Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 27.454-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9029/2009, en los términos del art. 970 del C.A. con relación a la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación nº 00 073 IT14 000184E y revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y ganancias.
2Declarar que la PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintiocho mil novecientos setenta y nueve con noventa y ocho centavos ($ 28.979,98.-) en concepto de tributos con más el CER que corresponda a la fecha del efectivo pago. Ello, con más los intereses del art. 794 devengados desde el 18.03.09 -fecha de notificación a la firma importadora- hasta la total y efectiva cancelación de la deuda.
3Costas conforme los mutuos vencimientos.
4Tener al Dr. Germán G. Weckesser por presentado, por parte y por constituido el domicilio físico y el electrónico en la CUIT 20-35169262-7.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-72318407-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 14 de Julio de 2022 En el día de la fecha, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Cora M. Musso (el Dr. Héctor Hugo Juárez se encuentra en uso de licencia), con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. Nº 27.454-A;
El Dr. Soria dijo:
I. Que a fs. 15/25 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9029/2009, dictada en la actuación N° 12035-625-2005 (Expte-ADGA-601963-2003), en cuanto condena a la firma importadora FIORENTINI ARGENTINA S.A. por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de multa y de tributos, éstos últimos, conjuntamente con LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A., con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A. Se refiere a la procedencia del recurso y a la oportunidad de su presentación ante esta instancia en los términos del art. 1132, ap. 2 del C.A. Cita jurisprudencia que habilita a la aseguradora para interponer ante el Tribunal Fiscal todas las excepciones propias como las del deudor principal.
Agrega que la aseguradora garantizó en forma exclusiva los tributos, por lo que debe responder únicamente por éstos y hasta la concurrencia de la suma máxima garantizada. Afirma que su responsabilidad no se extiende a los derechos adicionales que pudieran corresponderle al importador y que la exigencia de estos es consecuencia de un decreto que considera inconstitucional. Impugna la alícuota del derecho adicional por ser superior al 35% ad valorem establecido por la República Argentina en la lista XLIV negociada en el GATT, aprobada por la ley 24.425. Plantea la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del régimen establecido mediante el art. 15 de la Resolución nº 72/92, puesto que afirma que mediante la misma el Ministerio de Economía creó un tributo, siendo ésta una facultad exclusiva del Congreso de la Nación y cita jurisprudencia.
Afirma que la pretensión aduanera respecto de las multas resulta improcedente por no ser objeto de la garantía. Se agravia, asimismo, de que no se ha discriminado correctamente la fecha a partir de la cual se deben aplicar los intereses. Sostiene que la aseguradora no debe responder por la mora del importador y aclara que aquellos deben ser calculados a partir del décimo día hábil a contar desde la notificación fehaciente del reclamo por parte de la aduana. Agrega que tampoco se han discriminado correctamente los rubros de la cobertura de la póliza. Sostiene que la resolución aduanera resulta nula y arbitraria por cuanto omitió considerar los medios de prueba propuestos por su parte. Se opone a la exigencia aduanera respecto del anticipo del impuesto a las ganancias, atento a que la garantía cubre exclusivamente los tributos que debería pagar el importador para el caso de que no reexportara los insumos industrializados en tiempo y forma y por el límite del compromiso asumido en la póliza, no así por los impuestos originados en la comercialización en el mercado interno de la misma, por lo que solicita que se revoque el cargo en este sentido.
Afirma que el servicio aduanero no tomó en cuenta las exportaciones realizadas por la importadora por no contar con el CTC correspondiente. Explica que la Secretaría de Industria es quien debe enviar dicha documentación a la DGA y ésta debe comunicarlo a todas las aduanas del país y en las circulares internas que deben ser archivadas. Cita el art. 14 del Decreto nº 1439/96 y con relación a la falta de los permisos de embarque por haber superado el plazo de conservación, se debe aplicar el principio de “in dubio pro reo”. Solicita que se declare la inconstitucionalidad e inaplicablilidad de las pautas de ajuste dispuestas por la ley 25.561 y el Decreto nº 214/02 toda vez que las obligaciones de la aseguradora se han acordado, originado y ejecutado en la Argentina en virtud de una póliza de caución, la cual -a su criterio- no se encuentra alcanzada por las excepciones al régimen de pesificación citado.
