Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2531/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Caja de Seguros S.A. en PE1515700-2024 (ESC00365781.pdf y ESC00365782.pdf).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2531/22-TSJ Interlocutorio N°: 493 Actor: PEREZ PEREZ JOSÉ RAMÓN y OTRA Demandada: SANDOVAL CARLOS y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 12-02-2025 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 493 FOLIO Nº 1868/1872 PROT. ELECT. TSS1 001 O.251
Río Gallegos, 12 de febrero de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “PEREZ PEREZ JOSÉ RAMÓN y OTRA c/ SANDOVAL CARLOS y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº P-22.026/15 (P-2531/22-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la Caja de Seguros S.A., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Elio Fernando Contreras Arco, en PE1515700-2024 (ESC00365781.pdf y ESC00365782.pdf), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE1487810-2024, por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera en PE600701-2022.- La presentante funda su recurso en los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y en la causal de arbitrariedad (cfr. PE15157000-2024 ESC00365781.pdf, pág. 1).-
Inicialmente sostiene que la sentencia recurrida es un acto inconstitucional y arbitrario pues resuelve en contra de las normas vigentes aplicables al caso. En tal sentido afirma que: “…en la sentencia confirmada por el Supremo Tribunal al rechazar el recurso de casación, se declaró la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil vigente al (sic) fecha del hecho para reconocer legitimación activa para reclamar indemnización por daño moral a la madre de la víctima lesionada en el siniestro de autos; ello viola la Constitución Nacional (C.N.), los principio (sic) y garantías de propiedad y legalidad previsto por los arts. 14, 17, 19 y 31 de la C.N. y determina necesariamente la procedencia de este recurso extraordinario…” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 1/2).- Indica que: “…el Tribunal Superior confirma el fallo por el cual no se aplica el monto de la suma asegurada establecido en la póliza sino que se lo actualiza, extendiéndose la condena a mi mandante más allá de la ‘medida del seguro contratado’…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 2.).-
Agrega que: “Para resolver como lo ha hecho, la Cámara declaró la inconstitucionalidad de la referida norma (el juez de grado no lo había hecho pero no la aplicó) y el Tribunal Superior no admitió el recurso de casación contra tal aspecto del fallo” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 3).-
Enfatiza que: “Al declararse la inconstitucionalidad de una ley del Congreso, ello solo basta para que necesariamente se admita el presente recurso extraordinario federal para que la cuestión sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia de las Nación; pues el art. 14 de la Ley 48 establece que corresponde esta apelación extraordinaria…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 4).-
Cita doctrina y jurisprudencia en cuanto a la constitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil (cfr. PE y pdf. cits., pág. 4/8).-
Aduce que: “…la Excma. Cámara, en el fallo confirmado por el Tribunal Superior, violó el principio de congruencia pues declaró la inconstitucionalidad del art. 1078 del C.C. sin que ello fuera pedido; lo cual vulnera las garantías de debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, C.N.).” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 8).-
Afirma que: “El Superior Tribunal se aparta de la norma aplicable al caso, y ello constituye el primero de los supuestos de fallos arbitrarios según la conocida doctrina de la de (sic) Corte Suprema de Justicia de la Nación (la Corte), de arbitrariedad de sentencias…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 9).-
Indica que el fallo no sólo es arbitrario por no aplicar normas vigentes, sino que en el caso hay cuestión federal porque las Leyes Nº 23.928 y Nº 25.561 son leyes federales ya que regulan materia monetaria y viola las garantías constitucionales de legalidad y propiedad (cfr. PE y pdf. cits., pág. 12).-
Sostiene que: “El fallo por el que el Superior Tribunal no admite el recurso de casación ordena que la suma asegurada se debe ‘actualizar’ en base a los límites de cobertura que dispone la Superintendencia de Seguros de la Nación (S.S.N) para este tipo de seguros. Sin embargo, tanto los tribunales inferiores como el Superior Tribunal no tienen en cuenta el texto de las resoluciones por las que ese organismo periódicamente actualiza las sumas aseguradas por la cobertura responsabilidad civil. Ya que esas mismas normas expresamente establecen que los montos allí definidos se aplican a los contratos que se celebren con posterioridad a la vigencia de aquellas y no a los anteriores…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 13).- Dice que la Cámara se apartó de la doctrina de la Corte en varias cuestiones y que también por ello el recurso extraordinario debe ser admitido (cfr. PE y pdf. cits., pág. 15).-
Añade que: “Es de alta gravedad institucional actualizar obligaciones dinerarias como lo ha hecho el tribunal a quo que se ha constituido en legislador, afectando la división de poderes y con ello la forma republicana de gobierno…el tribunal resolvió como si él mismo pudiera derogar el art. 766 del CCCN y las Leyes 25.561 y 23,928 (sic)…o derogar el art. 118 de la Ley 17.418…o derogar el art. 1078 del C’{odigo (sic) Civil que era aplicable al momento del siniestro. Si los jueces asumen, mediante sus fallos, facultades legislativas, se vulnera el principio de división de poderes y con ello se da por tierra con el sistema republicano de gobierno consagrado en nuestro sistema constitucional…Ello configura una cuestión federal directa que habilita este recurso pues se resuelve en contra de una cláusula constitucional…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 16).- Entiende que: “También hay gravedad institucional porque, al no respetarse los términos de los contratos de seguros, se atenta contra la actividad aseguradora en su conjunto y ello afecta a toda la actividad económica…el fallo…atenta contra la actividad de todos los aseguradores…” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 18).-
