Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto es mi opinión admitir la queja en tratamiento y por ende revocar la resolución aclaratoria obrante a PE 1196286-2025 en cuanto condena a la demandada al pago de “diferencias salariales que pudieran existir por el periodo no prescripto”. Así lo propongo al acuerdo.
Que en cuanto al agravio referido a las costas, toda vez que la condena al pago fue ordenada en la sentencia definitiva obrante a PE 1987263-2025 la que en función a lo resuelto en la providencia dictada a PE 1208962-2025 ha quedado firme y consentida, entiendo que el planteo sobre este punto resulta extemporáneo y por tanto debe confirmarse el punto 6) del fallo. Así lo propongo al acuerdo.
X. Que ingresando al tratamiento de los agravios de la parte actora comienzo el análisis por la primera de sus críticas mediante la cual se enfoca en la tasa de interés por la que el juez de grado ordenó actualizar los créditos laborales reconocidos. Concretamente en la sentencia en crisis se dispone la aplicación de la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina y el quejoso pretende la aplicación de la tasa activa del Banco Nación. Parto de la base que las actualizaciones de los créditos laborales reconocidos no tienen la finalidad de generar una ganancia extra para el trabajador, sino de restituir el valor del dinero que no fue pagado oportunamente. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9160/2025 Sentencia: Definitiva Actor: Perez Selena Guadalupe Demandada: García Rubino Damián Ariel Objeto: Cobro de Pesos Fecha: 27-08-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 27 del mes de Agosto de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “PEREZ SELENA GUADALUPE C/GARCIA RUBINO DAMIAN ARIEL S/LABORAL – COBRO DE PESOS" Expte. Nº 38.453 del año 2.022 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Mineria de ésta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9160. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Humberto E. Monelos Y Griselda Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que por PE 618436-2022 se presenta la Sra. Selena Guadalupe Pérez con el patrocinio letrado de la Dra. María José Mendiburu y promueve demanda laboral en contra del Sr. Rubino Damián Ariel García por los rubros que detalla en la planilla que adjunta, más reajustes e intereses y costas. Reclama la suma de Pesos Novecientos Tres Mil Ochenta y Ocho con 11/199 ($903.088,11) o lo que en más o menos resultare de la prueba a producirse en autos y la entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT confeccionados en forma legal. Al relatar los hechos señala que trabajó fuera de toda registración laboral para el denunciado desde el mes de noviembre de 2.019 hasta la fecha de alta en los organismos fiscales y previsionales producida el 10/02/2.020 como empleada de casas particulares, desarrollando tareas de asistencia y cuidado de personas con retiro – categoría 5- de lunes a viernes de 7 a 17:30 en su domicilio y que percibía por sus tareas una remuneración inferior a la establecida por el estatuto que rige la actividad no abonándole horas extras trabajadas, siendo por tanto acreedora de la multa por deficiente registración y diferencias salariales. Agrega que el empleador le formulo una denuncia penal acusándola de robo de dinero que fue desestimada y que mediante CD 750438455 recibida el 16/11/21 fue despedida por el Sr. García Rubino por su exclusiva culpa pero no invoco la causa del despido. Destaca que le remitió dos comunicaciones epistolares mediante las que impugno la decisión extintiva, lo constituyó en mora por la registración laboral y lo intimó para que le entregue certificados de trabajo y para que le pague diferencias salariales además de la indemnización por despido y multas correspondientes. Transcribe las comunicaciones, califica al despido de arbitrario y le achaca malicia al empleador. Reclama haberes devengados y no percibidos, precisa los rubros indemnizatorios, practica liquidación, ofrece prueba, formula reserva de caso federal y hace su petición final.
