (CS, Fallos: 302:1611 LL 1981-C-68).
Ha de considerarse también que si un pronunciamiento debiera repetirse mecánicamente ante casos similares, se tornaría inútil la existencia de los tribunales inferiores, pues como se dijera “cuando se trata de cuestiones de derecho común donde no está en discusión la improcedencia de la vía extraordinaria (CSJN “Banco Sudameris c. Belcam”) la Cámara de Apelaciones como tribunal de derecho tiene plena discrecionalidad, con prescindencia de las coyunturas políticas que fundan las decisiones del Alto Tribunal” (“Vázquez c. Bilbao La Ley 1993-E-126 del voto de los Dres.Alterini, Cifuentes y Galmarini).
Cabe recordar que hasta entrado el año 1991, en que comenzó el llamado “plan de convertibilidad”, la tasa de interés aplicable a la obligación de reparar los daños derivados de hechos ilícitos, era la tasa legal que por vía del art.16 del Código Civil, se sustentaba en el art.565 del Código de Comercio, y esta es la tasa que cobran los Bancos públicos, o tasa activa.
En apoyo del entonces incipiente plan económico, fue primero la Corte Federal en un caso propio de su jurisdicción originaria, in re “YPF c. Provincia de Corrientes” (La Ley 1992-B-216), la que fijó la tasa pasiva considerando que la presunción de adecuación sólo alcanzaban a las consecuencias inmediatas y necesarias del incumplimiento del deudor, consistentes en la pérdida de ganancia (lucro cesante) que el acreedor había sufrido al no poder obtener los réditos propios de la colocación del dinero en el sistema financiero.
En el considerando 36 de aquella sentencia, el máximo Tribunal de la Nación, aclaraba que para que pudiera admitirse la tasa activa, el acreedor debería demostrar en el proceso que había tenido que recurrir al crédito para reemplazar el capital que su deudor no le pagó, y que, como ello implicaba la conexión de un hecho (el incumplimiento) con otro hecho distinto (recurrir al crédito), el daño emergente encuadraba como una consecuencia mediata ubicada más allá de las abarcadas por la presunción que contenía el sistema.
En aquel momento, algunas voces de la doctrina se alzaron cuestionando el sustento jurídico del razonamiento, toda vez que lucro cesante y daño emergente son categorías del daño resarcible, mientras que la extensión del resarcimiento se debe analizar en el plano de la causalidad. Así, Atilio A. Alterini, explicaba que tanto el lucro cesante como el daño emergente podían constituir consecuencias inmediatas o también mediatas del ilícito (“La Corte Suprema y la tasa de interés: ¿de un quietus a un mobilis?” en Revista La Ley del 1994-C-801; Rouillón, Adolfo “intereses del derecho mercantil y bancario a la luz de la jurisprudencia post- convertibilidad· en “Intereses: Tasa activa y pasiva” editorial Juris Rosario). V: Como se ve, el razonamiento que funda la decisión que hizo mayoría, y es actualmente unánime, en la SCBA (votos de los Dres. Genoud, Kogan y Pettigiani en la causa ya citada nº 101.774), es similar al que hizo la CSJN de 1991 en el considerando 36 de “YPF c. Provincia de Corrientes”, con la salvedad que en “Ponce” se fija una tasa judicial, que resultará operativa en tanto no haya una pactada, o cuando no se haya previsto para el caso una tasa por ley (art.622 del Código Civil), o cuando la víctima acreedora de la reparación no demuestre que debió recurrir al crédito para suplir el dinero que el dañador no le pagó oportunamente.
La ubicación del interés moratorio como reparación por el daño de igual denominación (art.508 del Código Civil) causado por quien no indemniza oportunamente, no es dudosa. Puede decirse que hay al respecto, acuerdo general en la doctrina (Pizarro – Vallespinos “Obligaciones Hammurabi tº I p. 411 Cazeaux . Trigo Represas “Derecho de las obligaciones” edit LEP tº II p 260 nº 774. ; Llambías Código Civill comentado Abeledo Perrot tº IIA p. 365; Highton de Nolasco, Elena “Intereses: clases y puntos de partida” en RDP y C 2001 -2 p.103; Alterini, Ámeal y López Cabana “Obligaciones” tº II p.112 nº 1095;; Busso Tº IV p.290; Bueres – Higthon tº 2 A p.476 , Casiello en esa obra con cita en nota 3 de distintas legislaciones, sostiene que el principio es universal ; De Gasperi –Morello Obligaciones en general edit. TEA V.II p.643 nº1083; Salas Codigo Civil comentado edit. LEP t 1 p.321 con cita de la CSJN JA 55-204; Belluscio –Zannoni Cdigo Civil comentado y3 p.123 n2; Enciclopedia Jurídica Omeba t XVJ p.417).
