Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 26.951-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 218/05 y 219/05, respecto del Impuesto al Valor Agregado períodos junio a octubre de 2001 y diciembre de 2001 a febrero 2003 y del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 1999 y 2001, respectivamente, con más sus intereses resarcitorios respectivos, en la proporción correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VI a XVII, XIX y XXXIII.
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 218/05 sobre la multa respecto del Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre de 2002, de acuerdo con lo expresado en el Considerando XVIII.
3Revocar la Resolución N° 220/05 sobre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, período fiscal 1999, según lo resuelto en el Considerando XX.
4Confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 16/08 y 17/08, respecto de los Impuestos al Valor Agregado –períodos diciembre de 2003 a junio de 2004- y a las Ganancias -períodos 2002 y 2003-, respectivamente, más los intereses resarcitorios correspondientes y multa –sólo por el IVA-, acorde a lo dicho en los Considerandos XXI, XXIV, XXV, XXVII al XXXI Y XXXIII.
5Confirmar parcialmente la multa aplicada en la Resolución N° 258/17, en la proporción en que se confirman los distintos conceptos que integran la Resolución N° 17/08 (cfr. Considerando XXXII).
6Revocar parcialmente la Resolución N° 18/08 sobre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta período fiscal 2003, con más sus intereses y …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-52474152-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Mayo de 2022 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Rubén Alberto Marchevsky (Vocal titular de la 3° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 26.951-I –y sus acumulados Nros. 31.419-I, 32.541-I y 48.354-I- caratulada: "PESQUERA CLARAMAR S.A. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 161/172vta., 875/893vta., 1040/1064 y 1226/1241vta. el actor interpone sendos recursos de apelación contra diez resoluciones -Nros. 218/05, 219/05, 220/05, 16/08, 17/08, 18/08, 171/08, 172/08, 173/08 y 258/17- de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determina de oficio las obligaciones frente al Impuesto a las Ganancias - períodos fiscales 1999, 2001, 2002 y 2003-, el Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 06/2001 a 10/2001, 12/2001 a 2/2003 y 12/2003 a 06/2004 - e Impuesto a la Ganancias Mínima Presunta -períodos fiscales 1999, 2002 y 2003-, con más intereses resarcitorios y se aplican multas con sustento en los artículos 45 y 46 de la ley 11.683. Finalmente, a través de los últimos tres actos se determina la responsabilidad solidaria del Sr. Salerno Oscar Cayetano correspondiente a la firma "Pesquera Claramar S.A.", en la cual revestía el carácter de presidente del directorio, por los conceptos y ejercicios fiscales detallados en las Resoluciones Nros. 16/08, 17/08 y 18/08. Asimismo, se aplican sanciones de acuerdo a lo previsto por el artículo 45 de la ley de rito, y se efectúa la reserva dispuesta por el artículo 20 de la ley 24.769 por dicha responsabilidad en el Impuesto a las Ganancias –período fiscal 2003-.
Que en post de una mayor claridad y orden en la exposición de los hechos controvertidos, se relatarán a continuación los agravios introducidos por el apelante contra las resoluciones cuestionadas en cada uno de los expedientes que forman parte de las presentes actuaciones.
Expediente N° 26.951-I. Resoluciones Nros. 218/05, 219/05 y 220/05 (DV RRMP)
En primer término, plantea la nulidad de la determinación del IVA respecto a los períodos 06/01 a 12/01 argumentando que la derogación del Decreto 629/92 (bloqueo fiscal), dispuesta por el Decreto N° 455/2002 (B.O. 12/03/03), no alcanza a los ejercicios fiscales mencionados dado que la fecha de cierre de sus balances comerciales opera el 31 de diciembre de cada año, correspondiendo así al año 2001 el cual cerró antes de la entrada en vigencia del decreto que derogó el instituto referido.
Explica que por los períodos junio y julio de 2001 no se exhibieron los comprobantes correspondientes durante la fiscalización, por lo que el organismo circularizó a los proveedores registrados y computó el crédito fiscal de aquellos que contestaron sus requerimientos e impugnó a los que no lo hicieron. En función de ello –y en forma subsidiaria al planteo efectuado ut supra- ofrece prueba informativa para que se consideren los créditos fiscales de los proveedores que no contestaron los oficios diligenciados por la inspección actuante.
Manifiesta no apelar la determinación de IVA –por los períodos junio 2001 a febrero 2003- en virtud de las declaraciones rectificativas presentadas el día 06/01/06. No obstante ello, también arguye que tal rectificación no es un reconocimiento de ajustes, sino de “un emprolijamiento” de las declaraciones, retenciones y percepciones en su aspecto temporal.
En lo relativo a la determinación del período 1999 –Impuesto a las Ganancias- reprocha el ajuste de las amortizaciones, en el cual si bien admite y reconoce la improcedencia de las mismas respecto al revalúo técnico, las entiende como insuficientes por no haberse considerado los valores de las incorporaciones expuestas en su Libro Inventario y Balance. También agrega que para establecer el valor residual de costo del buque vendido se tomaron en cuenta las amortizaciones de libros en contradicción con las deducidas en el período determinado. Asimismo, se agravia por el no cómputo de los quebrantos de ejercicios anteriores, ya que –a su juicio- se impugnan las declaraciones de períodos anteriores sin determinación de oficio, desestimando el saldo de las mismas en virtud de cuestiones conceptuales propias de esos períodos anteriores. En este sentido, dice que la posición fiscal viola el régimen de bloqueo fiscal, desconoce los principios de autonomía y estabilidad de la declaración jurada y la prescripción operada sobre los períodos presuntamente ajustados (1998 y 1999). Asegura que la impugnación de gastos en el período fiscal 2001 es incorrecta al establecerse por diferencia, empleando un cálculo erróneo. A raíz de ello, deduce que una parte del resultado determinado no encuentra origen alguno.
Sostiene que el ajuste sobre el proveedor observado –Marfin S.A.- carece de fundamentos al basarse sólo en las formas de pago empleadas para cancelar las compras realizadas (cfr. RG 151/98 AFIP).
En lo referente a la determinación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta –período fiscal 1999- centra su defensa en la inconstitucionalidad de las normas del gravamen, aduciendo que las mismas afectan la capacidad contributiva de los contribuyentes, especialmente a aquellos que no han obtenido rentas gravadas por el Impuesto a las Ganancias.
Alega que la multa impuesta en el IVA -conforme lo previsto por el artículo 46 y 47 de la ley de rito- se aplicó sin analizar las conductas ni especificar las imputaciones. Por tal motivo, describe los ajustes formulados y concluye que las cuestiones tratadas representan una clara omisión, pero de ningún modo pueden valorarse como un fraude. Por último, en el caso de la sanción aplicada en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta –con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental- invoca la figura del error excusable.
Expedientes Nros. 31.419-I y 48.354-I. Resoluciones 16/08, 17/08, 18/08 y 258/17 (DV RRMP)
Considera que el Fisco Nacional imputó erróneamente la compraventa del buque Ribazón Dorine al período fiscal 2003, violando así el principio de lo devengado. En esta línea expresa que hasta tanto no se cumpla con el pago en la forma pactada, y no quede firme la resolución judicial que habilita la enajenación del bien –en el marco de concurso preventivo en el que se encontraba la firma- no existe contrato de compraventa, sino locación. En apoyo a su postura invoca artículos del Código Civil, leyes aplicables al caso y lo resuelto por la jurisprudencia en situaciones análogas.
En otro orden de ideas, indica que en la liquidación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta –período fiscal 2003- no debe consignarse el crédito por la venta del buque Ribazon Dorine, pues su reconocimiento depende de la ocurrencia de acontecimientos futuros, los cuales recién se producen en el año 2004. Sobre la base de tal idea, afirma que si no se cumplen las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, no habrá compraventa y consecuentemente no existirá crédito alguno a cobrar.
De modo subsidiario, refuta la utilidad calculada por las ventas de los buques Ribazon Dorine y Mar Azul. Por otra parte, enfatiza que la suma de $ 386.100 percibida en diciembre 2003 corresponde al contrato de locación celebrado con la firma Kaleu Kaleu S.A., el cual se devengó hasta el perfeccionamiento de la compraventa del buque – hecho que ocurrió en junio 2004- por lo que la tesis fiscal –consistente en imputar dicho ingreso al año 2003- debe ser rechazada.
Se opone al ajuste proyectado sobre las notas de crédito emitidas a favor de la firma Mar del Mar Export S.A., señalando la existencia de un convenio conforme los usos y costumbres del sector pesquero.
Critica el computo de los quebrantos determinados en la Resolución N° 219/05 (DVRRMP), referida al Impuesto a las Ganancias 1999 y 2001, por no encontrarse firme dicho acto –el cual fue apelado ante este organismo jurisdiccional el día 13/02/2006-. En razón de ello plantea la litispendencia, solicitando se suspenda la sustanciación de las resoluciones apeladas hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el anterior caso. Idéntico pedido efectúa respecto de la imputación del resultado de la venta del buque Mar Azul al período fiscal 2002. Seguidamente, cuestiona la postura fiscal al rechazar la deducción de conceptos tales como: multas impuestas por la Secretaría de Agricultura y Pesca, actualizaciones e intereses (resarcitorios y concursales). Pone de relieve que las amortizaciones calculadas para los períodos 2002 y 2003 deben contemplar los efectos causados por la inflación.
Asevera que los intereses resarcitorios no existen ante la ausencia de mora culpable.
Destaca la improcedencia de las sanciones aplicadas, con sustento en los artículos 46 y 45 de la ley de rito, solicitando se deje sin efecto la primera –o subsidiariamente se reencuadre- y se decrete la nulidad de la segunda. Expediente N° 32.541-I. Resoluciones Nros. 171/08, 172/08 y 173/08 (DV RRMP)
En esta oportunidad, los principales argumentos expuestos por la actora se encuentran dirigidos a desvirtuar la responsabilidad solidaria que se le imputa, así como las sanciones aplicadas bajo el mismo concepto, considerando a tal efecto el estado de crisis económica y financiera que atravesó la firma Pesquera Claramar S.A. En subsidio, reitera la defensa articulada contra las cuestiones de fondo resueltas por las Resoluciones Nros. 16/08 (DV RRMP), 17/08 (DV RRMP) y 18/08 (DV RRMP).
Finalmente, en todos los recursos de apelación interpuestos, cita jurisprudencia y doctrina en apoyo a su postura, ofrece prueba, solicita se revoquen los actos atacados y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 188/209vta., 900/919, 1084/1104vta. y 1247/1266 contesta los recursos la representación fiscal, reiterando los argumentos vertidos en las resoluciones apeladas y solicita que se confirmen dichos actos, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 1109/1109vta. y 1279/1279vta. se resuelve acumular los expedientes Nros. 31.419-I, 32.541-I y 48.354-I a los presentes autos.
IV. Que a fs. 225/225vta. se abrió la causa a prueba -y se amplió a fs. 331, 930 y 1124- declarándose su clausura a fs. 1177.
V. Que a fs. 1177 se elevaron los autos a consideración de la Sala “A” y se pusieron a disposición de las partes a fin de que se produzcan sus respectivos alegatos, obrando a fs. 1183/1197vta. el alegato del Fisco Nacional y a fs. 1180/1182 el correspondiente a la recurrente. Finalmente, a través del IF-2022-48182996-APN-VOCII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
VI. Que así reseñados los antecedentes de la causa, en primer lugar debe tratarse el planteo formulado por la recurrente con fundamento en la supuesta violación del régimen especial de fiscalización denominado comúnmente “bloqueo fiscal”.
De este modo, resulta oportuno puntualizar que a través del artículo 117 de la ley 11.683 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un régimen especial de fiscalización -conocido como “olvido”, “bloqueo fiscal” o “ley tapón”- por el cual se limitan las facultades de verificación fiscal al último período anual para determinados contribuyentes y responsables. A tales efectos, se estableció una presunción iure et de iure de exactitud respecto de las declaraciones juradas que se hubieran presentado antes de la verificación fiscal.
Este sistema de excepción era sólo aplicable a aquéllos que se encontraban comprendidos en alguna de las situaciones descriptas en las normas dictadas al efecto. La presunción a favor del contribuyente sobre la exactitud y corrección de las declaraciones juradas presentadas por los años no prescriptos (conf. artículos 117 y 118 de la ley 11.683), se mantenia hasta tanto el Fisco Nacional proceda a impugnar la correspondiente al último ejercicio anual.
A través del decreto Nº 629/1992 el P.E.N. dispuso la aplicación del régimen especial de fiscalización en todo el territorio de la Nación, con relación a los Impuestos a las Ganancias, sobre los Activos, al Valor Agregado e Internos (excepto los previstos en sus artículos 23 y 23 bis), respecto de los ejercicios iniciados a partir del 1º de abril de 1992, excluyendo como sujetos del régimen a los agentes de retención o percepción que hubieran omitido actuar como tales.
Para comprender el real alcance de esa impugnación fiscal que habilita la apertura de los períodos anteriores, el régimen debe conciliarse con lo dispuesto por el artículo 65 -inc. c) del mismo cuerpo normativo, que prevé la suspensión del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: “...mientras dure el procedimiento en sede administrativa, contencioso-administrativa y/o judicial, y desde la notificación de la vista en el caso de determinación prevista en el artículo 17, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas del Capítulo XIII. La suspensión alcanzará a los períodos no prescriptos a la fecha de la vista referida.”
La integración armónica de las normas, lleva a considerar que el bloqueo fiscal como beneficio del contribuyente, se mantiene hasta tanto quede firme (ya sea en sede administrativa, contencioso-administrativo y/o judicial) la impugnación y determinación del “período base”; término durante el cual, como medida de protección del crédito público, se suspende el curso de la prescripción de los poderes fiscales -en este mismo sentido ver "Michelin Argentina SAIC y F (TF 22.277-I) c/ D.G.I." CSJN 23/02/2010-.
Dentro de esta sucinta explicación del sistema bajo estudio, resta destacar que por medio del decreto Nº 455/2002 se derogó el Régimen Especial de Fiscalización (ver su artículo 1º) y por decreto Nº 977/2002 se “aclaró” la expresión del primer párrafo de dicho artículo (cuyo alcance se dilucidará a continuación).
VII. Que sentado ello, cabe advertir que en relación a la aplicación del “bloqueo fiscal”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en la causa: S.530.XLVI “Sotura, Ricardo Fermín c/D.G.I.”, el 13/9/2011. En el pronunciamiento al que se hizo mención, el más Alto Tribunal sostuvo que:
a) A través del decreto Nº 455 -del 8 de marzo de 2002-, se derogó el referido régimen “con relación a períodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma”. Meses más tarde, con el dictado del decreto Nº 977 -del 10 de junio de 2002- se pretendió aclarar lo dispuesto en aquél, en el sentido de que la expresión “períodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma” significaba “períodos fiscales cuyo plazo de vencimiento general para la presentación jurada opere con posterioridad a esa fecha” (ver considerando 7º).
b) El decreto Nº 977 es modificatorio del Nº 455, en tanto en los propios fundamentos de este último se expresa que: “[e]lementales razones de seguridad jurídica aconsejan resguardar los derechos adquiridos por los contribuyentes que hubieren efectuado presentaciones al amparo del régimen aludido”.
Por tal razón, si bien se lo derogó por entenderse que las razones de política fiscal enunciadas en los referidos considerandos: “[t]ornan aconsejable dejar sin efecto el mencionado régimen, que limita las potestades investigadoras del Fisco Nacional”, tal derogación no se hizo inmediatamente operativa sino que se la pospuso: “[c]on relación a los períodos fiscales cuyo vencimiento opere con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma” (ver su artículo 1°) y se aclaró expresamente en su artículo 2° que se mantenía la “plena vigencia” del régimen al que se hizo referencia: “[c]on relación a las presentaciones que se hubieran efectuado al amparo del decreto Nº 629 de fecha 13 de abril de 1992, modificado por el decreto Nº 573 de fecha 30 de mayo de 1996 y del decreto 1340 de fecha 16 de noviembre de 1998” (ver considerando 10º).
En función de la reseña efectuada, concluyó que si el contribuyente presentó su declaración jurada - correspondiente al período 2001- el 27 de mayo de 2002, el Fisco Nacional no pudo invocar una norma posterior - como lo es el decreto Nº 977/2002- para privar a aquélla declaración de los efectos que conllevaba según la normativa vigente en aquel momento, es decir, la presunción de exactitud de las anteriores en tanto aquella no fuera impugnada y se determinara el impuesto (ver considerando 11º).
En lo que respecta a la aplicación del régimen bajo examen respecto al I.V.A., cabe citar la interpretación que efectuara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyo el dictamen producido por la Sra. Procuradora Fiscal, en la causa P. 1306. XLIII. R.H. “Peña, Orlando c/D.G.I.”, sentencia del 22/02/2011.
En dicha oportunidad se señaló que dilucidar cuál es el “período base”, delimita el alcance de las tareas de fiscalización en el caso de los tributos anuales y de los que no lo son.
Para este último supuesto -tal el caso de autos- el “período base” abarcará los ejercicios vencidos durante el transcurso de los últimos doce meses calendario anteriores al inicio de la fiscalización en los que hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones (arg. art. 117 de la ley 11.683).
VIII. Que si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los Tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. C.S.J.N. Fallos: 311:1644).
IX. Que, en este contexto, cabe destacar que el último ejercicio comercial de Pesquera Claramar S.A. en lo que hace al I.V.A., durante el cual estuvo vigente el régimen de “bloqueo fiscal” al que se viene haciendo referencia, fue el correspondiente al mes de febrero de 2002 cuyo cierre operó el último día de ese mes. Esto es así, pues el decreto Nº 455/2002 fue dictado y entró en vigencia en el mes de marzo de dicho año (ver B.O. del 12/03/2002). Con base en tales circunstancias, y sin perder de vista los lineamientos sentados por el Alto Tribunal en la sentencia dictada en las causas, in rebus, “Sotura, Ricardo Fermín c/D.G.I.” y “Peña, Orlando c/D.G.I.”, ya citadas, se advierte que en autos, el “período base” sujeto a fiscalización comprendía, por tratarse del Impuesto al Valor Agregado (cuya liquidación e ingreso a las arcas públicas se produce en forma mensual), los ejercicios mensuales correspondientes a marzo del año 2001 y hasta febrero del año 2002, es decir los doce ejercicios comerciales cerrados con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto Nº 455/02 (B.O. 12/03/2002), norma que derogó el “bloqueo fiscal” establecido por el decreto 629/1992.
De ello se colige que la pretensión fiscal se ajusta a derecho, ya que los períodos fiscales referidos al Impuesto al Valor Agregado -junio a diciembre 2001- no se encontraban alcanzados por el régimen aludido, pudiendo ser pasibles de fiscalización.
Sin perjuicio de lo expuesto, se observa que la recurrente presentó las declaraciones juradas rectificativas del IVA por los períodos discutidos con fecha posterior al inicio de la inspección –vide fs. 160-, encuadrando tal situación en las exclusiones del régimen previstas en los arts. 118 y 119 de la ley de rito.
X. Que en otro orden de ideas, corresponde rechazar el planteo opuesto por la impugnación de quebrantos provenientes de años prescriptos -1997 y 1998-. Ello, por cuanto no debe confundirse el instituto de la prescripción que afecta a las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir impuestos con la facultad de verificar “que se extiende más allá de aquel período”. Esta facultad, en efecto, consagrada por el artículo 33 de la ley de rito puede ejercerse por el ente fiscal durante todo el período por el que los contribuyentes y responsables se encuentran obligados a conservar los comprobantes y documentos que acrediten sus operaciones vinculadas con la materia imponible (art. 48 de su Decreto Reglamentario), y permite investigar los hechos “cuyas consecuencias descargan en años posteriores no prescriptos” (vide “Beamonte, Venancio Pedro” T.F.N. –Sala B- 26/2/91 y en igual sentido “Blasil S.R.L.” T.F.N. –Sala B- 24/05/91 y “Parques Interama S.A.” T.F.N. –Sala B- 13/11/91).
A idéntica conclusión se arriba cuando el apelante reprocha el desconocimiento por parte del Fisco Nacional del régimen del bloqueo fiscal al desestimar éste los saldos de los quebrantos declarados, causados por las amortizaciones practicadas en exceso sobre los buques utilizados en la explotación pesquera. Ello es así, toda vez que la normativa en cuestión impedía al organismo fiscal determinar de oficio la obligación tributaria del contribuyente respecto a los períodos anteriores al base, más no que ejercitara las facultades de verificación y fiscalización sobre tales ejercicios –las cuales se encuentran amparadas por la propia ley 11.683 y su decreto reglamentario-. Por tanto, en el presente caso no se efectuó una determinación por los años 1997 y 1998 intimando el impuesto resultante por los quebrantos supuestamente inexistente, sino que se verificó la existencia de un hecho que incidía en el quantum de la obligación liquidada en el acto atacado, lo que hizo necesario acudir a las declaraciones juradas donde obraban los respectivos antecedentes. En consecuencia, las críticas introducidas en el libelo recursivo de la actora encaminadas a obtener la revocación de la tesis fiscal no puede tener una acogida favorable al carecer tanto de sustento factico como legal.
XI. Que en cuanto a las amortizaciones computadas por la auditoría fiscal sobre los buques “Mar Azul” y “Ribazón Dorine”, cabe recordar en forma preliminar el régimen dispuesto por la propia ley del Impuesto a las Ganancias para deducir tales gastos en cada período fiscal.
Así, el artículo 84 de ley dice que la amortización tiene por propósito compensar el desgaste de los bienes y, a los efectos de calcularlo, manda a dividir, como primer paso, el costo o valor de adquisición de los bienes, por un número igual a los años de vida útil probable que se les adjudique.
Por su parte, el artículo 126 del decreto reglamentario define que: “[e]l costo original de los bienes amortizables comprende también los gastos incurridos con motivo de la compra o instalación, excepto los intereses reales o presuntos contenidos en la operación. Los intereses sobre el capital invertido no serán computados a los efectos de la fijación del costo.” En efecto, aquí la norma acude a los conceptos generales de contabilidad: el costo de un bien adquirido no es solamente el importe indicado en la factura, sino que es necesario adicionar los fletes de compra, los gastos de almacenaje, de instalación y de montaje y toda otra erogación necesaria hasta la puesta a punto del bien.
Asimismo, la ganancia bruta de la venta de bienes muebles amortizables equivale a la diferencia entre su precio de venta y su valor impositivo residual, o sea, costo histórico menos amortizaciones computadas como gastos –según lo establecido por el artículo 58 de la Ley del Impuesto a las Ganancias-.
Dicho artículo, en lo que aquí interesa, determina el costo computable de los bienes adquiridos, que resulta de restar al costo de adquisición –con la actualización, en la medida que procediera, desde la fecha de compra hasta la enajenación- el importe de las amortizaciones ordinarias, calculadas sobre el valor actualizado, relativas a los períodos de vida útil transcurridos.
Por último, en lo referente a las mejoras sobre los bienes amortizables, el artículo 147 del reglamento distingue entre reparaciones ordinarias y mejoras al decir que: “[s]e reputan como mejoras, no resultando en consecuencia deducibles como gasto, aquellas erogaciones que no constituyan reparaciones ordinarias que hagan al mero mantenimiento del bien. En general, se presumirá que revisten el carácter de mejoras cuando su importe, en el ejercicio de habilitación, supere el 20% (veinte por ciento) del valor residual del bien, ajustado de acuerdo con las disposiciones de los artículos 58 o 59 de la ley, según corresponda. Las mejoras, cuando corresponda, se amortizarán en el lapso de vida útil que reste al bien respectivo y partir del ejercicio de habilitación de las mismas, inclusive.”
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas se observa que el contribuyente calculó la amortización de los buques considerando un mayor valor de origen derivado de la realización de un revalúo técnico, el cual fue rechazado por la inspección según los lineamientos vertidos en el Dictamen N° 72/1999 –del 2 de noviembre de 1999 de la Dirección de Asesoría Técnica-. Sobre este punto la recurrente no cuestionó la imposibilidad de amortizar el revaluó técnico, pero entendió que al no contemplarse las distintas mejoras que posteriormente se efectuaron sobre esos bienes –las cuales se encuentran expuestas en el Libro Inventario y Balance- los importes calculados por los actuantes eran erróneos.
Sentado ello, es dable destacar que el Fisco Nacional, en un todo de acuerdo con la normativa citada, comprobó el valor de alta de cada uno de los buques -de conformidad con los datos aportados por la Prefectura Naval Argentina a fs. 41/44 del Cuerpo de Información de Terceros Organismos relacionados con la pesca- y luego determinó las amortizaciones en base a los años de vida útil expuestos en el Anexo I (Bienes de Uso) de los Estados Contables presentados por la propia encartada. Por ende, el ajuste fiscal en este aspecto se encuentra ajustado a derecho y no corresponde más que su confirmación.
En este caso vale aclarar que yerra la actora al pretender incorporar las inversiones efectuadas, cuando tanto de los antecedentes como de las pruebas aquí ofrecidas no surge documentación alguna que permita acreditar la existencia de dichos valores. Tal argumento se ve reforzado por el punto 3°) del informe contable obrante a fs. 334/345, en el cual los profesionales –siguiendo las propias pautas establecidas por el apelante- se limitaron a transcribir los datos volcados en su contabilidad, sin agregar facturas que avalen la información expuesta. En idéntico sentido se resuelve la aplicación del ajuste por inflación sobre los bienes de uso, ya que el sistema de actualización y ajuste dejó de ser operativo por lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 24.073. En lo referente al ingreso obtenido por la venta del buque Mar Azul –declarada por la firma en 2001- el mismo se configuró en el ejercicio 2002 de acuerdo a la copia certificada del “Documento Protocolar Número Treinta. Transferencia del Buque Mar Azul” -agregada a fs. 302/316 del Cuerpo Impuesto a las Ganancias N° 2 (OI 18484/5)- por lo que el criterio fiscal en este aspecto también resultó acertado al excluir del balance impositivo el importe consignado en el Estado de Resultados del período sujeto a verificación. Sin embargo, ello no implica –como lo sostiene la actora- que se hayan convalidado las depreciaciones contabilizadas al cierre del ejercicio ni el valor residual de costo del buque vendido, sino que, por el contrario, simplemente se procedió a la detracción de la transacción registrada a los efectos que no posea incidencia alguna en la liquidación del impuesto.
XII. Que en lo atinente al supuesto error alegado por la actora en el cálculo de los gastos impugnados en el período fiscal 2001, se advierte que tal diferencia se debe a que el monto neto de las facturas exhibidas (correspondientes a los meses de enero a mayo de 2001 y agosto a diciembre del mismo año) es inferior al total de gastos computados en el cuadro de gastos del balance, circunstancia que fue aclarada por el Juez Administrativo a fs. 706 de la determinación de oficio. Por lo demás, se observa que los anexos que integran la resolución apelada detallan con claridad las sumas, conceptos y períodos sobre los cuales se basa el ajuste, lo que sella la suerte adversa de la pretensión perseguida por la quejosa.
XIII. Que, en relación a los créditos fiscales y gastos impugnados por compras a un proveedor presuntamente apócrifo, los inspectores señalaron en sus informes -vide fs. 633/638 Cuerpo de Impuesto a las Ganancias y 415/420 Cuerpo de Impuesto al Valor Agregado (OI 18484/5)- lo siguiente:
MARFIN S.A.: a) se detectaron dos (2) facturas emitidas en el mes de diciembre de 2001, en concepto de “Intereses por financiamiento operatoria comercial Año 2001” (vide fs. 576/577 Cuerpo de Verificación del Impuesto a las Ganancias); b) los comprobantes emitidos coinciden con la autorización otorgada por la AFIP (fs. 608 Cuerpo de Verificación del Impuesto a las Ganancias N° 4 y fs. 391 del Cuerpo de Verificación del IVA N° 2); c) de acuerdo a las bases del organismo fiscal, cuyas constancias lucen agregadas a fs. 1585/1597 del Cuerpo de Información de Terceros – Proveedores N° 8, y de fs. 1721/1727 y 1756 del Cuerpo de Información de Terceros – Proveedores N° 9, surge que: 1°) se encuentra inscripto en la actividad “servicios de financiación y actividades financieras N.C.P.”; 2°) la firma exterioriza un débito fiscal de $ 8.453,61, monto que coincide con el IVA facturado a Pesquera Claramar S.A.; 3°) dicho monto es apenas inferior al monto computado como saldo a favor del período anterior, arrojando la declaración jurada saldo a favor de la contribuyente; 4°) las declaraciones juradas de los períodos 05/2001 a 11/2001 y 01/2002 (las anteriores al mes en que las facturas fueron emitidas y la posterior) fueron presentadas sin actividad; 5°) no posee cuentas bancarias o bienes registrables; d) de los antecedentes glosados a fs. 1729/1753 del Cuerpo de Información de Terceros – Proveedores N° 9, se verificó que los integrantes de la firma, según contrato constitutivo son Oscar Cayetano Salerno y Alfonso Salerno, los cuales también forman parte del directorio del recurrente. Además, la sociedad presentó F. 3281 respecto de los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, informando que los responsables facultados para actuar en representación de la firma son las personas ya mencionadas; e) mediante F. 8600/I 016 N° 0052447 se le requirió a la actora que aporte recibos y órdenes de pago correspondientes a las facturas emitidas, lo cual fue incumplido –vide fs. 615 y 619 del Cuerpo de Verificación de Ganancias, y fs. 397 y 401 del Cuerpo de Verificación de IVA- ; f) conforme a los extractos bancarios de Pesquera Claramar S.A., adjunto a fs. 312/399 y 401/415 del Cuerpo de Información de Terceros – Bancos Nros. 2 y 3, la cuenta de la cual es titular la firma no registra movimientos.
XIV. Que, en función de los hechos descriptos, resulta necesario analizar en primer término el cumplimiento de la Resolución General 151 (AFIP) (BO: 6/10/1998). Dicha norma fija que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 34 de la ley 11683 -t.o. 1998-, el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que prevén las normas de los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización tiene a su cargo la AFIP, originados por las operaciones que los contribuyentes o responsables realicen en su carácter de compradores de los bienes muebles, locatarios o prestatarios, queda condicionado a la utilización exclusiva de los medios de pago o procedimientos de cancelación que se establecen en el artículo 3 y concordantes, y que de ninguna manera prevé que la cancelación pueda hacerse en efectivo para aquellas facturas cuyos montos superen los $ 10.000. No obstante ello, la limitación establecida no es rígida, dado que para los períodos bajo análisis, tanto el artículo 8 de la resolución como el artículo 34 de la ley de procedimiento que le sirve de sustento, son categóricos en admitir que en los casos en que los contribuyentes no utilicen los medios de pago o formas de comprobación dispuestos por la AFIP, quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor las deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés de los mismos. Vale decir que ante una comprobación eficaz de realización de las operaciones cuyos efectos se pretende aprovechar, la circunstancia de haberse pagado con efectivo montos superiores a $ 10.000, no empece a la vigencia de dichos efectos, porque la norma legal admite otras formas de comprobación para justificar la existencia de las negociaciones. Va de suyo que pretender aplicar la disposición con todo rigor, llevaría al resultado ilógico de validar una operación apócrifa que cumpla con todos los requisitos establecidos, impidiendo al Organismo Fiscal su impugnación.
Por lo expuesto, solo cabe agregar que es la actora quien debe justificar fehacientemente la existencia de las operaciones que dice haber efectuado con el proveedor indicado, siendo resorte exclusivo de su incumbencia y por lo tanto es a ella a quien le compete la demostración del gasto, sin que al respecto haya producido pruebas consistentes a ese fin.
Lo dicho apunta a poner de relieve que, si bien el artículo 164 de la ley de procedimiento fiscal ordena al tribunal impulsar de oficio las causas sometidas a su consideración y lo autoriza, para establecer la verdad de los hechos, independientemente de lo alegado por las partes, tal circunstancia no supone que deba ser el juzgador quien toma la iniciativa en la producción de las pruebas que a ellas corresponde, ni que su misión sea la de reemplazarlas en esa actividad.
Las consideraciones expuestas hacen aplicable a la cuestión planteada, el temperamento reiteradamente sustentado en diversos precedentes jurisprudenciales, en los cuales no cabe presumir arbitrariedad del criterio técnico en que se fundó la determinación, puesto que si las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hayan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos, así como que al contribuyente que impugna las liquidaciones hechas con la intervención de un inspector de la Entidad Recaudadora, le corresponde probar fehacientemente los errores que les atribuye (cfr. J. de la CFed. del 23/2/1971 en "General Electric Argentina SA"; del 16/3/1971 en "Sucesores de Rosendo Soñora"; del 9/8/1971 en "Alonso, Alfredo D." y del 30/5/1994 en "Distribuidora Villarino s/apel. - IVA", Expte. 4506-I, fallo de la Sala A de este Tribunal).
XV. Que en lo que se refiere al resto de las observaciones, es necesario remitirse a lo resuelto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en la causa "Barreré y Asociados Soc. De Hecho" de fecha 24/06/05, al sostener que para reconocer al contribuyente el crédito fiscal, éste debe probar, entre otras cosas, la real existencia de las compras efectuadas, con sus correspondientes facturas donde el impuesto se encuentra discriminado.
Dicho criterio fue reafirmado por la Corte Suprema de la Nación en recientes fallos en las causas "Stopcar S.A." y "Feretti, Félix Eduardo" de fechas 21/08/13 y 10/03/15, respectivamente.
En este marco es necesario destacar -como lo sostuve en mi voto correspondiente a la causa caratulada: “ARRE- BEEF S.A. s/recurso de apelación” de fecha 21/9/2018- que la mera existencia de facturas en legal forma no habilita, sin más, el cómputo del crédito fiscal. Con sólo observar el texto del artículo 12 de la ley de IVA se puede apreciar la evidente intención del legislador de resguardar la determinación final del gravamen imponiendo una serie de requisitos y condiciones para que el crédito fiscal pueda ser computado como tal por el contribuyente. Así encontramos que, entre el propio artículo 12 y otras normas complementarias, dicho cómputo está sujeto a: a) que sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que la cancelación de la operación se instrumente a través de determinados medios de pago; h) que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Como puede colegirse, se trata de una serie de requisitos concurrentes de tipo formal algunos y de tipo material otros, inscribiéndose entre estos últimos la generación del débito fiscal en cabeza del sujeto que emite la factura, lo que no hace más que garantizar la característica de un impuesto plurifásico no acumulativo como el tratado. Esta modificación legal data de 1990 y recepta los argumentos de los Dictámenes 35/84 y 22/85 – DATJ- que cuestionaban que la simple emisión de una factura, aunque cumpliera con los requisitos legales, pudiera acordar válidamente un crédito fiscal al comprador.
Hasta la citada modificación legal la propia Corte - Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.- sustentaba la impugnación de créditos fiscales amparándose en el principio de la realidad económica para no hacer lugar a cómputos de créditos sin el correlato de una operación explícita que hubiera generado el débito pertinente. En este marco, el requisito para la computabilidad del crédito fiscal, basado en la “generación del débito fiscal” o “perfeccionamiento del hecho imponible” en cabeza del vendedor, locador, importador o prestador, como reza el último párrafo del artículo 12 de la Ley de IVA, no supone la posible declaración y pago por parte de éste del gravamen sino que tamiza por el artículo 6, en tanto se trate de venta de bienes o de locación o prestación sobre bienes, y requiere que medie la efectiva existencia de los mismos y éstos hayan sido puestos a disposición del comprador.
Enn casos como el presente –proveedor apócrifo- y de conformidad con lo expresado precedentemente, es preciso tener en claro que ante la aparición de un comprobante de gasto falso el Ente Fiscal se encuentra habilitado para impugnar la erogación, justamente porque no refleja el verdadero concepto de la salida. De tal forma, el contribuyente inspeccionado se verá impedido de efectuar la deducción de dicho gasto en la liquidación del impuesto a las ganancias ni, asimismo, podrá computar el crédito fiscal proveniente de dicha compra en el impuesto al valor agregado.
En estas circunstancias no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, para concluir si tenía obligación de conocerlas o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial que se conjugan con otras anomalías propias de operaciones falsas y que han sido suficientemente detalladas en el informe final de inspección y apoyadas en una consistente tarea de fiscalización.
Que, claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y/o al impuesto a las ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor o con saldos a pagar exiguos, circunstancias estas, que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno.
Pero otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y, como corolario, una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno (gerentes, domicilios reales, depósitos, seguros, acreditación de medios de pago fehacientes, sujetos encargados de la cobranza, etc.) tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resultan de su exclusivo interés (cfr. doctrina jurisprudencial emergente de TFN - Sala A - "Molla, Pedro José" - 17/3/2002, en idéntico sentido esta Sala - "in re" "Vialbo Construcciones SA" - 2/12/2002).
XVI. Que bajo tales pautas, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus operaciones y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. "Molla, Pedro José", TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustituida de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones en cabeza del proveedor aquí cuestionado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Sobre los aspectos mencionados la actora no aportó probanza alguna para acreditar la efectiva compra de los servicios facturados por Marfin S.A. Es decir que a quien le incumbía la demostración intergiversable de sus invocaciones no lo hizo, ni ha desvirtuado las impugnaciones formuladas por el Fisco Nacional que reposan en los elementos probatorios colectados durante su accionar fiscalizador, tornando incomprobables sus explicaciones retóricas.
A su vez de la lectura de las actuaciones se desprende que el análisis del Fisco Nacional, efectuado sobre los proveedores impugnados, se basó en una profunda investigación que se requiere para el caso, tal como lo propone el “Protocolo de actuación para la investigación de delitos penales tributarios a través del uso de facturas apócrifas” – Resolución (PGN) Nº 149/2009 que si bien no es una pauta de seguimiento obligatorio para el ente fiscal, otorga una mayor rigurosidad y sustento a la investigación y consecuente conclusión.
Cabe añadir que en el examen de las presentes actuaciones no se ha considerado relevante que el proveedor no figurase en la base APOC al momento de las operaciones cuestionadas, y que contara con autorización para emitir comprobantes (conf. esta Sala en las causas “Feliciano Pazos S.A. (TF 32.915-I) c/ DGI”, del 14-11-18; “Megamodel S.A. (TF 37.594-I) c/ DGI”, del 18-12-18 y “Goldsonic S.A. (TF 39.442-I) c/ DGI”, del 26-12-18), pues lo concreto y decisivo es que al demostrarse los extremos que tornan inverosímiles las operaciones, la inclusión o no del proveedor en la citada base, no comporta un factor que permita soslayar los datos obtenidos y menos aún prescindir de la realidad que implica la imposibilidad de la concreta realización de las mismas. Aquí no es vital la oportuna aprobación por parte de la AFIP o de otros organismos estatales para que dichos sujetos, proveedores, se encuentren habilitados o en condiciones de existir jurídicamente, operar comercialmente o emitir facturación, todo lo cual podrá hacer final y eventualmente reprochable y sancionable el incumplimiento de deberes de los funcionarios actuantes. En este estadio de la controversia y a la luz de aquello que consta en el expediente, lo que fundamentalmente debe establecerse es la materialidad y veracidad de la operación desde el punto de vista económico dado que el hecho imponible en crisis, que pudo haber dado lugar al cómputo de créditos fiscales, es un hecho económico más allá de las relaciones jurídicas entre las partes.
En atención a los argumentos desarrollados, voto por confirmar el criterio fiscal que impugna la deducción del gasto incurrido por la apelante y el crédito fiscal tomado por la misma, por entender que las facturas que documentan dichos gastos y que contienen el crédito fiscal son apócrifas, sin que la interesada haya probado la real existencia de la operación en el plano de los hechos, determinando la obligación de la contribuyente frente al Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado.
XVII. Que en lo que toca a los créditos fiscales y gastos impugnados por los meses de junio y julio 2001, es preciso aclarar que el ente fiscal computó en sus liquidaciones las operaciones efectuadas con los proveedores “Carmelo Garrido S.R.L”, “Servinaval S.R.L.”, “Juanmar S.A.”, “Nuncio de Rosas S.R.L.” y “Mattera Juan y Mattera Salvador S.H.” (vide Anexo B.2.1. de la Resolución N° 218/05), las que posteriormente –y en forma coincidente- fueron informadas por los peritos contables (fs. 338/345 y 1139/1148), no alterándose en estos casos la pretensión fiscal debatida.
Sobre las demás compras relevadas en la pericia resta decir que -en función de los requisitos enunciados en el Considerando XV- sólo corresponde considerar como deducibles aquellos proveedores que acompañaron a los presentes autos los comprobantes y recibos vinculados con las operaciones efectuadas. En ese sentido, en el marco de la prueba informativa ofrecida por la actora y posteriormente confirmada por la pericia contable, se presentaron otros comprobantes de proveedores referidos a los meses indicados que no fueron inicialmente considerados por el fisco, y que corresponden sean incluidos en el cálculo de los créditos fiscales y gastos a deducir. Los mismos representan un total facturado de $50.353,87, una vez restadas las operaciones correspondientes a Mattera Juan y Mattera Salvador S.H. ya incluidas en el párrafo anterior (vide fs. 1140/1147).
XVIII. Que corresponde a continuación tratar la sanción aplicada, con relación al impuesto que se confirma, en la Resolución N° 218/05 encuadrada en los artículos Nros. 46 y 47 incisos a), b) y c) de la ley procedimental, para las conductas derivadas de las liquidaciones del IVA, por los períodos julio, septiembre, octubre y diciembre de 2001.
La auditoría realizada detectó irregularidades en la documentación, registraciones y declaraciones juradas presentadas por la actora, de las que a continuación se detallan algunas de las más relevantes:
• Computo de crédito fiscal respaldado por comprobantes apócrifos (períodos junio, julio, septiembre y diciembre de 2001, enero y febrero de 2002);
• Omisión en declarar, por el período fiscal 2002, el débito fiscal relacionado a la venta del buque Mar Azul; • Computo, en los períodos octubre de 2001 y febrero 2002, de saldos a favor provenientes de los períodos inmediatamente anteriores a los mencionados, los cuales quedan absorbidos por los ajustes efectuados sobre el crédito fiscal.
En base a mencionado, el organismo recaudador entendió que la actora, al haber presentado declaraciones juradas que no corresponden con lo que ordena la ley respectiva, utilizó uno de los medios de consumación previstos en el tipo penal al considerar que la presentación de una declaración jurada inexacta es un medio idóneo para ocultar el impuesto que correspondía tributar, en un sistema de autoliquidación como el argentino. Y, como consecuencia de tal inexactitud, dicho Órgano procedió al dictado de la Resolución N° 218/2005 respecto al Impuesto al Valor Agregado por los períodos de referencia.
Sentado lo anterior, cabe recordar que el artículo 46 de la ley 11.683 de –en su texto anterior al dictado de la Ley N° 27.430 y vigente al momento de cometido el ilícito- exigía, para que se configure la sanción allí tipificada, la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
En cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, en tanto considera inexacta la declaración jurada presentada, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de la sanción apelada.
Pero, que las declaraciones juradas originales sean a todas luces inexactas no lleva, indubitablemente, a entenderlas como engañosas, ardidosas o maliciosas.
En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
El elemento subjetivo del artículo 46 acude, ante la falta de certezas del organismo fiscal, a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, respecto de la voluntad defraudatoria de sujeto.
En el caso bajo análisis acude a los incisos a), b) y c) del artículo 47 citado que establece: “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando... a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11… b) cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.… c) si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso;”
En los citados incisos a) y b) se requiere de una “grave” contradicción e incidencia sobre la determinación de la materia imponible, a causa de haber consignado datos inexactos en la documentación de respaldo. Si bien dicha presunción se apoya a su vez en otra subjetividad que es la de establecer cuándo es que existe “gravedad” y es el Fisco quien debe darla a conocer, en el caso de autos el hecho de haberse demostrado las irregularidades apuntadas, la gravedad resulta palmariamente expuesta.
Por último, la “manifiesta disconformidad” exigida por el inciso c) resulta irrefutable, en tanto los elementos documentales al ser tachados de apócrifos –o no haberse analizado correctamente- se encuentran en manifiesta violación con las normas legales y reglamentarias aplicables.
En este contexto, siguiendo lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos “Red Hotelera Iberoamericana S.A. C/DGI” del 26/08/2003, la carencia de aptitud del instrumento utilizado es equivalente a la ausencia del instrumento o documento, por lo que estamos en presencia del tipo previsto en los incisos citados precedentemente.
Del análisis de los antecedentes, se observa que le asiste razón al fisco por cuanto la falta de correspondencia entre las registraciones de la contribuyente y la respectiva documentación respaldatoria, así como entre ésta y las declaraciones juradas presentadas, y la presencia de datos inexactos atentan contra la veracidad de la obligación fiscal autodeterminada por la recurrente.
Sentado lo anterior y a la luz de las pruebas aportadas por la actora, resulta pertinente recordar que, con relación a los créditos fiscales y gastos impugnados por los meses de junio y julio 2001, el ente fiscal computó en sus liquidaciones las operaciones efectuadas con los proveedores “Carmelo Garrido S.R.L”, “Juanmar S.A.”, “Nuncio de Rosas S.R.L.”, “Servinaval S.R.L.” y “Mattera Juan y Mattera Salvador S.H.” (vide Anexo B.2.1. de la Resolución N° 218/05), las que posteriormente –y en forma coincidente- fueron informadas por los peritos contables (fs. 334/345 y 1139/1148), no alterándose en estos casos la pretensión fiscal debatida. Y que además, se constataron otros gastos no considerados inicialmente por el fisco pero cuyas facturas se acompañan a los presentes autos, por lo que deben ser consideradas, en los términos del Considerando XVII.-.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la actora no aportó otras pruebas que permitan revertir el resto de las presunciones a las que hemos hecho referencia, no cabe más que concluir que la sanción aplicada ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada.
XIX. Que a tenor de lo expresado, voto por confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 218/05 y 219/05, en cuanto determinan la obligación tributaria del contribuyente respecto de los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado en los períodos bajo discusión, con más sus intereses y multa –sólo en el último caso- en la proporción correspondiente (cfr. Considerandos VI a XVIII y XXXIII), debiendo la AFIP practicar la reliquidación pertinente bajo las pautas dispuestas en el Considerando XVII.
Por el resto de los conceptos, no cuestionados por la encartada, que integran las liquidaciones practicadas por el Fisco Nacional en las aludidas Resoluciones, corresponde su confirmación.
Las costas se imponen en proporción a sus respectivos vencimientos.
XX. Que, seguidamente, procede tratar la Resolución N° 220/05 -Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta-, la cual se funda en la nueva valuación calculada sobre los bienes de uso que poseía la firma al 31/12/1999. A los efectos de un correcto análisis de la situación, debe recordarse previamente que la Ley 25.063 estableció en sus arts. 1º y 2º que este tributo se determina sobre la base de los activos de las sociedades y empresas domiciliadas en el país que desarrollen actividades de producción y comercialización de bienes con fines de lucro. Aquí el legislador tuvo como propósito para la creación de dicho tributo captar la capacidad contributiva de una ganancia mínima que se presume de los sujetos titulares de una explotación económica, sin discriminar la situación financiera o actividad económica.
Tal situación fue revertida por el pronunciamiento del Alto Tribunal en la causa “Hermitage S.A.” del 15/6/2010 y posteriormente lo hizo en la causa “Diario Perfil S.A.” del 11/2/2014, precedentes en los que enfatizó sobre la problemática que trae aparejado las presunciones en materia tributaria, recomendando que debe hacerse un uso “inteligente, concreto y racional”, sin dejar de lado que la Corte ha justificado la existencia de esa clase de mecanismo bajo la existencia de excepcionales circunstancias.
En los precedentes citados ha señalado que la existencia y mantenimiento de activos -tal como lo plantea la ley del gravamen en discusión- presume, sin admitir prueba en contrario, que se obtendrá una renta equivalente al 1% del valor de dichos bienes, pero no se han dado fundadas razones para impedir la prueba, en un caso concreto, que no se ha obtenido tal ganancia.
Entendió que la iniquidad de esta clase de previsión se ponía en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no había existido, tal como sucede en autos. Sobre el particular el Máximo Tribunal ha señalado que “la prueba a cargo del contribuyente puede estar, por una parte, orientada a destruir la presunción que la ley contiene y a demostrar que, en el período concreto de que se trata, ha disminuido o desaparecido la capacidad contributiva tomada como base a los efectos que el propio legislador ha previsto” (“Clínica Güemes SA” del 21/08/2003”).
Asimismo, ha reiterado en variadas oportunidades que “...el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo e ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requieren que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas (Fallos: 235:883)…”.
Bajo dicha inteligencia y considerando que la prueba producida en autos demostró que los resultados de la sociedad actora habían arrojado pérdidas, tanto en el período bajo crisis como en los posteriores ejercicios -vide informe contable obrante a fs. 334/337 punto 2°), apartado “Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”- debe tenerse por acreditada la inexistencia de “ganancias”, y por ende la ausencia de capacidad contributiva como presupuesto legitimante del impuesto en cuestión, en los términos exigidos por el Máximo Tribunal en el precedente citado.
En consecuencia, voto por revocar la Resolución 220/08 (DV RRMP) en todas sus partes, con costas. Por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los restantes agravios de la recurrente en relación a los intereses resarcitorios y la multa aplicada.
XXI. Que en lo que concierne a la fecha de realización de la venta del buque Ribazon Dorine, que se efectuara a la firma Kaleu Kaleu S.A., y su posterior imputación por parte del Fisco Nacional al período fiscal 2003, tanto en el IVA como en el Impuesto a las Ganancias (Resoluciones Nros. 16/08 y 17/08 respectivamente), la actora entiende que dicho momento se produce con la escrituración en el mes de junio de 2004, fundado ello centralmente en que la transmisión de la propiedad de un buque de más de 10 toneladas de arqueo total debe hacerse, bajo pena de nulidad, en un instrumento público o privado autenticado (cfr. artículo 156 de la ley de navegación) y que su oponibilidad a terceros se produce desde la inscripción registral, según el artículo 158 de la citada norma. En esta línea, destaca que el Capítulo VI punto 1 del contrato de compraventa subordina el efecto traslativo de la propiedad a dos condiciones: 1°) la autorización de la venta por parte del juez del concurso, y 2°) el pago total del precio en la forma pactada; por tal motivo –según sus dichos- simultáneamente se celebró un contrato de comodato para que la compradora acredite su carácter de armadora del buque durante el plazo que insumiera el otorgamiento de la escritura pública traslativa del dominio.
En consecuencia, el núcleo de la controversia radica en sí la operación reseñada se encuentra alcanzada por la hipótesis de incidencia prevista en el artículo 2° inc. a) de la ley de IVA, en función de lo preceptuado por su artículo 5° inc. a).
Este último precepto, en lo que aquí interesa, establece que en el caso de ventas –inclusive de bienes registrablesel hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente, el que fuere anterior.
A su turno el artículo 6, en su parte pertinente dice: “En los casos previstos en el inciso a) […], se considerarán como actos equivalentes a la entrega del bien o emisión de la factura respectiva, a las situaciones previstas en los apartados 1º, 3º, 4º y 5º del artículo 463 del Código de Comercio.
En todos los supuestos comprendidos en las normas del artículo 5º citadas en el párrafo anterior, el hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y éstos hayan sido puestos a disposición del comprador.”
Por ende, de acuerdo a la ley del gravamen, no se comparte el criterio fiscal expuesto en el acto apelado, que tiene por verificado el hecho imponible con la firma de un boleto de compraventa –y la posterior autorización de dicha operación ante el juez concursal- mediante el cual una parte se compromete a entregar bienes de su propiedad a otra, la que, a su vez, se obliga a pagar por ellos. En efecto, aquí se requiere bien la “tradición real” de la cosa –es decir, la recepción y conformidad total, manifiesta o tácita del cliente según los usos y costumbres- o bien la “tradición tácita” ponderada de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Civil; ello, sin perjuicio de considerar la existencia de un “acto equivalente” cuando no pueda establecerse el momento en que se produjo la entrega de la cosa con anterioridad a él.
Sí se examina la cuestión desde la óptica del Código Civil (vigente a la sazón), el concepto de venta contenido en la ley del gravamen consiste en la transmisión del dominio del bien a través de la cual la cosa pasa a someterse a la voluntad y acción del dueño, quien tiene con carácter exclusivo, la facultad de disponer de ella (artículo 2506 CC). En consonancia con éste precepto, dicho cuerpo legal establece que “es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular” (art. 2513 CC) y agrega en la nota de su artículo 2509 que “la propiedad es la reunión de todos los derechos posibles sobre una cosa...”
En esa dirección el contrato de compraventa suscripto –conforme sus cláusulas- si bien obliga a transmitir la propiedad del buque a cambio de un precio, ello no implica la transmisión del dominio, que tendría lugar con la escritura traslativa de dominio en los términos de la ley y según lo acordado.
Asimismo, en el caso de los buques –aun siendo bienes muebles- se aplican algunas reglas propias del inmueble, entre ellas, la transferencia del derecho de propiedad por medio de escritura pública o documento privado autenticado, bajo pena de nulidad (cfr. art. 156 de la ley 20.094).
En esta idea, el contrato de comodato celebrado demuestra que en ese momento la cosa aún estaba bajo propiedad del vendedor, por lo que resulta imposible otorgar ningún derecho sobre tal bien -en este sentido ver la cláusula tercera del contrato obrante a fs. 75/88, Cuerpo “Pedido de colaboración de Dirección Mar del Plata”-. Es más, sí el buque se hubiera vendido con el contrato de compraventa –siguiendo la postura del organismo- el comodato carecería de efectos ya que la actora, como dueña, no puede recibir atribuciones respecto del bien otorgada por terceros.
Sobre este aspecto, nuestro ordenamiento es claro al definir que “El comodante conserva la propiedad y posesión civil de la cosa. El comodatario sólo adquiere un derecho personal de uso, y no puede apropiarse los frutos ni aumentos sobrevenidos a la cosa prestada” (art. 2.265 CC, vigente a la sazón).
Aquí el ya citado código en esta clase de contratos efectúa una importante distinción entre la posesión y la tenencia de las cosas. Así en su artículo 2351 dice: “Habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad”, mientras que el artículo 2352 expresa: “El que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad, es simple tenedor de la cosa, y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho”. Éste último precepto legal es el que se adapta en un todo a la cláusula cuarta del contrato de comodato acordado en el presente caso.
Por ello, considerando la fecha de la escritura traslativa de dominio y los contratos de compraventa y comodatos estudiados, considero que no hubo transmisión del dominio del buque en los términos de los artículos 2° y 5° de la ley de IVA, por lo que corresponde tener por verificado el hecho imponible del gravamen en el año 2004. Al ser ello así, voto por revocar las Resoluciones Nros. 17/08 –Ganancias- y 16/08 –IVA- en este aspecto.
XXII. Que siguiendo lo resuelto en el anterior Considerando el ajuste formulado en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta –período fiscal 2003-, cuyo origen radica en un aumento del activo computable proveniente de la venta a crédito del buque Ribazon Dorine, debe ser rechazado. Va de suyo que a la fecha de cierre del período fiscal 2003 no existía ningún derecho a cobrar a favor de la actora, dado que –como se dijo- el hecho imponible de dicha venta debe ser atribuido al año 2004.
En esta línea de pensamiento se concluye que el pago realizado por la firma Kaleu Kaleu S.A. en concepto de canon durante el mes de diciembre 2003 (vide fs. 31 y 43 del Cuerpo “Pedido de colaboración de Dirección Regional Mar del Plata”) pertenece al arrendamiento del buque Ribazón Dorine, en atención al criterio adoptado en el Considerando XX. En este punto, es preciso aclarar que si bien en la escritura de venta del buque surge que la compradora abonó la totalidad del saldo del precio sin tener en cuenta el canon percibido -vide fs. 63/68 y lo acordado en el contrato de compraventa obrante a fs. 57/62, Cuerpo “Pedido de colaboración de Dirección Regional Mar del Plata”- lo cierto es que dicho importe fue reimputado al cierre del ejercicio 2003 como un “arrendamiento a devengar” (cfr. fs. 218 y 220 Cuerpo Medida para Mejor Proveer N° 2 Ganancias OI 57.795) de conformidad con el convenio de comodato celebrado oportunamente (vide fs. 75/78 del cuerpo “Pedido de colaboración de Dirección Regional Mar del Plata”). Es por ello que habiéndose devengado tal contrato durante el período 2004, y encontrándose tanto registrados como documentados los movimientos contables asentados en los libros, no puede aceptarse la imputación de la suma recibida al período 2003 como pretende aquí el organismo recaudador.
Como consecuencia, si se detrae el ingreso mencionado y se computa el valor residual del bien en cuestión, se obtiene como resultado un activo computable menor al declarado por el contribuyente (vide liquidación de fs. 25/26 y DDJJ de fs. 5/6 Cuerpo Medida para Mejor Proveer GMP OI 57.795) y por consiguiente un menor impuesto a ingresar.
En base a lo expresado, voto por revocar parcialmente la Resolución N°18/08 en cuanto determina la obligación tributaria del contribuyente respecto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta -período 2003- con más sus intereses y multa.
XXIII. Que, respecto de la sanción correspondiente al período fiscal 2002 en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, equivalente al 50% del tributo, con sustento en lo dispuesto por el art. 45 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), debe señalarse que el mencionado artículo tipifica una infracción -omisión culposaque requiere la concurrencia de dos elementos, por una parte, la omisión de pago de impuestos y, por la otra, el medio comisivo, el que puede ser: 1°) la falta de presentación de declaraciones juradas; o 2°) la presentación de declaraciones juradas inexactas (en este último supuesto, en tanto el juez administrativo descarte la existencia de "declaración engañosa"). En lo que atañe al último supuesto, cabe establecer que la inexactitud exigida por la citada norma refiere a errores o diferencias en el contenido de las declaraciones juradas, configurándose el ilícito cuando éstas contienen tal vicio y, como consecuencia de ello, se omite total o parcialmente el impuesto correspondiente.
Asimismo, en la imputación de las conductas infraccionales tipificadas -en el caso por el art. 45- corresponde ponderar la presencia del elemento subjetivo y su respectiva atribución al responsable con arreglo al principio de culpabilidad, como requisito ineludible de validez.
Como es sabido, la ley 11.683 recepta el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien es culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548).
La responsabilidad penal -de eso se trata la cuestión debatida- sólo puede derivar de la comisión u omisión de un acto tipificado, contrario a derecho, resultante de un obrar culpable (en este caso “culpa”) atribuible a un sujeto capaz, debiéndose descartar, según la mayoritaria y más respetada concepción doctrinaria y jurisprudencial, la fundamentación sobre bases puramente objetivas.
La atribución del elemento subjetivo al caso concreto debe surgir necesariamente, de la comprobación de la existencia de culpa imputable al calificar la conducta del responsable, debiendo ésta ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias personales y de tiempo y lugar que permitan, en la convicción del intérprete, encontrarla configurada.
Por tanto, en autos, debe indagarse si se infringieron los deberes de cuidado mínimos referidos y si se produjo el resultado dañoso contemplado por la norma, circunstancias demostrativas de la presencia de un hecho culposo sancionable.
Si el contribuyente ha encaminado su conducta a la realización de un hecho jurídicamente debido o permitido, pero al hacerlo ha lesionado un bien jurídico infringiendo los deberes de cuidado que se le exigía respetar, se deduce que actuó con negligencia o imprudencia, ocasionando una lesión o menoscabo del bien tutelado. La merituación de tal circunstancia se refuerza ante la ausencia de controles o cuidados posteriores que hubieren permitido una reparación espontánea del daño.
Que debe examinarse la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión.
Ante todo es necesario recordar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en autos: “Elen Valmi de Claret” de fecha 31/03/1999, donde al analizar la figura del artículo 45 de la ley de rito, dijo: “...surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”... Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de personalidad de la pena concluyó “... si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Resulta relevante destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no aportó en autos ningún elemento a los efectos de demostrar un obrar diligente, tornándose sus dichos en meras afirmaciones dogmáticas sin sustento en la realidad fáctica. Por consiguiente, debe tenerse por acreditado el elemento subjetivo requerido en el tipo.
En atención a los hechos verificados por el organismo fiscal y la falta de prueba que permita acreditar la existencia de alguna causal exculpatoria, y confirmado los elementos subjetivo y objetivo que el ilícito en cuestión requiere para su configuración, se confirma la sanción aplicada en la Resolución 18/08, correspondiente al período fiscal 2002.
Por último, se deja constancia que la Administración no determinó materia imponible para el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta –período fiscal 2002- atento a que el tributo declarado fue superior al resultante de la resolución de vista conferida (vide fs. 779).
XXIV. Que adentrándose en la procedencia de las notas de crédito emitidas a favor de la firma Mar del Mar Export S.A. –cuyos conceptos facturados son: “por descuento en precio sobre facturas de merluza del año 2003 y 2002”, “otros conceptos Impo (descuentos sobre precio de merluza facturado año 2002 y 2003” y “resarcimiento por recisión de convenio de abastecimiento de pescado”- corresponde previamente a su tratamiento describir la posición de ambas partes sobre el particular, a los efectos de clarificar el planteo introducido en autos. Por un lado, según los dichos de la aquí apelante, los aludidos comprobantes responden a un convenio de abastecimiento y financiamiento pactado con Mar del Mar Export S.A. por el cual –y bajo determinadas condiciones- se acordó un descuento progresivo. Mientras que para el ente fiscal, tales documentos eran impugnables en atención a ciertas irregularidades detectadas, a saber: 1°) diferencias de precios entre los importes facturados y los vigentes en el mercado interno; 2°) falta de referencia a las facturas afectadas por las notas de créditos; y 3°) los reintegros solicitados por la compradora que contemplaban la totalidad de la operación sin tener en cuenta las notas de crédito cuestionadas.
En función del contexto descripto, la causa en este aspecto se refiere específicamente a una cuestión de hecho y prueba donde corresponde al apelante aportar pruebas que permitan demostrar fehacientemente la existencia del convenio, las que no pueden basarse en afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación que avale la verosimilitud de sus dichos.
Del análisis de las actuaciones administrativas y las constancias de esta instancia jurisdiccional, surge que Mar del Mar Export S.A. informó su carácter de empresa vinculada con el recurrente y ratificó las operaciones efectuadas con él, así como el acuerdo de abastecimiento y financiamiento existente al momento de la facturación; a tales efectos acompañó solamente las notas de crédito y los libros de IVA donde estaban registradas (vide fs. 940/946 del expediente principal y fs. 266/272 Cuerpo Impuesto al Valor Agregado N° 2 OI 57.795). Asimismo, dichos movimientos también fueron registrados en la contabilidad de la firma Pesquera Claramar S.A. A su vez la actora en su libelo recursivo expresa: “Si bien por la vinculación social existente entre ambas entidades dicha operatoria no fue instrumentada en acuerdo escrito alguno, ello en modo alguno es sustento hábil para el desconocimiento de su efectiva realización” (el destacado me pertenece).
En tales condiciones, frente a la inexistencia de documentación alguna que permita verificar la hipótesis de la actora y las manifestaciones realizadas por las partes intervinientes en las operaciones cuestionadas, el criterio de organismo fiscal debe prevalecer.
En consecuencia, voto por confirmar el ajuste examinado precedentemente, correspondiente a las Resoluciones Nros. 16/08 y 17/08.
XXV. Que corresponde a continuación tratar la sanción aplicada, con relación al impuesto que se confirma, en la Resolución N° 16/08 encuadrada en los arts. 46 y 47 inc. b) y c) de la ley procedimental, para las conductas derivadas de las liquidaciones del IVA, por los períodos diciembre de 2003, febrero y marzo de 2004. El fisco fundamenta la sanción en haber detectado irregularidades en las registraciones y declaraciones juradas presentadas por la actora, a saber:
• No consignar en su declaración jurada la venta del buque Ribazón Dorine • Registrar Notas de crédito con la firma MAR DEL MAR EXPORT S.A. sin la correspondiente documentación respaldatoria que la justifique.
Así el órgano recaudador determina que la contribuyente habría omitido el íntegro pago del Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales diciembre de 2003, febrero, marzo y junio de 2004- con motivo de haber presentado declaraciones juradas engañosas. En función de lo dicho y considerando los fundamentos esgrimidos en el Considerando XVIII, y a la luz de lo resuelto en los Considerandos XXI y XXIV, corresponde confirmar parcialmente la multa de la Resolución N° 16/08.
XXVI. Que ahora corresponde expedirse sobre la litispendencia planteada por la actora relativa al cómputo de los quebrantos determinados por la Resolución N° 219/05 -períodos fiscales 1999 y 2001- la que fue apelada ante esta Vocalía bajo el Expediente N° 26.951-I.
La defensa opuesta procede cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. El fundamento reside en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, o aun en el supuesto de no concurrir las tres identidades (objeto, sujeto y causa), cuando, por razones de conexidad, exista la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, y el consiguiente escándalo jurídico que fácilmente podría originar el tratamiento autónomo de pretensiones vinculadas, con la consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esa circunstancias necesariamente comporta (“Esteban Zamorano y Carlos Zamorano S. de H. y Otros -T.F.N.- Sala A - 1/12/97, en igual sentido ver “Instituto Ortopédico Rosario S.R.L.”, T.F.N., Sala A, 31/08/99).
En ese contexto, el agravio introducido no puede tener acogida favorable.
Para resolver así se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) la totalidad de las resoluciones atacadas tramitaron bajo un único proceso en virtud de la acumulación dispuesta a fs. 1109/1109vta.; y b) si bien ambas determinaciones partieron de un mismo hecho (causa), las impugnaciones contenidas en ellas alcanzaron a períodos distintos –en tanto una resolución trató los ejercicios 1999 y 2001 y la otro los pertinentes a los años 2002 y 2003- por lo que no existió identidad en cuanto al objeto.
A la luz de lo expuesto, voto por rechazar la pretensión de la actora en este punto.
XXVII. Que a continuación, debe tratarse la deducibilidad de las multas aplicadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en los períodos 2002 ($ 189.306,48) y 2003 ($ 349.000). Sobre el aspecto enunciado este Tribunal ha dicho -en casos de similar naturaleza- que no existe en la especie la necesaria conexión entre el gasto mencionado y la obtención, mantenimiento o conservación de la renta (art. 17 y 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias). Sin perjuicio de otros argumentos, las ganancias de la actora no se ven influenciadas -tanto en su generación como en su conservación o mantenimiento- si dicho gasto no se produjera, lo que da por tierra el carácter de “necesario” del gasto, pues tal calificación implica que la realización o no de la erogación tiene algún efecto directo o indirecto en los ingresos del contribuyente o en la fuente que los genera o, en un planteo extremo, que sin esos gastos la fuente perecería o se desmerecería, lo que en la especie, evidentemente, no es así (cfr. doctrina jurisprudencial emergente de TFN - Sala B - "Goldstein Eduardo s/recurso de apelación" - 28/5/2004).
En el citado precedente también se remarcó que si bien el gasto es lícito, su causa ha sido un ilícito generador de la sanción –basta con observar aquí las infracciones cometidas por el apelante bajo los términos de la normativa vigente en la materia, las cuales son detalladas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a fs. 142 del Cuerpo Medida para Mejor Proveer N° 1 Ganancias OI 57.795- por lo que no puede considerarse a la luz del gravamen que tal conducta puede configurar un gasto necesario para obtener, conservar o mantener la ganancia, principio que se encuentra ínsito en la ley en tanto el artículo 88 inciso j), impide deducir los “quebrantos provenientes de operaciones ilícitas”.
Sobre el concepto de necesariedad del gasto he tenido la oportunidad de expedirme en la causa “Paris Cambio Agencia de Cambio y de Turismo S.A. s/recurso de apelación” –sentencia de fecha 11/03/2020- a cuyos argumentos cabe remitirse en mérito a la brevedad.
Siendo ello así, la erogación efectuada será en todo caso un mayor costo o un gasto no recuperable que encuentra su causa exclusivamente en el propio accionar de la recurrente –la que no puede oponerse a terceros-, cuyas consecuencias tampoco pueden ser trasladadas al plano tributario deduciendo del balance fiscal tales salidas para reducir el impuesto a ingresar; de lo contrario se convalidarían conductas contrarías a las normas vigentes, afectando así a la renta pública.
XXVIII. Que, por otra parte, el ajuste formulado sobre los intereses y actualizaciones debe ser confirmado, toda vez que el contribuyente computó como gasto en los ejercicios fiscales 2002 y 2003 los intereses devengados por las deudas previsionales e impositivas desde su vencimiento hasta el cierre del ejercicio, sin considerar que tales fechas -en la mayoría de los casos- resultaban anteriores al inicio de los períodos determinados. Asimismo, se advierte que tampoco se tomaron en cuenta los pagos parciales efectuados en los distintos conceptos adeudados ni las declaraciones rectificativas presentadas, lo que generó un incremento injustificado en el resultado financiero calculado (vide fs. 125/135 y 138/141, 403, 442 y 450/451 del Cuerpo Medida para Mejor Proveer Ganancias OI 57.795).
Por lo tanto, de acuerdo al principio de devengado y lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias, procede confirmar la determinación sobre este punto.
XXIX. Que por la forma en que se resuelven los Considerandos XXVII y XXVIII, no corresponde tratar la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas solicitada por la recurrente.
XXX. Que en lo que hace al cómputo de los intereses concursales por los acreedores privilegiados –los cuales son imputados por la actora al período fiscal 2002, considerando para su cálculo el tiempo transcurrido entre la fecha de presentación del concurso preventivo y el cierre de dicho ejercicio- conviene dejar en claro primero la normativa aplicable al caso, para luego resolver la cuestión traída a debate.
En estos casos el artículo 19 de la Ley de Concursos y Quiebras establece que “[l]a presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, sólo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectado a la hipoteca o a la prenda…” (el destacado me pertenece).
En consonancia con el precepto transcripto el artículo 241 del mismo cuerpo legal dice: “Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica:… 4) Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante…”
Bajo tales pautas y de acuerdo a la lectura de la resolución por medio de la cual se verificaron los créditos concursales -vide fs. 282/286 del Cuerpo Medida para Mejor Proveer N° 2 Ganancias OI 57.795- se concluye que el único acreedor sobre el cual operaba la excepción dispuesta por el mencionado artículo 19 era el Banco Credicoop; procediendo la deducción de intereses sobre este pasivo por el lapso comprendido entre la presentación del concurso –agosto 1997- y la homologación del acuerdo -29/08/2001, vide fs. 298/298vta. Cuerpo Medida para Mejor Proveer N° 2 Ganancias O.I. 57.795-.
Sin embargo, el criterio sostenido no afecta a la pretensión fiscal –consistente en determinar los intereses deducibles a partir de la homologación del acuerdo- ya que el contribuyente en lugar de atribuir los intereses concursales a cada uno de los períodos en que se devengaron -1997, 1998, 1999, 2001 y 2002- imputó la totalidad de los mismos al ejercicio fiscal 2002, en clara contradicción con el principio de devengado contenido en el artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, hecho que conduce a confirmar en todos los casos el criterio del organismo.
XXXI. Que en relación al agravio relativo a la impugnación de las amortizaciones, por cuanto considera que debe reconocerse su incremento por efecto del ajuste por inflación, resulta pertinente recordar la normativa aplicable al caso.
El art. 95 inciso c) del Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que “El importe que se obtenga en virtud de lo establecido en los incisos a) y b), será actualizado mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, teniendo en cuenta la variación operada en el mismo entre el mes de cierre del ejercicio anterior y el mes de cierre del ejercicio que se liquida…”.
A su vez, el artículo 84 de la ley del impuesto establece que “en concepto de amortización impositiva anual para compensar el desgaste de los bienes —excepto inmuebles— empleados por el contribuyente para producir ganancias gravadas, se admitirá deducir la suma que resulte de acuerdo con las siguientes normas: 1) Se dividirá el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable de los mismos. La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA podrá admitir un procedimiento distinto (unidades producidas, horas trabajadas, etcétera) cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 2) A la cuota de amortización ordinaria calculada conforme con lo dispuesto en el apartado anterior, o a la cuota de amortización efectuada por el contribuyente con arreglo a normas especiales, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 89, referido a la fecha de adquisición o construcción que indique la tabla elaborada por la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA para el mes al que corresponda la fecha de cierre del período fiscal que se liquida”.
Tanto el artículo 95 como el 84 antes mencionados, se complementan con el artículo 39 de la Ley 24.073 (B.O. del 13/04/1992) que establece que “a los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA para ser aplicadas a partir del 1º de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones)”. Asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 25.561 (B.O. 07/01/2002) modificó el texto del artículo 10 de la Ley N°23.928 y su modificatorio, quedando redactado del siguiente modo: “Artículo 10 — Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar".
De la normativa expuesta se desprende que el art. 39 de la Ley N° 24.073 no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), simplemente torna neutro el ajuste, porque a partir del 01/04/1992 la relación inicial de la variación de precios será siempre UNO (1), por lo que su empleo deviene prescindible.
A partir de ello surge que el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. citado) subsiste sin modificaciones, lo que indica manifiestamente que no ha sido intención del legislador prescindir del mecanismo ni innovar en sus disposiciones. Sin embargo, esto no obsta a que la aplicación del mecanismo corrector, en la práctica, no logre el efecto que de él se espera, atento a lo dispuesto por el art. 39 de la Ley N°24.073 antes mencionado, que ha tornado inocua su aplicación; situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente.
Que al respecto se ha expresado la Sala C de éste Tribunal, en el caso “Ebel, Héctor Fernando” del 16/4/2013: "Que de modo preliminar conviene recordar que nuestro Tribunal Cimero en los autos "Santiago Dugan Trocello S.R.L." (Fallos: 328:2567), al compartir los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del señor Procurador General de la Nación, expresó que tanto el art. 39 de la ley 24.073 como el art. 4° de la ley 25.561 —que sustituyó el texto de los arts. 7° y 10 de su similar 23.928— representan una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75, inc. 11, de la Constitución (conforme Fallos 332:1571). En este sentido cobra vital importancia lo manifestado por la Corte en tanto que la prohibición al reajuste de valores, así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, tal como ordenan los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es éste quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas; 332:1571)".
Que a su vez, en la causa "Candy S.A.", la Corte fue precisa al expresar que "no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad". Y agrega que "esta Corte sostiene que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)" y agregó que "no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)".
Sin perjuicio de lo expresado, cabe aclarar que el ajuste por inflación –en caso de aplicarse- abarca a múltiples rubros, entre los cuales se encuentran los bienes de uso, por lo que pretender modificar sólo ciertas partidas deviene en un criterio que se apoya en la conveniencia de la actora, y no en la correcta técnica establecida por las normas.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la pretensión de la actora en este punto.
XXXII. Que en relación a la sanción aplicada por el Impuesto a las Ganancias 2003, en la Resolución N° 258/17, encuadrada en los arts. 46 y 47 inc. b) y c) de la ley procedimental, el fisco fundamenta su acto en la detección de datos falaces en los distintos puntos destinados a determinar el saldo del tributo a ingresar, tales como: recuperos de tasas tasas de gas oil, arrendamientos de buques de pesca, computo de notas de crédito emitidas por la firma “Mar del Mar Export S.A.” y gastos improcedentes –entre los cuales se encuentran alquileres, multas, amortizaciones e intereses-.
Sobre los aspectos enunciados cabe remitirse –en mérito a la brevedad- a lo resuelto en los Considerandos XXI, XXIV y XXVII al XXXI, y en lo que hace al tratamiento de la sanción objeto del presente apartado a los fundamentos expuestos en el Considerando XVIII; en consecuencia, voto por confirmar parcialmente la multa de la Resolución N° 258/08 en la proporción en que se confirman los distintos conceptos que integran la Resolución N° 17/08.
XXXIII. Que corresponde analizar los agravios introducidos por la actora respecto a los intereses resarcitorios liquidados según el art. 37 de la ley procedimental, con fundamento en la ausencia de prestación principal y, a todo evento, por inexistencia de mora culpable.
Resulta pertinente traer a colación los dichos del art. 37 de la Ley N° 11.683 que establece que “la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio. La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina. Los intereses se devengarán sin perjuicio… de las multas que pudieran corresponder por aplicación de los artículos 39, 45, 46 y 48... En los casos de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION los intereses de este artículo continuarán devengándose…”.
Cabe señalar que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revisado la doctrina de los fallos “IKA Renault” exponiéndose que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civ. que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le sea imputable, las particularidades del derecho tributario… que indudablemente se reflejan en los diversos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil, queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de la obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación tributaria sustantiva distinto al fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la Corte en otros precedentes…, se trata de la aplicación de los intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a las normas represivas” (cfr. C.S.J.N., Citibank NA c/DGI, 01/06/2000).
A su vez, este criterio ha sido reafirmado en un reciente fallo por nuestro Máximo Tribunal en la causa “Nobleza Picardo” de fecha 28/09/2010.
Sentado lo dicho, no habiendo la actora probado que la mora no le es imputable, corresponde confirmar las resoluciones apeladas respecto a los intereses resarcitorios, calculados sobre la parte de los impuestos que se confirman.
XXXIV. Que a tenor de todo lo expuesto hasta aquí, voto por confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 16/08 y 17/08, en cuanto determinan la obligación tributaria del contribuyente respecto de los Impuestos al Valor Agregado –períodos diciembre de 2003 a junio de 2004- y a las Ganancias -períodos 2002 y 2003-, con más intereses resarcitorios y multa –sólo por el IVA-, acorde a lo dicho en los Considerandos XXI, XXIV, XXV, XXVII al XXXI y XXXIII, debiendo la AFIP efectuar la correspondiente reliquidación de acuerdo a lo resuelto en los Considerandos XXI.
Por otro lado, se deja constancia que por el resto de los conceptos que integran las liquidaciones practicadas por el Fisco Nacional en las Resoluciones Nro. 16/08 y 17/08 -y que no fueron controvertidos por la actora- corresponde su confirmación.
Las costas se imponen en proporción a sus respectivos vencimientos.
XXXVI. Que en último lugar este Tribunal debe expedirse sobre la responsabilidad solidaria atribuida al Sr. Salerno Oscar Cayetano y sí la misma se ajusta a derecho.
El artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: “responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17...”. Sobre la norma legal transcripta ut supra la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en el caso “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 que: “...la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). Allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.
En el sub examine, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido, pues los actos administrativos por los que se determinó la obligación tributaria del principal (Pesquera Claramar S.A) fueron dictados el 18 de septiembre de 2008 y notificados a aquél el 8 de octubre de 2008, sin que éste cumpliera con las intimaciones de pago, en tanto que la resoluciones referentes al responsable solidario (Sr. Salerno Oscar Cayetano) se dictaron el 31 de enero de 2008, vencido el plazo otorgado al deudor principal.
Particularmente, el Sr. Salerno Oscar Cayetano no controvierte su condición de presidente del Directorio de la firma durante los períodos involucrados en autos, por lo que la cuestión a dilucidar -en virtud de los agravios expuestos- consiste en determinar si le asiste razón al apelante sobre la alegada falta de responsabilidad. Éstos se refieren a la circunstancia de que no basta el hecho de que una persona invista el cargo para incurrir en responsabilidad, más aún cuando la firma se haya en concurso preventivo. Empero, en principio, y como consecuencia legal y estatutaria del cargo ejercido por el apelante, debe recordarse que: "... en el caso, al establecer la ley el carácter de responsables por deuda ajena de 'los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas', en el caso el presidente del Directorio de la SA por ser su representante legal, esta responsabilidad no puede ser afectada por acuerdo entre partes, ya sea que éstos intenten extender o disminuir el alcance de la misma, conforme así se desprende del artículo 37 del reglamento de la ley 11683. Y ello ha de ser así, dado que el propósito primordial del legislador al crear la figura del responsable, es el resguardo del crédito fiscal, el que no podría ser burlado por la institucionalización de un pseudoresponsable por un acuerdo intrasocietario" (cfr. TFN - Sala B - "Paura, Miguel s/apelación - impuesto al valor agregado - ganancias - sobre los capitales" - 25/4/2001).
Éste concepto no se ve alterado por la presencia de un concurso preventivo de acreedores, el cual no desobliga a los directores como pretende la recurrente, ya que la administración del patrimonio continua en cabeza del concursado bajo la vigilancia del síndico (cfr. Art. 15 de la Ley 24.522). Por tal motivo durante los períodos fiscales bajo análisis tanto la sociedad como sus directores se encontraban legalmente habilitados para dar cumplimiento a sus deberes y obligaciones fiscales.
Entonces, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que "así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el artículo 18, inciso a) de la ley 11683 (t.o. en 1978, art. 8 del t.o. en 1998) se establece que no existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es, que el 'onus probandi' se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente" (cfr. TFN - Sala B - "Collep Anzulovic de Arias, Mileva Isabel s/apelación - IVA" - 6/2/1998). En este punto, la actora no ha producido probanza alguna con la entidad o fuerza convictiva necesaria para conducir a sostener la tesis expuesta en su recurso de apelación, por lo que debe confirmarse los actos que disponen su responsabilidad solidaria (Resoluciones Nros. 171/08 y 172/08), en la proporción en la que se convalidan las determinaciones de oficio relativas al IVA –Resolución N° 16/08- y el Impuesto a las Ganancias –Resolución N° 17/08-, con más sus intereses y multa – sólo por el primer tributo mencionado-. Las costas se imponen en proporción a sus respectivos vencimientos.
Sin perjuicio de lo ya resuelto es menester destacar que la multa impuesta al directivo, encuadrada en el tipo infraccional del artículo 45 de la ley de rito (Resolución N° 171/08), en principio no surge automáticamente por el hecho de haberse declarado procedente la solidaridad sino que, por el contrario, precisa de una evaluación independiente; requisito que se encuentra cumplido en el acto recurrido al haberse realizado un examen suficiente de la cuestión represiva, imputando diversos incumplimientos al recurrente en el marco de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (conf. doctrina jurisprudencial Sala B - "in re" "Caputo, Emilio y otros s/apelación internos" - 12/8/1999, decisorio confirmado por la Alzada el 7/8/2000).
XXXV. Que por último respecto a la responsabilidad solidaria imputada al Sr. Salerno Oscar Cayetano por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 2003 (Resolución N° 173/08), voto por su revocación en atención a lo resuelto en el Considerando XXII.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a los Considerandos VII a XII, y XIX a XXXV del voto del Dr. Marchevsky.
II. Que con respecto a la impugnación de los créditos fiscales y gastos impugnados por las operaciones realizadas con el proveedor MARFIN S.A., adhiero al relato de los hechos efectuado en el Considerando XIII y a las conclusiones a las que arriba el Vocal preopinante en los Considerandos XVI y XIX, habiéndome expedido en cuestiones análogas a la de autos, entre otras, en la causa Tosalco S.A., de fecha 26/11/2018, cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad.
Asimismo, adhiero a la forma en que se resuelve la impugnación de los créditos fiscales y gastos impugnados correspondientes a los meses de junio y julio de 2001, por las operaciones efectuadas con los proveedores “Carmelo Garrido S.R.L.”, “Servinal S.R.L.”, “Juanmar S.A.”, “Nuncio de Rosas S.R.L.” y “Mattera Juan y Mattera Salvador S.H.”, compartiendo el análisis de los hechos y probanzas efectuada por el Dr. Marchevsky en el Considerando XVII de su voto.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 218/05 y 219/05, respecto del Impuesto al Valor Agregado períodos junio a octubre de 2001 y diciembre de 2001 a febrero 2003 y del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 1999 y 2001, respectivamente, con más sus intereses resarcitorios respectivos, en la proporción correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VI a XVII, XIX y XXXIII.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 218/05 sobre la multa respecto del Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre de 2002, de acuerdo con lo expresado en el Considerando XVIII.
3. Revocar la Resolución N° 220/05 sobre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, período fiscal 1999, según lo resuelto en el Considerando XX.
4. Confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 16/08 y 17/08, respecto de los Impuestos al Valor Agregado –períodos diciembre de 2003 a junio de 2004- y a las Ganancias -períodos 2002 y 2003-, respectivamente, más los intereses resarcitorios correspondientes y multa –sólo por el IVA-, acorde a lo dicho en los Considerandos XXI, XXIV, XXV, XXVII al XXXI Y XXXIII.
5. Confirmar parcialmente la multa aplicada en la Resolución N° 258/17, en la proporción en que se confirman los distintos conceptos que integran la Resolución N° 17/08 (cfr. Considerando XXXII).
6. Revocar parcialmente la Resolución N° 18/08 sobre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta período fiscal 2003, con más sus intereses y multa -Considerando XXII-.
7. Confirmar la multa impuesta bajo los términos del artículo 45 de la ley de rito determinada en la Resolución N° 18/08 en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 2002 –Considerando XXIII-.
8. Confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 171/08 y 172/08 que disponen la responsabilidad solidaria del Sr. Salerno Oscar Cayetano, en la proporción en la que se convalidan las determinaciones de oficio relativas al IVA –Resolución N° 16/08- y el Impuesto a las Ganancias –Resolución N° 17/08-, con más sus intereses y multa –solo por el IVA- (Considerandos XXXIII y XXXV).
9. Revocar la Resolución N° 173/08 que determina la responsabilidad solidaria del Sr. Salerno Oscar Cayetano por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta período 2003 (Considerando XXXVI).
10. Ordenar a la AFIP-DGI para que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de las Resoluciones Nros. 218/05, 219/05, 16/08, 17/08, 171/08 y 172/08 conforme lo resuelto en los Considerandos XVII y XXI. A tal efecto se ponen a disposición los antecedentes administrativos agregados a la causa.
11. En atención a la forma que se resuelve, las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares por encontrarse vacante la Vocalía de la 1ra. Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.05.24 17:10:13 -03:00 Date: 2022.05.26 12:04:58 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.26 12:04:59 -03:00
Fin de la sentencia