Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2024-77676688-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios intentados por la parte actora, con costas.
2Intimar a la actora para que en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de pesos un millón sesenta y tres mil ochocientos diecisiete siete con 03/100 ($1.063.817,03.-), en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda, (conf. arts. 2, 3 y 7 de la ley 25964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-31999408-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Marzo de 2025 A VOC. 1RA En la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el expediente EX-2024-77676688-APN-TFN#MEC, caratulado: “PERTICARO, Fabiana Elena s/ incidente”.
El Dr. Pérez dijo:
Que en su escrito IF-2024-79623649-APN-DTD#JGM la parte actora expone las razones por las cuales se opone a ingresar la tasa por su actuación por ante este Tribunal, señalando que su ingreso le correspondería a la firma BROKEN GROUP S.R.L. en su carácter de responsable principal.
Se agravia porque entiende que la intimación cursada se opondría a la naturaleza jurídica y finalidad de la tasa de actuación intimada.
Entiende que la misma constituiría una tasa retributiva de servicios y que debe respetar las garantías de las que goza un contribuyente y que la intimación que se le efectuara a fin de que se proceda a su ingreso sería una falta de correspondencia entre el monto reclamado y los servicios que la tasa retribuye. Señala que en el presente caso la base imponible de la tasa de actuación prevista en la Ley 25.964, estaría dada por el importe total cuestionada y la misma habría sido reclamada al contribuyente principal y que luego se repetiría respecto de los responsables solidarios y que si no se tuviera en cuenta ello se estaría avalando la exigencia de tres veces lo que manda la Ley. Destaca que la tasa puede tomar como base imponible varios parámetros, incluso recurrir a manifestaciones de capacidad contributiva, pero lo que no podría hacer es perder relación con aquella proporción con el costo del servicio a retribuir y que la irrazonabilidad (sic) de su quantum llevaría a una afección del derecho de propiedad y la tornaría confiscatoria y arbitraria, ya que se trataría de un único procedimiento administrativo que repercutiría en la prestación del servicio de justicia pues, en caso de prosperar las acumulaciones peticionadas, existiría una sola causa a resolver.
Abona su tesis con variada doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba y deja planteado el Caso Federal. Que corresponde entonces resolver el planteo efectuado por la actora relación al ingreso de la tasa de actuación correspondiente.
Que la Ley 25.964 establece que las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación estarán sujetas a la tasa del 2,5% siempre que no se establezca una solución especial para el caso. Dicho porcentaje se calcula sobre el importe total cuestionado, incluyendo sanciones (art. 2). Asimismo, dispone que estarán exentas el pago de la tasa las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos.
Asimismo su art. 3 establece que el momento en que debe ingresarse la misma es el acto de iniciación de las actuaciones y que la falta de pago no obstaculizará la prosecución de las actuaciones. Que en ese sentido corresponde señalar que la tasa de actuación por ante este Tribunal debe abonarse en virtud de cada uno delos recursos incoados, sin que obste a ello la eventual conexidad o vinculación que pudiera verificarse respecto de otras actuaciones, circunstancia ésta que, por otra parte, no se encuentra prevista por la Ley N° 25.964 como causal de eximición.
Que por otro lado, cabe destacar que el Tribunal cimero ha señalado desde antiguo que las tasas judiciales –de la misma naturaleza de la que aquí se analiza- son constitucionalmente válidas, pues no afectan el principio de la defensa en juicio ni la garantía de la propiedad privada en tanto no sean confiscatorias (Fallos 201:557, 262:697).
Ahora bien, sabido es que dicho Alto Tribunal, requiere para que la tacha por confiscatoriedad prospere, que el contribuyente deba probar tal carácter, en forma concreta y circunstanciada. En este sentido, resulta importante advertir que es la propia ley que el actor impugna, la que establece un procedimiento a seguir por los litigantes que no puedan hacer frente al pago de la tasa de actuación. Éstos podrán demostrar tal situación conforme el art. 9 de la citada ley, quedando así garantizado el acceso a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos u obligaciones tributarias, contenida en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica.
En cuanto al monto de la tasa de jurisprudencia se ha ocupado de aclarar que no corresponde establecer una relación matemática entre la tasa y el costo del servicio, no siendo la adopción de determinada base imposible una circunstancia que ponga a la tasa en pugna con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que aquella debe respetar, más allá del parámetro adoptado para liquidar el tributo (VID. Entre “Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de la Matanza”, C.FED. de San Martin, de fecha 2/09/00). Asimismo, corresponde resaltar que si bien es de la naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio, no ha de interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, sino en el de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.
Con arreglo a ese criterio, no es censurable que para la determinación de la tasa se tenga en cuenta la capacidad tributaria del beneficiario del servicio, la que se presumen por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido.
En tal sentido se ha expresado la CSJN, in re “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ Estado Nacional s/nulidad de decreto –incidente de tasa de justicia- “del 7/7/1998 (Fallos 321:1888). Lo contrario ha de probarse mediante la tramitación del correspondiente beneficio de litigar sin gastos, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.
Asimismo, la Sala I de la Alzada señaló que la jurisdicción de este Tribunal Fiscal es optativa, y normalmente es elegida por quienes estiman ventajoso –en cada caso- acudir al mismo, lo cual excluye toda idea de exceso en la materia, así como la argüida violación al derecho de defensa, por lo cual entendió que no había motivos para dispensar su pago (CNCAF, in re “Benfide S.A. (TF 31316-I) –Incidente”, de fecha 27/10/2009 y “La Nueva Esperanza S.A. (TF 33934-I) – INC C/DGI”, Sala II, de fecha 18/12/2012). Por todas las consideraciones expuestas cabe desestimar los agravios intentados por la parte actora, con costas, e intimar el ingreso de la tasa de actuación.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal Instructor.
II Que corresponde resolver el incidente de oposición al pago de la tasa de actuación efectuado por la actora, que se limita a plantear la inconstitucionalidad de la ley 25964.
La citada ley establece que las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación estarán sujetas al 2,5% siempre que no se establezca una situación especial para el caso. Dicho porcentaje se calcula sobre el importe total cuestionado, incluyendo sanciones (art. 2). Asimismo, dispone que estarán exentas del pago de la tasa las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos.
III. Que más allá de la restricción jurisdiccional que a este Tribunal le importe el art. 185 de la ley 11683, corresponde que se expida en relación al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora. En principio cabe destacar que el Tribunal cimero ha señalado desde antiguo que las tasas judiciales –de la misma naturaleza de la que aquí se analiza- son constitucionalmente válidas, pues no afectan el principio de la defensa en juicio ni la garantía de la propiedad privada en tanto no sean confiscatorias (Fallos 201:557, 262:697).
Ahora bien, sabido es que dicho Alto Tribunal, requiere para que la tacha por confiscatoriedad prospere, que el contribuyente deba probar tal carácter, en forma concreta y circunstanciada, situación que no se ha dado en la especie, toda vez que el actor se ha limitado a expresar que el pago por anticipado que establece la normativa no guarda proporción alguna con el costo del servicio. En este sentido, resulta importante advertir que es la propia ley que el actor impugna, la que establece un procedimiento a seguir por los litigantes que no puedan hacer frente al pago de la tasa de actuación. Estos podrán demostrar tal situación conforme el art. 9 de la ley, quedando así garantizado el acceso a un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos u obligaciones tributarias, contenida en el art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
En cuanto al monto de la tasa, basta aclarar que la jurisprudencia se ha ocupado de precisar que no corresponde establecer una relación matemática entre la tasa y el costo del servicio, no siendo la adopción de determinada base imposible la circunstancia que ponga a la tasa de pugna con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que aquella debe respetar, sino que corresponde determinar si el resultado al que se arribe excede la aludida razonabilidad más allá del parámetro adoptado para liquidar el tributo (vid. “Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de la Matanza”, C.FED. de San Martin, de fecha 2/09/00).
En ese contexto, el agravio no puede tener acogida favorable, toda vez que en su caso, y de resultar favorable la pretensión de la recurrente, el importe ingresado de más le será reintegrado.
IV. Que por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al incidente iniciado por la recurrente, con costas. -
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Desestimar los agravios intentados por la parte actora, con costas.
2. Intimar a la actora para que en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de pesos un millón sesenta y tres mil ochocientos diecisiete siete con 03/100 ($1.063.817,03.-), en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda, (conf. arts. 2, 3 y 7 de la ley 25964).
3. Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sección Coordinación de Impuesto de Sellos y Varios de la D.G.I. y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.03.27 11:49:02 ART Date: 2025.03.27 14:25:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.27 14:27:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.27 14:28:33 -03:00
Fin de la sentencia