II. Que a PE 458315-2022 obra acta de celebración de la audiencia prevista en el art. 47 de la ley 1.444 con resultado negativo. En ese acto se presenta la demandada con el patrocinio letrado del Dr. Luis María Della Rosa, y mediante PE 720733-2022 contesta demanda y acompaña prueba documental. Niega en particular los hechos invocados por la actora y relata la realidad de los hechos. Dice en ese sentido que la actora fue contratada para cuidar a sus dos hijos desde el 10 de febrero de 2.020 en el horario de 8 hs. a 17 hs. y no desde noviembre de 2.019 y que desde marzo de 2.020 dejo de prestar servicios de acuerdo a las reglamentaciones de aislamiento social vigentes durante la pandemia Covid-19. Expresa que siempre se le abonaron sus haberes en tiempo y forma y que en el mes de septiembre de 2.020 trabajó sólo hasta el día 10 con horario reducido ya que el resto de los días se decretó nuevamente cuarentena por pandemia. Luego detalla las modalidades de trabajo que desarrollo la actora durante los meses de octubre y noviembre de 2.020 y de enero a octubre de 2.021 y señala que ante una situación de pérdida de confianza denunciada en sede penal en el mes de noviembre de 2.021 la despidió con causa y que una vez realizado el despido nunca recibió notificación alguna pero que si fue citado a audiencia ante la autoridad administrativa laboral. Manifiesta que en dicha sede se le entregaron a la trabajadora los certificados de trabajo y ésta se limitó a impugnarlos por resultar incompletos y contrarios a la verdad. Expresa también que la causa de despido es clara y que se corresponde con la conducta que tuvo la que no se adecuó al debido cumplimiento de los deberes y obligaciones que emanan del contrato de trabajo, ya que existen irregularidades que configuran incumplimiento o negligencia en su obrar. Impugna liquidación, desconoce documental, ofrece prueba, introduce cuestión federal y hace su petición final.
III. A PE 877344-2023 se abre la causa a prueba. Por PE 899249-2024 se declara cerrado el término de producción de prueba y se señala audiencia para alegar. Mediante PE 1568333-2024 la parte actora presenta alegatos.
IV. Por PE 1987263-2025 se dicta sentencia definitiva mediante la cual se resuelve: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Selena Guadalupe Pérez en contra de Damián Ariel García Rubino por indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, proporcional mes trabajado, indemnización por despido indirecto, estableciendo que la relación laboral tiene inicio el 10/2/2.020 y como la mejor remuneración mensual, normal y habitual la devengada en el periodo octubre 2.021 por la suma de $ 25.250,00 con más la doble indemnización prevista por DNU 34/2.019 condenándola a abonar a la actora la suma que en la etapa de ejecución de sentencia determine el Gabinete Contable conforme los rubros y parámetros establecidos en el término de los diez (10) días de encontrarse firme y consentida la liquidación que se practique con más los intereses devengados a la Tasa Pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, la que se aplicará desde que cada suma es debida y hasta dentro de los diez (10) días de encontrarse notificada la suma determinada. Ordenar que en caso de incumplimiento se aplicará lo dispuesto en el art. 770 inc. c) del C.C.C.N y la resultante devengará intereses a la Tasa Pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina hasta su efectivo pago. 2) Rechazar las multas de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, el agravamiento de la indemnización por despido en virtud de lo dispuesto por el art. 50 de la ley 26.844 y multa del art. 80 de la LCT. 3) Hacer saber al demandado que en el plazo de diez (10) días de notificado deberá realizar las declaraciones juradas correspondientes ante ARCA a los fines de que la reclamante pueda acceder a los certificados digitales, bajo apercibimiento de establecer conminatorias a favor de la trabajadora y por cada día de demora. 4) Desestimar la conducta maliciosa y/o temeraria del accionado. 5) Ordenar el pase al Gabinete Contable dependiente de la Excma. Cámara de Apelaciones a fines de efectuar liquidación final conforme los parámetros del presente. 6) Aplicar costas a la demandada vencida, y 7) Diferir la regulación de honorarios y determinar la tasa de justicia hasta que obre liquidación aprobada y firme.
