Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 167.098
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Dolores Amsler, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la pretensión meramente declarativa fijándose como fecha presuntiva de la muerte del Sr. Sergio Gustavo Pérez [DNI N°13.069.679] el día viernes 27 de noviembre de 2015 a las 23:59 hs.
II. Ordenar la modificación de la inscripción pertinente en el Registro Provincial de las Personas en los términos del art. 115 de La Ley 14.078, a cuyo fin una vez reintegrado el expediente a la instancia de origen deberán librarse los oficios y comunicaciones pertinentes con carácter urgente, habilitando al efecto días y horas inhábiles (art. 153 y cctes. del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de los honorarios de la Dra. María Guillermina Pérez para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967;
IV. Disponer que las costas de ambas instancias motivadas por el presente trámite sean abonadas por la peticionante (art. 34 y cctes. del CPCCBA). V)
REGISTRADA BAJO EL Nº 8-S Fo. 43/50 Expte. Nº 167.098 Juzgado Civil y Comercial N°3 En la ciudad de Mar del Plata, a los 7 días del mes de febrero de 2019 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “PÉREZ, SERGIO GUSTAVO S/ ACCIÓN DECLARATIVA”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 2 de noviembre de 2018 y que obra glosada a fs. 37/42?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia definitiva dictada el 2 de noviembre de 2018 –y que obra glosada a fs. 37/42– viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 43. En lo que aquí interesa destacar, el juez de primera instancia rechazó la acción declarativa promovida por María Dolores Amsler, con costas.
Para así decidirlo, explicó que la Sra. María Dolores Amsler entabló una acción declarativa tendiente a obtener un pronunciamiento judicial en el que se determine la fecha de muerte de su cónyuge. Señaló que en la Investigación Penal Preparatoria N°08-00-001806-16/00 se verificó que los restos óseos hallados el 24 de enero de 2016 se corresponden con los del cuerpo de quien en vida fuera Sergio Gustavo Pérez.
Agregó que el agente fiscal ordenó asentar judicialmente el fallecimiento de Pérez aclarando a la autoridad administrativa que no es posible determinar el día probable de la muerte aunque sí es posible fijar un período estimado, el cual se estableció entre el 1 de octubre de 2015 (fecha en la que fue visto por última vez con vida) y el 24 de enero de 2016 (momento en el que se hallaron partes de su cadáver).
El Registro Provincial de las Personas cumplió la manda fiscal y el 21 de noviembre de 2017 expidió el certificado de defunción donde se transcribió la fecha del deceso producido “entre el 1 de octubre de 2015 y el 24 de enero de 2017”.
Seguidamente, el Sr. juez a quo enunció los recaudos de admisibilidad y procedencia de la acción meramente declarativa, dentro de los cuales hizo foco en el perjuicio y la lesión actual que la falta de certeza genera en el justiciable. Tal es –dijo el magistrado– el interés jurídico concreto que justifica la vía. Sobre la base de tales postulados, argumentó que la actora no logró justificar el perjuicio o lesión actual o eventual que pretende enervar mediante la obtención de la sentencia declarativa cuyo dictado solicita, todo lo cual redunda en la ausencia de un interés jurídico susceptible de tutela. Entendió que la explicación que sobre este punto brindó en el escrito de fs. 27 es insuficiente e indeterminada y no constituyó un detalle concreto del perjuicio o lesión que se pretende enervar. Agregó que tampoco fue acompañada de elementos de prueba.
Dijo que la acción meramente declarativa no puede estar motivada por la determinación o verificación de la existencia de un hecho y debe ser entendida como un carril subsidiario. Destacó en tal sentido que la accionante no explicó por qué no acudió ante el Ministerio Público para obtener mayores precisiones sobre la fecha de la muerte. Por último, apuntó que no hay elementos en la causa penal -y tampoco en la presente- para determinar cuándo se produjo el deceso y no cabe a tal fin acudir por analogía a la regla contenida en el artículo 90 inc. “b” del Código Civil y Comercial.