Considera que el fallo desconoce la doctrina de la Corte y viola los derechos constitucionales de propiedad (art. 17), debido proceso y defensa en juicio (art. 18), de contratar y ejercer el comercio e industria lícita (art. 14), de igualdad ante la ley (art. 16), de legalidad (art. 19 y 31) y demás garantías constitucionales implícitas art. 33) lo cual configura cuestión federal suficiente (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Seguidamente se queja de lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia.-
En particular afirma que si la sentencia de Primera Instancia no aplicó el art. 1078 (aunque no lo declaró inconstitucional) es absolutamente razonable que se hayan expresado agravios sobre ello y que los argumentos allí vertidos hayan sido vueltos a plantear ante la decisión de la Cámara que confirmó el decisorio (cfr. PE y pdf. cits., pág. 21).-
Sostiene que es falso o erróneo que su parte haya expresado una mera discrepancia interpretativa y que se haya limitado a dar su propia interpretación sino que ha sostenido su recurso de casación e invocado la arbitrariedad e inconstitucionalidad de la sentencia recurrida en la interpretación que la Corte Suprema de la Nación ha hecho de casos iguales (cfr. PE y pdf. cits., págs. 21/22).-
Agrega que resulta sorprendente que se afirme que no se ha demostrado la violación de una norma si justamente no se la ha aplicado y que no se tenga en cuenta los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que su parte ha citado en el recurso de casación (cfr. PE y pdf. cits., pág. 22).-
Luego se ordena correr traslado del recurso extraordinario a la parte contraria, quien debidamente notificada, no lo contesta (cfr. PE921346-2024).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “…la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe (sic) declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1634786-2024, pág. 4).- Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE986181-2024.-
II. Analizando la presentación de la Caja de Seguros S.A. y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del CPCyC de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que el recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en tamaño A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, dado que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y no excede los renglones permitidos por la normativa citada (art. 1 del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º; incumpliendo los requisitos establecidos en los incisos a), d), f), i) y parcialmente el inciso g) del citado artículo. Ello así en tanto y en cuanto se indica de manera incorrecta el objeto de la presentación, se omite constituir domicilio electrónico, no se individualiza la decisión contra la cual se interpone el recurso, y se omite la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal relacionadas con la resolución recurrida. En cuanto al inciso g), se omite indicar la localidad donde se encuentra radicado el Juzgado de Primera Instancia que intervino en el proceso.- No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado -a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional - Administración de Parques Nacionales res. 11/2000”, del 2 de marzo de 2011 (Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exige el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cits., págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, según considera, se debería haber resuelto en la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción judicial.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. autos: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).- La recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 y 15 de la Ley Nº 48 (cfr. PE y pdf cits. pág. 1) sin especificar en cuál de sus incisos. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una Ley del Congreso (art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14, inc. 2º de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la citada en garantía (cfr.
PE1487810-2024).- Resulta importante destacar que a lo largo del recurso extraordinario la recurrente manifiesta su disconformidad con lo decidido por la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial sin lograr rebatir el desarrollo argumental expuesto en la resolución impugnada que fuera dictada por este Alto Cuerpo y mucho menos intentar vincularlo con la cuestión federal que se invoca.-
Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas.” (cfr. inc. e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2º edición, La Ley, 2012, pág. 432).- Además, le corresponde al recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la resolución dictada y la efectiva lesión de las garantías constitucionales vulneradas, a fin de que pueda ser válidamente fallado. La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble, entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata, no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433).- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional y de diversos Tratados Internacionales, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulnerada que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal ni mucho menos la relación directa con la materia debatida. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la parte recurrente insiste en plantear el recurso en torno a una de las causales a través de la cual el Máximo Tribunal ha ingresado en algunas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar la impugnación, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que la presentante se limita a denunciar la existencia de vicio sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por el Máximo Tribunal en materia de recurso extraordinario federal, ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el recurrente debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Caja de Seguros S.A. en PE1515700-2024 (ESC00365781.pdf y ESC00365782.pdf).-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1001O.251 Tomo: X Interlocutorio: 493 Folio N°: 1868/1872 Secretaría: 1
Fin de la sentencia