Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 20.418-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Fallo N° 603/2004 dictada en el Expediente N° SA 38-03-524, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 37.216,93), en concepto de tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 14/01/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-137239533-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 22 de Diciembre de 2022 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, Expediente N° 20.418-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 12/19 vta. se presenta la firma LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 603/2004 dictada en el expediente SA 38-03-524, mediante la cual se condenó a la firma JUVENAL ARGENTINA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $ 190.985.46 en concepto de tributos, en carácter de garante de la obligación tributaria. Efectúa un relato de los antecedentes de la causa. Manifiesta que carece de legitimación pasiva para ser demandada. Advierte que no desconoce la obligación de garantía de los tributos presuntamente derivados de la operación aduanera documentada, pero que ello lo es a condición de que se cumplan determinados requisitos, que no se han verificado en su totalidad. Entiende que en caso de que el importador se encuentre en concurso o quiebra, el Fisco debe verificar su crédito y una vez acreditada su existencia y monto, recién dirigir su acción contra su representada. Indica que la aseguradora no es liso, llano y principal pagador de los tributos como lo supone la DGA. Sostiene que solo debe responder en forma subsidiaria, en el supuesto que el importador temporal resulte responsable de la infracción imputada, con fallo firme como título ejecutivo y siempre y cuando éste no haga frente a la obligación tributaria y se hayan cumplido los procedimientos legales establecidos en el C.A. Se agravia respecto de la multa y precisa que la pretensión aduanera de exigirle su pago resultaría improcedente. Cita el art. 453 del C.A. y arguye que en ningún momento se incluye la posibilidad de garantizar multas. Cuestiona la exigencia del 30% de derecho adicional previsto en la Resolución N° 72/92, por no encontrarse dicho concepto cubierto por las garantías otorgadas habitualmente. Explica que ese adicional no gravaba las mercaderías importadas temporariamente, si éstas hubieran sido importadas originariamente para consumo. Esgrime que también debería modificarse el importe correspondiente al IVA, al impuesto a las ganancias y todo otro gravamen calculado en exceso por su inclusión en la base imponible del derecho adicional. Plantea la improcedencia del cómputo de los intereses desde la fecha de mora del deudor principal y se refiere a la aplicación de la ley 23.905. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que revoque la resolución aduanera, con costas.
II. Que a fs. 38/42 la demandada contesta el recurso y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. En primer lugar niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Expone que la garantía contenida en la póliza se presta a requerimiento de la firma importadora, constituyendo la aseguradora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. Analiza que través de la póliza mencionada, la actora aseguró por lo que resultara obligada a pagar la firma importadora como consecuencia de la destinación temporaria mencionada, quedando constituido el garante en mora de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de ninguna otra intimación judicial o extrajudicial, considerándose los plazos perentorios. Aduce que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo y con aplicación del régimen tributario vigente en la documental en trato; por ende, la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Describe que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. Apunta que el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, habiéndose configurado en consecuencia, el siniestro que le autoriza a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Introduce que la garantía en trato ha sido constituida de conformidad con lo dispuesto por el art. 453 del C.A. Expresa que el derecho adicional resulta aplicable tanto a los supuestos de importaciones a consumo regulares como a los irregulares y que corresponde la tributación del IVA. Invoca que corresponde adicionar los intereses previstos en el art. 794 del C.A., circunstancia que ha sido establecida en la propia póliza. Por último, aclara que a la garante no se le ha reclamado suma alguna en concepto de multa. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 70 se declara la causa de puro derecho, a fs. 82 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 83 se pasan a sentencia.