II. Síntesis de los agravios.
La actora expresó sus agravios a fs. 49/56, pieza en la que desarrolla las siguientes líneas argumentales:
(i) Que la sentencia es injusta. El juez –alega– ha ignorado los padecimientos que ha sufrido la familia y la resolución la obliga a seguir litigando para poder inscribir en el Registro Civil una fecha cierta de fallecimiento. Reitera que esta última es necesaria para determinar la obligación de la Administración Federal de Ingresos Públicos para el pago del monotributo y para el trámite de la pensión por viudez ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ii) Que el juez se ha limitado a desarrollar argumentos dogmáticos sin solicitar el libramiento de oficios al ANSES y a la AFIP para corroborar las alegaciones, si es que estimaba relevante esa verificación.
(iii) Que el perjuicio derivado de la falta de determinación de la fecha de fallecimiento surge de la normativa que regula las pensiones por viudez (y que remiten, a su vez, a normas fiscales). Refiere que no era necesaria prueba alguna para demostrar la necesidad de contar con una fecha puntual. El daño, dice, se justifica por sí solo.
(iv) Que se equivoca el juez al afirmar que la vía no es admisible en tanto se pretende obtener certeza sobre un hecho. Manifiesta que es imposible determinar la fecha cierta del deceso, motivo por el cual lo que se procura es aplicar el derecho vigente y establecer un hito temporal concreto.
(v) Que también se equivoca el juez al exigir a la accionante que procure una solución en la investigación penal, pues es el fuero civil en donde -dicedebe dilucidarse la pretensión.
(vi) Que es errado afirmar que no existen elementos que permitan determinar con rigor el día en que se produjo el deceso. Expone que la ley prevé soluciones similares para casos parecidos (aunque no enteramente idénticos) al presente y que son aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 90 inc. “b” y “d” del Código Civil y Comercial.
III. Tratamiento del recurso.
La actora ha brindado sólidos argumentos que me persuaden de la injusticia del fallo. Adelanto que propondré al acuerdo revocar la sentencia y hacer lugar a la demanda.
III.1.a. Contrariamente a lo señalado en el decisorio impugnado, entiendo que la vía procesal escogida por la actora satisfizo con suficiencia los recaudos que condicionan su admisibilidad y, como luego se verá, también aquellos que definen su procedencia.
La Sra. Amsler formuló en su demanda una pretensión de sentencia meramente declarativa en su carácter de viuda de Sergio Gustavo Pérez y a los fines de que se determine una fecha específica en la que debe considerarse que se produjo su fallecimiento. Según explicó en su escrito inicial –y surge acreditado en las actuaciones anexas al legajo principal– Pérez desapareció el 1 de octubre de 2015, momento en el que se comunicó por última vez con la actora y nada más se supo de él. Tres meses y veintitrés días después, y con una investigación penal ya en trámite, se hallaron restos óseos en la costa marplatense que permitieron corroborar el desenlace fatal pero no el momento o día exacto en el que se produjo el óbito (fs. 14 apartado II, 18 y sig.). La pretensión de Amsler está motivada por la anómala modalidad en fue anotado el fallecimiento de Pérez en el Registro Provincial de las Personas, entidad que a petición expresa del Ministerio Público Fiscal en el marco de la IPP N°08-00-001806/00 certificó que la muerte se produjo entre el 01 de octubre de 2015 y el 24 de enero de 2017 (sic, fs. 67/8 de la causa cit.). La actora explicó en dos oportunidades que necesita determinar una fecha de fallecimiento para poder realizar trámites en organismos fiscales y de seguridad social (fs. 15 y 27).
Ahora bien, el Código de Procedimientos Civil y Comercial bonaerense habilita al justiciable a incoar una acción meramente declarativa cuando el resultado pretendido consiste en “hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor, y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente” (art. 322). Del propio texto de la norma emergen tres recaudos de admisibilidad para este tipo de pretensiones: i) un estado de incertidumbre sobre una cierta relación jurídica, ii) la existencia de un perjuicio o lesión actual derivada de esa falta de certeza y iii) la ausencia de otro medio legal para procurar una solución (lo que determina su carácter subsidiario).
Con relación al primero de los requisitos mencionados, una interpretación armónica de la norma procesal y la nueva regulación civil y comercial de fondo lleva a admitir esta vía no solo para determinar el alcance o la modalidad de una relación jurídica (en tanto vínculo que se establece entre dos o más personas, en forma particular y esencialmente variable), sino también para desmantelar la incertidumbre que pudiere mediar sobre la existencia y el alcance de una determinada situación jurídica, fenómeno que es mucho más amplio y general, de carácter permanente que abarca uno o más hechos o actos jurídicos entrelazados que tienen efectos jurídicos precisos (sobre el concepto de situación jurídica, v. Benavente, María I, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ricardo Luis Lorenzetti -dir.-, Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, t. II, pág. 15; véase, además, este concepto y su recepción en los artículos 7, 10, 257, 258, 259, 1120 del CCyC).
