Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49366-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra el pronunciamiento del 9/08/22, con costas a cargo de la vencida (art. 68, primera parte, CPCCN); b) hacer lugar al recurso de apelación ―por altos― relativo a los honorarios regulados por el a quo y fijar los emolumentos referidos a los trabajos verificados ante esta Alzada en los términos y con el alcance establecido en el considerando 5º supra ; y c) remitir los autos al Sr. Representante del Fisco conforme lo dispuesto en el considerando 6º.
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5141/2023 PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA (TF 49366-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, mayo de 2023.
Estos autos caratulados “Pesquera Trans Antartic Ltda. (TF 49366-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, y
1. Que, mediante pronunciamiento del 9/08/22, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 15/2018, mediante la cual la AFIP- DGI determinó de oficio el Impuesto a la Ganancias de la actora correspondiente a los períodos fiscales 2011 a 2015, con más intereses resarcitorios y multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias). Impuso las costas a la vencida.
Para así resolver, rechazó el planteo de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto relativo al ejercicio 2011.
Con relación al fondo de la cuestión debatida, puso de resalto que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re CSJ 116/2012 (48-T), “The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd. c/ EN – AFIP – DGI – resol. 269/07 s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 22/11/14, había sido dictado en el marco del Impuesto sobre los Bienes Personales. Puntualizó que, según la doctrina del precedente supra referenciado, la “sucursal” era un establecimiento secundario que ―a diferencia de la filial― carecía de personería jurídica propia, estaba dotada de relativa autonomía, y tenía por destino colaborar en la explotación que realizaba la entidad principal, en tanto titular de todo el patrimonio. Así pues, destacó que, según la Corte, la sociedad extranjera no participaba del capital de la sucursal en el país, sino que se trataba de una misma persona jurídica, razón por la cual las sucursales extranjeras no debían actuar como responsables sustitutos del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Sin embargo, en lo atinente al tributo discutido en los presentes actuados, esto es, el Impuesto a las Ganancias, el artículo 69 de la ley del gravamen establecía cuáles eran las personas de existencia ideal sujetas a la gabela e incluía a los establecimientos estables de sujetos del exterior (inciso b). En consecuencia, sostuvo que “toda sociedad radicada en la Argentina debe tributar en el país por las rentas que obtenga tanto en el país como en el exterior; y lo mismo acontece con las sucursales de empresas extranjeras que operen en el país” (fs. 118).
Precisó que el art. 14 de la ley del gravamen y el art. 19 de su decreto reglamentario establecían la obligación de las sucursales de llevar su contabilidad en forma separada, tanto de su casa matriz como de las restantes sucursales o establecimientos, “la que será la base para establecer sus obligaciones impositivas en nuestro país” (fs. 118). En ese mismo orden de ideas, recordó además que el art. 14 de la ley del Impuesto a las Ganancias disponía que las transacciones entre un establecimiento permanente con personas o entidades vinculadas constituidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior debían ser consideradas, a todos los efectos, como celebradas entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajustasen a las prácticas normales del mercado entre entes independientes.
En el escenario normativo descripto, coligió que la sucursal “actúa como una unidad separada, con su propia contabilidad, que constituye un centro de imputación de ingresos y gastos, diferenciado de su casa matriz del exterior”. Así, pues, sostuvo que, de acuerdo a la letra de la ley del Impuesto a las Ganancias y desde una perspectiva fiscal, las sucursales en el país de empresas constituidas en el exterior se asimilaban a sociedades constituidas en la República Argentina y se hallaban sujetas a las mismas reglas de reconocimiento de ingresos y deducibilidad de gastos.
Indicó que el método de contabilidad separada, también denominado “método directo” o “del operador independiente”, determinaba que las utilidades del establecimiento debían calcularse como si éste fuera una empresa totalmente independiente, de modo que reflejasen lo más exactamente posible los resultados de su gestión.
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5141/2023 PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA (TF 49366-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Aludió al art. 19 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, en cuanto reza que “el balance impositivo de sucursales y filiales de empresas o entidades del extranjero se establecerá a base de la contabilidad separada de las mismas, efectuando los ajustes necesarios a fin de que la utilidad imponible de los establecimientos del país, refleje los beneficios reales de fuente argentina (…) se considerará ganancia atribuible a dichas sucursales y filiales, a la que resulte del desarrollo o, en su caso, del giro específico de su actividad realizada, directa o indirectamente, en el país o en el exterior”.
