Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12039-1065-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 00 001 IT15 001905 V.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-131690301-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 4 de Noviembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.657-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 7435/12, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 24/10/2012, en la actuación SIGEA Nº 12039-1065-2008, en cuanto por su artículo 3º se le formula cargo en concepto de tributos adeudados a la firma LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A., en su calidad de garante de la importadora MULTITUBULAR S.A. por la suma de $ 292.107,02 con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 9/15 se presenta por apoderado LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, se expide en relación a la procedencia del recurso. A continuación, desarrolla sus agravios. Al respecto, cuestiona la liquidación formulada y sostiene que no corresponde la inclusión de derechos adicionales ni multas dentro del monto asegurado. Cita jurisprudencia. Cuestiona asimismo la procedencia del reclamo de aquellos impuestos internos (IVA adicional, Derecho Adicional y Anticipo de Impuesto a las Ganancias) que tienen sustento en la presunción de comercialización de la mercadería no reexportada. Sostiene que el deber de responder debe extenderse únicamente hasta el límite de la póliza. Arguye que no debe ser responsabilizado por la mora del importador, en cuanto al cómputo de los intereses. Entiende que ha sido vulnerado el derecho de defensa, toda vez que el servicio aduanero no ha hecho lugar a las pruebas oportunamente ofrecidas. Asevera que la Ley N° 25.561 no resulta aplicable en cuanto a las pautas de ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: A fs. 25/30 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la recurrente que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Defiende la procedencia del derecho adicional, el que interpreta es aplicable a las importaciones “regulares” como “irregulares”, y disiente con la aplicación del caso “Frisher” de la CSJN. En relación a los intereses, opina que es pacífica jurisprudencia que el garante responde por los intereses del deudor principal, cuando su mora es anterior a la de aquel. Niega que haya existido afectación al derecho de defensa, dado que se hizo lugar a la producción de las pruebas ofrecidas. Entiende que los rubros correspondientes a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias fueron correctamente incluidos en la liquidación. Explica que resultan de aplicación las disposiciones del Dictado 214/02, con independencia de la fecha eventual de realización del hecho imponible. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12039-1065-2008 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 215/03. A fs. 6 se agrega el sobre contenedor del despacho de importación N° 00 001 IT15 001905 V. A fs. 7 vta. obra el aforo de la mercadería y a fs. 8 la liquidación por tributos. A fs. 11 se dispone la instrucción de sumario, en fecha 06/12/2007. A fs. 12 se agrega nueva liquidación por multa y tributos. A fs. 14/15 luce impresión de pantalla de la garantía N° 00001030349C vinculada a la operación en trato. A fs. 16 y vta. se dispone correr vista de todo lo actuado (notificaciones obrantes a fs. 28 y 29 vta.). A fs. 23 se adjunta constancia de la solicitud de verificación del crédito por parte de la Aduana en la quiebra de la importadora. A fs. 34/40 se presenta la actora y presenta descargo. A fs. 48/51 se acompaña la resolución apelada y las cédulas de notificación a fs. 54/55. A fs. 56 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 57).
V. Que a fs. 31, en fecha 21/10/2015, se abre la causa a prueba. A fs. 48 se tuvo por desistida a la actora de la prueba informativa ordenada en la apertura referida.
VI. Que en fecha 30/10/2023, atento al desistimiento aludido, se dispone que no amerita que se pongan autos para alegar y se elevan los autos a la Sala “G”. Finalmente, en fecha 01/11/2023 pasan a sentencia.
VII. Que corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el cargo formulado en la resolución aquí apelada, a la firma LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A., como garante de la obligación tributaria de la firma importadora MULTITUBULAR S.A. respecto de la destinación de importación temporaria N° 00 001 IT15 001905 V.
VIII. Que sin perjuicio de que la prescripción no forma parte del elenco de los agravios esgrimidos por la recurrente, corresponde su tratamiento de oficio, toda vez que nos encontramos frente a una cuestión de orden público, que se produce de pleno derecho.
De ello se desprende que, frente a su acaecimiento, el Juez deba declararla de oficio. Así lo ha entendido el Más Alto Tribunal en consolidada doctrina (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 322:360, disidencias de los jueces Fayt, Bossert, Petracchi y Boggiano y 323:1785; 342:1028, entre otros), sin que ello implique vulneración al derecho de defensa. Cabe destacar que sin perjuicio de la jurisprudencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que sostiene una postura contraria (“Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.- TF 31744-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 1 de septiembre de 2022, “Aseguradora de créditos y garantías S.A. (TF 21603-A) c/ DGA”, del 24/10/2008, “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero SA TF 25387-A y otro c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2 de marzo de 2017) entiendo que la mentada declaración de oficio no equivale al dictado de una resolución “extra petita”.
Que es claro que el principio de congruencia tiene su correlación con el de iura novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: “El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit.” (Fallos 337:1142)
En efecto, los principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, al declarar la prescripción como en el caso de autos, no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica.
En materia de prescripción, así como también en lo relativo a temas sustanciales que traducen el control de legalidad sobre el procedimiento-como por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A. –no se trata de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos-como sucede con la prescripción-que operan de pleno derecho, más allá de ser o no alegados. Que no debe confundirse el “objeto del proceso” conformado por el hecho materia de litigio con el “procedimiento”, esto es la suma de disposiciones que obligan a utilizar parámetros comunes tales como las nulidades absolutas y los plazos prescriptivos.
En efecto, el procedimiento es el que rige la “forma” en que deben actuar el instructor y los juzgadores velando por el principio constitucional del debido proceso, en un escenario armónico en todas las instancias.
Pongamos como ejemplo que la Resolución apelada careciera de fecha o firma del sentenciante y esto no fuera advertido por la defensa, ¿debería el juez revisor distraer su mirada ante la evidente falencia nulificante y centrar su sentencia en el fondo de la cuestión? pues no. El derecho procesal no es un capricho de cumplimiento optativo o pendiente de reclamo, por el contrario, es el Juez quien debe asegurar que la validez del procedimiento se mantenga incólume, más allá de lo alegado por las partes. Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria, cfr. fs. 6 de las actuaciones administrativas) se habría cometido el 21/08/2002 (fecha de vencimiento de la prórroga de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2003 y que el mismo vencía el 31/12/2007.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 06/12/2007 (ver fs. 11 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 5 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 25 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 06/12/2007) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 7435/12 dictada el 24/10/2012.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 06/12/2007 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 24/10/2012 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 25/10/2012. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los veinticinco días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que, dicho plazo (el aludido de veinticinco días) se cumplió el 18/11/2012, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). El único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A..
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 12/12/2012 (fs. 55 de las act. adm.) es decir cuando ya había vencido el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva. Que esta Sala se ha expedido de igual forma en el expediente N° 33.536-A, “CENCOSUD S.A.”
(23/08/2023 - INLEG-2023-98283814-APN-VOCXXI#TFN).
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12039-1065-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 00 001 IT15 001905 V. 2).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VII del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. En primer termino cabe recordar que los jueces no estan obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan solo aquellos que estimen pertinentes para decidir la cuestion planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que considere conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
Dicho lo que antecede, corresponde examinar si la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-
APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 06/12/2007 (ver fs. 11 del expte. adm.), no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
En el marco de lo descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2003, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2007 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 24/10/2012 y notificada el 12/12/2012).
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de relativos al DIT Nº 00 001 IT15 001905 V.
Por ello, voto por:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA Nº 12039-1065-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT Nº 00 001 IT15 001905 V. 2).- Costas a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12039-1065-2008 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 00 001 IT15 001905 V. 2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.11.03 20:34:24 ART Date: 2023.11.03 21:46:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.04 10:05:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.04 10:05:26 -03:00
Fin de la sentencia