Así lo ha entendido la Casación Bonaerense al resolver que la sentencia dictada en el marco de la vía regulada en el art. 322 del ritual «no configura o constituye derechos, ni condena a alguna de las partes; lo que hace es esclarecer las limitaciones y particularidades de una determinada situación jurídica que, hasta el momento, lucía incierta» (SCBA, C. 116764 -"Fernández, Norberto..."- del 04/03/2015).
Tal ha sido el escenario que ha presentado la actora ante los estrados judiciales. Las extraordinarias circunstancias en las que se produjo el deceso de su esposo y la inusual forma en que ese hecho ha sido certificado e inscripto en el Registro Provincial de las Personas genera una situación jurídica sumamente irregular cuyos perjuicios para sus herederos –en el caso, para quien al momento del deceso era todavía su cónyuge– emergen in re ipsa y sobre los cuales no creo necesario exigir prueba o evidencia tendiente a su demostración. Sin una fecha puntual de fallecimiento no es posible determinar qué derecho ha de regir las consecuencias civiles –y de toda otra índole– que se producen como consecuencia del deceso de Pérez (art. 7 del CCyC) y tampoco es posible definir el alcance y modalidad de las múltiples relaciones y situaciones jurídicas nacidas, modificadas o extinguidas a partir de la comprobación de ese hecho natural, sea con relación a sus derechohabientes o incluso con relación a terceros (art. 7 y 257 del CCyC).
La muerte de una persona es un hecho jurídico que produce una inmensa cantidad de efectos jurídicos de orden alimentario, matrimonial, contractual, real, previsional y sucesorio (por enumerar tan solo algunos: produce la apertura de la sucesión, la transmisión de derechos a las personas llamadas por ley o por testamento a suceder, la extinción del matrimonio o de la unión convivencial, la extinción de comunidad de bienes, el cese de deber alimentario, el cese de responsabilidad parental, la extinción de numerosos contratos -mandatos, agencias, rentas vitalicias, franquicias, comodatos.-, la caducidad de donaciones no aceptadas en vida, la extinción de usufructos, habitaciones y servidumbres personales, etcétera).
La legislación civil se encuentra claramente orientada a procurar la mayor certeza posible sobre el momento exacto en que finaliza la existencia de una persona humana, tanto en aquellos casos en los que esa circunstancia puede ser verificada por profesionales de la medicina (art. 94 del CCyC), como en supuestos anómalos en los que el deceso de una persona ausente debe ser presumido y es el legislador el que fija de manera objetiva y el día y la hora en la que debe considerarse que se produjo la muerte (arts. 85, 86 y 90 del CCyC). El Código incluso establece de qué manera debe juzgarse que han muerto varias personas en un desastre común cuando esa circunstancia no puede ser dilucidada por otros medios (art. 95 del CCyC).
La legislación registral es acorde a estas exigencias: a nivel nacional el artículo 63 de la Ley 26.413 que regula la actividad del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas prescribe que la inscripción de la defunción –incluyendo la ordenada por vía judicial– debe contener en lo posible el lugar, día, hora y mes en que hubiere ocurrido la defunción. Idéntica previsión contiene la legislación bonaerense -Ley 14.078-, la cual también exige que el certificado de defunción contenga el "lugar, día, hora, mes y año en que hubiere ocurrido la defunción".
Ninguna duda cabe que la fecha de la muerte reviste también una importancia superlativa en el ámbito de la seguridad social, y que es aquel en el que la actora dijo haber encontrado las dificultades burocráticas que la llevaron a iniciar esta acción.
Ese dato se muestra como un punto de referencia basilar a la hora de determinar qué régimen legal es aplicable a la situación de un derechohabiente (en orden a definir, entre otros aspectos, qué pensiones, subsidios o contribuciones tiene derecho a reclamar el cónyuge supérstite y demás beneficiarios teniendo en cuenta la normativa vigente y su situación previsional al momento del deceso) así como también a la hora de fijar el alcance y modalidad de esas prerrogativas (por caso, cuánto y desde cuándo tiene derecho a percibirse ese crédito de la Administración Nacional de la Seguridad Social o de cualquier otra agencia estatal).