Como daño moratorio que es, su reparación íntegra se encontraría – a mi entender - garantizada constitucionalmente, sea porque el principio de alterum non laedere tiene raíz constitucional, porque se lo considera “como un derecho autónomo (arg. art. 33, C.N.), o emplazado en el art. 19 C.N. ("Santa Coloma", "Gunther" y "Luján"), o porque se lo juzga como derecho inferido de la garantía de propiedad (arts. 14, 17 y concs. CSJN "Motor Once"; Pizarro, Ramón Daniel ”La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (primeras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras”, publicado en: Sup. Especial La Ley 2004 (septiembre), 5-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo I, 529).
Si parte del daño, en este caso el causado por la mora en la obligación de indemnizar, recibe una reparación “que sólo en apariencia brinda protección a los daños injustamente sufridos, a través de indemnizaciones menguadas, ínfimas o de otras formas de exclusión resarcitoria”, “se resiente gravemente la tutela de la dignidad humana en su dimensión constitucional” (CSJN “Aquino c. Cargos Servicios Industriales”). De modo que cuando la tasa de interés aplicable es tan menguada que solo resarce ínfimamente el daño moratorio, y se compruebe la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a esas garantías constitucionales (CSJN “Gorosito” considerandos 16 y 17), corresponderá - en el caso concreto - aplicar otra tasa.
Para impedir entonces, que ante la aplicación de la doctrina legal vigente, gran parte del daño moratorio resulte absorbido por la propia víctima, esta deberá:
a) probar en el proceso que tuvo que recurrir al crédito, lo que habitualmente sucede para reparar daños materiales, aunque despierte mayormente la sensibilidad en los casos de daños a la persona (voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en SCMdza causa nº 93.319 “Aguirre, Humberto por si y por su hijo menor...” del 28.05.09) , en los créditos litigiosos por alimentos o por reclamos laborales pues la posición del progenitor que tuvo que pagar alimentos en ausencia de la prestación del alimentante, o la del trabajador ante el mercado financiero, “no es la de un inversor frustrado en su expectativa de procurarse a través de la colocación de sus haberes, una renta, mensurable en consonancia con la tasa pasiva, sino --supuesto su efectivo acceso a dicho sistema-- la de un tomador de crédito compelido a sustituir, con fines de consumo, los ingresos dejados de percibir” (Voto de la minoría en plenario de las Cámaras Nacionales de Trabajo del 24/6/92).
b) o que al daño moratorio del caso resulta aplicable una tasa legalmente prevista, teniendo presente que la activa predomina en nuestra legislación (art.565 del Código de Comercio; art.52 inc.3º del decreto 5965/63; art. 41 de la ley 24.452; art.54 de la ley 8904; art.16 ley 25.065).
c) Acreditar que la tasa pasiva viola su derecho constitucional a la plena reparación del daño sufrido.
Ninguno de los tres supuestos ha sido acreditado en este expediente.
VI: Finalmente, y para terminar de aclarar cuál ha sido – errado o acertado – mi criterio al respecto, hay que recordar que la doctrina legal de la Suprema Corte opera de manera indirecta como fuente obligatoria de derecho, pues el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal cumple función de mecanismo casatorio ante la violación de aquella o su errónea aplicación, por lo que los jueces deben saber que si no resuelven de modo acorde con las directivas que sienta la Corte en sus fallos, se exponen a que su decisión sea revocada alongando el proceso, al abrirse un carril impugnaticio que ha de erogar a las partes, tiempo, esfuerzo y dinero (Camps. Carlos E. “Jurisprudencia obligatoria y doctrina legal en la Corte Bonaerense” JA 2004-II- 1164).
Si lo que se procura es evitar el alargamiento del proceso en que el dañador se financia a tasa ínfima, lamentablemente debo concluir que mantener el criterio de la tasa activa resultaría paradójicamente perjudicial para la propia víctima, pues el recurso extraordinario consecuente alongaría en varios años el litigio para que al final del camino, la Suprema Corte aplique la tasa pasiva por todo el período corrido desde que se sufrió cada daño hasta que la sentencia modificatoria del máximo tribunal provincial quede firme.