V. A PE 1196286-2025 se dicta resolución aclaratoria en la que se resuelve hacer lugar al rubro diferencias salariales que pudieran existir por el periodo no prescripto.
VI. Disconforme con la sentencia la parte actora mediante PE 2004631- 2025 apela y expresa agravios. En su primer punto se queja de la aplicación de la tasa pasiva para la actualización del crédito laboral solicitando como mecanismo de recomposición la tasa activa del Banco Nación según el criterio sostenido por los Jueces y Cámaras de ésta Jurisdicción. Agrega que la tasa pasiva deniega la reparación integral y menoscaba el patrimonio de la trabajadora y que además la priva de la tutela judicial efectiva y desconoce el orden público laboral. Hace hincapié en que ésta Cámara ha actualizado créditos laborales conforme al Indice de Precios al Consumidor con más un interés puro del 3 % mensual.
Se queja también porque la sentencia rechaza la aplicación del art. 2 de la ley 25.323 fundada en la derogación del instituto por una ley posterior al vínculo jurídico, indicando que la norma fue derogada a partir del 9 de julio de 2.024, es decir, casi tres años posteriores al despido. Dice también que para la procedencia del agravamiento indemnizatorio el único requisito impuesto por la norma y por el TSJ de la Provincia es la intimación de la trabajadora al empleador a lo que ha dado cumplimiento mediante CD 853267118 de fecha 14/12/2.021. Critica asimismo la interpretación del instituto en cuanto se le asigna naturaleza sancionatoria ante la inconducta del empleador desconociendo que es una indemnización reconocida ante el Daño provocado por la mora del deudor.
En otro agravio cuestiona la decisión de no aplicar la multa del art. 275 de la LCT, por cuanto la demandada no sólo despidió a la actora sin expresar causa sino que pretendió variar la causa de despido haciendo alusión a un proceso penal fallido e insistió en la prosecución del juicio a sabiendas de la propia sinrazón, interpretando que la conducta desplegada por el demandado denota malicia y debe ser sancionado ya que configura un ilícito laboral. Por último cuestiona la suma determinada por el juez de grado como la mejor remuneración mensual, normal y habitual sin determinar el valor hora o si correspondía aplicar la remuneración mensual, ni la jornada que estima probada, ni verificar si el periodo octubre de 2.021 que toma como base fue bien liquidado.
Profundiza su argumento expresando que el juez confunde remuneración devengada con percibida correspondiente al recibo de haberes acompañado por la demandada del periodo octubre de 2.021 ya que no se le abono el proporcional de horas que allí consta ni la zona desfavorable, destacando que de la documental incorporada surge que en el mes de septiembre de 2.021 la trabajadora cumplió 120 horas por lo cual considera dicha base para el cálculo de la M.R.M.N.H, dejando solicitado que se determine la remuneración devengada en dicho mes. En subsidio solicita se aplique la que resulta de la pericia contable que pudiera ordenarse.
VII. La parte demandada por PE 2026949-2025 también apela y expresa sus agravios. Se queja primero porque interpreta que la sentencia hace lugar a peticiones que en forma alguna tienen asidero jurídico y asimismo es ampliada por una resolución aclaratoria que resulta a todas luces nula de nulidad absoluta e insanable ya que obliga a abonar conceptos que no corresponden vulnerando el derecho a la propiedad y beneficiando a la actora, entendiendo por ello que el fallo es contrario a los principios generales del derecho y que debe revocarse por el absurdo y por la teoría de la arbitrariedad. Expresa luego que el día 2 de septiembre de 2.025 se dicta sentencia y el día 17 de septiembre de ese año se dicta aclaratoria por PE 1196286-2.025 en la que se señala que por error involuntario se ha omitido dar tratamiento al rubro diferencias salariales solicitado y resuelve hacer lugar a la demanda por “diferencias salariales que pudieran existir por el periodo no prescripto”. Reitera que la sentencia apelada y su aclaratoria resultan nulas de nulidad absoluta porque no explica el porque ni de donde surgen las diferencias salariales que su mandante debe abonar sin precisar si dichas diferencias existen o no y respecto de que periodos, porque conceptos y bajo que fundamentos, solicitando se revoque la aclaratoria declarando que nada debe por ese rubro. Se queja también porque fue condenado en costas y según su postura deberían haberse distribuido entre las partes e imponerlas a la actora en atención a los rubros que no progresaron y los que sí. Por último introduce la cuestión federal.