IV. Que el expediente administrativo N° SA 38-03-524 se inicia con la Nota N° 812/05 (REGS MEND) que informa que el DIT N° 01 038 IT15 000201 U documentado por la firma JUVENAL ARGENTINA S.A., cuyo vencimiento operó el 09/09/2003, no registra cancelación total, por lo que corresponde elevar denuncia por infracción al art. 970 del C.A. A fs. 2 se glosa la carpeta del DIT referenciado con su documentación complementaria. A fs. 3 se produce el aforo de la mercadería, la liquidación de tributos y se determina el monto de la multa. A fs. 4 y 5 obran respectivamente, print de pantalla de constitución de garantías globales o unitarias y copia certificada de la póliza de caución N° 16.716. A fs. 7/8, el 17/11/2003 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. por infracción al art. 970 del C.A. A fs. 9, el 18/11/2003 se corre vista a la importadora en los términos del art. 1101 del C.A. y se cita a LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. en carácter de garante de la firma imputada. La aseguradora y la importadora se notificaron el 26/12/2003 y el 07/02/2004, respectivamente (fs. 14 y 15). A fs. 16 la importadora contesta la vista y acompaña documental. A continuación se agrega la Actuación ADGA 2004-400197. A fs. 29/31 la garante formula descargo. A fs. 39 se tiene por presentadas a la importadora y a la garante y se provee la prueba ofrecida. A fs. 46/61 el servicio aduanero agrega copias certificadas de permisos de embarque. A fs. 62 la Sección Registro informa la cancelación parcial unidades y el saldo sin reexportar. A fs. 63/65 se efectúa una nueva valoración del saldo no exportado y se determinan los tributos y multa. A fs. 66 se cierra el periodo de prueba y se ponen los autos para alegar. A fs. 72/73 se emite Dictamen N° 571/2004. A fs. 74/77 se dicta la Resolución Fallo N° 603/2004 que se notifica a importadora y a la garante el 23/11/2004 (fs. 86/87). A fs. 89/90 la aquí recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que de la compulsa de los antecedentes administrativos resulta que la firma JUVENAL ARGENTINA S.A, realizó mediante el DIT N° 01 038 IT15 000201 U, registrado ante la Aduana de Mendoza el 19/09/2001 la importación temporaria de mercadería con vencimiento del plazo de permanencia el 09/09/2003, dando garantía por los tributos (liquidados en el aludido DIT) que en el momento del referido registro habrían gravado la importación para consumo de la mercadería, garantía extendida mediante la póliza de seguro de caución N° 16.716 emitida por la firma La Perseverancia Seguros S.A. en fecha 17/09/2001 por la suma de dólares estadounidenses (U$S) 65.000 (ver la documentación del referido DIT y la copia certificada de la póliza de caución en cuestión, obrantes a fs. 2 y 5, respectivamente de las act. adm.).
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a la firma importadora -mediante la resolución aduanera aquí apelada- al pago de una multa, y asimismo, por el mismo hecho se condenó a la importadora y a la aseguradora recurrente al pago de los tributos por la importación para consumo de la mercadería de dichos DIT. Que para así resolver, el servicio aduanero consideró que -de conformidad con la denuncia de fs. 1 de las actuaciones administrativas- se encontraba en infracción la mercadería ingresada temporalmente a través de los DIT en cuestión, en razón de que la firma importadora no acreditó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, ya sea reexportando o nacionalizando la mercadería involucrada en autos. A fs. 16 la firma imputada contestó la vista y a fs. 29/31 vta., la firma aseguradora formuló su descargo. A fs. 62 la Sección Registros informó la cancelación parcial del despacho y a fs. 65 se practicó la reliquidación de los tributos, que fueron exigidos en la resolución aduanera. Que en ese orden de ideas, no surge del trámite del expediente administrativo la cancelación del saldo sin reexportar determinado a fs. 62.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “ no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria ”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que la referida carga de la prueba de los beneficiarios del régimen se manifiesta en la obligación de solicitar la cancelación de las importaciones temporales, dando a conocer mediante una declaración adecuada los permisos de embarque por los que la mercadería ha sido reexportada, y/o las destinaciones de importación por las cuales se hubiera nacionalizado -total o parcialmente- la mercadería importada temporalmente, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que en el caso de autos, la actora no ofreció prueba en esta instancia a fin de acreditar la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el citado D.I.T. Consecuentemente, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.).
Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
VII. Que la cuestión debatida en la especie deviene de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, corresponde considerar a la mentada aseguradora como un fiador (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor. Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de las pólizas el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. No existe beneficio de excusión alguno para el Asegurador.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de las pólizas (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor. Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
VIII. Que por otro lado, el concurso o quiebra del importador no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en el concurso o quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez del concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
Que puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor (en el caso la Dirección General de Aduanas), la obligación de verificar su crédito en el concurso o quiebra del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma Aseguradora.
En otras palabras, una buena razón, que pudo tener en cuenta el legislador, para exigir una garantía y así tener un garante solvente, con el objeto de cobrar la deuda garantizada, es cubrir la posibilidad -que en el caso de autos se dio- de que el deudor principal sea insolvente y/o quiebre o se concurse preventivamente.
En suma, dada la responsabilidad de la actora aseguradora, desde el punto de vista de su responsabilidad frente a la aduana como garante de la obligación tributaria de la importadora, y también desde el punto de vista de la producción del siniestro dados el carácter de aseguradora de aquélla y el riesgo asegurado, tal responsabilidad es tal sin que ninguna relevancia pueda tener, ni ningún obstáculo pueda constituir, para efectivizar la aduana el cobro de los tributos a la actora, el concurso o quiebra de la firma importadora.
Por lo demás, de cualquier modo, todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o la exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos.
La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria -o de su improcedencia-, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente. En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9/04/1987 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sent. del 2/06/2003, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”. Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sent. del 4/07/2003, yendo aún más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso.
Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
IX. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada a la actora. Que en relación al derecho adicional, motivo de agravio en el recurso de apelación de autos, corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912- A) c/ DGA” que remite a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Allí se estableció que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que por lo tanto, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo que concierne a los rubros IVA Adicional e impuesto a las ganancias debe aplicarse al caso de autos la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “CLADD ITA SA c/ EN DGA resol. 2590/06 (604155/01) s/DGA” (TF 22.343 A), sentencia del 26/11/2019, donde se expidió respecto de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, considerando que “… a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos…”
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).”. En el citado precedente, se concluye que “…cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”. Que en tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
X. Que, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación practicada a fs. 65 de las act. adm. En el caso de autos, el servicio aduanero pesificó los tributos al tipo de cambio vigente al vencimiento del DIT y reclamó los tributos en moneda nacional.
LIQUIDACION DIT N° 01 038 IT15 000201 U RUBROS % TRIBUTOS VALOR EN ADUANA 58.592,08 DERECHOS IMPORTACION 0% 0,00 TASA DE ESTADISTICA 0,50% 292,96 BASE IMPONIBLE IVA 58.885,04 IVA 21,00% 12.365,86 TOTAL 12.658,82 CONVERSION A PESOS AL TIPO DE CAMBIO 09/09/2003 2,94 37.216,93
XI. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza (U$S 65.000), en la relación U$S 1 = $ 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto).
XII. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan. Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 (disposiciones sobre la fianza supletoriamente aplicable al caso), el tope hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios, aún si con ellos se excediese dicha suma. Lo dicho, se recalca, cualquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes. Que el importe nominal de los tributos $ 37.216,93 determinado en el Considerando X.- queda comprendido dentro del límite garantizado (U$S 65.000), a razón $ 65.000 con más el CER; por lo que es por ese importe que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XIII. Que en lo atinente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal.
En el caso de autos, la aseguradora fue citada el 26/12/2003 (fs. 14 de las act. adm), es decir con anterioridad a la fecha de notificación a la firma importadora que fue practicada en fecha 07/02/2004 (fs. 15 de las act. adm.). Por lo tanto los intereses corren, en el caso, desde el 14/01/2004 (art. 794 del C.A.).
XIV. Que, con respecto al agravio referido a que la suma asegurada no incluye eventuales sanciones pecuniarias, no corresponde tratar el mismo al no haberse reclamado por la Aduana a la aquí recurrente, multa alguna.
XV. Que en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera, en relación a los rubros tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados desde el 14/01/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.); y revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo N° 603/2004 dictada en el Expediente N° SA 38-03-524, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 37.216,93), en concepto de tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 14/01/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo N° 603/2004 dictada en el Expediente N° SA 38-03-524, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 37.216,93), en concepto de tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 14/01/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Revocar la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (conf. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2022.12.21 12:39:09 ART Date: 2022.12.22 01:19:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.22 01:19:22 -03:00
Fin de la sentencia