Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 32644-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por Pernord Ricard Argentina S.R.L. y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios con costas (art. 68, primera parte, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
17403/202, “PERNORD RICARD ARGENTINA SRL - TF 32644-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En Buenos Aires, a los 16 días del mes de agostode 2022, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “PERNORD RICARD ARGENTINA SRL –TF 32644-A c/DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. La firma Pernord Ricard Argentina SRL recurrió, en los términos del art. 1132 ap.1º inc. a) del Código Aduanero (en adte. CA), la resolución DE PRLA nº 8001/12, que la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. b) del CA 1, y le exigió el pago de multa y de tributos con relación a la mercadería documentada en el DI 01 001 IC04 006446X.
II. Por pronunciamiento de fs. 50/54vta., la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución: a) modificó el quamtun de la multa, la que redujo al mínimo legal; b) exigió el pago de los tributos más los intereses del art. 794 del CA; y c) distribuyó las costas según sus respectivos vencimientos. Para decidir así, el tribunal consideró que:
a) No era nulo el sumario por no haber sido agregado el despacho de importación, ya que la actora no podía desconocer los hechos: la importación por DI 01 001 IC04 006446X de las máquinas para fabricar champaña al amparo del régimen de la Res. MEyOSP nº 19/99 y modif. Res. 255/00.
1 Art. 965: “El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: …b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe actualizado de los tributos dispensados.”
b) La empresa, luego de la incorporación de la mercadería importada al proceso productivo, no obtuvo el certificado previsto por la normativa aplicable en el plazo establecido (dos años computados a partir de la fecha de la destinación de importación).
Ello así, la importación objeto del beneficio, se oficializó el 11/1/01 y del acta del 9/12/03 (fo. 8 ant. adm.) se demostró que las máquinas no estaban armadas a pesar de que en la planilla obraba la puesta en funcionamiento en marzo 2003.
En consecuencia, como no justificó la imposibilidad del armado y puesta en funcionamiento, se tuvo por configurada la infracción. c) La graduación realizada por la Aduana no brinda detalles de la invocada existencia de antecedentes infraccionales, por lo que correspondería reducir la sanción.
III. Solo apela Pernord Ricard Argentina SRL (fs. 60) y expresa los agravios (de fs. 66/71), que no fueron contestados por la AFIP.
En síntesis, sostuvo que:
a) No hay ninguna evidencia de que hubiera presentado el despacho de importación con la constancia de una vinculación con un Ente Certificador, comprometiéndose a certificar la gestión de calidad de los bienes a producir en el país.
b) La res. 19/99 no la obligaba a la empresa a certificar. Lo único exigible era mantener en su patrimonio la mercadería importada al menos 3 años. No tenía que cumplir con la obligación establecida en el art. 13 de la res. 19/99 ni la del art. 14 de la res. 177/00. Solo con las de los arts. 669 y 672 del CA, lo que cumplió, manteniendo en el patrimonio la mercadería durante al menos 3 años.
c) La nulidad de la condena porque no se agregaron a la causa ni los originales ni las copias de ninguno de los documentos en los que se la fundamenta.
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IV. Así las cosas, corresponde analizar los hechos e imputación endilgada. A tal fin, toca revisar sus antecedentes, en orden a lo que surge de la actuación administrativa nº 12420-1-2005. A las que debe estarse, en tanto no sean contrastadas por prueba en contrario. a) Tuvieron origen en el Acta denuncia del 9/5/05 (fo. 46). Allí, al realizarse la comprobación de destino, se constató la existencia de una Bozaladora marca Robino, una Enjuagadora interna para champaña, y un Monoblock marca Bertolazo, sin haberse completado el armado de la línea de producción, según surge a fos. 1 y 5 del ADGA 2002-419165 DI 01 001 I004 006446 X (informe de fo. 8) e instrucción del sumario de rigor (fo. 52).
b) Finalmente, por res. DE PRLA 8001/12 se condenó a la firma actora por la comisión de la infracción tipificada en el art. 965 del CA (fos. 129/131).