VIII. Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
IX. Que corresponde ahora comenzar con el tratamiento de los recursos formulados por las partes iniciando esa tarea por el presentado por la demandada, haciendo la aclaración de que solo se tratará la queja en lo que respecta al punto que fue objeto de la resolución aclaratoria obrante a PE 1196286-2025, puesto que por providencia dictada a PE 1208962-2025 se tuvo por extemporánea la presentación del recurso en contra de la sentencia definitiva que obra a PE 1987263-2.025.
Hecha la salvedad y abordando la crítica mediante la cual se propugna la nulidad de la sentencia y de su aclaratoria porque no explica de donde surgen las diferencias salariales que debe abonar sin precisar si existen o no y respecto de que periodos, porque conceptos y bajo que fundamentos, destaco primero que soy de la postura que considera que habrá de optarse por mantener válida la decisión jurisdiccional si no hay un vicio grave que impacte en la construcción regular del proceso, pues, las demás cuestiones son susceptibles de ser revisadas y eventualmente modificadas por el camino de la apelación. En ésta dirección se tiene dicho que “…si bien el recurso de apelación comprende al de nulidad, la invalidez del fallo sólo podría sobrevenir cuando ofreciere defectos de forma, en cuyo supuesto la declaración puede hacerse oficiosamente, siempre que los agravios que ellos pudieran acarrear no pudiesen remediarse dentro del área de la apelación propiamente dicha” (Causa B-46.572, “Sauylys, Leones y otra contra Varela, Héctor. Desalojo” Cám. 2° de apel. Civil y com., sala 1, Departamento Judicial de La Plata, 11-IX-79, DJBA, 20-XII-79, v. 117, p. 469) Técnica de los Recursos Ordinarios – Juan Carlos Hiters – Librería Editora Platense - pág. 527.
Dicho lo cual, observo que en el caso, tanto la sentencia de grado como su aclaratoria no son merecedoras de esa sanción, ya que la principal cuestión en debate tiene que ver con la causal del distracto y este planteo ha merecido un análisis detallado, claro, coherente y lógico del juez de la instancia anterior que ha dado cumplimiento así con la carga del art. 164 del CPCC al que remite el art. 121 de la ley 1.444. Va de suyo que esta norma se encuentra íntimamente ligada con el principio de motivación de la sentencia, el del debido proceso y el derecho de defensa (arts. 18 Constitución Nacional, 8 y 25 Convención Americana de DDHH) los que, en virtud de lo antedicho, no los aprecio afectados y por ende la nulidad perseguida se presenta inadmisible.
Establecida la validez de la sentencia y su aclaratoria, voy a ingresar a tratar la crítica de fondo sobre la procedencia del rubro diferencias salariales. Sobre este aspecto tengo presente que el actor al promover demanda fundo esta pretensión alegando que la patronal abonaba deficitariamente sus salarios reclamando lo dispuesto en la ley 26.844 y en la resolución ministerial 886/13 como empleadas de casas particulares, tareas de asistencia y cuidado de personas con retiro, determinando una diferencia de $ 134.130,01.