En aquella causa 143.933 terminaba diciendo que “quien haya pasado - o pase - por la desventura de haber sufrido daños en el ancho territorio de nuestra provincia, deberá prever diligentemente éstas u otras posibilidades a fin de sobrellevar otra adversidad más: al dañador no le convendrá pagar, le resultará más rentable financiarse a través del litigio a la tasa más barata que existe en el mercado, que es la tasa judicial”. Si la tasa judicial es notoriamente más barata que la que el legislador ha establecido en la generalidad de los casos, se hace manifiestamente necesaria una norma que desaliente la especulación económica consistente en financiarse por vía judicial. Con toda claridad se ha señalado que “razones de política legal aconsejan no premiar el incumplimiento, sobre todo no premiarlo en proporción directa a la dilación, o no aumentar el ya elevado costo de la honradez en la plaza local. En definitiva, además de los inconvenientes y el desgaste que impone un juicio para el acreedor, se enfrenta con la triste novedad de que su capital – indebidamente retenido por el deudor – le rinda un interés muy inferior al del mercado normal. O sea que en lugar de castigarse al deudor, objetivamente se lo premia” (Highton de Nolasco, Elena ob.cit. p.101; Pizarro, Ramón Daniel “Un fallo plenario sensato y realista” en Suplemento La Ley “La nueva tasa de interés judicial” Mayo de 2009 p.55). En el caso planteado por el distinguido letrado, no sólo contamos con la barrera de la improcedencia formal de la reposición in extremis, sino que no se encuentran configurados ninguno de los supuestos de excepción a la doctrina legal ya mencionados, no se han invocado ni consecuentemente probado los extremos para encuadrarlos allí , por lo que, una vez más y dejando a salvo mi opinión sobre la notoria inconveniencia de la doctrina que premia al deudor moroso, y con el fin de no obligar a los litigantes a ocurrir ante la Suprema Corte, no queda otra posibilidad que acatar la interpretación hecha por la SCBA.
ASÍ LO VOTO
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
I: Adhiero al punto 1 del voto de mi colega ponente, a cuyos argumentos agrego los que a continuación detallo. I.1: Esta Sala tiene doctrina galvanizada respecto a que “en principio, las sentencias definitivas o interlocutorias dictadas por la Cámara de Apelación no admiten reposición”, sin embargo, entiendo que hay casos excepcionales en los que tales decisiones son susceptibles de impugnación mediante el recurso de reposición "in extremis", como lo ha denominado calificada doctrina autoral que sería atendible en la medida que el fallo cuestionado conlleve una grave injusticia que no sea susceptible de ser subsanada por otras vías, como son los carriles extraordinarios específicos pero de difícil acceso y largo trámite, pues supone un compás de espera que hace cargar sobre los justiciables las consecuencias de los errores manifiestos producidos por los operadores judiciales (argto. esta Sala en causa 114043 RSI-1197-00 del 14-11-2000; nº 134653 RSI 233 del 3-4-2007; nº 137929 RSI 263 del 17-4-2007; nº 118743 RSI 658 del 12-7-2007, n° 111.180 Reg n° 114 (S) Fo. 678/80,del 11/5/ 2010 entre muchas otras; conf. PEYRANO, Jorge "La impugnación de la sentencia firme", T. I, Ed. Ateneo, Santa Fe, 2006, pág. 288; “Avatares de la reposición y extremis”, La Ley 2010-C, 1242).
Es decir, a través de esta herramienta –que reviste el carácter de “heroica o excepcional”- sólo se pueden intentar subsanar errores materiales, groseros, graves y evidentes, llevados a cabo en un pronunciamiento judicial y que pueden generar agravio trascendente para una o varias partes (Peyrano, Jorge “Estado de la doctrina judicial de la reposición in extremis. Muestro jurisprudencial, en Revista de Derecho Procesal, n° 2, Medios de Impugnación- Recursos, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 76).
I.2: La doctrina del foro – a lo largo de los añosse ha encargado de esculpir el rostro de este instituto subsidiario llevando las cosas a su verdadero encuadre, para evitar así tanto las injusticias notorias como su abuso con fines puramente dilatorios.