Para ello, en esencia, la Aduana consideró transgredidas las siguientes normas:
El art. 13 de la res. 19/99 (MEyOSP), del texto sustituido por la res. 255/00 (MEyOSP); y los arts. 14 y 21 de la res. 177/00 (MEyOSP).
La res. 19/99 (MEyOSP) estableció el trámite para el régimen de importación de bienes de capital integrantes de los anexos del dec. 998/95, no provistos por la industria nacional, ni producidos en el Mercado Común del Sur, con la reducción de los derechos de importación al 6%.
Fijando, al efecto, insisto, determinadas condiciones.
A tal fin, el art. 13 prescribió una clara obligación para las empresas importadoras: a “…los efectos de acogerse al presente régimen, las empresas importadoras deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación, al momento de solicitar la destinación de importación para consumo, la constancia de una vinculación contractual o precontractual entre la empresa y un Ente Certificador Acreditado, en el que la primera se comprometa luego de la incorporación de los bienes de capital a su proceso productivo, a la obtención de la Certificación de un Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, según norma reconocida por el IRAM – INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN- para los bienes a ser producidos en el país y/o para la prestación de servicios.” (el destacado no es textual).
A su vez, la res. 177/00 (MEyOSP), a los efectos de dar cumplimiento al citado art. 13, obligó a las empresas beneficiarias a presentar ante la Dirección Nacional de Industria, dentro de los 18 meses, prorrogables por 6 meses, a contar de la fecha de la solicitud de destinación para consumo del bien objeto del beneficio, la correspondiente certificación aludida (conf. art. 14).
Condiciones a las que suma el art. 21 de la res. 177/00 (MEyOSP), en tanto estipuló que la mercadería que obtuviera los beneficios en trato en los supuestos de los incisos a) y b) apartado I, del artículo 1º estaría sometida al régimen de comprobación de destino, conforme al artículo 14 de la res. 19/99, por el término de dos años. Período durante el cual debería permanecer en el patrimonio de la empresa beneficiaria, tal como aduce la actora cumplido y reconoce el decisorio recurrido, sin queja de la DGA.
V. En tales condiciones cabe adelantar que los agravios de la actora no pueden prosperar. Varias razones llevan a desestimar las quejas.
En lo fundamental:
A. Por un orden de lógica precedencia, debo tratar, en primer lugar, la nulidad por Pernord opuesta.
Tal planteo debe desecharse, pues, como lo señala el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento, el derecho de defensa de la empresa no se vio conculcado.
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Ello surge de los antecedentes administrativos, de las planillas de estados demostrativos y de las certificaciones contables por la actora acompañadas. Donde consta que siempre estuvo en conocimiento del objeto de la infracción: la importación de la maquinaria amparada bajo el régimen de la res. 19/99 (modif. res. 255/00), esto es: una Bozaladora marca Robino, una Enjuagadora interna para champaña, y un Monoblock marca Bertolazo.
Por ser así, aún cuando no se hayan anexado los originales de los despachos de importación, lo actuado en sede administrativa es válido, pues se encuentran agregadas las impresiones de pantalla del DI (ver fos. 54/60 exp. adm.) obtenidas del Sistema MARIA de la AFIP, y la importadora siempre estuvo en conocimiento de la mercadería en trato.
A lo que adiciona que el letrado de la actora tomó vista de la totalidad de las actuaciones (fo. 98 vta, con fecha 11/5/12); que tuvo la oportunidad de presentar su descargo, de ofrecer y producir pruebas, en el procedimiento administrativo ante la Aduana así como ante el Tribunal Fiscal.