Que apreciados los recibos de haberes agregados por ambas partes, observo que la categoría profesional reconocida a la reclamante era la de asistencia y cuidado de personas con retiro. Tengo presente que si bien esta documental (recibos de haberes) fue impugnada por la parte actora, el desconocimiento recayó sobre la fecha de ingreso denunciada y luego, mediante resolución obrante a PE 563075-2023 se revocó la intimación a la demandada a exhibir documentación laboral en su poder y se declaró abstracto el tratamiento del pedido de tener por reconocida la documental aportada por esa parte. Definida entonces la categoría profesional y siendo que los argumentos que motivaron la pretensión en análisis conforme a los términos en la que fue planteada, no fueron robustecidos con prueba que defina la procedencia en derecho del importe que se reclama, pues, se redujeron a una planilla inserta en el texto de la demanda, considero que le asistente razón al quejoso en cuanto pide se revoque la aclaratoria respecto de las diferencias salariales solicitadas. Adviértase que esa omisión probatoria recalcada determinó que el reconocimiento del ítems no haya sido en términos categóricos y concretos, pues, vemos que en la sentencia en crisis se reconocieron “diferencias salariales que pudieran existir por el periodo no prescripto” sin detallar con precisión los periodos y el concepto que los genero. Aclaro que ésta circunstancia no puede quedar supeditada a la pericia que se ordenó en el punto 5) de la sentencia dado que la finalidad de la intervención del gabinete contable tiene que ver con liquidar los rubros expresamente reconocidos y no con diferencias que pudieran surgir de las operaciones contables que se practiquen, ya que de ser así, se estaría delegando a un órgano auxiliar de la justicia facultades propias jurisdiccionales lo que está expresamente vedado.
Resta agregar que el hecho de no haberse ofrecido producir en la etapa probatoria pertinente la confección de una pericia contable que haya tenido ese objeto preciso, dejo al reclamo sin la prueba determinante para acreditarlo, ya que ni la prueba informativa producida por la AFIP (hoy ARCA) a PE 919515- 2.023, ni la del ANSES obrante a PE 1443844-2.024 aportaron nada para sostenerlo.
Por lo expuesto es mi opinión admitir la queja en tratamiento y por ende revocar la resolución aclaratoria obrante a PE 1196286-2025 en cuanto condena a la demandada al pago de “diferencias salariales que pudieran existir por el periodo no prescripto”. Así lo propongo al acuerdo.
Que en cuanto al agravio referido a las costas, toda vez que la condena al pago fue ordenada en la sentencia definitiva obrante a PE 1987263-2025 la que en función a lo resuelto en la providencia dictada a PE 1208962-2025 ha quedado firme y consentida, entiendo que el planteo sobre este punto resulta extemporáneo y por tanto debe confirmarse el punto 6) del fallo. Así lo propongo al acuerdo.
X. Que ingresando al tratamiento de los agravios de la parte actora comienzo el análisis por la primera de sus críticas mediante la cual se enfoca en la tasa de interés por la que el juez de grado ordenó actualizar los créditos laborales reconocidos. Concretamente en la sentencia en crisis se dispone la aplicación de la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina y el quejoso pretende la aplicación de la tasa activa del Banco Nación. Parto de la base que las actualizaciones de los créditos laborales reconocidos no tienen la finalidad de generar una ganancia extra para el trabajador, sino de restituir el valor del dinero que no fue pagado oportunamente. Es decir, constituye una compensación por el tiempo que el trabajador estuvo sin recibir lo que le correspondía y es de ahí que el método que se utilice para actualizar los montos determinados debe valorarse en cuanto a su conveniencia siempre en beneficio del trabajador, ya que se trata de la tutela de derechos laborales que impone prestar una especial atención (arts. 14 bis C.
N., 9 y ccs. LCT, arts. 766 y ccs. CCC, 164 y 166 CPCC). En este sentido destaco que esta Excma. Cámara ha decidido en diferentes pronunciamientos la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de intereses válido y también como lo señala la quejosa la aplicación del IPC más un interés puro del 3 % mensual. Si bien la doctrina casatoria de nuestro Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia al respecto ha sido la utilización de la tasa pasiva promedio del BCRA, cierto también lo es que se debe analizar el caso al día que se emite la resolución pertinente, pues, aquí lo que está en juego es el principio de la integralidad de la reparación frente a los efectos provocados por el proceso inflacionario a los créditos reconocidos.