Aseveró que en la audiencia celebrada entre las partes en los términos del art. 173 de la ley de rito, se había determinado que en autos no se encontraba controvertido: (i) que los libros de la actora y demás documentación son llevados en legal forma; (ii) el registro de la operatoria entre la sucursal argentina y su casa matriz del exterior; (iii) la relación comercial que media entre aquéllas y la forma en que se desarrolla; (iv) las importaciones efectuadas; y (v) la composición y registración de los montos declarados por la sucursal como deuda comercial.
En el contexto descripto, y teniendo en cuenta el principio de contabilidad separada adoptado por la ley del Impuesto a las Ganancias a los fines de la determinación del tributo de los establecimientos estables, el a quo entendió que “deberán considerarse los gastos y demás erogaciones que responden al principio de causalidad previsto como concepto genérico en la ley del impuesto” (fs. 118vta.); circunstancia que exigía estar a lo dispuesto en el art. 68 de la ley del gravamen en cuanto admite la deducción de las diferencias de cambio originadas en las operaciones comerciales por importación de bienes adquiridos a la casa matriz, necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada de fuente argentina.
2. Que, disconforme con dicho pronunciamiento, la AFIP-DGI interpuso y fundó recurso de apelación (fs. 152 y 160/167vta., respectivamente), que fue replicado por su contraria a fs. 175/179. La recurrente esgrime que la sucursal argentina, en la realidad económica, no se constituía en deudora de la casa matriz de modo que no podía contraer deudas comerciales con esta última en tanto eran la misma persona. Ello así, la relación comercial se hallaba instaurada entre un sujeto que revestía la condición de acreedor y deudor en forma simultánea; situación “jurídica y tributariamente improcedente” que justifica la inaplicabilidad de los arts. 68, 96 y 97, inciso c, de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Afirma que las diferencias de cambio computadas por la sucursal en su carácter de contribuyente en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2011 a 2015, vinculadas con operaciones de importación de bienes realizadas con su casa matriz (radicada en la República de Chile), canceladas y pendientes de pago al 31/12/15, no constituyeron “verdaderas deudas sino ASIGNACIONES DE CAPITAL efectuadas por la principal formando parte del patrimonio neto de la propia casa matriz” (fs. 163).
Puntualiza que del artículo 69, inciso b, de la ley del Impuesto a las Ganancias no surge el concepto jurídico de sucursal en la norma tributaria. A tal fin, considera que debe estarse a la definición brindada por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual la sucursal argentina forma parte de la casa matriz extranjera. En consecuencia, la demandada considera que “al ser ambas la misma persona” no puede haber deudas comerciales entre ellas y, por ende, resulta improcedente la deducción de diferencias de cambio originadas en aquéllas (fs. 163vta.).
Por su parte, manifiesta que las relaciones comerciales entre partes vinculadas deben ser analizadas con un criterio más restrictivo que aquellas formalizadas entre partes independientes. A tales fines, considera necesario examinar la intención de las partes, la vocación de permanencia, la sujeción al riesgo empresarial, la intención de restituir los fondos, la relación con los activos y las tasas de interés pactadas. Ello así, entiende que, ninguno de los parámetros mencionados se evidencian en el sub examine, “para concluir que nos encontramos en presencia de una verdadera relación comercial entre partes independientes” (fs. 164).
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5141/2023 PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA (TF 49366-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Reseña jurisprudencia vinculada a la aplicación del principio de realidad económica y a la deducción de diferencias de cambio en tanto “se efectúen para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por dicho tributo” (fs. 165vta.).
Por último, destaca que la imposición de costas debe recaer sobre aquél que ha sido vencido en el proceso.
3. Que, preliminarmente, cabe señalar que el ajuste fiscal practicado se origina en la impugnación de las deducciones por diferencias de cambio derivadas de los saldos deudores que registraba la sucursal con su casa matriz (acreedora) por operaciones de importación no canceladas.
