Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 53189519-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
37318/2022 LA PERSEVERANCIA SEGUROS SA (TF 53189519-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2022.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 22 de febrero de 2022 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de lo actuado en las actuaciones administrativas n° 12447-1928-2014 con posterioridad a la denuncia efectuada por el Jefe de la Sección “R” de la Aduana de Mendoza y; en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución – Fallo n° 393/18 apelada en los presentes autos. Las costas fueron impuestas a la demandada vencida.
II. Que, contra la referida sentencia apeló el Fisco y expresó agravios el 8 de abril de 2022, los que fueron replicados por la parte actora 20 de abril de 2022.
El Fisco afirma en sus agravios que no se vio afectado el derecho de defensa de la compañía aseguradora en la medida en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Código Aduanero que establece el régimen de garantía bajo el cual fue emitida la póliza por la cual responde la firma actora, una vez producido el siniestro, nace su obligación. En tales condiciones, y ante el incumplimiento del tomador de la póliza de reexportar la mercadería en el plazo comprometido, la compañía debe responder por el pago de los tributos correspondientes a la importación a consumo de aquella, en los términos de lo establecido en el artículo 274, inciso b), del Código Aduanero.
Manifiesta que mediante la Instrucción General DGA n° 9/2017 se estableció que los jueces administrativos dispondrían el archivo de las actuaciones administrativas en las que tramitaran infracciones cuando el importe de la multa mínima comprometida no superara los 30.000 pesos, en la medida en que el infractor no contara con antecedentes infraccionales registrados por el tipo infraccional imputado o bien cuando teniéndolos aquellos en conjunto no superaran el monto referido. Todo ello, sin perjuicio de la formulación del cargo que pudiera corresponder.
Concluye que, en el caso, el servicio aduanero procedió en los términos establecidos en la mencionada instrucción, dispuso el archivo de la causa en lo relativo a la multa que se le imputó y; requirió el pago de los tributos. Ello, en tanto considera que “…los tributos se deben, no por la comisión de una infracción, sino por el acaecimiento del hecho imponible –importación a consumoy que en el caso de la aquí actora, constituye el siniestro por el cual se constituyó el seguro de caución que garantizó el pago de los tributos aduaneros”.
III. Que, a contrario de lo expresado por el Fisco en sus agravios, las irregularidades detectadas en el marco del trámite de las actuaciones administrativas efectivamente afectaron el derecho de defensa de la parte actora y; por ende, se advierte razonable lo resuelto por el Tribunal Fiscal, en tanto declaró la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la denuncia efectuada por el Jefe de la Sección “R” de la Aduana de Mendoza. Se ha expresado que la citación del demandado es un acto de trascendental importancia, pues de él depende la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V posibilidad efectiva de ejercer el derecho de defensa en juicio. Al respecto, no resulta exigible al imputado que al momento de plantear la nulidad de tales actos mencione concretamente las defensas que pudo válidamente oponer frente a las pretensiones de la contraria, pues tal exigencia constituiría un rigorismo inaceptable ya que el interesado no se hallaba en condiciones de especificar las defensas que se había visto privado de oponer respecto de una pretensión cuyo contenido concreto ignoraba (cfme. Fallos 319:672, consids. 8º y 10º; Dictamen del Procurador al que remitió la Corte en el precedente de Fallos 327:5965).
Tales consideraciones resultan aplicables al caso de la vista establecida en el artículo 1101 del Código Aduanero, porque en ese acto se formulan los cargos que constituyen la materia de la controversia en el procedimiento para las infracciones, reglado en los artículos 1080 a 1117 del Código Aduanero. Al haberse omitido dictar ese acto en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, el imputado se vio impedido de ejercer la oportuna defensa de sus derechos.
Por su parte, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el artículo 7º, inciso d), que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el artículo 14 de la citada ley. En tales condiciones, corresponde agregar que no le asiste la razón al Fisco en cuanto afirma que el archivo sin más trámite del sumario, en los términos de la Instrucción General N° 09/17, sobre la base de que la multa pretendida era inferior a la suma de 30.000 pesos, no le impedía requerir, en esa misma resolución y sin haber corrido la vista establecida en el artículo 1101 del Código Aduanero, los tributos que considera adeudados en el entendimiento de que aquellos se deben por el acaecimiento del hecho imponible –importación a consumo-.
Precisamente ello no es así, en tanto los tributos que se fijaron en la resolución apelada son aquellos que resultarían adeudados por el administrado en caso de que se hubiera configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, aspecto que no fue examinado en las actuaciones administrativas en la medida en que, como se expresó, no fue corrida la vista correspondiente ni el administrado tuvo la oportunidad de ejercer las defensas que considerara pertinentes.
En sentido concordante con lo precedentemente expuesto se expidió esta Sala V en la causa n° 3407/2020, caratulada “HTI Cono Sur S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de octubre de 2021.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que no suscribe la presente el Dr. Jorge F. Alemany por encontrarse en uso de licencia (conf. art. 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Pablo Gallegos Fedriani CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Guillermo F. Treacy
Fin de la sentencia