Que en consecuencia, siendo que el trabajador pidió expresamente como mecanismo de recomposición la tasa activa del Banco Nación Argentina y toda vez que al realizar una estimación de actualización del monto demandado aplicando dicha tasa y luego aplicando la tasa pasiva que se decidió en la instancia de grado, surge que la segunda arroja un resultado mucho mayor que la primera, por lo que concluyo que la tasa pasiva promedio del BCRA es más beneficiosa para el trabajador demandante. En virtud de ello entiendo que corresponde actualizar los créditos reconocidos por la tasa fijada en la sentencia apelada y no por la pretendida en agravios por ser ésta a la actualidad más desfavorable al trabajador.
Que por ello se debe rechazar el agravio en tratamiento. Así lo propongo al acuerdo.
XI. Se agravia también porque la sentencia rechaza la aplicación del art. 2 de la ley 25.323. Sobre éste aspecto destaco que soy de la opinión de que no corresponde aplicar la ley bases retroactivamente a los contratos de trabajo extinguidos antes de su entrada en vigencia. Por tanto, a mi criterio, la procedencia de las sanciones cuyo reconocimiento pretende el quejoso deben ser analizadas en particular y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y no meramente en abstracto. En ese sentido remarco que el análisis de la sanción prevista en la norma en juego, obliga a revisar la forma en la que se configuró el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes, dejando aclarado que adhiero a la interpretación restrictiva del agravamiento de la indemnización allí contemplada en consonancia con el criterio sostenido por ésta Cámara.
Tengo presente también lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), donde haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, señaló que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema” (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, 'Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones', ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014). Es decir que frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, sin perjuicio de que fuera posteriormente revertida dicha situación en sede judicial, entiendo que la demandada pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo, teniendo en cuenta la situación que se encontraba con respecto a la actora.
Por estas razones, la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de una sanción, en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máximo Tribunal Provincial, entiendo que cabe eximir del pago del incremento previsto en el art. 2º de la ley 25.323 y por ende se debe rechazar éste agravio.
XII. En otro punto se queja la actora de la decisión de no aplicar la multa prevista en el art. 275 de la LCT por cuanto aduce que la demandada no solo despidió a la actora sin causa sino que pretendió variar la causa de despido aludiendo a un proceso penal fallido e insistió en la prosecución del juicio a sabiendas de la propia sinrazón. Así las cosas, opino que dicha crítica no puede ser admitida pues adhiero a la postura que le imprime carácter restrictivo a este instituto. Sabido es que “La malicia procesal (conducta maliciosa) consiste en la utilización del proceso como instrumento para causar perjuicio a un tercero. Es una de las formas del dolo procesal y se contrapone a un deber de conducta; es el proceder de mala fe, con un propósito avieso disimulado en el trámite del proceso.” “La temeridad es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón para litigar y, no obstante ello, así lo hace, abusando de la jurisdicción, o resiste la pretensión del contrario. Ha dicho la jurisprudencia que debe entenderse que asume una conducta maliciosa o temeraria quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivos con conciencia de su propia sinrazón, concepto este que define el alcance de la aplicación del art. 275 de la LCT (t. o.) (2). La conciencia de la propia sinrazón es lo que condiciona la temeridad, lo cual debe ser analizado con carácter restrictivo dado que, en este concepto, está en juego la garantía constitucional del debido derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN). Así, los jueces deben ser sumamente cautelosos y prudentes en la apreciación de esta circunstancia, pues no cualquier supuesto de falta de razón es indicio de temeridad. Una aplicación laxa del instituto haría que la promoción de demandas o la oposición de defensas pudiera verse comprometida, con lesión del derecho de defensa, si el justiciable se ve coaccionado por la posibilidad de la aplicación de graves sanciones.” Autor: Romualdi, Emilio E. – Fecha: 22-dic-2016 -Cita: MJ-DOC-10591-AR | MJD10591.
