Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 34.323-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución Nº 439/2013 (AD CORI) del 04/11/13 dictada en la Actuación Nº 14793- 276-2012 (SC 25-2013/4), mediante la cual se condenó a la apelante al pago de una multa equivalente a $54.787,54.- por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inciso c) del C.A. Costas al Fisco nacional.
2Remitir las actuaciones al Banco Central de la República Argentina a fin de que analice la conducta en el marco de su competencia.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-31095168-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Marzo de 2023 apelación” - Sentencia.-
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “PESCAMARINA S.R.L. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 34.323-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 6/18 se presenta la firma “PESCAMARINA S.R.L.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada el 04/11/13 por el Sr. Administrador (I) de la Aduana Comodoro Rivadavia en la Actuación Nº 14793-276-2012 (SC 25-2013/4), por la que se la condena por la comisión de la infracción tipificada por el art. 954 inc. c) del C.A. al pago de una multa de $54.787,54.- debido a la falta de ingreso de divisas correspondiente al valor FOB de la destinación Nº 07014EC01000485X. Opone excepción de prescripción. Reseña los hechos que dieron origen a la causa. Plantea la nulidad de la instrucción de sumario por falta de causa –confr. art. 14 inc. b) ley 19.549- por cuanto no surge del sumario y de las demás constancias del expediente que haya existido una conducta punible sobre la base del art. 954 del C.A. por lo que considera que la aplicación de una sanción en estas actuaciones deviene en un acto carente de causa. Señala que la Aduana se asigna para sí misma facultades que no posee. Invoca doctrina que considera aplicable al caso. Afirma que fue diligente y cautelosa con la normativa impuesta por el Banco Central y que demostró su cabal cumplimiento. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, dejando sin efecto la multa, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 33/35vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido. Formula negativa genérica. Efectúa una breve reseña de los antecedentes de la causa. Sostiene que el servicio aduanero ha llevado a cabo la instrucción del sumario de conformidad con el procedimiento previsto en el Código Aduanero. Afirma que en el caso se ha configurado la infracción de declaración inexacta y destaca que la firma ha omitido la suficiente diligencia para cumplir con los deberes a su cargo. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas SIGEA Nº 14793-276-2012 y hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia que confirme la resolución dictada en sede aduanera, y se rechace en su totalidad el recurso interpuesto en autos, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 41 se declara la causa de puro derecho, mediante PV-2023-23421572-APN-VOCXX#TFN, y por IF-2023-23686679-APN-VOCXX#TFN se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA Nº 14793-276-2012 se inicia a fs. 1/5 con la Consulta de declaración detallada por la destinación Nº 07014EC01000485X. A fs. 6 se glosa impresión de pantalla de la página web de AFIP “Incumplido reportado. A fs. 7/8 mediante Nota Nº 267/2012 (SECCIÓN “R”) se informa que la destinación Nº 07014EC01000485X se encuentra comprendida entre las operaciones de exportación “en condición de liquidar divisas y con el plazo vencido para la negociación de las mismas”. A fs. 9 obra el Acta de denuncia formulada contra la firma “PESCAMARINA S.R.L.”. A fs. 10/11 por resolución Nº 395/2012 (AD CORI) se dispone la instrucción de sumario contra la firma “PESCAMARINA S.R.L.” por la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A., y a fs. 15 se le corre vista –notificada el 27/03/13-. A fs. 30 se declara la rebeldía de “PESCAMARINA S.R.L.” (atento que los presentantes de fs. 17/27 no acreditaron la personería invocada) cuya notificación luce a fs. 32/vta. A fs. 33 el BCRA informa que la destinación Nº 07014EC01000485X se encuentra denunciado como “incumplido” por el Banco Patagonia S.A. “consignando un monto pendiente de ingreso de divisas de USD 10.834”. A fs. 36 obra impresión de pantalla del Registro de Infractores de la que surge que no hay datos para los criterios ingresados. A fs. 37/39 se emite el dictamen Nº 259/2013 (DV JRCR). A fs. 40/43 se dicta con fecha 04/11/13 la Resolución Nº 439/2013 (AD CORI). A fs. 48/49 ref. la firma comunica la apelación ante este Tribunal.
