Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2512/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la incidentista en PE1027124-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2512/22-TSJ Interlocutorio N°: 476 Actor: PESQUERA SANTA ELENA SAIC Demandada:
Objeto: CONCURSO PREVENTIVO -INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 13-03-2024 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 476 FOLIO Nº 1800/1804 PROT. ELECT. TSS1 002 O.241
Río Gallegos, 13 de marzo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “PESQUERA SANTA ELENA SAIC s/ CONCURSO PREVENTIVO -INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-”, Expte. Nº P-22.418/16 (P-2512/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la incidentista, por intermedio de su letrado apoderado, el Dr. Roberto Manuel Pérez en PE1027124-2023, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE999946-2023, por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera en PE402618-2022.- Sostiene que la decisión de este Alto Cuerpo vulneró “…principios de raigambre constitucional en la forma de lo resuelto como el principio del debido proceso, y defensa en juicio y asimismo, respecto del fondo de la cuestión se vulneró el principio de legalidad, y también existió violación del debido proceso, de defensa en juicio y congruencia y autonomía de mi representado -Arts. 18, 19, 129 y conc. CN-; pues no evalúa debidamente las constancias de autos y no aplica expresas disposiciones legales en vigencia, produciendo una extrema gravedad institucional afectando intereses de la comunidad. También afecta el derecho de propiedad (art. 17 CN).” (cfr. PE1027124-2023, págs. 2 y 3).-
Plantea violación del debido proceso y de la defensa en juicio. En este punto, asevera que: “El fallo que revocó la concesión del recurso de casación concedido por el Ad quem, resulta contradictorio puesto que cuando hace una síntesis de antecedentes en los considerandos, describe los agravios expuestos por mi parte lo que revela que sí existieron, que pueden no haber convencido al TSJ como para revertir la sentencia del Ad quem, pero no puede tenérselos por no escritos.” (cfr. PE cit., pág. 12).-
Dice que: “Lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia ha vulnerado el derecho de defensa de mi representado, puesto que no ha observado ni analizado ninguna de nuestras quejas…” (cfr. PE cit., pág. 14).-
Alega que: “Se evidencia un exceso de rigor formal que colisiona con el derecho de defensa y deja a mi parte huérfana de recibir una sentencia ajustada a derecho.” (cfr. PE cit., pág. 15).-
Por otra parte, en el acápite denominado “Falta de aplicación de la ley -violación del debido proceso por no ser derivación del derecho vigente”, afirma que: “…respecto del fondo de la cuestión, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. de Santa Cruz al declarar mal concedido el recurso de casación, afecta el principio de legalidad, pues no se adentra al análisis del litigio que resulta contrario a la legislación vigente aplicable -art. 19 CN- en materia de verificación concursal, provocando un injustificado menoscabo del derecho de defensa, del debido proceso, y de propiedad (art. 17 y 18 C.N.).” y que “…queda gravemente violentada la autonomía de la ciudad y afectada la normal prestación de los esenciales servicios que debe satisfacer (art. 129 C.N.).” (cfr. PE cit., pág. 17).-
Explica que: “Si bien es sabido que ‘…Todos los acreedores de causa o título anterior al concurso preventivo…tienen la carga procesal de concurrir al proceso concursal…’, como lo reitera el TSJ, también es sabido que cuando se produce la conclusión del concurso preventivo, el acreedor que no verificó su crédito recobra su potestad para ocurrir por la vía individual -lo cual no ha sido desconocido en este proceso incidental-, y/o presentarse a verificar su crédito vigente en el nuevo concurso de la acreedora…” y que: “Si la deuda no ha sido cancelada por la contribuyente, y se encuentra vigente, corresponde su verificación en el concurso preventivo de la contribuyente…” (cfr. PE cit., págs. 20/21).-
Advierte que: “…el proceso concursal no produce la extinción del crédito ya que los créditos no verificados en el concurso, pueden ser reclamados a la deudora en un proceso individual [...] luego de la conclusión del concurso, el acreedor recobra la potestad para el reclamo por la vía individual, y en el caso mi representado en uso de esa potestad, se presentó a verificar en el nuevo concurso de la contribuyente, y siendo que además el crédito en cuestión se encuentra vigente, nada obsta a su verificación.” (cfr. PE cit., págs. 22/23).- Al aducir la inobservancia de la normativa fiscal en materia de intereses, manifiesta que: “…se desconoce el régimen especial previsto para este Gobierno y dispuesto por el Dto. 8477/78, los arts. 56, 58 y conc. del Código Fiscal Vigente (T.O. 2023) -y anteriores disposiciones legales aplicables-, y las Resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas N° 5174/97 (B.O.G.C.B.A. N° 152 ), n° 2371-SHF-02 (BOCBA n° 1994), n° 292-SHF-03 y n° 1762-SHF-04 (BO 1965). Y el propio Código Fiscal (T.O. 2023) -y conc. de anteriores y similares cuerpos normativos-, limita la facultad de la Secretaría de Hacienda y Finanzas en su fijación en su art. 56…” (cfr. PE cit., págs. 26/27).- Asimismo indica que no se ha tenido en cuenta lo expresamente dispuesto por el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. PE cit., pág. 28).-
Argumenta que: “…la resolución del TSJ viola en forma directa el artículo 31 de la Constitución Nacional en cuanto soslaya el principio de la jerarquía normativa, al dejar de aplicar una norma emanada del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” y que: “…dejar de lado la ley que rige el caso es una causal de arbitrariedad o, al menos constituye la relación directa con el agravio constitucional al afectarse el debido proceso (art. 18 CN).” (cfr. PE cit., pág. 33).- Denuncia afectación a la renta pública. Sobre esta temática, indica que con lo decidido: “Se impide que la Ciudad de Buenos Aires a través de sus órganos decida la forma conveniente de recaudar sus impuestos dictando sus normas tributarias que lo regulan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los que consumen y pagan los impuestos en esta Ciudad.” (cfr. PE cit., pág. 34).-
Finalmente, plantea que nos encontramos ante un supuesto de gravedad institucional. Sostiene que ella: “…se manifiesta, en cuanto le priva a mi representado la percepción de sus recursos, toda vez que le cercena arbitrariamente los fondos que debe destinar a ello por expresa manda constitucional. De esa manera, afecta gravemente la organización administrativa y financiera, con grave perjuicio para este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial, en perjuicio de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, quienes ven así mermados los fondos que deben destinarse a la educación común.” (cfr. PE cit., pág. 36).- Luego se ordena correr traslado del recurso extraordinario a la parte contraria, quien debidamente notificada, no contesta.-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “…no basta refutar una a una las cuestiones…deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo…las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal- tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado…el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de provincia, cuando deciden como en el caso, recursos extraordinarios de orden local…la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso…por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1081000-2023, págs. 2/3).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE670951-2023.-
II. Analizando la presentación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en formato A4. Además, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo parcialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º. Así las cosas la carátula indicada no da estricto cumplimiento con el recaudo exigido por el inc. d) del artículo 2º de la Acordada Nº 4/2007, ya que si bien en el libelo recursivo la parte incidentista constituyó domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo integró con el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011 (cfr.
PE1027124-2023- pág. 3) no hizo lo propio en la carátula en análisis como lo exige la normativa aplicable.- Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exige el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el Superior Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada citada, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b).
Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que no indicó la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. aut. y ob. cit., págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doc-trina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir que, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funda el presente recurso extraordinario en el inciso 3) del artículo 14 de la Ley Nº 48 sin indicar, aunque sea mínimamente y de qué forma fueron vulneradas las normas incumplidas.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la incidentista (cfr. PE999946-2023).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio.
Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada, podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el litigio se resolvió en base a normas procesales provinciales y de derecho común.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual el Máximo Tribunal ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por el Máximo Tribunal en materia de recurso extraordinario federal, ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la incidentista en PE1027124-2023.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal A/C de presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1002O.241 Tomo: IX Interlocutorio: 476 Folio N°: 1800/1804 Secretaría: 1
Fin de la sentencia