En virtud de ello, señala que el valor nominal reclamado (paridad U$S 1= $1) lo es sin la aplicación del CER. Concluye que resulta inconstitucional e inoponible a su mandante la pretensión de aplicar el reajuste por CER atento a que la deuda se reclamó en pesos. Ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se deje sin efecto el cargo con expresa imposición de costas.
II. Que, corrido el pertinente traslado, la representación fiscal lo contesta a fs. 38/45. Luego de la negativa genérica de rigor, sostiene que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecución inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador. Cita jurisprudencia. Agrega que la aseguradora se obliga en virtud de las pólizas como un “fiador solidario” y que de las constancias de autos surge que el importador no habría cumplido con las obligaciones a su cargo. Afirma que, ante el incumplimiento de la firma importadora, la aduana tiene derecho a exigir su cumplimiento, atento a que la garantía contenida en la póliza constituye a la aseguradora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora.
Señala que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae en la importadora, que es quien debe demostrar en forma fehaciente el cabal cumplimiento dentro del plazo legal. Se refiere al régimen establecido por el Decreto nº 1439/96 que derogó la Resolución nº 72/92 y a la procedencia del derecho adicional. Cita el art. 23 y los considerandos del mencionado decreto. En cuanto al CER sostiene que a la fecha de la sanción del Decreto nº 214/02, las obligaciones derivadas de la póliza estaban vigentes y no cumplidas, por lo que corresponde la aplicación de dicho coeficiente. Transcribe el art. 8º y sostiene que, de acuerdo con las condiciones generales y particulares de la póliza, la suma se pactó en dólares estadounidenses.
Cita el art. 4º de la Resolución AFIP nº 1528/03 referido a las garantías expresadas en dólares estadounidenses con anterioridad a la fecha de sanción del Decreto nº 214/02. Explica que, si bien los tributos fueron reclamados en pesos en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905 y la ley 23.928, ello no implica que la aduana los haya pesificado ni que los arts. 4º y 8º del Decreto nº 214/02 resulten inaplicables. Con relación a la percepción de ganancias, señala que, ante el incumplimiento del importador, el servicio aduanero aplicó la normativa vigente. Hace referencia al principio de legalidad de la tributación establecido por los arts. 4, 17 y 19 de la C.N. y la facultad del Congreso de la Nación para crear los tributos necesarios para la existencia del Estado.
Afirma que la RG (DGI) nº 3543/92, de conformidad con el art. 3º del Decreto nº 1076, faculta a la DGA a intervenir con carácter de retención y/o percepción del impuesto a las ganancias. Señala que los intereses, de conformidad con el art. 794 del C.A., se computan desde el undécimo día hábil de la notificación al deudor principal, por lo tanto, la aseguradora debe los intereses correspondientes a la mora de aquel y cita jurisprudencia. Concluye que la aseguradora debe responder en los términos del art. 970 del C.A., por los tributos garantizados con más sus intereses, CER, adicional y ganancias, excepto la multa que nunca le fue requerida. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que la actuación nº 12035-625-2005 (ADGA-2003-601963) se inicia a fs. 1 con el acta-denuncia nº 12/03 por la presunta infracción del art. 970 del CA, respecto de la mercadería importada en forma temporal mediante la destinación nº 00 073 IT14 000184E, con vencimiento de fecha 28.01.01 y cuya carpeta obra a fs. 3. A fs. 4/5 se intima a importadora a informar la situación de la mercadería amparada en la citada destinación. A fs. 7 obra el aforo de la mercadería y a fs. 8 se practica la liquidación de tributos. A fs. 14 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 15 obra la liquidación de multa y de tributos. A fs. 18 el letrado de la firma importadora solicita la extracción de fotocopias, lo que se provee a fs. 19. A fs. 20/28 y vta. el letrado de la actora acompaña documentación que acreditaría la reexportación total de la mercadería. Atento a lo solicitado a fs 30, mediante la Nota nº 14563/06 SE PTEZ la Sección Procedimientos Técnicos de Ezeiza manifiesta a fs. 31 la imposibilidad de constatar la reexportación por la falta del CTC. A fs. 32 la Secretaría de Actuación nº 1 intima a la importadora a que acompañe el CTC correspondiente a la destinación. A fs. 33 el recurrente contesta la intimación y manifiesta que no cuenta con el CTC solicitado. A fs. 34ref./35 obra la impresión de pantalla correspondiente al Sistema Registral Tributario de la AFIP. A fs. 36 se agrega el identificador de la garantía nº 00 073 001304A. A fs. 37 se corre vista a la importadora Fiorentini Argentina S.A. y a La Perseverancia Seguros S.A., quienes se notifican el 18.03.09 (fs. 52 ref. y vta.) y el 20.03.09 (fs. 51ref. y vta.), respectivamente. A fs. 41 y vta. el letrado de la aseguradora solicita la extracción de fotocopias y a fs. 44/50ref. contesta la vista. Mediante la actuación nº 13289-7677-2009 el letrado de la aseguradora informa que dejó de ejercer la presidencia de la firma importadora. A fs. 58/60 obran las impresiones de pantalla correspondientes a la consulta de la declaración y de empresas activas. A fs. 61 se tiene por presentado al letrado de la aseguradora y se desestima la prueba ofrecida. A fs. 67 se declara la rebeldía de la firma importadora. A fs. 69/70 obran las impresiones de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 71/80 se dicta la Resolución DE PRLA nº 9029/2009, apelada en autos. Mediante la actuación nº 13289-4718-2010 la aseguradora acompaña el F4 de apelación ante este Tribunal.
IV. Que a fs. 46 se abre la causa a prueba. A fs. 47 la aseguradora desiste del oficio dirigido a la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. A fs. 48/51, 59/66 y 71 ref. obran las respuestas de la AFIP, la DGA y el despachante de aduana, respectivamente. A fs. 76 la actora solicita que se libre nuevo oficio a la empresa en la cual trabajaba el despachante de aduana, lo cual se provee a fs. 79. A fs. 81 la recurrente desiste de dicha prueba. A fs. 83/84 la actora acompaña copia de la IG nº 7/2010. A fs. 99 obra la respuesta del oficio reiteratorio dirigido al despachante de aduana. A fs. 105 se intima a la recurrente a constituir domicilio electrónico y se tiene por constituído el del Fisco. A fs.117 se declara cerrado el período probatorio en la presente causa. A fs. 121 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 122 se ponen para alegar. A fs. 128/130 y vta. obra el alegato del Fisco. La actora no alegó. A fs. 133 pasan los autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos reclamados a la firma importadora FIORENTINI ARGENTINA S.A., éstos últimos juntamente con la aseguradora LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A.- respecto de la destinación nº 00 073 IT14 000184E, oficializada ante la Aduana de Ezeiza el 3.02.00.
Que acaecido el vencimiento del plazo de permanencia con fecha 28.01.01, según el acta denuncia de fs. 1 de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 970 del C.A., por considerar que la importadora no habría cumplido con las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria.
Que luego de la compulsa de la documental obrante en las actuaciones, en la Nota nº 014563/06 (SE PRTEZ) de fs. 31, la Sección Procedimientos Técnicos de la aduana de Ezeiza informó que “... no se puede constatar la eventual reexportación de los insumos importados temporalmente, debiéndose contar necesariamente con el correspondiente CTC definitivo”, motivo por el cual la DGA consideró configurada la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios de este es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto. Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VII. Que, cabe destacar, que las destinaciones involucradas en autos fueron documentadas en los términos del Decreto nº 1439/96 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo con este régimen no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que la Resolución ANA nº 479/95, vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el Decreto nº 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo con las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...) ”.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de este, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que, asimismo, de acuerdo con lo previsto por el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92, en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería que se exporta e indica expresamente su posición arancelaria.
Que de ello se desprende que la relación insumo/producto establecido en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que se detalla en el mismo. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. art. 14 del Dto. 1439/96).
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
VIII. Que teniendo en consideración la normativa antes reseñada y las constancias de autos, resulta que la firma FIORENTINI ARGENTINA S.A. importó en forma temporaria en el ítem 1 de la destinación nº 00 073 IT14 000184E, 6 unidades clasificadas en la p.a. 8481.80.99.000Z “Los demás Los demás- Los demás artículos de grifería y órganos similares ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ORGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION Y LAS VALVULAS TERMOSTATICAS”, cuya reexportación se efectuó mediante el p.e. n° 00 001 EC03 005013Y oficializado el 9.03.00 ante la aduana de Buenos Aires.
Que, a los fines de acreditar la descarga de los insumos, la firma importadora acompaña la declaración obrante en el mencionado permiso de embarque (fs. 22) y la solicitud del CTC n° 061-002664/00 (fs. 25/27) que se detalla en el cuadro a continuación:
Que según resulta del cuadro precedente, si bien la solicitud de CTC nº 061-002664/00 se refiere a la posición arancelaria de los insumos importados (8481.80.99) y a la descripción de estos como “VALVULAS”, cabe señalar que ni la mencionada solicitud ni la declaración de insumos de fs. 22 de las actuaciones administrativas, identifican en forma específica los modelos importados (AB VF99160229, AB VF99160329, AB VF99161629, AB VF99162529 y AB VF99162629). Por otro lado, no consta la emisión del CTC definitivo atento a que la aseguradora desistió a fs. 47 de autos, del oficio dirigido a la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación a fin de requerir el mismo.
Que la falta de tipificación de los insumos importados en la solicitud de CTC y en la descarga efectuada en el permiso de embarque, impide determinar la relación insumo/producto a fin de tener por reexportada la mercadería en los términos del Decreto nº 1439/96 y la Res. ANA nº 479/95. En consecuencia, corresponde tener por configurada la infracción del art. 970 del C.A. con relación a la mercadería importada mediante la destinación nº 00 073 IT14 000184E.
IX. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde resolver respecto de los agravios vertidos por la aseguradora con relación a la liquidación tributaria.
Que la actora en su escrito de apelación afirma que su responsabilidad se limita únicamente al pago de los tributos que gravan la importación para consumo, todo ello hasta el monto máximo asegurado, excluyendo así el pago del derecho adicional previsto por la Res. nº 72/92. Asimismo, se agravia de la inclusión de la percepción de ganancias, respecto de la cual la aduana actúa como agente de percepción.
Que, con respecto al primer agravio, corresponde aplicar con relación al derecho adicional establecido por el Decreto nº 1439/96 -al amparo de la cual se registró la DIT- el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en el fallo “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A) c/ A.N.A” y, en consecuencia, no incluir dicho adicional al monto reclamado en concepto de tributos. Que, en segundo lugar, respecto del agravio referido al pago del anticipo de impuesto a las ganancias, cabe señalar que en virtud de lo resuelto por la CSJN en la casua “CLADD ITA S.A. (T.F. 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las percepciones de IVA adicional y de ganancias.
X. Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde modificar la liquidación de los tributos de fs. 15 de las actuaciones administrativas, excluyendo el derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y de ganancias: Item 1:
V.A. 6 unidades importadas = $ 76.382,91.-
XII. Que habiendo quedado determinada la exigencia tributaria, corresponde referirse a los agravios de la aseguradora respecto de la pretensión del Fisco de aplicar el CER a los tributos y del cómputo de los intereses sobre aquellos. Que, con respecto al CER, cabe señalar que el art. 1° del decreto nº 214/02 dispuso la transformación en pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero que, existiendo a la fecha de la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario -6.01.2002-, estuvieran expresadas en dólares estadounidenses y no se encontraren ya convertidas a pesos.
Que el art. 8º del decreto 214/02 dispone que “las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un dólar estadounidense (u$s 1) = un peso ($1).”
Que el art. 4º del mencionado decreto establece la aplicación de un Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Que la obligación tributaria que nos ocupa nació el 28.01.01 (vencimiento del DIT), es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 y el Decreto nº 214/02.
Que con fecha 30.09.05, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto nº 214/02, se instruye el sumario y se ordena practicar la liquidación de los tributos que obra agregada a fs. 15. En dicha liquidación, se determinan los tributos en pesos con expresa reserva de aplicar el CER a la fecha del pago. Asimismo, la corrida de vista de fs. 37 también indica los tributos en moneda nacional, con la misma reserva de ajuste por CER.
Que, por lo expuesto, la primera vez que la deuda fue expresada en pesos ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto haciendo la reserva expresa de aplicar el CER, ello así por cuanto la conversión de la deuda a razón de $1 con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la CSJN in re “S.A. Cinematográfica c/ Bentivogli e Hijos S.R.L.”, sentencia del 17/04/07, en el sentido de que el CER es inescindible del capital adeudado. Por ello, devienen aplicables los artículos 4 y 8 del Decreto 214/02.
XII. Que, con respecto al cómputo de los intereses, cabe señalar que es pacífica la jurisprudencia que dispone que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir, la importadora (conf. arts. 1578 y 1580 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994), lo que así corresponde cuando la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante. También como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. Es decir, que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se devengan con anterioridad a los intereses del deudor principal.
Que atento a que la aseguradora se notificó el 20.03.09 (fs. 51ref. y vta. de las act. adm.), es decir, con posterioridad a la tomadora, quien se notificó el 18.03.09 (fs. 52 ref. y vta.), aquella debe los intereses por la mora de la firma importadora. Que, en conclusión, la responsabilidad de la aseguradora en virtud del seguro de caución se extiende hasta monto máximo garantizado con más los accesorios que correspondan (U$D 78.000.- según la póliza 9396 de fs. 64 de autos).
XIII. Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9029/2009, en los términos del art. 970 del C.A. con relación a la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación nº 00 073 IT14 000184E y revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y ganancias.
2. Declarar que la PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintiocho mil novecientos setenta y nueve con noventa y ocho centavos ($ 28.979,98.-) en concepto de tributos con más el CER que corresponda a la fecha del efectivo pago. Ello, con más los intereses del art. 794 devengados desde el 18.03.09 -fecha de notificación a la firma importadora- hasta la total y efectiva cancelación de la deuda.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos.
4. Tener al Dr. Germán G. Weckesser por presentado, por parte y por constituido el domicilio físico y el electrónico en la CUIT 20-35169262-7.
La Dra. Musso dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud de la votación que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9029/2009, en los términos del art. 970 del C.A. con relación a la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación nº 00 073 IT14 000184E y revocar la exigencia del derecho adicional y de las percepciones de IVA adicional y ganancias.
2. Declarar que la PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de pesos veintiocho mil novecientos setenta y nueve con noventa y ocho centavos ($ 28.979,98.-) en concepto de tributos con más el CER que corresponda a la fecha del efectivo pago. Ello, con más los intereses del art. 794 devengados desde el 18.03.09 -fecha de notificación a la firma importadora- hasta la total y efectiva cancelación de la deuda.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos.
4. Tener al Dr. Germán G. Weckesser por presentado, por parte y por constituido el domicilio físico y el electrónico en la CUIT 20-35169262-7.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Musso por encontrarse el Dr. Juárez en uso de licencia (art. 1162 del CA y 59 del RPTFN).
Date: 2022.07.14 12:46:53 -03:00 Date: 2022.07.14 13:04:31 -03:00 Cora Marcela Musso Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.07.14 13:04:31 -03:00
Fin de la sentencia