V. Que, en primer término, corresponde tratar la excepción de nulidad opuesta por la actora, en cuanto sostiene que la Aduana se arrogó facultades del Régimen Penal Cambiario y que, por ende, no existió una conducta punible en los términos del art. 954 del C.A.
Que la cuestión debatida en autos ha sido resuelta por esta Sala –en una composición distinta a la actual- en diversos precedentes, entre otros, “Atanor SCA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. 34.300-A (Voc. 21ª Nominación) y “Atanor SCA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. 34.165-A (Voc. 20º Nominación).
Que mediante la Instrucción General 02/2012 del 23/01/2012 se dispuso que “(...) con el fin de lograr uniformidad de criterio, corresponde a esta Dirección General de Aduanas instrumentar un procedimiento que detalle y precise las pautas a seguir para la correcta aplicación por parte de las dependencias alcanzadas respecto de la resolución de los sumarios iniciados por presunta infracción al citado artículo. (…) OBJETIVO Normalizar el procedimiento a aplicar por las áreas alcanzadas, para la resolución de sumarios iniciados por presunta infracción al artículo 954 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero. (…) PAUTAS OPERATIVAS Las areas indicadas en el apartado C deberán proceder de la siguiente manera: 1. Absolver: al exportador cuando se acredite el ingreso de las divisas en tiempo y forma. 2. Imputar y condenar por el artículo 994 inciso c) del Código Aduanero: Al exportador que acredite el ingreso de las divisas en forma tardía. 3. Imputar y condenar por el artículo 954 artículo 1 inciso c) del código aduanero: al exportador que no acredite el ingreso de las divisas”.
Que siguiendo las directivas establecidas por la citada instrucción, el servicio aduanero condenó a la firma aquí recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el art. 954 ap. 1, inc. c) del C.A. Que las instrucciones generales no son obligatorias para los contribuyentes ni para este Tribunal. En efecto, es dable destacar que aquellas son reglamentos internos, circulares, órdenes de servicio, son actos administrativos emitidos por la administración pública tendiente a regular su propia organización o funcionamiento interno. Los destinatarios son los funcionarios y empleados públicos y no los administrados o personas particulares. Dichos actos de administración no producen efectos con relación a los administrados, pues, correspondiendo a la actividad interna de la Administración Pública agotan su eficacia dentro de la esfera de ésta sin proyectarse hacia lo exterior de ella o más allá de tal esfera. En principio, el acto de administración es "res inter alios acta" para el administrado. El acto administrativo emitido al margen de las instrucciones, circulares, etc. es válido, puesto que el no cumplimiento de éstos no vicia el acto (vid. "Ricardo Almar e hijos S A.", TFN, sala C, 2/8/99, con cita a Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. II, pág. 680 y sgtes.).
Que en cuanto a la obligatoriedad de la mencionada normativa, Giuliani Fonrouge enseñaba que las circulares normativas o instrucciones emitidas por las dependencias oficiales no tienen carácter obligatorio para los particulares, “por tratarse de disposiciones internas con efectos en el orden jerárquico de la Administración”. Agregaba que “si, como suele acaecer, las normas contenidas en las instrucciones se apartaran de la ley, resultarían viciadas de ilegalidad y no deberían aplicarse, aun resultando favorables a los contribuyentes, careciendo de efecto vinculativo para la propia Administración” (GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, vol. I, 1986, p. 65; vol. I, 1997, p. 89; t. I, 2004, ps. 71 y 72).
VI. Que el art. 954 del C.A. en su parte pertinente establece que “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia.” (el destacado me pertenece).
Que el Dr. Juan Patricio Cotter tiene dicho que “La configuración de la infracción de declaración inexacta (…) presupone una previa declaración realizada ante la Aduana que luego resultare diferir con el producto de la comprobación”, “en la medida en que esta inexactitud produzca o sea suceptible de producir alguna de las consecuencias previstas en los incs. a), b) o c)” (JUAN PATRICIO COTTER, Las Infracciones Aduaneras, 2ª Edición, 2013, págs 237 y 238).
Que así las cosas, la cuestión a resolver en la presente causa ha derivado en la interpretación del inc. c) del art. 954 del C.A., debiendo dilucidarse si la sanción prevista -además de corresponder su aplicación en aquellos casos en que la inexactitud de una declaración aduanera (diferencia cualitativa o cuantitativa) haya producido o pudiese producir el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondía- también resulta aplicable cuando si bien la declaración efectuada resultare veraz, el precio de la mercadería allí establecido no se haya ingresado (como en el caso de autos) o egresado, al o del mercado de divisas.
Que en cuanto a la interpretación dada a la norma en análisis ésta Sala -en una composición distinta a la actualse ha expresado en la causa “Atanor SCA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. 34.300-A, donde el Dr. Horacio J. Segura en su voto sostuvo que: “(…) la expresión “ingreso o egreso desde o hacia el exterior” utilizada por la norma examinada, ha llevado a un error de interpretación semántico, en el que se tradujo, desacertamente, al bien “divisa” como si se tratare de una mercadería, cuyo ingreso o egreso (por sí sólo) pudiere tipificar la infracción de autos participando de su tipo objetivo. Muy por el contrario, acudiendo a una sana lógica, dicha expresión denota el precio que se obtiene por la exportación, resultando ello, asimismo, la ganancia del exportador. Por su parte, los egresos hacia el exterior -a los que refiere la norma- son los importes pagados o por pagar, como producto de la importación. Nótese que la sanción aquí estudiada no tiene como objeto la divisa en sí, sino que al efectuarse una exportación, la declaración bajo la cual se instrumenta ésta última, para el caso de ser inexacta -cuantitativa ó cualitativamente en cuanto a la mercadería cuya circulación se controla y allí se detalla-, pueda originar una diferencia en relación a ese precio pagado o por pagarse, cuya sobrefaturación o subfacturación pueda ocasionar una tributación aduanera distinta de las mercaderías y un errado control del tráfico internacional de mercaderías (bien jurídico primario de la norma ritual).
Dicha situación, si bien tendrá incidencia en el mercado de divisas, no toda operación aduanera con incidencia en aquél (el mercado de divisas) le será atribuible la infracción prevista en el art. 954, sino que, sólo y coincidentemente, en aquellos casos en que haya mediado una inexactitud en la declaración aduanera, no pudiendo sostenerse que toda declaración, aunque exacta, por una falta de ingreso en el mercado de divisas genere una pena aduanera. En dicho sentido resultan de aplicación la normas cambiarias que regulan en la especie.”
Que en cuanto a las funciones primordiales del servicio aduanero, las mismas se encontraban detalladas en los tres primeros incisos del artículo 23 del Código Aduanero, actualmente artículo 3 del Decreto 618/1997, que establece: “La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS será el Ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación aplicando las normas legales correspondientes. Tendrá las funciones y facultades de los organismos fusionados mencionados en el artículo 1º del presente y en especial las detalladas en este artículo, sin perjuicio de las conferidas por otras normas: a) La aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de: (2) Los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueren encomendados. b) El control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas legales respectivas. c) La clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías. d) Todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna”. Que por su parte, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada mediante Ley Nº 24144, establece en su art. 4 (texto según Ley Nº 26.739 B.O. 28/03/2012) que son funciones y facultades del BCRA: “… f) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación; g) Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria”.
En definitiva, validar la competencia de la DGA para imponer infracciones en casos como el caso de autos, nos llevaría a una clara superposición normativa. En tal sentido, las operaciones de exportación, en cuanto a su manifestación en materia cambiaria, se encuentran reguladas por la Ley Penal Cambiaria Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), los Decretos Nros. 2581/64, 1606/2001, 1638/2001, la Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, los Decretos Nros. 71/2002 y 260/2002 y la Comunicación A-3473 del BCRA y modifs. Mediante dicha normativa se tutela el bien jurídico que instituye el equilibrio de la balanza de pagos del país, y será el BCRA la entidad que controle el ingreso de las divisas correspondientes al precio de las mercaderías en las operaciones de exportación.
A mayor abundamiento, el hecho de que el exportador no efectuó el ingreso de la totalidad del precio no puede implicar una inexactitud en el valor declarado. Es más, el exportador pudo haber omitido ingresar y liquidar las divisas -producto de la operación- en el mercado local de cambios (ello sea, por ejemplo, el supuesto del cobro mediante intervención bancaria en el exterior), configurándose las infracciones cambiarias correspondientes, conforme las Comunicaciones “A” 3473, punto 1 y “A” 4860, punto 1 del BCRA.
De ello se desprende que, si bien en dicha hipótesis pudo configurarse una infracción cambiaria, de ninguna manera podría considerarse que se ha configurado una declaración inexacta, toda vez que el valor declarado y el precio cobrado resultarían ser idénticos (teniendo en cuenta que el servicio aduanero no efectuó ninguna objeción al respecto).
Que en ese sentido, la Excma. Cámara in re “El Matrero S.A.” del 16/04/15 ha dicho que no se puede tener por configurado el tipo infraccional aplicado -art. 954 ap. 1, inc. c) del CA- en situaciones como la de autos en que la Aduana omitió acreditar la faz objetiva de la figura reprochada, es decir, al no determinar qué elementos de la declaración aduanera resultan inexaxtos (ya sea la posición, valor, cantidad, calidad, origen, precio, entre otros). Que la doctrina se ha manifestado en idéntico orden de ideas dejando en claro que “La falta de cobro en tiempo o la imposibilidad de cobro de la venta no configuran el tipo. El art. 954 sanciona la inexactitud no castiga los problemas de cobranza” (JUAN PATRICIO COTTER, Las Infracciones Aduaneras, 2ª Edición, 2013, págs. 267 y 268).
Que nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que el Art. 954 del CA “da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante -salvo los supuestos previstos en la propia ley- o del control que pueda efectuar el servicio aduanero” (CS, “Subpga SACIE e I”, del 12/5/92) -el destacado me pertenece-.
En este orden de ideas, la Aduana asimiló la infracción aduanera con la infracción prevista y penada en la norma especial en el Régimen Penal Cambiario. Agréguese que una interpretación diferente podría poner en colisión incluso las normas previstas por dicho sistema, en cuanto a que, coherentemente, el Banco Central de la República Argentina establece excepciones para los supuestos en que no se produjo el efectivo ingreso de la divisas al mercado de cambios producto de las operaciones de exportación (véase en este sentido la Comunicación A 5019 -BO 25.01.2010- que detalla excepciones para los casos por falta de cobro por “causas no atribuibles al exportador”, las que fueron expuestas en su art. 1, incs. 1) a 3), a saber: “Control de cambios en el país del importador”, “Insolvencia posterior del importador extranjero” y “Deudor moroso”) que no se encontrarían contempladas en la faz aduanera.
Por ende, existe, exegéticamente, una delimitación clara de los bienes jurídicos tutelados, siendo, en razón de ello, que bajo ningún punto de vista puede regir el criterio aduanero, ya que la ley punitiva no puede anteponerse al bien jurídico, toda vez que éste último es preexistente a aquélla (Cfr. Sarrabayrouse Bargallo, “El bien jurídico tutelado por el tipo penal de contrabando”, en J.P. Cotter, “Estudios de Derecho Aduanero”, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, págs. 285-289).
VII. Que nuestra Corte Suprema ha dicho que si bien “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (el destacado me pertenece) (C.S.J.N., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, Fallos 307:1094 y sus citas).
Que corresponde analizar la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en relación a la obligatoriedad o no de ingresar y negociar las divisas en el mercado oficial de cambios y su incidencia en la configuración de la infracción penada por el art. 954, ap. 1, inc. c).
En ese sentido, en el precedente “Bunge y Born Comercial S.A.”, del 11/6/98, la Corte Suprema sostuvo que “la vigencia del decreto 530/91 no obsta a que pueda configurarse la infracción prevista por el art. 954, inc. c), del Código Aduanero, en tanto la eliminación de la obligatoriedad de ingresar y negociar las divisas en un mercado oficial de cambios no impide que puedan producirse las diferencias en los importes pagados o por pagarse desde el exterior a que se refiere dicha norma” (Fallos 321: 1614).
Que, al momento de producirse los hechos involucrados en autos, no se encontraba vigente el Decreto Nº 530/91, derogado por el dec. 1606/2001 (BO, 6/12/2001), que restableció la vigencia del art. 1º del dec. 2581/1964 y del art. 10 del dec. 1555/1986; no obstante ello, lo elemental en la interpretación de lo expuesto por la CSJN, es que el art. 954 inc. c) del CA tutela, primariamente, la veracidad y exactitud de las declaraciones y en modo subyacente -obviamente- el debido control aduanero y tráfico internacional de mercaderías, siendo, en cuanto a su inc. c), indistinto para su configuración, la obligatoriedad o no de ingresar y negociar las divisas en un mercado oficial de cambios, es más, destaca que ello “no impide que puedan producirse las diferencias en los importes pagados o por pagarse desde el exterior a que se refiere dicha norma” (En este sentido fue dejado de lado el fallo plenario de este Tribunal recaído el 23/8/95 en “YPF SA”, con dos disidencias, en que se había fijado como doctrina plenaria el criterio de que en las exportaciones, “en tanto dure la vigencia del decreto 530/91, no es de aplicación lo prescripto en el art. 954, ap. 1, inc. c), del CA, sin perjuicio del encuadre que pueda efectuarse de la manifestación inexacta, comprobada en el caso concreto, en otra figura infraccional”).
Dicha doctrina, debe interpretarse en el sentido de que, si la infracción en trato resultaba aplicable, aún durante la vigencia del Decreto Nº 530/91, en atención a que lo que se pena es la inexactitud de la declaración y no el ingreso o egreso de divisas per se, como si se tratase ésta última de la mercadería objeto de control aduanero; identica solución corresponde aplicar al establecerse la obligatoriedad del ingreso de divisas en el mercado de cambios.
Finalmente, resultan ilustrativos los lineamientos esbozados por la CSJN en el caso “Legumbres S.A. y Otros s/ Contrabando” (Fallos 321:1924), en el que si bien no se trató de una causa idéntica, los razonamientos que desarrolla la Corte resultan claros a los efectos de zanjar la cuestión acerca de la competencia en cuanto a la materia que se abordaba, donde sostuvo que “... el bien jurídico de cuya protección se trata excede al de la integridad de la renta aduanera (...) Esta correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos que los que el legislador ha querido proteger (Fallos: 306:1433) (…) Dentro de esta concepción las funciones aduaneras comprenden las facultades necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros o fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación (…) Pero tal aseveración no puede ser entendida en tal sentido de que la delegación en la aduana de cualquier otra función de policía económica puede constituir a la actividad que se delega en una actividad 'aduanera'.