Los impedimentos administrativos relatados por la actora con relación a la percepción de una pensión en la ANSES guardan correlación y justificación con los recaudos contemplados los artículos 17.d, 53, 91, 92, 93.b., 97 de la Ley 24.241 que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, normas de las que se desprende que la fecha de muerte es un dato esencial para determinar el contenido del crédito y la modalidad de percepción (o a la inversa, la aplicación de tales preceptos resultaría directamente frustrada si en lugar de un día preciso se cuenta solo con un período de tiempo en el que pudo haber ocurrido el deceso, como ocurre con la inscripción de Pérez cuya modificación procura la Sra. Amsler en este proceso).
Lo mismo ocurre con los inconvenientes que Amsler dijo tener en la Administración Federal de Ingresos Públicos (fs. 27). La Resolución General N° 2322/07 de la AFIP prescribe que para solicitar la cancelación de la inscripción en el caso de fallecimiento o ausencia con presunción de fallecimiento del contribuyente y/o responsable inscripto en los impuestos y en los recursos de la seguridad social, el cónyuge o los presuntos herederos legítimos de la persona fallecida o declarada ausente son los responsables de informar dentro de los sesenta días corridos de producidos tales hechos mediante la presentación del formulario de declaración jurada Nº 981, acompañado –según el caso– el acta de defunción del causante o declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento.
Ambos documentos exigidos por la AFIP presuponen la verificación de una fecha de fallecimiento específica, sea por aplicación del artículo 94 en el caso del óbito corroborado médicamente, o por aplicación los diversos incisos del art. 90 del CCyC, en caso de muerte presunta. Si Amsler no cuenta con una sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento (pues, de suyo, no es el caso de Pérez), es razonable considerar que en la agencia estatal le ha requerido –conforme lo dispuesto en la precitada resolución– un certificado de defunción en el cual se consigne una data concreta de muerte. Esta exigencia guarda correlación con lo dispuesto en el artículo 3 segundo párrafo de la misma resolución, en cuanto establece que la cancelación «surte efectos a partir del día hábil siguiente a aquel en que se produjo la aludida causal» (art. cit.). Es evidente, entonces, que la fecha de muerte es un dato relevante a la hora de disponer la baja de un contribuyente ante el organismo fiscal, tal como se alegó a fs. 27 último párrafo.
En definitiva, el punto que intento destacar es que la actora ha acreditado un real y concreto estado de incertidumbre sobre la existencia y modalidad de una situación jurídica puntual motivada por la falta de certeza sobre la fecha de muerte de quien en vida fuera su esposo. Ha quedado demostrado también –aunque, en rigor, emerge in re ipsa– el perjuicio que esa indeterminación genera con relación a su persona y la imposibilidad de establecer con precisión las consecuencias y efectos jurídicos que aquel deceso produce.
Por esta razón, y tal lo dicho en párrafos precedentes, entiendo que la vía del art. 322 del CPCCBA es admisible y constituye un carril idóneo para dar una solución definitiva a la cuestión y encausar procesalmente el pedido de modificación de la inscripción registral del deceso de Pérez en los términos del art. 115 de la Ley 14.078.
III.2. El juez también reprochó a la actora no haber agotado otros carriles judiciales para aclarar la fecha de defunción (fs. 40/vta) y no haber aportado elementos de convicción que permitan dilucidar el momento preciso en el que se produjo la muerte de Pérez (fs. 40/vta, punto V). Ello sin perjuicio de que –según también aclaró– la vía del art. 322 del CPCCBA no es idónea para determinar la existencia de un hecho (fs. 40 punto IV).
Disiento con el parecer del colega de primera instancia y entiendo que los argumentos que desarrolla en el fallo parten de una lectura incorrecta de la pretensión que da origen a este trámite.
La Sra. Amsler no inició este proceso para verificar técnica y científicamente en qué momento exacto se produjo la muerte de su esposo. La demanda parte de la premisa de que ese dato ya no podrá ser dilucidado teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon a la súbita desaparición de Pérez, el tiempo que transcurrió durante su infructuosa búsqueda y el escaso material cadavérico que finalmente pudo ser hallado en la zona costera. El informe producido por la Sección Antropología Forense de la Dirección de Química Legal de La Plata (fs. 19/22 de la IPP n° 001806-16/00) da cuenta de que los pocos huesos hallados permitieron verificar únicamente que pertenecían a un mismo homo sapiens masculino de entre 38 y 44 años de rasgos caucasoides y de estatura media. Nada se dijo –y al parecer, nada se podía decir– sobre la causa de la muerte y el momento exacto en la que se produjo.
Lo que pretende la accionante en este juicio es algo muy distinto:
partiendo de la base de una ya irremediable e insuperable falta de certeza fáctica sobre la fecha de muerte de una persona (es decir, aceptando que ya no es posible definir científicamente qué día murió Pérez), lo que se pretende es activar una solución jurídica e institucional que ponga fin a esa incertidumbre y establezca, no por vía de prueba directa sino por medio de herramientas legales y presuncionales, una fecha determinada.
Contrariamente a lo señalado en el fallo apelado, la pretensión de Amsler no configura una cuestión de hecho que pudiere reputarse ajena a la vía meramente declarativa (reitero: no se busca aquí dilucidar cuándo efectivamente murió Pérez teniendo en cuenta un cierto conjunto de pruebas que la accionante debió aportar) sino que se revela como una verdadera cuestión de derecho: determinar cuándo debe considerarse que murió una persona humana si no ha sido –y ya no será– posible determinarlo por otros medios, y ello de conformidad con las normas civiles vigentes (sea las que aprehendan el caso de manera específica, si las hubiere, o las que regulan uno similar y que puedan ser aplicadas por analogía).
De lo dicho se desprende que, en primer lugar, no puede reprochársele a la actora el incumplimiento de cargas probatorias vinculadas a la demostración de un hecho que nunca tuvo la intención de acreditar y tampoco era necesario que lo haga (art. 362 primer párrafo del CPCCBA).
En segundo lugar, entiendo que la decisión de la Amsler de cesar su intervención en la investigación penal y acudir directamente a la justicia civil también ha sido correcta. No solo porque la pretensión regulada en el artículo 115 de la Ley 14.078 escapa al margen de actuación del Ministerio Público Fiscal luego de que la primera inscripción fuera materializada, sino porque además las dos investigaciones penales –la motivada por la desaparición y la complementaria gestada por el hallazgo cadavérico– estaban ya agotadas al verificarse la muerte de Pérez y al descartarse toda hipótesis que involucre un delito de acción pública (art. 290 tercer párrafo del CPPBA). Me atrevo a afirmar que cualquier otra petición de la actora o de su grupo familiar, por fuera de la efectivamente realizada para que se inscriba la muerte de Pérez en el registro, hubiera sido desestimada por exceder las competencias y las funciones del Ministerio Público Fiscal (art. cit.).
III.3. Despejadas ya las cuestiones procedimentales y las atinentes al cumplimiento de los recaudos de admisibilidad regulado en el art. 322 del CPCCBA, corresponde determinar de qué manera y con qué alcances debe progresar la acción.
En este punto conviene recordar que el objeto de la demanda formulada por Amsler contiene dos pretensiones: por un lado, procura el dictado de una resolución meramente declarativa por medio de la cual se fije judicialmente una fecha de deceso de Pérez ante la ausencia de elementos de convicción que permitan dilucidar ese hecho con precisión (art. 322 del CPCCBA); por el otro, pretende la modificación de la inscripción registral realizada a instancias de la fiscalía interviniente (art. 115 y cctes. de la Ley 14.078).
Tal como adelanté, ambos pedidos deben ser admitidos.
El Ministerio Público Fiscal ordenó la inscripción del fallecimiento del Sr. Pérez en el marco de la IPP N°08-00-001806/00 aclarando que la muerte se produjo entre el 01 de octubre de 2015 y el 24 de enero de 2017 (sic, fs. 67/8 de la causa cit.).
La orden fiscal y la consecuente inscripción registral contienen un evidente error: los hallazgos óseos no se produjeron el 24 de enero de 2017 [como se consignó en la orden del Ministerio Público] sino el 24 de enero de 2016, motivo por el cual la imprecisión a subsanar en este trámite es doble: una, generada por las circunstancias en las que desapareció el causante; la otra, generada por el error en la rogatoria de la anotación registral del deceso. La recurrente correctamente señaló que la ley no contiene una solución concreta al problema que el caso de autos presenta: una persona originalmente desaparecida cuyos restos cadavéricos fueron hallados tiempo después y sobre la que no se cuenta con certeza científica sobre el momento en el que se produjo el óbito (pudiéndose conocer solamente el período temporal en el que ese hecho necesariamente debió haber ocurrido).