Bajo este criterio que comparto y siendo evidente que se involucran en la especie derechos de peso constitucional, es que el análisis de la cuestión interesada y que sustenta el agravio debe ser riguroso. Y como tal, es que no alcanza o no es suficiente, la falta de fundamento o la injusticia de la oposición, sino que es pertinente la conciencia de que tales circunstancias concurren en el caso, es decir, la conciencia de la propia sinrazón.
Dicho ello y habida cuenta que no se surge de lo actuado en el presente la presencia de ese elemento subjetivo, entiendo, tal como lo adelante, que no procede la aplicación de la regla punitiva que se pide y por estas razones opino que se debe rechazar también este agravio.
XIII. Por ultimo cuestiona la actora la suma determinada por el juez de grado en concepto de mejor remuneración mensual, normal y habitual, pidiendo se tome como base la correspondiente al mes de septiembre de 2.021 o en subsidio se aplique la que resulte de la pericia contable. Apreciados los recibos de haberes agregados a la causa observo que tanto el correspondiente al mes de octubre de 2021 que se tomó como base para la MRMNH como el del mes de septiembre de ese año, figuran ambos con una misma remuneración, esto es de $ 25.250. Difieren en relación al total de horas trabajadas puesto que en el primero figuran 100 horas y en el segundo efectivamente 120 horas como se señala en agravios. En ninguno consta la zona desfavorable. Así las cosas advierto que tanto las horas extras que pide el actor que se contemplen, como la zona desfavorable, no fueron materia de pronunciamiento en la sentencia de grado ni tampoco de recurso, por lo que deben quedar excluidas y por ende no pueden formar parte de la base de cálculo para establecer la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Que por ello opino debe mantenerse lo decidido en la resolución cuestionada en cuanto establece como MRMNH la del mes de Octubre de 2.021 por $ 25.250, debiendo rechazarse la queja que se trata.
XIV. Por último y en cuanto a las costas, teniendo en cuenta la forma en la que se resolvieron los agravios planteados y el principio de acceso a la justicia, las mismas deberán ser distribuidas por el orden causado.
XV. Por estas razones entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse en el punto cuyo agravio fue aceptado en el presente. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
XVI. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XVII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el primer agravio de la parte demandada y revocar la resolución aclaratoria dictada en autos en cuanto reconoce el rubro ““diferencias salariales que pudieran existir por el periodo no prescripto” y Rechazar el segundo agravio por resultar extemporáneo en virtud de lo resuelto por providencia dictada a PE 1208962-2025. 2) Rechazar los agravios formulados por la parte actora confirmando la tasa de interés fijada para la actualización de los créditos laborales reconocidos, el rechazo de las sanciones previstas en el art. 2 de la ley 25.323 y art. 275 de la LCT y mantener como la MRMNH la correspondiente al periodo Octubre 2021 por la suma de $ 25.250. 3º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. 4º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 27 de Agosto de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir el primer agravio de la parte demandada y revocar la resolución aclaratoria dictada en autos en cuanto reconoce el rubro ““diferencias salariales que pudieran existir por el periodo no prescripto” y Rechazar el segundo agravio por resultar extemporáneo en virtud de lo resuelto por providencia dictada a PE 1208962-2025.2) Rechazar los agravios formulados por la parte actora confirmando la tasa de interés fijada para la actualización de los créditos laborales reconocidos, el rechazo de las sanciones previstas en el art. 2 de la ley 25.323 y art. 275 de la LCT y mantener como la MRMNH la correspondiente al periodo Octubre 2021 por la suma de $ 25.250. 3º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. 4º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal.
6. Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. La Dra. Griselda Bard no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 057 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3228 Folio Nº: 015/022 Secretaria: 1
Fin de la sentencia