Máxime que:
a) Quien plantea la nulidad de un acto debe señalar los vicios de éste, el perjuicio sufrido y las defensas que se ha visto impedido de oponer, a cuyo fin no basta la mera invocación de que ha sido privado del derecho de defensa en juicio si no indica concretamente de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de aquél (esta sala, causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES”; “Velito Castillo, Luis Antonio c/ EN-DNM” y “Kimberly Clark Argentina SA”, pronunciamientos del 3/2/12; 13/11/14 y 4/6/19).
b) Invalidar lo actuado -como pretende- importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (doc. Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1404; 339:480; 342:624; entre otros; esta Sala I, “Catardo, Emmanuel”, del 4/7/19; Sala II, “Metrópolis Casa de Cambio SA y otro”, del 15/09/11; Sala III, “Cereales del Sur SRL (TF 33256-I)”, del 4/02/14; “Moncho Vicente Rafael”, del 24/5/22, entre otros entre otros).
B. Despejado lo anterior, toca analizar las quejas referidas a la aplicación de las normas del régimen especial.
a) A diferencia de lo que postula y/o parecen postular los agravios, los arts. 669 y 672 del CA no conceden exenciones y/o derechos absolutos, sino sujetos a reglamentación, tal como de su propio texto surge.
Es más, lo que la norma pretende es que, quien obtuvo una ventaja arancelaria con relación a determinada mercadería, cumpla la condición requerida y necesaria para no afectar la finalidad que motivó su otorgamiento.
En el caso, las disposiciones especiales en contrario, a que genéricamente reenvía el propio art. 669 del CA, son las que sustentan tanto la res. DGA parcialmente cuestionada, como la decisión motivo de agravio.
Me refiero, a la res. MEyOSP 19/99 (y modificatoria sustitutiva res. MEyOSP 255/00).
b) En suma, quedó claro el incumplimiento en tiempo y forma de los recaudos exigidos por la reglamentación, lo que por lo demás, no fue negado por la recurrente.
Ello así, habida cuenta que la destinación de importación de autos fue oficializada el 11/1/01 y la mercadería librada a plaza el 17/1/01, momento a partir del cual la actora contaba con un plazo de dos años para el armado e incorporación de la maquinaria al proceso productivo según la res. 19/99. La que, a su vez, solo parece haber sido cuestionada en la aplicación a su parte pero no en legalidad y/o inconstitucionalidad.
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De las actuaciones (el “Estado demostrativo para la Administración Nacional de Aduanas”), surge además, que la máquina se armaría y se pondría en marcha en marzo de 2003. Se anota incluso que “…se estimaba ponerla en marcha en marzo de 2002 pero debido a la situación económica se ha demorado el mismo” (ver fos. 1/2).
Por acta posterior (del 9/12/03) el servicio aduanero y el apoderado de la firma, dejaron constancia de que la mercadería no se encontraba incorporada a los libros por encontrarse en obra, acompañando certificación contable (fos. 8/9, ant. adm.). La importación de los bienes en trato, entró al país sometida a un régimen especial de exención de tributos aduaneros, lo que la anuda al cumplimiento de los requisitos estipulados por la referida res. 19/99 y sus modificatorias.
La actora –aunque asumiendo una postura contraria- no puede válidamente desconocer la reglamentación del régimen que solicitó, obtuvo y conocía.
Prueba clara de ello surge de la propia certificación contable por ella presentada en sede administrativa, donde puede leerse que, no solo conocía la sujeción al régimen de comprobación de destino (res. 5108/80 ANA), sino también la aplicación al caso de la res. 19/99 (ver a fos. 27/29).
Es más, aún si lo anterior no existiera, su letrado apoderado tomó vista y escaneó las actuaciones, donde obran agregadas las resoluciones completas (ver a fos. 61/83).
Es la importadora –y no la Aduana- quien tiene que probar la vinculación contractual o precontractual con un Ente Certificador por la que se compromete a la certificación de un sistema de gestión y aseguramiento de calidad por los bienes a producir en el país. O, en su caso, -como ahora aduce-, que la res. 19/99 no la obligaba a certificar. c) Por último, tal como lo expone el Tribunal Fiscal en la instancia anterior, la empresa importadora no ha justificado (ni siquiera lo intenta) la existencia de alguna causal que demuestre una razón excusable ante la imputación de la Aduana.
Máxime que, sus quejas refieren a que no le serían aplicables ni el art. 13 de la res. 19/99, ni el art. 14 de la res. 177/00, sino el art. 16 que dispensa del cumplimiento de las mentadas normas a las operaciones que superen determinado valor FOB. Argumento que, por lo demás, no posee el debido respaldo que exige su examen. Insisto, la reducción de los derechos de importación extrazona conforman un régimen de excepción que permite la introducción de determinada mercadería en el territorio aduanero, beneficiándose su importador con un privilegio: la exención parcial o total de los tributos correspondientes a una importación regular.
Régimen de privilegio con arreglo al cual, el Estado sujeta a su beneficiario a la observancia de ciertos requisitos. Lo hace para que se cumpla con su finalidad y para impedir la desnaturalización del instituto en sí mismo (mutatis mutandi, esta sala, en “Macario Da Silva, Angélica”, del 12/11/15; “GCI SA”, del 11/12/15; y “Don Roberto SA”, del 24/4/19).
Con claridad y precisión así lo sostiene la CSJ: “Que la regulación de las importaciones que gozan de liberación o menores derechos constituye un régimen de excepción dentro de las normas y prácticas aduaneras (Fallos: 216:642), lo cual justifica los diversos recaudos impuestos para asegurar que los bienes importados cumplan el fin previsto al acordarse la franquicia…en tal sentido, el art. 965 del Código Aduanero impone sanciones al sujeto que no cumpliere con el deber que hubiera condicionado el otorgamiento de una excepción a una prohibición a la importación o exportación, una exención total o parcial de tributos…” (Fallos: 305:1837, “Kerszberg S.A.C.I. y D.”, de fecha 3/11/83).
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En suma, la empresa Pernord Ricard Argentina no logró refutar la imputación relativa al incumplimiento de las condiciones fijadas para conservar el beneficio exentivo, y de este modo, infringió el inc. b) del art. 965 del CA, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación.
VI. Las costas de alzada deben ser impuestas a la actora vencida por no encontrarse mérito para su dispensa (confr. art. 68, primera parte, del CPCCN).
VII. De acuerdo a las consideraciones precedentes, corresponde rechazar el recurso de apelación presentado por Pernord Ricard Argentina S.R.L. e imponer las costas a la actora vencida, pues no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. art. 68, primera parte, del CPCCN).
VIII. Por ello, propongo al Acuerdo: rechazar el recurso de apelación presentado por Pernord Ricard Argentina S.R.L. e imponer las costas a la actora vencida, pues no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. art. 68, primera parte, del CPCCN).
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto precedente.
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
Comparto los fundamentos y la solución que propone la jueza Liliana María Heiland en su voto.
Sin embargo, creo que es conveniente añadir una consideración complementaria.
Es cierto que en las actuaciones administrativas no se encuentran agregadas las constancias del despacho de importación, y también es cierto que el servicio aduanero expresó durante el transcurso del trámite que debía agregarse la “destinación en trato” o, “en su defecto”, una “copia autenticada” (fs. 84) —aspectos que pone de resalto la firma actora en el memorial.
Empero, esa sola circunstancia no es apta para concluir en que el procedimiento administrativo es nulo, si se tiene en cuenta que la parte actora demostró que tenía un conocimiento pleno y una certeza suficiente de la mercadería involucrada y del régimen reglamentario escogido para concretar la operatoria aduanera (en ese sentido, es elocuente el contenido del documento llamado “estado demostrativo para la administración nacional de aduanas” (fs. 1) y del acta confeccionada el 9 de diciembre de 2003 en el que la firma actora manifestó que “la mercadería no se encuentra incorporada… por encontrarse la misma en obra” de fs. 8).
Así voto.
En función del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por Pernord Ricard Argentina S.R.L. y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios con costas (art. 68, primera parte, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Liliana María Heiland Clara María do Pico Rodolfo Eduardo Facio
Fin de la sentencia