Ni la ley civil fondal [Ley 26.994], ni la normativa registral bonaerense [Ley 14.078, Anexo I del Decreto Reglamentario N° 2047/11 y Resolución 1825/15 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires -«Manual de Gestión de Confección de Certificación de Defunción»-] ni la nacional [Ley 26.413] contienen normas que fijen un procedimiento específico para determinar la fecha de una muerte cierta pero de fecha ignorada; tampoco esas leyes prevén criterios o pautas para que el juzgador pueda fijar presuntivamente –en ausencia de elementos de convicción concretos– en qué momento debe considerarse que ocurrió el óbito.
Con motivo de las extraordinarias circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del cónyuge de la actora no es posible contar con un certificado médico expedido en los términos del artículo 94 del Código Civil y Comercial y 92 inc. "f" párrafo tercero de la Ley 14.078, y en el que se consigne –entre otros datos– la fecha de fallecimiento. Tampoco estamos frente a un supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento ordinario o extraordinario en los términos de los artículos 85 y 86 del CCyC, y en el que puedan aplicarse directamente los sistemas de determinación de fecha contemplados en los incisos “a”, “b” y “c” del art. 90 del mismo Código. Menos aún se trata de la hipótesis regulada en el artículo 98 in fine del CCyC, donde se comprueba en forma indirecta un fallecimiento cuando no se ha logrado dar con el cadáver (ello sin contar que, tal como ocurría con el viejo art. 108 in fine del Código de Vélez, tampoco el nuevo código establece una pauta o parámetro para fijar el momento exacto en el que produce la muerte del causante cuyos restos físicos no pudieron ser hallados).
Por ello, teniendo en cuenta la laguna normativa que el caso pone en evidencia, y sin dejar de destacar que no corresponde en autos esbozar hipótesis sobre la causa de la muerte o el momento en el que ésta última probablemente ocurrió (dado que, como dije, a nivel forense esa pesquisa no tuvo resultados fructíferos en la investigación penal), entiendo razonable aplicar por analogía la solución contemplada en el artículo 90 incisos “a” y “d” del CCyC para el supuesto ordinario de ausencia con presunción de fallecimiento. Dicho artículo prescribe que la fecha presuntiva de deceso debe fijarse en el último día de la primera mitad del plazo trienal de ausencia regulado en el art. 85, a contar desde la fecha de la última noticia del ausente. Además, no siendo posible fijar la hora presuntiva de muerte, debe tenerse por sucedida a la expiración del día declarado como presuntivo (art. 6 y 90 inc. “d” del CCyC). Mutatis mutandis, y trasladando por analogía la misma solución al supuesto particular de autos, corresponde: i) establecer el plazo durante el cual Pérez se mantuvo ausente sin que de él se tenga ninguna noticia: esto es, desde el 1/10/2015 –última comunicación– hasta el 24/01/2016 –hallazgo cadavérico– y que suma un total de 115 días, ii) fijar el día presuntivo de muerte de Sergio Gustavo Pérez en el último día de la primera mitad de dicho período temporal, y que corresponde al viernes 27 de noviembre de 2015 (art. 2 y 90 del Código Civil y Comercial); iii) no siendo posible establecer una hora determinada, siguiendo las pautas contenidas en los artículos 6 y 90 inciso “d” del CCyC, el deceso se tendrá por ocurrido a las 23:59 hs. del día precitado.
Por todo lo expuesto, y los alcances previamente enunciados, corresponde hacer lugar al recurso, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda declarando que la fecha presuntiva de la muerte del Sr. Sergio Gustavo Pérez [DNI n°13.069.679] fue el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 23:59 p.m., lo que así deberá ser consignado en el asiento pertinente del Registro de las Personas (arts. 34, 163.5, 322, 330 y cctes. del CPCCBA, 87, 90 segundo párrafo, 91 y 115 de la Ley 14.078 y 2, 85, 86, 90 y cctes. del Código Civil y Comercial).