Midón, en prolijo trabajo sobre esta temática, describe –a la manera de un vademécum casuístico- algunos yerros que quedaron atrapados dentro de los limbos de la reposición in extremis y que habilitaron su procedencia por parte de diferentes cuerpos judiciales, así señala:
a) error en el cómputo de plazos para interponer o fundar recursos, sea para articular defensas o para declarar operada la perención de instancia (CSJN, Fallos 326:730; Cám. Nac. Civ., Sala J, 18/05/2006, "El Trébol Azul SRL c. Encanto De Jorge Daniel Salcedo s/ medidas precautorias"; Cám. Nac. Civ., Sala H, 28/12/2007, "Marguliz, Reinaldo Edgardo c. López Noguerol, Roberto Héctor s/ ejecución hipotecaria; Cám. Apel. Civ. y Com., Rosario, Sala IV, "Quintana, Evaristo c. Bruzesi, Mario s/ daños y perjuicios"; Cám. 1° Apel. Civ. y Com., San Isidro, Sala I, "Municipalidad de Tigre c. Aguirregomecorta, Sabino s/ apremio"; SCJ Mendoza, "Fiscal de Estado en J 82.678, Gossuin, José c. Provincia de Mendoza"; entre otros). b) omisión de ponderar escritos pendientes de agregación (CSJN, Fallos 325:1227; 328:3476; Cám. Apel. Civ. y Com., Santa Fe, Sala I, LLLitoral, 2002-513; entre otros). c) errores de redacción no subsanables por aclaratoria (Cám. Civ. y Com., Formosa, 30/05/2005, LLLitoral, 2005 -736).
d) errores sustanciales evidentes equiparables a materiales, como se ha advertido en una causa en que se omitió considerar en la parte dispositiva de su sentencia la reconvención opuesta por parte de la demandada (Cám. Apel. Civ. Com., Tucumán, Sala I, 30/09/2008, LLNOA 2008-1122).
e) exigencias formales extremas, cuya estricta observancia lleva al exceso ritual; en tal sentido la Corte Federal (Fallos 328: 271) ha echado mano a la revocatoria in extremis como herramienta efectiva para revertir sus resoluciones denegatorias de recursos de hecho, que fueron dictadas con fundamento en la aplicación –desmedida- de ciertos requisitos formales. Así, el tribunal cimero federal hizo lugar a la revocatoria interpuesta contra la decisión que rechazó por extemporánea la queja presentada un minuto después de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al vencimiento del plazo de cinco días, teniendo en consideración que un nuevo análisis a la luz de la prueba aportada y de las razones de fuerza mayor expresadas por la peticionaria para justificar el retardo, autoriza a hacer excepción a los principios de perentoriedad de los plazos procesales y a aplicar lo dispuesto por el art. 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Midón, Marcelo S., “Reposicion in extremis. Estado actual ([con especial tratamiento de la doctrina a su respecto seguida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), Sup.Doctrina Judicial Procesal 2012 [febrero], 01/02/2012, 1 – DJ07).
I.3: Considero que -a la luz de estos precedentesqueda claro que la reposición in extremis no puede ser abordada por la jurisdicción cuando es articulada para que ésta lleve a cabo un ballotage de lo ya juzgado. Ello así en la medida que aquélla “implica un procedimiento de reparación de errores, nunca una revisión de la causa, por lo que no puede ser empleada con éxito para cuestionar el acierto o error de las interpretaciones jurídicas sustentadas por el órgano judicial, o para plantear vicios de juzgamiento o para procurar mejorar el material probatorio analizado” (Midón. ob. cit.).
I.4: En la pieza en estudio la actora denuncia supuestas deficiencias en la fundamentación de la sentencia dictada. Así arremete –de soslayo- contra la validez constitucional del fallo, al hacer expresa referencia a los votos que estructuran la sentencia, señalando que la independencia de los jueces que la hemos dictado se encontraría de alguna manera opacada al fallar aplicando la doctrina de la Casación bonaerense, a contrapelo de nuestra opinión personal que sostenemos en contrario sobre la aplicación de la tasa de interés pasiva.
I.5: A la luz de lo expuesto no hay duda alguna que el supuesto vicio denunciado escapa al ámbito de aplicación de la revocatoria intentada, pues las críticas allí formuladas son propias y tienen su resguardo procesal por intermedio de las vías extraordinarias. Cabe hacer mención –precisamente- que el recurrente también ha interpuesto un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concedido en el día de la fecha, que contiene dentro de la batería de agravios uno específico sobre la aplicación de la tasa de interés. Todo lo cual sella la suerte del embate intentado. II: Atento lo expuesto en el acápite anterior, considero innecesario expedirme respecto a los expresado en los puntos 2 a 5 del voto que abre el Acuerdo.
ASÍ LO VOTO
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Considero que corresponde rechazar la revocatoria in extremis de fs. 1260-1262, sin costas en atención a la falta de controversia (arg. Art. 68 segundo párrafo del CPCC).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo que antecede se dicta sentencia rechazando la revocatoria in extremis planteada a fs. 1260- 1262, sin imposición de costas en atención a la falta de controversia (arg. art. 68 segundo párrafo del CPCC). Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del CPCC).
Roberto J. Loustaunau Ricardo D. Monterisi Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia