Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 109325302-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso intentado y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto ha sido materia de agravio, sin costas dada la ausencia de actividad útil de la contraria.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
17620/2023 PESQUERA MAR CHIQUITA SA (TF 109325302-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, agosto de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, conforme surge de las constancias de la causa, la actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra: La resolución 258/2021 mediante la cual la AFIP: (i) determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado, ajustó los débitos fiscales de los períodos 7/2016 a 11/2016, 1/2017, 5/2017, 6/2017 y 8/2017, 8/2018, 4/2019 a 8/2019 e impugnó los créditos fiscales de los períodos 2/2017, 5/2017, 6/2017, 8/2017 a 10/2017, 7/2018 y 9/2018; (ii) modificó los saldos técnicos a favor de Pesquera Mar Chiquita S.A. de los períodos fiscales 9/2016, 11/2016 a 8/2017 y 10/2017 a 12/2017, 7/2018 a 8/2019 y los saldos de libre disponibilidad de los períodos fiscales 7/2016 a 12/2017 y 7/2018 a 7/2019, así como también los saldos técnicos a favor del Fisco USO OFICIAL Nacional de los períodos fiscales 7/2016, 8/2016 y 10/2016 y 9/2017; (iii) intimó a ingresar $3.821.724,91 y $75.136,37 por los períodos fiscales 8/2016 y 10/2016, respectivamente, con más intereses resarcitorios hasta el 24/11/19 -fecha de presentación en concurso preventivo- (art. 37, ley 11.683); (iv) aplicó una multa por defraudación de $225.409,11 (conf. art. 46, ley 11.683) por el período fiscal 10/2016; y (v) hizo reserva -respecto al período fiscal 8/2016- de juzgar la conducta infraccional de los responsables de la empresa una vez resuelta la causa penal (conf. art. 20, ley 24.769) (conf. páginas 3256 a 3258 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23); y La resolución 259/2021, en que el organismo recaudador: (i) determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2016 a 2018; (ii) intimó a Pesquera Mar Chiquita S.A. a ingresar $11.381.635,48, $19.190.576,67 y $17.870.370,10, respectivamente, con más intereses resarcitorios hasta el 24/11/19 - fecha de presentación en concurso preventivo- (art. 37, ley 11.683); (iii) determinó de oficio el resultado impositivo ajustado que absorbió parcialmente los quebrantos de ejercicios anteriores y estableció el quebranto trasladable del período fiscal 2019; y (iv) dispuso la suspensión del juzgamiento de la conducta fiscal de la contribuyente con relación a los ejercicios fiscales 2016 a 2018, conforme términos y previsiones del art. 20 de la ley 24.769 (conf. páginas 3335 a 3337 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23);
El 26/04/22 la actora informó la adhesión al régimen de las leyes 27.541 y 27.653 bajo el plan Q147672 “por el total de los conceptos y sumas vinculados con estas actuaciones” y ratificó “el allanamiento realizado conforme art. 57 primer párrafo RG 5101” (página 14011 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23).
En oportunidad de contestar el traslado conferido, la AFIP informó que “las deudas de la contribuyente apelante correspondientes a los impuestos y períodos fiscales contemplados en las resoluciones determinativas apeladas no se encuentran cancelados en su totalidad” de modo que “no puede prestar conformidad con el desistimiento efectuado, en los términos de la ley 27.541 y modificatorias”. A tales fines, puntualizó que Pesquera Mar Chiquita S.A.:
(i) registraba “deuda preconcursal de $ 2.774.297,39. El saldo determinado de oficio es de $3.821.724,91. La firma regularizó solo $ 1.081.706,03 en Plan vigente N° Q147672 (ley 27.653)”. Al respecto, indicó que con motivo de la presentación de la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período 8/2016, rectificativa N° 3 del 28/3/22, se detectó la referida suma de $2.774.297,39 correspondiente “al reintegro de los créditos fiscales de IVA vinculado a operaciones de exportación del período 8/2016, el cual fue aprobado por acto administrativo N° 603786 del 21/06/2017. La contribuyente, en la declaración jurada rectificativa N° 3 del período 8/2016, afectó la suma de $ 2.774.297,39 a la cancelación del saldo resultante de dicha declaración jurada. Por motivo de tratarse de créditos fiscales IVA ya reintegrados (según el acto administrativo indicado), los mismos no constituyen crédito disponible susceptible de cancelar el saldo de la declaración jurada que nos ocupa, surgiendo así la deuda preconcursal de $ 2.774.297,39” (páginas 14023/14024 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23);
(ii) no registraba deuda con respecto al Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 10/2016 toda vez que el importe a ingresar de $75.136,37, determinado de oficio según la resolución 258/21, había sido cancelado con saldo técnico a favor de la responsable conforme surge de la declaración jurada rectificativa N° 3 presentada el 19/4/22 (conf. página 14024 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23);
(iii) registra deuda de $31.075,58 (preconcursal) respecto al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016. Ello por cuanto el saldo de $12.048.226,99 (según rectificativa N° 1 presentada el 19/4/22) se compone de $666.591,51 (saldo de la declaración jurada original presentada el 18/4/17) y de $11.381.635,48 (que corresponde a la diferencia determinada de oficio) que fue cancelado en forma parcial, a saber: $635.515,93 pagados por compensaciones de fecha 19/4/17 con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17620/2023 PESQUERA MAR CHIQUITA SA (TF 109325302-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO origen en saldos de libre disponibilidad en el Impuesto al Valor Agregado; y $11.381.635,48 (diferencia determinada de oficio), incluido en el plan de facilidades de pago Q147672 presentado el 20/4/22 (conf. página 14024 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23);
(iv) no registra deuda en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017 puesto que el saldo de declaración jurada (determinado de oficio)
$19.190.576,67 (según rectificativa N°3 presentada el 19/4/22) fue cancelado mediante pago bancario ($71.646,17) y planes de facilidades de pago N959939 ($201.046,33) y Q147672 ($18.917.884,17) (conf. página 14025 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23);
(v) registra deuda preconcursal de $559.883.56 en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018 por una diferencia de $0,01 entre la declaración jurada rectificativa y el monto incluido en el plan Q147672 y debido a “la anulación USO OFICIAL del pago por compensación del anticipo N° 1 del impuesto a las ganancias del período fiscal 2018 (que había sido computado a cuenta del impuesto a las ganancias determinado por el período 2018). Dicho anticipo había sido compensado con saldo de libre disponibilidad originado en Ganancias del período fiscal 2017, que devino inexistente por motivo de la presentación de la declaración jurada rectificativa del referido gravamen y período” (conf. página 14025 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23);
(vi) declaró un importe de quebranto de $68.931.838,89, coincidente con el determinado de oficio en la resolución 259/21para el Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2019 (conf. página 14025 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23); y (vii)no se encontraba incursa en las causales de exclusión contempladas en los incs. a y b del art. 16 de la ley en cuestión y revestía la condición MIPyME (conf. página 14026 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23). A su turno, la actora manifestó que había presentado las declaraciones juradas relativas al Impuesto al Valor Agregado del período 8/2016 tal como fueron determinadas por la AFIP, “en idénticos términos” y adjuntó documentación “en la que consta lo que la AFIP notificó - como `Detalle de declaraciones juradas a presentar`, que incluye el cómputo de los $2.774.297,39 de crédito fiscal vinculado a exportaciones sin impugnar ni detraer”. Sin perjuicio de ello alegó que la demandada había introducido “una cuestión ajena a la determinación de oficio y que no se vincula la determinación del impuesto (art. 11 de la ley 11.683), sino con la liquidación del importe a cancelar (art. 14 ley 11.683), lo que es ajeno a la causa”. Ahora bien, en dicha oportunidad la actora también admitió que “el importe de $2.774.297,39 fue cobrado, y que no correspondería deducirlo de la suma a ingresar. Es decir que la declaración jurada computa un reintegro que debe ser devuelto, al igual que lo hace la determinación de oficio, pero no es una deuda de la declaración jurada en el sentido de haber conformado la determinación de manera parcial, porque la rectificación y plan suscripto se ajusta exactamente a lo determinado por la AFIP, y de acuerdo a esta misma determinación de oficio, lo que devino incorrecto fue el cobro del reintegro, no su deducción, que se siguió manteniendo en la determinación dictada”. Según expuso la contribuyente “Eso no quita que surja una suma a devolver, solo que es una cuestión ajena a la causa” (conf. páginas 14038/14039 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23).
En lo atinente a las diferencias detectadas en concepto de Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2018, puso de resalto que: (i) la discordancia de $0,01 (un centavo) no debería ser un óbice a la aplicación de la ley 27.653 en función de su insignificancia; y (ii) la segunda diferencia proviene de la imputación de un saldo en exceso y no de una inconsistencia entre la determinación de oficio y el pago intimado por un lado, y la declaración jurada rectificativa y el monto regularizado por otro. Así pues, la actora aseveró que el mentado saldo refería a un importe detectado por la AFIP en los términos del artículo 14 de la ley 11.683 al procesar las declaraciones juradas rectificativas, “luego de haber determinado de oficio, y luego de haber puesto a disposición el monto de deuda a validar y de la inclusión en la ley 27.653” (conf. páginas 14040 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23).
2. Que, mediante pronunciamiento del 21/10/22 el organismo jurisdiccional resolvió: (i) tener a Pesquera Mar Chiquita S.A. por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso del de repetición, en lo que hace al Impuesto al Valor Agregado y a los intereses resarcitorios determinados en la resolución 258/2021, en la medida de lo regularizado en los términos de la ley 27.653, conforme el art. 6, inc. b, de la ley 27.653, con costas; (ii) tener por condonados, de acuerdo con el art. 6, inc. b, de la ley 27.653, el proporcional restante de intereses que no han sido desistidos y de la multa aplicada en la resolución 258/2021, en relación al Impuesto al Valor Agregado regularizado en los términos de la ley 27.653, con costas en el orden causado; (iii) tener a Pesquera Mar Chiquita S.A. por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, en lo que hace al Impuesto a las Ganancias y a los intereses resarcitorios determinados en la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17620/2023 PESQUERA MAR CHIQUITA SA (TF 109325302-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO resolución 259/2021, en la medida establecida en el art. 6, inc. b, de la ley 27.653, con costas; (iv) tener por condonados, de acuerdo con el art. 6, inc. b, de la ley 27.653, el proporcional restante de intereses que no han sido desistidos en relación al Impuesto a las Ganancias, con costas en el orden causado; (v) por la diferencia que no fue incluida en el plan Q147672, de $2.740.018,88, en relación al período fiscal 8/2016, tener a Pesquera Mar Chiquita S.A. por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición, de conformidad con lo dispuesto por el art. 305 del CPCCN, con costas; y (vi) reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional (conf. páginas 14056/14063 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23).
Para así resolver, destacó que el detalle del plan de pagos con las obligaciones incluidas da cuenta de la regularización de los montos discutidos en autos, con excepción de la obligación correspondiente al período fiscal 8/2016 del USO OFICIAL Impuesto al Valor Agregado, que fue parcialmente incluida en el plan Q147672 “ya que en lugar de $3.821.724,91 que fue el monto intimado en la Resolución N° 258/21 Pesquera Mar Chiquita S.A. regularizó $1.081.706,03, por lo que el acogimiento en este caso debe considerarse que fue parcial”. Respecto a la diferencia de $0,01 sin regularizar en el período fiscal 2018 del Impuesto a las Ganancias, destacó que “más allá de su insignificancia, cabe decir que el importe regularizado en el plan corresponde al intimado en la Resolución N° 259/21, por lo que la objeción es improcedente”.
3. Que, disconforme con el pronunciamiento, el 7/12/22 la demandada interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento del Tribunal Fiscal que fue fundado el 6/02/23 y no fue replicado (conf. páginas 14066, 14074/14084 y 14095 de las actuaciones administrativas incorporadas el 13/04/23).
En sustancia, se agravia de lo resuelto en los puntos 1º y 2º de la sentencia referenciada, en razón de que la deuda correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 8/2016 ($3.821.724,91) fue incluida en la regularización efectuada mediante adhesión al plan de facilidades de pago Q147672 “únicamente la suma de $1.047.427,53, coincidente con el saldo de la declaración jurada rectificativa N° 3 presentada el 28/3/2022, quedando de la declarada adhesión por $ 1.081.706,03 un remanente de $ 34.278,50 (correspondiente a la restitución del saldo a favor de libre disponibilidad proveniente del período fiscal 7/2016 que, computado en la declaración jurada del período fiscal 8/2016, había sido afectado en compensación de fecha 23/9/2016, con destino a cancelar saldo de declaración jurada SICORE IVA del período fiscal 8/2016)”.
En ese mismo orden de ideas, precisó que el importe de $1.081.706,03 declarado en el plan de pagos Q147672 “se desagrega en los siguientes montos: - $1.047.427,53: corresponde a la regularización parcial del impuesto al valor agregado a ingresar del período fiscal 8/2016 determinado de oficio; y, - $34.278,50: corresponde a la restitución del saldo a favor de libre disponibilidad proveniente del período fiscal 7/2016 que, computado en la declaración jurada del período fiscal 8/2016, había sido afectado en compensación de fecha 23/9/2016, con destino a cancelar saldo de declaración jurada SICORE IVA del período fiscal 8/2016”.
En consecuencia, sostuvo que la diferencia no incluida en el plan Q147672 no es de $2.740.018,88 sino de $2.774.297,38, “calculado como diferencia entre $3.821.724,91 (IVA a ingresar determinado de oficio) y $1.047.427,53 (importe de IVA a ingresar determinado de oficio que fue regularizado en el plan de pagos, bajo el régimen de la Ley 27.653)”. Así pues, el monto objeto de agravio es de $34.278,50 (diferencia entre las sumas de $2.774.297,38 y de $2.740.018,88). Advirtió que si la contribuyente solicitó la devolución de ese importe y le fue reintegrado, adeuda el importe como saldo de declaración jurada. En consecuencia, consideró que resulta improcedente el desistimiento resuelto “en los términos del art. 6° inc. b) de la ley 27.653, por regularización de deudas determinadas en la Resolución N° 258/21 DO (DV RRMP) y las condonaciones correspondientes a tal desistimiento, por la referida diferencia de $ 34.278,50 no incluida en el plan de facilidades de pago N° Q147672”.
Asimismo se agravió de la imposición de las costas en el orden causado dispuestas también en el punto 2º de la sentencia, toda vez que al tratarse de un desistimiento total de la acción y del derecho, sobre el cual no rige ningún beneficio especial en razón de no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el régimen excepcional de condonación, las costas debieron ser impuestas a la actora.
4. Que, la ley 27.653 (B.O. 11/11/21), dispuso la ampliación de la moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, y modificada por la ley 27.562 y prorrogó su vigencia, para que los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la AFIP, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31/08/21 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones.
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17620/2023 PESQUERA MAR CHIQUITA SA (TF 109325302-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En lo que aquí interesa, el art. 6º establece que “resultarán de aplicación todas las disposiciones previstas en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, con las siguientes excepciones y/o consideraciones” (…) “d) Respecto a lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, modificada por la ley 27.562, establézcase que la exención y/o condonación estipulada en dicho artículo será de aplicación respecto de los conceptos mencionados en el mismo que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de agosto de 2021”. En este punto, cabe recordar que el art. 11 de la ley 27.541 (modif. por la ley 27.562), estableció la USO OFICIAL condonación de las multas y de los intereses previstos en la ley 11.683 para los sujetos que se acogieran al régimen y siempre que cumpliesen con los pagos dispuestos por dicha normativa (conf. esta Sala, in re Degenero, Natalia c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/10/20). Por su parte, el art. 7º de dicha ley establece que la referida ampliación alcanza a los contribuyentes “que pretendan regularizar sumas adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora” de la AFIP y prescribe que “en esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas”.
Además, el art. 9º de la ley 27.541 reza que “el allanamiento y/o, en su caso, desistimiento, podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda”.
A su turno, la resolución general (AFIP) 5101/2021 reglamentó la referida ampliación (conf. en particular, arts. 12, inciso e, 13, 14 inciso c, 21, 36, inciso b, 37, 48, 57, y 60, inciso b).
5. Que, las cuestiones debatidas ante esta instancia son: (i) el alcance de la regularización efectuada por la actora con respecto al Impuesto al Valor Agregado relativo al período fiscal 08/2016; y (ii) la imposición de las costas en el orden causado dispuesta en el punto 2º de la sentencia apelada.
Con respecto a la primera cuestión, se advierte que el TFN admitió la oposición formulada por el Fisco respecto a la falta de cancelación total del gravamen intimado por la resolución determinativa de oficio que motivó los presentes actuados. Para así decir, el a quo comparó el importe regularizado (esto es, $1.081.706,03) con el total intimado en la resolución nº 258/2021 (esto es, $3.821.724,91) y determinó que la suma de $2.740.018,88 (equivalente a $3.821.724,91 - $1.081.706,03) había quedado excluida de la mencionada regularización.
En este escenario y si bien no hay controversia alguna respecto a la existencia de una regularización parcial respecto al monto total intimado, el Fisco alega que el importe excluido de la regularización asciende a $2.774.297,39. Para explicar tal situación, en una primera instancia expuso la improcedencia del cómputo de $2.774.297,39 correspondiente a créditos fiscales ya reintegrados a la actora y por ende indisponibles para su utilización en la declaración jurada nº 3. Ahora bien, en un segunda instancia, explicitó que del monto total regularizado por la actora en concepto de Impuesto al Valor Agregado relativo a la posición 8/2016 incluido en el plan de pagos Q147672 (esto es, $1.081.706,03), solo “$1.047.427,53: corresponde a la regularización parcial del impuesto al valor agregado a ingresar del período fiscal 8/2016 determinado de oficio” mientras que “$34.278,50: corresponde a la restitución del saldo a favor de libre disponibilidad proveniente del período fiscal 7/2016 que, computado en la declaración jurada del período fiscal 8/2016, había sido afectado en compensación de fecha 23/9/2016, con destino a cancelar saldo de declaración jurada SICORE IVA del período fiscal 8/2016”. No obstante, la distinción a la que alude la demandada no surge clara de las constancias que se tienen a la vista.
Si bien se advierte que la suma controvertida es idéntica a la que resulta de detraer el importe de “Monto Utilizado” (esto es, $1.034.013,66) al “Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior” (esto es, $1.068.292,16) consignado en la declaración jurada rectificativa nº 3, lo cierto es que esa sola operación aritmética resulta insuficiente para admitir el agravio deducido; máxime cuando: (i) los montos incluidos en la declaración jurada involucrada bajo los rubros “Saldo Técnico a favor de AFIP”, “Saldo a Favor Período Anterior”, “Monto Utilizado” “Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta” y, por ende, el saldo a favor libre disponibilidad del período (esto es, $767.224,08 = $34.278,5 + $732.945,57), coinciden con los incorporados por el propio Fisco en el “Detalle de las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 17620/2023 PESQUERA MAR CHIQUITA SA (TF 109325302-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO declaraciones Juradas del Impuesto a Presentar” de la resolución determinativa 258/2021 dictada con posterioridad a la compensación del 23/09/16 referenciada por la AFIP en su memorial; y (ii) las manifestaciones de la actora en oportunidad de denunciar la adhesión al plan Q147672 y los detalles del plan acompañados a la causa permiten colegir que ―más allá del saldo de impuesto a favor de la AFIP consignado en la declaración jurada rectificativa nº 3 ($1.047.427,33 en lugar de $1.081.706,03)― no hay duda alguna respecto a la imputación de la totalidad del monto regularizado ($1.081.706,03) al saldo intimado por la determinación de oficio nº 258/2021 en concepto de Impuesto al Valor Agregado del período 8/2016 que asciende a $3.821.724,91 (cifra que se obtiene al detraer el saldo a favor libre disponibilidad del período -$767.224,08- del saldo técnico a favor de AFIP - $4.588.948,99-; importes que fueron determinados por el propio Fisco y consentidos por la actora).
USO OFICIAL No obstante ello, la AFIP conserva las facultades suficientes para reclamar, si fuera el caso, el importe $34.278,50 por la vía y por el concepto que estime corresponder y se encuentra habilitada para solicitar la presentación de las declaraciones juradas rectificativas pertinentes en atención a la decisión de este Tribunal y a lo dispuesto en el art. 5º inciso a, de la RG 4816 (conf. en análogo sentido, esta Sala en la causa nº 30996/2016 “Santa Julia (TF 39835-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 22/11/22).
6. Que, en lo atinente a la segunda cuestión debatida, se advierte que en función a lo decidido en el considerando anterior, resulta adecuado lo resuelto por el a quo en el punto 2º de su pronunciamiento en lo que refiere al alcance de la condonación en proporción al importe regularizado por el impuesto involucrado y la consecuente imposición de los gastos causídicos por su orden.
Asimismo, cabe recordar que esta Sala tiene dicho que la condonación de la multa y de los intereses relativos a los impuestos y períodos regularizados en el marco de la ley 27.653, queda sujeta al efectivo cumplimiento de las condiciones previstas en el régimen legal, con costas por su orden atento a que en este punto no hay vencedores ni vencidos (conf. “Degenaro, Natalia c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/10/20; “Distrans SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/11/20; “Juan Bautista Ricciardi e Hijos SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/12/20; y “Avital SA - TF 32754-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 5/05/22).
En ese sentido, dado que la ley establece el beneficio de liberación de multas y eximición de intereses, en tanto se cumplan las diversas condiciones allí previstas, es claro que, cumplidas éstas, la condonación opera de pleno derecho; razón por la cual no resulta posible establecer que exista un parte vencida en el pleito, en los términos del artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr. Sala I, en la causa “Ingenieros & CIA SA (TF 36408-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/09/20). Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el 49 de la resolución general (AFIP) 5101/2021 y en los arts. 44, 46 y 54 de la resolución general -AFIP- 4816/2016-.
En función de lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso intentado y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto ha sido materia de agravio, sin costas dada la ausencia de actividad útil de la contraria. Regístrese, notifíquese y ofíciese al Representante del Fisco mediante Deox para que se expida sobre la liquidación y el comprobante de pago de la tasa de justicia incorporados el 21/04/23 y el 4/05/23, respectivamente.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
17620/2023 PESQUERA MAR CHIQUITA SA (TF 109325302-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO USO OFICIAL
Fin de la sentencia