El legislador ha valorado la importacia dentro de las funciones estatales el control económico en materia cambiaria al sancionar el régimen correspondiente (ley 19.359 t.o. 1982) (…) La mera delegación de funciones no transforma el control de cambios en control aduanero, aunque ambos se concentren circunstancialmente en el mismo órgano. Por lo demás, la circular A-39 no ha sido dictada por el Banco Central en el ejercicio de un poder de reglamentación de las funciones aduaneras, sino haciendo uso de las atribuciones que le otorgan las leyes sobre policía en materia cambiaria (…) De tal manera, la presentación ante la autoridad aduanera de documentos de embarque en cuyo cuerpo se incluyen refrendaciones bancarias presuntamente falsas, con fines de satisfacer requisitos exigidos por el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades de policía en materia de control de cambios (…) no puede considerarse uno de aquellos actos que impiden o dificultan el ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero sobre la importación y exportación en los términos del art. 863 del Código Aduanero (…) Que este criterio se ve reforzado por la propia sistemática de la actual regulación aduanera -ley 22.415- la cual, cuando estimó conveniente la atribución a la Administración Nacional de Aduanas de facultades de cooperación en las funciones del Estado en materia de control de cambios, así lo estableció.
Véase por ejemplo la autorización para fijar el plazo de validez de la solicitud de destinación de exportación (art. 328), establecida con el fin de evitar que el congelamiento del tipo de cambio o de los elementos para determinar el tratamiento cambiario que correspondiere tenga una ultraactividad 'que en los hechos implique una reserva de tratamiento reñida con la vigencia de los posteriores cambios que se hubieran producido' (confr. Exposición de motivos de la ley 22.415) (…) Que la interpretación que aquí establece es la que aparece como más adecuada al principio del art. 18 del Constitución Nacional, de cuya formulación emana la prohibición de interpretar analógicamente las leyes penales, porque la ampliación por vía interpretativa de los bienes jurídicos comprometidos incluyendo entre ellos la protección de la actividad del estado en materia cambiaria, sería contraria a aquella norma...”.
Que a mayor abundamiento, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha resuelto en precedentes análogos al de autos, que la falta de ingreso de divisas no constituye una declaración inexacta en los términos del art. 954 ap. 1, inc. c) del CA (conf. Sala IV in re: “El Matrero SA” del 16/04/15; Sala II in re: “Atanor SCA”, del 24/11/15 y Sala V in re: “Atanor SCA”, del 02/02/16).
Que, en consecuencia, en atención a los lineamientos esbozados respecto a las facultades previstas por la normativa aduanera, no cabe más que declarar la nulidad de la Resolución aquí apelada, en atención a la incompetencia del servicio aduanero en la materia cambiaria para endilgar la infracción en trato.
VIII. Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas al Fisco nacional conforme lo resuelto por la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 05/11/15 en la causa caratulada “Atanor SCA c/ DGA s/recurso de apelación”, expediente Nº 34.268-A que tramitara ante la Vocalía de la 21ª nominación.
IX. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar las demás cuestiones planteadas por la recurrente.
Por lo expuesto, voto por:
1. Declarar la nulidad de la Resolución Nº 439/2013 (AD CORI) del 04/11/13 dictada en la Actuación Nº 14793- 276-2012 (SC 25-2013/4), mediante la cual se condenó a la apelante al pago de una multa equivalente a $54.787,54.- por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inciso c) del C.A. Costas al Fisco nacional.
2. Remitir las actuaciones al Banco Central de la República Argentina a fin de que analice la conducta en el marco de su competencia.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad de la Resolución Nº 439/2013 (AD CORI) del 04/11/13 dictada en la Actuación Nº 14793- 276-2012 (SC 25-2013/4), mediante la cual se condenó a la apelante al pago de una multa equivalente a $54.787,54.- por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inciso c) del C.A. Costas al Fisco nacional.
2. Remitir las actuaciones al Banco Central de la República Argentina a fin de que analice la conducta en el marco de su competencia.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.03.20 15:29:11 ART Date: 2023.03.21 13:21:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.21 13:36:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.21 13:38:07 -03:00
Fin de la sentencia