Tratándose de un proceso de jurisdicción voluntaria, las costas de ambas instancias deben ser abonadas por la actora, no por haber resultado vencedora sino simplemente porque son gastos necesarios provocados en su propio interés; no operan como "condena" ni encuentran su asiento en el art. 68 del C.P.C. (esta Cámara, Sala Tercera, causa n° 145.574, in re “D´Amico, Alejandro H. S/ información sumaria”, del 11/05/2010).
III.4. Para finalizar, creo justo receptar las críticas que efectuó la recurrente sobre el modo en que se ha dado trámite a su pretensión. Este proceso nace sobre la base de un reclamo extracontencioso motivado por una imprecisión registral que generó incertidumbre sobre una situación jurídica en particular, y para cuya solución la legislación bonaerense expresamente requiere la intervención de un juez (art. 115 de la Ley 14.078). Desde sus inicios el trámite tuvo carácter voluntario y no contencioso; no hubo conflicto intersubjetivo de intereses, no hubo contraparte ni resistencia a la pretensión que le dio inicio. Los intereses de la sociedad estuvieron debidamente representados por el Ministerio Público que en forma lacónica –pero a la vez contundente– dictaminó a favor de la peticionaria (art. 29.4 de la Ley 14.442, v. dictamen del 27/09/2018).
En este particular contexto, creo que los magistrados debemos tener la aptitud –y, en alguna medida, también la sensibilidad– como para percibir la tragedia familiar que han tenido que vivir la Sra. Amsler y su letrada patrocinante (que, por cierto, es la hermana del desaparecido Sergio Gustavo Pérez), todo lo cual hubiera permitido realizar los ajustes necesarios que posibiliten una aplicación más razonable y menos ritualista de las normas procesales.
Ello hubiera evitado, además, que el Servicio de Justicia termine exigiéndole a una viuda que continúe el trámite de una causa penal ostensiblemente agotada (sin reparar en el dolor y el costo emocional que eso iba a conllevar para la familia) o que produzca prueba para acreditar el perjuicio que le ocasiona la imprecisión registral que desea subsanar (sin disponer medidas oficiosas de muy sencilla producción tendientes a demostrar aquello que -por una u otra razón- se consideró necesario de ser probado), o señalarle que la vía escogida no fue la correcta para hacer lugar a su reclamo (sin haberla reencausado oportunamente y de manera oficiosa por otra que se hubiere considerado más adecuada y compatible con la jurisdicción voluntaria que regula la pretensión del art. 115 de la Ley 14.078 -v.gr., el trámite genérico y residual de los arts. 823 y sig. del CPCCBA-).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Dolores Amsler, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la pretensión meramente declarativa, fijándose la fecha presuntiva de la muerte del Sr. Sergio Gustavo Pérez [DNI N°13.069.679] en el día viernes 27 de noviembre de 2015 a las 23:59 hs. II) Ordenar la modificación de la inscripción pertinente en el Registro Provincial de las Personas en los términos del art. 115 de La Ley 14.078, a cuyo fin una vez reintegrado el expediente a la instancia de origen deberán librarse los oficios y comunicaciones pertinentes con carácter urgente, habilitando al efecto días y horas inhábiles (art. 153 y cctes. del CPCCBA); III) Diferir la regulación de los honorarios de la Dra. María Guillermina Pérez para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967; IV) Disponer que las costas de ambas instancias motivadas por el presente trámite sean abonadas por la peticionante (art. 34 y cctes. del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sra. María Dolores Amsler, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la pretensión meramente declarativa fijándose como fecha presuntiva de la muerte del Sr. Sergio Gustavo Pérez [DNI N°13.069.679] el día viernes 27 de noviembre de 2015 a las 23:59 hs. II) Ordenar la modificación de la inscripción pertinente en el Registro Provincial de las Personas en los términos del art. 115 de La Ley 14.078, a cuyo fin una vez reintegrado el expediente a la instancia de origen deberán librarse los oficios y comunicaciones pertinentes con carácter urgente, habilitando al efecto días y horas inhábiles (art. 153 y cctes. del CPCCBA); III) Diferir la regulación de los honorarios de la Dra. María Guillermina Pérez para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967; IV) Disponer que las costas de ambas instancias motivadas por el presente trámite sean abonadas por la peticionante (art. 34 y cctes. del CPCCBA). V) Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del CPC). Cumplido, devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J.
LOUSTAUNAU ALEXIS A., FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia