Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-143139032-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 17.117.972 (Pesos diecisiete millones ciento diecisiete mil novecientos setenta y dos) equivalente a 248,14 ( doscientos cuarenta y ocho con 14/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 42.794.930 (Pesos cuarenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos treinta) equivalente a 620,35 ( seiscientos vente con 35/100)– Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada 04/25 (24/04/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-62804191-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 10 de Junio de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. Nº EX-2023-143139032- -APN-SGAI#TFN y sus acumulados Nº EX-2023-14310070- -APN-SGAI#TFN y EX-2023-143139559- -APN-SGAI#TFN caratulado “PESQUERA HEMOS TRIUNFADO S.A. s/recurso de apelación”
El Dr. Martín dijo:
I. Que en los RE-2023-143138760-APN-SGAI#TFN, RE-2023-143140006-APN-SGAI#TFN y RE-2023-
143263901-APN-DTD#JGM Pesquera Hemos Triunfado S.A. (en adelante PHT), interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones 117/2023, 118/2023 y 119/2023 de fecha 31 de octubre de 2023 dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la D.G.I- A.F.I.P., a través de las cuales se determinó de oficio en conjunto con los intereses resarcitorios el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2017 a 2020, el Impuesto al Valor Agregado por los meses comprendidos entre enero 2017 a diciembre 2020, ambos inclusive, y el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por idénticos periodos (01/2017 a 12/2020); dejando en suspenso en todos los casos el juzgamiento de la conducta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 24.769.
Señala que es una empresa que se dedica a la venta de frutos de mar que obtiene a partir de la pesca en el mar argentino, valiéndose a tal fin de un buque de su propiedad, cuyos servicios son regularmente contratados por plantas de procesamiento de los productos de mar que adquieren de los armados de buques el producto de la actividad pesquera por ellos desarrollada.
Destaca que el fundamento de los actos administrativos radica en la impugnación de las operaciones respaldadas por las facturas a los proveedores Frigorífico Valle Chubut S.A., Pensel S.A., Kom S.A.S., Skyros S.A.S, Keros S.A.S., Monisur S.R.L., Estibaje Scarico S.A., Mare del Sur S.A. y Valle Raúl Eduardo, los cuales de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo fueron declarados apócrifos.
Relata que recibió facturas por cada uno de los conceptos que abonaba, todo lo cual fue debidamente registrado en la contabilidad, el CAI correspondiente a cada una de las facturas estaba vigente, lo cual implica que el proveedor estaba autorizado a facturar por la AFIP, y todos y cada uno de los pagos se hicieron de modo bancarizado, utilizando a tal fin cheques. En tal sentido considera que la operatoria no exhibe defecto alguno desde el punto de vista formal. Entiende que no existe ni un indicio de que pudiera conocer las pretendidas irregularidades o circunstancias que el ente fiscal le atribuye a los sujetos observados.
Expone que los proveedores cuestionados prestaron servicios de estiba y/o descarga de buques en puerto. En virtud de ello, explica que una planta procesadora de pescados o mariscos adquiere los frutos del mar de un determinado armador cuando el buque está retornando al puerto, y dicha planta procesadora lo contrata a fin de hacerse de los servicios de estiba y/o descarga que ofrece gestionar, con el objeto de recibir en su planta la mercadería que adquirió del armador del buque, la cual arriba al puerto alojada en las respectivas bodegas. En este orden de ideas señala que la prueba del servicio efectivamente prestado puede venir dada por: (i) la confirmación de que el buque en cuestión efectivamente fue descargado en las fechas determinadas, la cual podrá ser brindada tanto por el armador como por el adquirente de los productos del mar, como por la autoridad portuaria y/o la secretaría de pesca, (ii) la confirmación por parte de la planta adquirente de los productos de que la estiba fue encomendada a PHT, y (iii) la verificación documental de que, para dicha estiba en particular, PHT se valió de las manos proporcionadas por el proveedor sindicado en la factura en cuestión.
Manifiesta que las particularidades o irregularidades que indica el ente fiscal respecto de los proveedores en cuestión, lejos de demostrar que los servicios no fueron prestados, lo único que hacen es mencionar que los mismos no habrían dado cumplimiento acabado con las obligaciones fiscales a su cargo, principalmente en lo que respecta al pago de impuestos.(sic)
Subsidiariamente solicita la nulidad de los actos determinativos y que sean dejados sin efecto por haber sido dictados por un Juez Administrativo sin competencia territorial a fin de determinar las obligaciones fiscales a cargo de mi mandante.
A tenor de lo expuesto, peticiona que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable. Hace reserva de caso federal.
II. Que en los IF-2024-26972933-APN-DTD#JGM, IF-2024-26410944-APN-DTD#JGM y IF-2024-30344313-
APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta los traslados deducidos en autos.
Respecto de la cuestión de fondo, manifiesta que el cumplimiento de los requisitos formales no validan la existencia de las transacciones observadas, dado que con dicho accionar la responsable solo pretende demostrar la validez formal dichas operaciones y no la autenticidad material de las mismas. Señala que las facturas aportadas por un contribuyente solo hacen a la instrumentación de una operación, pero, por sí solas, no justifican que el emisor haya vendido el producto o prestado el servicio, ni el precio real de los mismos. En tales circunstancias, corresponde a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos; esto es, demostrar la efectiva capacidad operativa y económica de sus supuestos proveedores (no de su mera existencia formal) para prestar los servicios facturados. Al respecto menciona que solamente se acompañaron como constancias de la realización de las operaciones comerciales, facturas tipo “A”, en todos los casos, algunas órdenes de trabajo y de pago, y registraciones contables, que de modo alguno permiten acreditar la efectiva prestación de las transacciones que surgen de la documental cuestionada, ni acreditar el verdadero perceptor material de los fondos erogados. Los comprobantes aportados no resultan documentación fehaciente a fin de acreditar las operaciones observadas, por cuanto no quedó probada la prestación real de los servicios, o la venta de los bienes.
En general, para todos los presuntos proveedores se observaron elementos como inexistencia de acreditaciones bancarias frente al volumen de ventas declaradas a través de facturación electrónica, ausencia de personal en relación de dependencia, falta de pagos de impuestos y otras obligaciones, irregularidades en su conducta fiscal, incapacidad económica y operativa, inexistencia de compras informadas por terceros que guarden relación con los montos facturados, entre otros.
Frente a la nulidad planteada por la recurrente, fundamenta su accionar de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de la Disposición N° 666/03 (AFIP). Asimismo expone que cumplió acabadamente con la totalidad de los elementos esenciales previstos por el artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos.[Mecon1] Por los motivos expuestos solicita que se confirmen las resoluciones apeladas con costas. Aporta antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal III.- Que en la PV-2024-46441017-APN-SGAI#TFN la Secretaría General de Asuntos Impositivos acumuló al expediente Nº EX-2023-143139032- -APN-SGAI#TFN el que lleva el EX-2023-143140070- -APN-SGAI#TFN, de igual carátula, digitalizado, dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de ésta Sala obrante en el IF- 2024-34997765-APN-VOCX#TFN. Posteriormente en la PV-2024-65923960-APN-SGAI#TFN acumuló el EX- 2023-143139559- -APN-SGAI#TFN de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de ésta Sala que luce en el IF-2024-
63194966-APN-VOCXII#TFN.
IV. Que por medio de la PV-2024-122388177-APN-VOCXII#TFN se reordenó el trámite del expediente y se abrió la causa a prueba, haciendo lugar únicamente a la prueba informativa, la cual hace referencia al diligenciamiento de los oficios dirigidos a: i) autoridad portuaria; ii) la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut y iii) los clientes que informan la secretaría citada en el punto ii). Sin embargo frente al desinterés de la recurrente para producir la misma, en la PV-2025-50882294-APN-VOCXII#TFN se la tuvo por decaída y se clausuró el periodo de instrucción.
V. Que en la PV-2025-54526887-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “D”, para que luego en el IF-2025-60227437-APN-VOCXII#TFN se dispongan los mismos para dictar sentencia.
VI. Que por una cuestión de procedencia, corresponde en primer lugar tratar el planteo de nulidad esgrimido por la actora.
Que de los términos de las resoluciones recurridas se desprende que las mismas han sido emitidas en conformidad con las prescripciones de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, observándose las normas que hacen a su dictado sin que se encuentre afectada la validez del acto. A su vez satisfacen los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ya que tanto de los actos administrativos de apertura del sumario como así también en las resoluciones que se recurren se han consignado de manera concreta la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la ley 19.549 ni las causales de nulidad absoluta.
Que cabe señalar que tanto las resoluciones de vista obrantes a fs. 1425/1433 del Cuerpo Principal VIII IVA (IF- 2024-30329219-APN-DTD#JGM), a fs. 532/539 del Cuerpo Nº III Impuesto a las Ganancias (IF-2025-45354200- APN-DTD#JGM) y a fs. 51/60 del Cuerpo Salidas no Documentadas (IF-2024-26570752-APN-DTD#JGM);
como los actos determinativos de oficio que lucen en los RE-2023-143138973-APN-SGAI#TFN (Resolución 117/2013), RE-2023-143140019-APN-SGAI#TFN (Resolución 119/2023) y RE-2023-143139477-APN- SGAI#TFN (Resolución Nº 118/2023) fueron correctamente notificadas de acuerdo a lo normado en el artículo 100 inc. b) de la ley de rito fiscal, conforme surge a fs. 1462 del IF-2024-30329219-APN-DTD#JGM), a fs. 531 del IF-2025-45354200-APN-DTD#JGM) y a fs. 91 del IF-2024-26570752-APN-DTD#JGM.
Que por otra parte, en cuanto al rechazo de la prueba ofrecida en sede de la Administración, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite judicial subsiguiente (Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134), por lo que tampoco se afecta la eficacia del procedimiento ni lesiona su derecho de defensa, por cuanto la posterior instancia ante este Tribunal la habilita a ofrecer los medios probatorios que considere procedentes, todo ello sin perjuicio de las facultades que posee el juez administrativo para analizar la prueba ofrecida y decidir sobre la procedencia de ella. En este sentido, cabe señalar que en la PV-2024- 122388177-APN-VOCXII#TFN se abrió la causa a prueba haciendo lugar a la prueba informativa, sin embargo, frente a la falta de interés de la recurrente en producirla en la PV-2025-50882294-APN-VOCXII#TFN se tuvo por decaída la misma y se cerró el periodo de instrucción.
Finalmente cabe referirse al agravio esgrimido respecto de la competencia territorial a los fines de dictar las resoluciones que se apelan.
Que a fs. 1/2 del Cuerpo Principal I de IVA (IF-2024-30328022-APN-DTD#JGM) obra el acta de inicio de inspección OI Nº 1.905.036 junto con su notificación emitida por el personal fiscalizador de la División Fiscalizadora Nº2 de la Dirección Regional Microcentro Asimismo, a fs. 37/41 del IF-2024-30328022-APN-DTD#JGM lucen los datos del contribuyente en los que se desprende que Pesquera Hemos Triunfado S.A. posee domicilio fiscal en Av. Corrientes 1386 Piso Nº 9 Depto.
915. Posteriormente con fecha 03/12/2021, diez meses posterior al inicio de la inspección, la recurrente modificó su domicilio a la ciudad de Mar del Plata, motivo por el cual considera que la determinación de oficio debió dictarse en ésta última ciudad y no por la Dirección Regional de Microcentro como sucedió en autos. Que en los considerandos de las resoluciones apeladas el ente fiscal manifestó que “…la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas tomó conocimiento de la comunicación de prórroga de la competencia jurisdiccional a esta División Revisión y Recursos I, dependiente de la Dirección Regional Microcentro y a las unidades de estructura que dependen de la misma, para entender, intervenir y resolver, a todos sus efectos, en la tramitación integral de los expedientes y de las actuaciones que puedan corresponder, en el procedimiento de determinación de oficio previsto en los artículos 16 y siguientes de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), con relación a la responsable, hasta la finalización del proceso respectivo…”.
Por lo que a tenor de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la apelante, sin imposición de costas toda vez que la misma no fue planteada como previo especial pronunciamiento.
VII. Que ello así cabe establecer si las resoluciones 118/2023 y 117/2023 que determinaron el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01/2017 a 12/2020 y el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios 2017 a 2020 se ajustan a derecho.
PHT es una empresa dedicada a la pesca de recursos vivos del mar en todos los puertos chubutenses. Sus principales objetivos de captura son: langostino, merluza, anchoa, mero, lenguado, pez gallo, salmón, etc. y los barcos con los que opera o ha operado son Lucila del Mar, Anave y Siempre Don Vicente. Su actividad declarada es la elaboración de productos de mar, crustáceos y productos marinos y la pesca de organismos marinos excepto cuando se realiza en buques procesadores. Cierra sus ejercicios económicos en mayo de cada año. Que en los antecedentes administrativos surgen los oficios Nº 597/20, 598/20 y 11/21 de la Fiscalía Federal Rawson en los autos “NN sobre averiguación de delito – denunciante Massoni Federico” Expte Nº FCR 13.886/2020 que se instruye ante la Fiscalía Federal Rawson, Juzgado de Primera Federal de Primera Instancia Nº 2 de Rawson, Chubut, a efectos de conocer si se está ante una presunta comisión de los delitos de evasión simple y/o agravada de tributos o un aprovechamiento indebido de tributos respecto de los periodos fiscales 2016 a 2020 con relación al Impuesto a las Ganancias, Salidas No Documentadas y al Valor Agregado. En virtud de ello, con fecha 22/01/2021 se dio inicio a la inspección Nº 1.905.036, la cual finalizó con el dictado de las resoluciones que se apelan en autos.
Que en el caso de marras se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con: Frigorífico Valle Chubut S.R.L, Pensel S.A., Kom S.A.S. Monisur S.R.L., Keros S.A.S, Skyros S.A.S., Estibaje Scarico S.A., Mare del Sur S.A. y Valle Raúl Eduardo, los cuales luego de la fiscalización llevada a cabo se comprobó su incapacidad económica y financiera para la efectiva realización de las operaciones facturadas. En consecuencia, el ente fiscal procedió a impugnar los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos 01/2017 a 12/20220 y el gasto deducido en el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2017 a 2020.
Que a continuación se mencionan las principales irregularidades que presentan los proveedores cuestionados: Frigorífico Valle Chubut S.R.L: Vendió a la recurrente cajones de langostinos, cajones vacíos, de hielo y prestó servicios de descarga en segunda andana y movimiento en el puerto durante los meses enero y febrero del año 2017, tal como surge a fs. 479/514 del IF-2024-30328392-APN-DTD#JGM. Declara como actividad principal la venta al por mayor de pescado y presta a su vez servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario y servicios de apoyo para la pesca, realizando también operaciones de intermediación de carne-consignatario directo. Desde el 2016 a 2020 emitió facturación con un domicilio que desde el 13/01/2017 es propiedad comercial de la empresa Roller S.R.L, de acuerdo a la información que aportó el socio gerente de la citada firma. Asimismo, durante dichos periodos generó comprobantes consignando un número de ingresos brutos de una actividad que fue dada de baja de oficio en el año 2014. No pudo ser localizado y tampoco acercó documentación que acredite y explique el vínculo que tenía con los domicilios declarados. No dispone de bienes registrables. Posee una cuenta bancaria en el Banco del Chubut S.A. con la co-titularidad de los socios gerentes pero la última acreditación que tiene es del año 2011, por lo que frente a la falta de actividad de la cuenta, la misma fue cerrada el 05/11/2014 no teniendo otros productos en la entidad bancaria. Algunos de los clientes circularizados manifestaron no haber efectuado operaciones con él. Más del 90% de la nómina de empleados se encuentran informados por su cliente Estibajes Suarmo S.A, lo que demuestra una incongruencia que impide tener a la presunta proveedora como vendedora de los bienes facturados o prestadora de los servicios cuestionados. Por los motivos enunciados la inspección concluye que el proveedor no posee capacidad económica, operativa y financiera para poder brindar los conceptos facturados.
Pensel S.A.: Vendió a la actora cajones de langostinos encajonados a granel con descargas, cajones de hielo y vacíos, conforme obra a fs. 515/549 del IF-2024-30328392-APN-DTD#JGM. Se dedica a brindar servicios de manipulación de cargas en el ámbito portuario y a la venta al por menor de pescados y productos de pesca. No dispone de bienes registrables ni posee acreditaciones bancarias, hecho que resulta llamativo ya que durante los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019 emitió facturación por $85.119.246,87, $ 84.465.109,66 y $86.551.324,36, respectivamente. No registra pagos en los impuestos inscriptos y posee categoría “E” de muy alto riesgo. Tiene la CUIT en estado inactiva. No informa personal en relación de dependencia No pudo ser localizado y los vecinos del domicilio declarado manifestaron desconocer a Pensel S.A. El presidente de la citada firma es el Sr. Arzan Mauro Javier ocupando dicho cargo también en la sociedad Vrana S.A., empresa que está incluida en la base apoc.
Mare del Sur S.A: Presta servicios de pesca continental: fluvial y lacustre, tal como obra en los comprobantes que se desprenden a fs. 933/963 del IF-2024-30328696-APN-DTD#JGM. Declara el mismo domicilio que la firma Estibaje Scarico S.A la cual se encuentra incluida en la base apoc. No dispone de bienes registrables, ni participaciones societarias, títulos ni otros bienes a nombre de la sociedad. Tampoco posee acreditaciones bancarias ni se informan operaciones de cambio. Se encuentra caracterizado en el sistema de perfil de riesgo con la categoría “E” de muy alto riesgo. Posee la CUIT en estado inactiva. Dichas circunstancias no son congruentes con la facturación emitida durante los años 2018 y 2019: $104.891.270,71 y $154.902.296.60 respectivamente. Declara el mismo domicilio que tienen las sociedades Estibaje Scarico S.A., Servicios Monisur S.A., Sea Tase S.A. y Janet Allievi. Informa empleados en relación de dependencia pero los mismos manifestaron en la causa Nº 1193/2019 que tramita en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 2 no conocer a la sociedad. Estibaje Scarico S.A.: Sus actividades comerciales son: i) servicios de manipulación de cargas en el ámbito terrestre y portuario; ii) servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y iii) venta al por menor y al por mayor de pescados y productos de la pesca. Declara el mismo domicilio fiscal que Mare del Sur S.A., firma incluida en la base apoc. No dispone de bienes registrables ni posee acreditaciones bancarias en los periodos bajo análisis, lo que resulta llamativo ya que emitió comprobantes en los años 2018 y 2019 por $38.101.087,59 y $67.455.552,42 respectivamente, los cuales surgen en los IF-2024-30328834-APN-DTD#JGM y IF-2024- 30328696-APN-DTD#JGM. Posee CUIT inactiva y categoría de muy alto riesgo (“E”). La cantidad de empleados en el año 2018 varía de 23 a 54 y en el 2019 de 62 a 70, terminando en 04/2019 sin empleados.
Valle Raúl Eduardo: Operó con la recurrente en los años 2017 a 2020 conforme obra en las facturas que lucen en el IF-2024-30328696-APN-DTD#JGM. Se dedica a la instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electrodomésticas y electrónicas. No dispone de bienes registrables. Tiene acreditaciones bancarias en los periodos 2014 a 2021, siendo las más relevantes de $675.411 en el año 2016 y $1.007.124 en el año 2020; sin embargo facturó en el año 2017 $7.267.744 y de enero abril del 2018 a 2021 $26.780.613,99, $40.691.992,87, $3.895.190,81 respectivamente. Posee la CUIT en estado inactivo. No pudo ser localizado.
Kom S.A.S: Declara las siguientes actividades: i) Servicios de apoyo para la pesca; ii) alquiler de maquinaria y equipo n.c.p y iii) servicio de transporte automotor. Las facturas emitidas a la recurrente surgen a fs. 550/601 del IF-2024-30328392-APN-DTD#JGM y 602/653 del IF-2024-30328565-APN-DTD#JGM. Desde su inscripción en el Impuesto a las Ganancias no presentó ninguna declaración jurada; mientras que en el Impuesto al Valor Agregado desde 02/2021 solo declara crédito fiscal adeudando el pago de los períodos anteriores. No posee bienes registrables ni dispone de acreditaciones bancarias, hecho que resulta sospechoso ya que en diciembre 2019 y en los años 2020 y 2021 emitió comprobantes por $235.316.488,91, $707.300.266,12 y $33.868.203,71, respectivamente. No se pudo localizar a la sociedad en el domicilio declarado así como tampoco a sus integrantes. El domicilio informado es coincidente con la firma Keros S.A.S. Tiene el mismo socio y administrador de la empresa antes citada, la cual fue incluida en la base apoc. Con respecto a las respuestas recibidas de la circularización de clientes se observó que los conceptos facturados no corresponden con los servicios informados (venta de langostinos). Los pagos fueron cancelados en su mayoría por medio de cheques propios o en efectivo. Analizados los mismos se desprende que los beneficiarios en sus segundos o terceros endosos corresponden a sociedades sin clave activa, incluidas en la base apoc.
Monisur S.A: Prestó a la actora servicios de clasificación de cola mix por kilo y se dedica a la venta al por mayor y al por menor de pescado y productos de pesca, presta a su vez servicios de manipulación de cargas en el ámbito portuario, servicios de apoyo para la pesca e instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electrodomésticas y electrónicas. No posee bienes registrables ni dispone de acreditaciones bancarias desde el año 2014 en adelante. Posee CUIT inactivo y categoría “E” de muy alto riesgo. Emitió facturación en el 2017 por $32.513.855,04; en el 2018: $87.491.496,02 y de enero a mayo del 2019 $41.184.586,24. No dispone personal en relación de dependencia. No pudo ser localizado. Adeuda a las arcas fiscales más de $42.000.000 en concepto de planes caducos. Informó un total de remuneraciones de $12.910.020,57 que equivale a un 7.22% de los comprobantes emitidos, pero no dispone de cuentas bancarias ni bienes registrables. Los socios gerentes se perciben ausentes durante su ejercicio, dejando en manos de terceros su administración. A su vez de las consultas a las bases al organismo fiscal se pudo detectar que los socios gerentes dedicaron su tiempo a trabajos en relación de dependencia en otras empresas.
Keros S.A.S: La actividad comercial declarada es la prestación de servicios de apoyo para la pesca y brindó a la recurrente servicios de armado en puerto. No posee bienes registrables, ni cuentas bancarias, tampoco declara empleados en relación de dependencia ni registra pagos por ningún concepto. Emitió facturas electrónicas por $22.065.435,15 y manuales por $222.269.055,86, siendo el 90% hechas a favor de la sociedad KOM S.A.S y SKYROS S.A.S; ambas incluidas en la base apoc. Informa el mismo domicilio que KOM S.A.S. Los socios son a su vez socios y administradores de las empresas SKYROS S.A.S y KOM S.A.S SKYROS S.A.S: Vendió a la recurrente hielo a granel y brindó servicios de descarga de cajones de anchoa portuaria y alistamiento de langostinos, hielo, varios, chupón, tal como luce en los comprobantes aportados a fs. 654/692 del IF-2024-30328565-APN-DTD#JGM. Se dedica a la prestación de servicios de apoyo para la pesca. No dispone de bienes registrables ni de cuentas bancarias, pero emitió facturas en el año 2020 por $165.294.836,21. A su vez los pagos informados por los clientes son cancelados en su mayoría por cheques o en efectivo. El domicilio que declara es el mismo que informa KOM S.A.S empresa incluida en la base apoc. Realizó compras con proveedores apócrifos.
Que frente a estas circunstancias el Fisco Nacional impugnó los créditos fiscales computados y los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias al sostener que los proveedores observados no poseen capacidad económica y financiera para realizar las operaciones cuestionadas.
Que si bien la recurrente entiende que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con la normativa vigente y que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que el proveedor dé a sus obligaciones fiscales, señalando a su vez que los sujetos cuestionados no se encontraban incluidos en la Base Apoc al momento de la operación, dicho argumento debe ser rechazado en virtud de que esta circunstancia no implica que posean capacidad operativa para desarrollar sus actividades; es decir, la sola inclusión por sí misma no constituye el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se le debe agregar las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador. En consecuencia, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales, sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
A dicha conclusión es posible arribar por estricta aplicación de lo que la doctrina ha dado en llamar la “concurrencia de los elementos materiales y formales del crédito fiscal”, según la cual “para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos materiales (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiera por expresa disposición legal). En tal sentido, la ley del IVA condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo -salvo excepciones no aplicables al caso-, es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo. Con relación al aspecto formal aludido, el texto de la ley es claro en cuanto a que el crédito fiscal debe ser facturado ‘al responsable’, correspondiendo la imputación del mismo al sujeto pasivo a quien este le hubiese sido facturado” (cfr. TFN, Sala A, “Nachon Jorge Héctor c/DGI”, sentencia del 4/02/2013, cita on line Thomson Reuters AP/JUR/775/2013).
Que asimismo, cabe señalar que el Fisco Nacional consideró que las operaciones facturadas no fueron efectivamente realizadas por el dador del crédito, es decir, quien habría prestado el servicio o realizado las ventas no es el mismo sujeto que emitió los comprobantes. En este sentido, debe resaltarse que la imposibilidad de localización de los proveedores en los domicilios declarados, la falta de respuesta a los requerimientos cursados, la ausencia de bienes registrables para desarrollar las actividades declaradas, la existencia de acreditaciones bancarias que no condicen con lo facturado, la carencia de personal en relación de dependencia teniendo en cuenta el volumen de las facturas y tareas realizadas, entre otros hechos mencionados ut-supra, corroboran la falta de capacidad operativa, económica y financiera que poseen los proveedores cuestionados para efectuar los conceptos facturados.
Que en esta instancia la recurrente ofreció prueba documental, pericial contable e informativa, siendo admitida únicamente la última de ellas ya que las restantes se encontraban relacionadas a cuestiones formales (pericial contable) o surgían de los antecedentes administrativos.
Que la prueba informativa hace referencia al diligenciamiento de los oficio dirigidos a: i) autoridad portuaria; ii) la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut y iii) los clientes que informa la secretaría citada en el punto anterior. Sin embargo pese a que fue intimada en la PV-2025-31227424-APN-VOCXII#TFN, se la tuvo por decaída en la PV-2025-50882294-APN-VOCXII#TFN frente al desinterés de la recurrente en producirla. Que por lo tanto, la actora no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación a los sujetos impugnados, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada, el destino que le dio a dichas operaciones, los motivos por los cuales adquirió dichos bienes/servicios, entre otros. Tampoco interpuso recurso de reposición frente a la no admisión de las pruebas pericial contable y documental, ni contestó los traslados de la oposición de la prueba, lo que demuestra una falta de interés por parte de la recurrente de rebatir el criterio fiscal.
Dicha convicción conduce a sostener que los proveedores bajo análisis no resultaban hábiles para ser generadores de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado, así como tampoco procedería la deducción íntegra del gasto en el Impuesto a las Ganancias, toda vez que no se demostró que los conceptos facturados estaban destinados a mantener, conservar y obtener ganancias gravadas, tanto en lo que hace en el aspecto conceptual como en su magnitud.
Que en efecto, comparto el criterio fiscal para considerar apócrifas las operaciones examinadas, toda vez que los comprobantes cuestionados no acreditan por si solos la prestación del servicio o la venta de bienes; no encontrándose comprobado el circuito de pagos mediante el cual las operaciones hayan sido efectivamente realizadas o abonadas. En consecuencia, corresponde disponer la confirmación del cargo bajo análisis, con costas.
VIII. Que cabe evaluar el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias - Salidas No Documentadas. –Resolución 119/2023-
Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (“t.o en 1997) Dto 649/97) establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que con relación a la jurisprudencia, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
19. Que lo aseverado se apoya en conocidos criterios, establecidos desde antiguo por el Tribunal, en el sentido de que la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el campo penal y en el tributario- no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 254:362; 256:277) o, dicho en otras palabras, ‘las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación’ (Fallos: 243:204 y su cita, entre otros).
20. Que, en ese mismo sentido, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la ley 11.683 (artículos 1 y 2 en el t.o. 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta - en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)…”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos de prueba colectados durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que del análisis de las respuestas a las circularizaciones bancarias surge que los cheques que en las órdenes de pago consta que fueron entregados a Monisur S.A. en realizad fueron entregados a Estibajes Scarico S.A., Mare del Sur S.A., Valle Raúl Eduardo, sujetos incluidos en la Base Apoc y luego endosados a favor de diferentes financieras. Lo mismo sucede con cheques entregados a KOM S.A.S, los cuales fueron endosados a favor de Financiera Del Mar S.R.L, Devi Group S.A.S, Credibel S.A., Viembor S.A S y los cheques entregados a Pencel S.A. los que fueron endosados a favor de Financiera del Mar S.A.
Por otra parte, los cheques entregados a Frigorífico Valle Chubut S.R.L siempre fueron cheques de terceros que luego fueron endosados a la firma Sistema Integral de Cobros y Pagos S.R.L (financiera). Mientras que en el caso de los proveedores Keros S.A.S y Skyros S.A.S las operaciones fueron abonadas en efectivo.
Que para aplicar el instituto de las Salidas no Documentadas, el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron percibidas por los proveedores, ya que éstos no fueron quienes llevaron a cabo las operaciones facturadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero usufructuario.
Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona física o jurídica -distinta a la que emitió la factura- figure como perceptor en el cheque endosado, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o s/DecretoNº 649/1997), es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste.
IX. Que acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario por lo que corresponde disponer su confirmación.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada en el voto del Vocal Instructor.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 17.117.972 (Pesos diecisiete millones ciento diecisiete mil novecientos setenta y dos) equivalente a 248,14 ( doscientos cuarenta y ocho con 14/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 42.794.930 (Pesos cuarenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos treinta) equivalente a 620,35 ( seiscientos vente con 35/100)– Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada 04/25 (24/04/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese. – Date: 2025.06.09 15:56:07 -03:00 Date: 2025.06.10 11:20:26 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.10 17:49:53 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.10 17:49:54 -03:00
Fin de la sentencia