Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7997
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7997 Sentencia: 3022 Actores: Gabriel Adrián PESSOLANO/Luis Oscar OLIVARES/Martín Javier LLERA/Ramón Darío DOTTO/Israel SOTO Demandada: SIMAF S.A.
Objeto:Laboral Fecha:16/05/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los dieciseis días del mes de mayo de dos mil veintitrés se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Labo-ral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “PESOLANO, Gabriel Adrián y otros c/ SIMAF S.A. s/ demanda laboral” Expte. Nº 12923 del año 2011 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mine-ría de la ciudad de Pico Truncado y que ingresaran en la instancia bajo el Nº 7997. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SE-GUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Gustado Fernando Mazzola, como apoderado de Gabriel Adrián PESSOLANO, Luis Oscar OLIVARES, Martín Javier LLERA, Ramón Darío DOTTO e Israel SOTO promueve de-manda laboral, con la documental de fs. 1/39 y libelo de inicio de fs. 46/48, contra la firma SIMAF S.A. por cobro de la suma de $138.494,40 o lo que en más o en menos surja de las probanzas por multa del art. 80 LCT, diferencias de indemnización final fruto del distracto incausado, con más ac-tualización e intereses desde que los créditos se hicieron exigibles y hasta el efectivo pago, costas y honorarios. Da su versión de los hechos desde que los actores ingresaron a trabajar bajo dependencia de la demandada el 1/4/2009 como choferes de 1ª conforme documental acompañada hasta que el 31/08/2009.
Se refiere a la denuncia laboral en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de la Pro-vincia con asiento en esta ciudad de Caleta Olivia dando origen al expediente “MATRELLA, Luis Al-berto y otros s/ reclamo laboral c/ SIMAF” expediente Nº 15689/2009 donde no solo ratifican el re-clamo inicial sino la percepción de la multa del art. 80 LCT sin contar con la reiteración de la intima-ción efectuada oportunamente por epistolar por el actor Llera que fuera rehusada por la accionada. En dichos actuaciones se hizo lugar a la declinación de la vía administrativa ensayada por la accionada por lo que solo le quedó la vía judicial. Sostiene que sus representados fueron liquidados en forma deficiente por lo que reclaman las diferencias existentes en la liquidación final en diferencias de la indemnización de los arts. 245, 231, SAC proporcional y SAC sobre preaviso, diferencias sobre vacaciones no gozadas que forman parte del reclamo y pide se haga lugar al mismo.
Formula consideraciones sobre la demora en la confección de la documental del art. 80 LCT y certificación de la firma del responsable de la firma, y la proce-dencia de su reclamo y transcribe el art. 80 LCT y recuerda el expediente administrativo 15689 citado donde sus representados reclamaron la documentación. Sostiene que pasaron más de tres meses hasta la certificación de la firma del representante de la firma desde el distracto y se explaya en las defi-ciencias que los convierte en irregular y nulos. Se explaya sobre el procedimiento a seguir para la con-fección de esta documental y la importancia que tiene para el trabajador. Cita jurisprudencia. Practica una liquidación de los créditos abonados en forma insuficiente y la multa del art. 80 LCT.
Ofrece la prueba de la que intentará valerse. Pide se lo exima de presentar copias y funda en derecho el reclamo de sus representados. Pide que oportunamente se haga lugar a la demanda en todas sus partes con costas.
II. Que habiéndose ordenado correr traslado de la acción por providencia simple de fs. 50 recién a fs. 100 se celebra la audiencia del art. 47 de la ley 1444. No se puede llegar a un acuerdo conciliatorio y el Dr. Carlos G. Toledo Vargas se presenta como apoderado de SIMAF S.A. con la do-cumental de fs. 82/96 y escrito de fs. 97/99 contesta la acción promovida contra su representada for-mulando una serie de negativas que se tienen presente. Señala las dudas sobre como arriba la parte actora para llegar a esas diferencias, sobre cuales fueron las pautas tomadas y la metodología del cálculo. Afirma que los actores eran en realidad propietarios o titulares de camiones y eran contratistas de COPESA S.A. y que por exigencias de OXY para evitar que quedaran sin trabajo entre las firmas mencionadas y CIMAF S.A. se accedió a que todos pasaran a ser empleados en relación de depen-dencia de su representada, pero por cuenta y orden de COPESA S.A., conservando la misma modali-dad de trabajo e inclusive el mismo nivel de ingresos a lo que todos los actores accedieron.
Explica que la relación laboral llegó a su conclusión el 31 de agosto de 2009 y reconoce el despido. Pero sostiene que los actores llegaron a un acuerdo de desvinculación e indemnizaciones con COPESA S.A. que se presentó en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de Caleta Olivia en ex-pediente Nº 14.934, “COPESA CÍA CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A. S/ ACUERDO DE PARTES” donde los actores entre ellos acordaron la desvinculación y pago de indemnizaciones en convenio homologado por Disposición Nº 027-SETySS-2009 que acompaña. Estima por ello que nada se adeuda a los actores en materia de indemnizaciones y que por ello se impone el rechazo de la ac-ción. Respecto del reclamo de la indemnización del art. 80 LCT afirma que ninguno de los actores reclamó la entrega de las certificaciones y fue su parte la que intimó el retiro. Y que iniciado el recla-mo contra su parte el Dr. Joaquín V. González acompañó las certificaciones y declinó la vía a lo que se accedió por la Secretaria rechazando el pedido de multa por no acreditarse la intimación. Señala que en esos reclamos no figuran los actores Olivares, Llera ni Dotto. Se explaya sobre la finalidad de la norma. Invoca el derecho, ofrece prueba y solicita el rechazo de la acción con costas. La parte actora desconoce la documental acompañada.
III. Que por providencia de fs. 102 se abre la causa a prueba y ordena la producción de la considerada pertinente. A fs. 213, 215, y 217 se presentan el Dr. Lucas Osvaldo Chacón y la Dra. Karina Pesoa en representación de Gabriel Adrián PESSOLANO, Martín Javier LLERA Luis Oscar OLIVARES, acompañando en cada caso cartas poder. A f 218 se los tiene por presentados parte y constituido el domicilio y siendo público el fallecimiento del Dr. Gustavo Mazzola se suspende la tra-mitación del proceso y se intima a los restantes actores Ramón D. DOTTO, e Israel SOTO que compa-rezcan en autos. A fs. 229 comparecen los Dres. Chacón y Pesoa por Israel SOTO y a fs. 231 lo hacen representando a Ramón Darío DOTTO mediante las respectivas cartas poder, motivo por el cual a fs. 234 se reanudan los plazos procesales suspendidos.
Producida la prueba obrante en autos de la que informa la Secretaria a fs. 268 se fija a fs. 268 vta. la audiencia del art. 70 de la ley 1444. Solo la parte demandada hace uso del derecho de alegar como informa la secretaria a fs. 282, alegato que se agrega a fs. 285/286. A fs. 287 se llama autos para dictar sentencia la que obra a fs. 288/293. Ella hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por los actores contra SIMAF S.A. y en consecuencia la condena al pago de las sumas correspondien-tes a los rubros demandados a saber: al Sr. PESSOLANO por diferencia de indemnización por anti-güedad $3.144,59; diferencia en la indemnización sustitutiva del preaviso $ 3144,59; SAC sobre in-demnización sustitutiva del preaviso $840,86; diferencia por lo abonado por vacaciones proporciona-les $1.085,83; diferencia de SAC proporcional $3.046,68.
Para el Sr. OLIVARES: Diferencia en in-demnización por antigüedad $3.144,59; diferencia por indemnización sustitutiva de preaviso $ 3.144.59; SAC sobre indemnización preaviso $ 840,86; diferencia por lo abonado por vacaciones proporcionales 1085,83; diferencia de SAC proporcional $3.046,68. Para el Dr. Martín LLERA: Dife-rencia en indemnización por antigüedad $3.144,59; diferencia por indemnización sustitutiva de preaviso $ 3.144.59; SAC sobre indemnización preaviso $ 840,86; diferencia por lo abonado por va-caciones proporcionales 1085,83; diferencia de SAC proporcional $3.046,68. Para el Sr. DOTTO: Diferencia en indemnización por antigüedad $3.378,26; diferencia por indemnización sustitutiva de preaviso $ 3.378.26; SAC sobre indemnización preaviso $ 860,33; diferencia por lo abonado por va-caciones proporcionales 1.151,26; diferencia de SAC proporcional $3.144,04.
Para el Sr. SOTO Dife-rencia en indemnización por antigüedad $3.684,59; diferencia por indemnización sustitutiva de preaviso $ 3.684.59; SAC sobre indemnización preaviso $ 885,86; diferencia por lo abonado por va-caciones proporcionales 1.237,03; diferencia de SAC proporcional $3.271,68. Establece que estas sumas correspondiente a los rubros se deberán actualizar desde la fecha referida supra y conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y deberán ser abonados por la demandada condenada en el plazo de diez días siguientes a la fecha de la notificación del auto aprobatorio de la planilla gene-ral que4 al efecto debe practicarse bajo apercibimiento de ejecución forzosa (art. 99 ley 1444).
Deses-tima el reclamo de la multa del art. 80 de la LCT, condena en costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y difiere la regulación de honorarios.
IV. Que la sentencia no satisface a las partes que la apelan. La parte demandada apela y funda el recurso con el memorial de fs. 305/307 mientras que la parte actora hace lo propio con el escrito de fs. 308/310.
Ambos recursos a fs. 311 son concedidos (erróneamente) “en relación y con efecto suspensi-vo” corriendo traslado de los agravios. A fs. 312 se aclara que la notificación del traslado es por nota. Los autos se elevan con la certificación de estilo en PE 662042/2022 y recibidos se integra cámara con el Dr. Juan Pablo Olivera. Firme la integración por PE 683560/2022 se corrige el proveído de fs. 311 y se declara erróneamente concedidos los recursos y se los concede “libremente y con efecto suspensi-vo”; se dispone el pase a sentencia y se establece el orden de estudio.
V. Que el apoderado de la demandada se agravia en primer término por cuanto la señora Juez a quo no ha dado tratamiento a los planteos efectuados en el responde y en el alegato y sin analizar debidamente las constancias de la causa admite los rubros y montos de diferencia de indemnizaciones de cada uno de los actores y le impone las costas. Sostiene que se ha omitido totalmente considerar la homologación por parte de la secretaría de trabajo conforme el instrumento público de fs. 87/88 del 20 de febrero de 2020 a través del cual COPESA S.A. se hizo cargo del pago de las indemnizaciones de los actores quienes recibieron el pago de conformidad habiéndose homologado el acuerdo de las partes. Sostiene que este acuerdo les impide a los actores reclamar nuevamente los rubros que le han sido abonados y acordaron las partes lo que les veda la posibilidad de volver a solicitar el pago de los mismos. Insiste en que los actores cobraron las indemnizaciones conforme acuerdo homologado por la autoridad administrativa del trabajo por lo que el reclamo es improcedente y sin que la Sra. Juez a quo le haya dado el tratamiento que corresponde por lo que los actores incursionan en un enriqueci-miento sin causa que no se puede tolerar en estricto derecho y justicia. entiende aplicable la teoría de los actos propios. Señala que el expediente administrativo “COPESA CIA PETROLERA Y CONS-TRUCTORA S.A. Y OTROS s/ Acuerdo de Partes” Expte. 14.934 recibido en el Juzgado a fs. 132 y que no fuera ubicado ni le fuera exhibido pero que es contundente la resolución de fs. 86/88 han re-cibido sus liquidaciones y que fuera homologado por lo que nada deben reclamar y que no reconocer-lo implicaría reconocer en los hechos un enriquecimiento sin causa que no se debe tolerar. Señala fo-jas del Expte. Administrativo y formularios que serían inexistentes. Por ello pide se revoque la senten-cia. En subsidio se agravia por que los créditos determinados por la Sra. Juez a-quo son distintos de los reclamados en la demanda por lo que considera que se ha fallado ultra y extra petita y detalla lo peticionado y lo otorgado por lo que concluye que el cálculo efectuado por la Sra. Juez a quo no se ajusta a derecho.
También se agravia por la imposición de costas por considerar que, conforme lo reclamado por diferencias y el reclamo de la indemnización del art. 80 LCT rechazado, la acción solo habría prospe-rado en un 14% y pide se aplique proporcionalmente a la admisión de los rubros reclamados y los que prosperan imponiendo el 86% de las costas a los actores.
Pide que en averiguación de la verdad y la situación creada por el expediente administrativo que da cuenta la nota de fs. 132 y ante la posibilidad que no sea habido se oficie al Ministerio de Tra-bajo, Empleo y Seguridad Social de Caleta Olivia a los fines que indica. Pide que se revoque la sen-tencia de Primera Instancia en lo que fuera materia de recurso, con imposición de costas.
VI. Que la parte actora le agravia que se haya desestimado la multa prevista en el art. 80 LCT. Indica que no comparte los argumentos ensayados por la Sra. Juez a quo y sostiene que la norma no impone como requisito solemne de validez la notificación mediante telegrama o carta documento para que la misma sea fehaciente y dice que no cabe dudas que la intimación se formuló en tiempo opor-tuno y el argumento de la Sra. Juez de grado radica en que no fueron fehacientes. Cita y transcribe el art. 3 del decreto 146 /2021 y se explaya sobre la función de las notificaciones y su carácter de recep-ticias y sostiene que en el caso se cumplió y que se habría efectuado en el expediente administrativo 15.689/2009. Se refiere al ámbito de actuación de la autoridad administrativa laboral y transcribe par-cialmente los arts. 2 y 3 de la ley provincial 2450. Sostiene que dentro de los reclamos en sede admi-nistrativa se encontraba la percepción de la multa establecida por el art. 80 de la LCT dado que había transcurrido el lapso de 30 días desde el distracto sin que la demandada hubiera satisfecho su obliga-ción de hacer entrega de la documental. Sostiene que descartar la instancia administrativa es caer en un rigor excesivo en la interpretación y aplicación de la ley. Sostiene que el requerimiento fehaciente se dio en el sede administrativa glosada en un instrumento público que hace plena fe y que ceñir la intimación como fehaciente sólo a telegramas y cartas documentos es forzar la legislación. Pide se revoque la sentencia atacada en lo que es materia de agravios, con más la imposición de costas y ho-norarios.
VII. Que por una cuestión de lógica examinaré primero los agravios de la demandada. En el párrafo VII de los agravios (fs. 306 vta.) se pide, para el supuesto que no sea habido el expediente administrativo iniciado por COPESA S.A. y no se agregue a las actuaciones, se lo requiera del Ministe-rio de Trabajo y que proceda a su ubicación y su remisión a este tribunal. Al comenzar el examen de los autos advertí que no se habían elevado los expedientes administrativos ofrecidos como prueba. Se requirió su remisión al Juzgado de origen y se nos envió solo el Nº 15.689. Insistimos en la búsqueda y se nos ha informado en PE 914180/2023 que tras una búsqueda no ha sido hallado. Ya en el alegato de bien probado la demandada hace notar la falta de entrega del expediente iniciado por COPESA S.A. pero, destaco, que no pidió se suspendiera el plazo hasta su ubicación y entrega para alegar sobre sus constancias. De ese expediente solo se cuenta con los instrumentos agre-gados a fs. 86/88 donde consta la homologación de un acuerdo entre COPESA S.A. y distintos traba-jadores entre los cuales se encuentran los actores.
De lo expuesto se desprende que no se da en autos el supuesto de replanteo de prueba que permitirían la apertura a prueba en la instancia (arts. 259 y concordantes del CPCC). No corresponde por otra parte que se realice una reconstrucción de dichas actuaciones en sede judicial, en primer lugar porque no se trata de un expediente judicial y en cuyo caso la reconstrucción corresponde a la autori-dad administrativa, y en segundo lugar por no haberse solicitado y denegado en 1ª instancia. Tendré a la vista el instrumento de fs. 87/88. No ha sido clara la demandada al explicar cómo los contratistas de COPESA SA., por exigen-cias de la operadora OXY, se llegó a todos pasaran a ser empleados en relación de dependencia de SIMAF S.A. ni tampoco porqué COPESA S.A. llega a un acuerdo de desvinculación e indemnizacio-nes con los trabajadores, ni como esos pagos realizados por COPESA S.A. deben aprovechar a la de-mandada.
Si bien los demandados negaron las posiciones 1 Y 2 debemos recordar que por imperio del 2º párrafo del art. 389 del CPCC ley 1418 al que remite el art. 121 de la ley 1444, “Cada posición impor-tará para el ponente el reconocimiento del hecho al que se refiere.” Es decir que el absolvente era un camionero contratado por COPESA S.A.
Y, si ello es así, el convenio homologado en el Expediente Nº 14.934/2009 estaría indicando una causa distinta a esos pagos, que nos impide relacionarlos como correspondientes a las indemniza-ciones debidas por SIMAF S.A.
Era carga de la demandada haber aclarado el punto y eventualmente la razón por la cual CO-PESA S.A. habría integrado faltantes o diferencias en las indemnizaciones que le correspondía abonar por despido incausado a la demandada y luego probarlo. Si existía algún compromiso entre ambas empresas la demandada podrá hacerlo valer por la vía y por ante quien corresponda. No en estos autos en que COPESA S.A. no ha sido parte.
La demandada no indica cual es el error de la sentencia en cuando establece estas diferencias impagas y manda abonarlas. La Dra. Zapata en la sentencia ha tomado los recibos de la liquidación final en el expediente administrativo 15.689 agregado a autos y los demás agregados a la causa y de-terminó la indemnización que correspondía que no fue materia de agravios. La parte demandada pre-tende que esa diferencia habría sido cubierta por los pagos efectuados por COPESA S.A.
Se invocó en agravios la teoría de los actos propios de los actores, que como sabemos no es aplicable en derecho del trabajo al trabajador en virtud del principio de irrenunciabilidad. No corres-ponde tampoco sostener que ese convenio homologado puede ser invocado por SIMAF S.A. toda vez que ella no fue parte en ese convenio.
No se entiende la referencia a formularios PS 62 de fs. 8/9 y 10/11 fojas del expediente admi-nistrativo 15.689 (y sus acumulados) como inexistentes pues los formularios y fojas existen.
En el proceso laboral el art. 40 de la ley 1444 permite a los jueces el fallar ultra petita por lo que el agravio no es atendible.
Corresponde tratar ahora el agravio de los actores antes de ingresar al último expresado respec-to de las costas por la demandada.
VIII. Que el agravio de la parte actora no resulta atendible. Del examen de la causa y del Ex-pte. Administrativo no surge que se haya formulado la intimación fehaciente previa a la entrega de la documental del art. 80 de la LCT. En el Expte. 15.689/2009 las partes reclamaron directamente la mul-ta, pero salteando el paso previo que consiste en la intimación fehaciente que da nacimiento, en caso de no ser atendida, al pago de la multa. Por ello considero que es justa la sentencia en cuanto deniega este rubro.
IX. Que entiendo no es atendible el último agravio de la parte demandada con respecto de las costas. Considero justo que la sentencia en crisis la imponga a la demandada con invocación del prin-cipio objetivo de la derrota del primer párrafo art. 68 del CPCC. Sin perjuicio de la mayor o menor proporción en que los actores resultaron ganadores en su reclamo lo cierto es que debieron acudir a la vía judicial para obtener el reconocimiento de sus derechos y la demandada invocó un acuerdo cele-brado entre los actores y otra firma para no abonar aquello por lo que progresa la acción. Propongo rechazar también este agravio. En función de las razones expuestas precedentemente considero que la sentencia en crisis es justa. Por ello respondo en forma afirmativa a la primera cuestión. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Coincido con las razones expuestas por el primer votante en todos los aspectos tratados. Por ello, al ser la sentencia justa y equitativa adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que a mérito de las razones expuestas al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) No admitir el pedido del demandado que equivale a un replanteo de prueba y limitarnos a la ponderación del instrumento de fs. 87/88 con el resto de la prueba. 2º) Rechazar los agravios vertidos por ambas partes y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios e imponer las costas de esta instancia en el orden causado, por no haber tenido éxito ninguno de los ataques contra lo decidido (art. 68 segundo párrafo del CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique la correspondiente a la instancia de grado. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. La propuesta que antecede se ajusta a lo decidido en el Acuerdo y resulta justo y equita-tivo. Por ello adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 16 de mayo de 2023
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial F A L L A:
1. No admitir el pedido del demandado que equivale a un replanteo de prueba y limitarnos a la ponderación del instrumento de fs. 87/88 con el resto de la prueba.
2. Rechazar los agravios vertidos por ambas partes y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios e imponer las costas de esta instancia en el orden causado, por no haber tenido éxito ninguno de los ataques contra lo decidido (art. 68 segundo párrafo del CPCC).
3. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique la correspondiente a la instancia de grado.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. El Dr. Olivera no firma por no existir disidencia.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201014S.231 Tomo: XCVIII Sentencia: 3002 Folio Nº: 107/113 Secretaria: 1
Fin de la sentencia