Ahora bien, en el acto determinativo apelado, la demandada expresó que “no se encuentra en discusión en los presentes actuados si los libros necesarios y demás documentación de respaldo se encuentran llevados en legal forma” y aclaró que “no formuló observaciones vinculadas a la forma en que se desarrolla la relación comercial entre la sucursal y la casa matriz, no cuestionó las importaciones efectuadas ni la composición y registración de los montos declarados por la sucursal como deuda comercial” (fs. 16); todo lo cual fue reiterado en oportunidad de valorar la admisibilidad de la prueba informativa dirigida a requerir información sobre la relación comercial entre la actora y su casa matriz (fs. 16vta./17).
Más adelante, sostuvo que “la sucursal, en la realidad económica, no se constituye en deudora de la casa matriz, por lo que no pudo contraer deudas comerciales con la misma, pues al ser ambas la misma persona, existiría en la relación comercial, la condición de deudor y acreedor a la vez, situación jurídica y tributariamente improcedente, y menos aún ello podría derivar en la deducción aquí cuestionada” (fs. 19vta.). De este modo, resulta claro que la AFIP circunscribió el motivo de la determinación de oficio a la condición de sucursal de la actora. En efecto, precisó que los presupuestos de los presentes actuados son disimiles de los relativos a la causa “Lexmark International de Argentina Inc.
Sucursal Argentina c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” -resuelta por esta Sala el 11/08/15-, puesto que en dicha ocasión “el Fisco no recurrió a la falta de personería jurídica de la sucursal, sino que objetó la deuda comercial invocando el principio de realidad económica y en el entendimiento de que se trataba de un aporte de capital de acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 11.683” (fs. 20). En ese mismo orden de ideas, aseveró que los cargos imputados a la aquí actora “se apoyan en una cuestión de derecho que gira en torno a la personalidad jurídica de las sucursales de empresas extranjeras” dado que “no fueron analizadas las características de las deudas comerciales como ser saldos pendientes al cierre, evolución del pasivo, intereses, plazos y montos de devolución, garantías especiales, vocación de permanencia de los fondos, etc.” (fs. 20).
Por su parte, y en lo que aquí interesa, consideró aplicable la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema in re “The Bank of Tokyo” ya citado, por cuanto, a pesar de tratarse de dos impuestos distintos, el Máximo Tribunal había colegido acerca de la falta de personalidad jurídica de la sucursal a partir del análisis societario de acuerdo a la ley 19.550; circunstancia que exigía -a su entender- extender la referida conclusión “a todas las situaciones o hechos económicos donde intervengan sucursales de empresas extranjeras” (fs. 21). Reseñó precedentes judiciales y administrativos que consideró aplicables.
En similar sentido se expidió la AFIP en oportunidad de contestar el traslado del recurso interpuesto ante el a quo (fs. 77/77vta.). Posteriormente, en ocasión de celebrarse la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la ley de rito, las partes fueron contestes en sostener que tanto las importaciones efectuadas, sus montos y registros contables, así como la relación comercial entre la actora y su casa matriz no comportaban hechos controvertidos (fs. 104).
En este contexto, los agravios deducidos ante esta instancia con relación: (i) al criterio restrictivo con que deben ser analizadas los vínculos comerciales entre partes vinculadas a la luz del principio de la realidad económica; (ii) a los parámetros destinados a dilucidar si nos encontramos en presencia de una verdadera relación comercial entre partes independientes (esto es, intención de las partes, la vocación de permanencia, la sujeción al riesgo empresarial, la intención de restituir los fondos, la relación con los activos y las tasas de interés pactadas); y (iii) a la calificación o no de las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5141/2023 PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA (TF 49366-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO diferencias de cambio -en el caso- como gastos destinados a obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas; contradicen la postura asumida por el Fisco con anterioridad en estos mismos actuados (conf. doctrina de Fallos: 312:1725; 323:3035; 325:1787; entre otros) y no pueden ser abordadas en esta instancia puesto que ello implicaría alterar los términos en que ha quedado trabada la litis, en perjuicio del derecho de defensa que asiste a la contribuyente (art. 277, CPCCN y art. 18, Constitución Nacional).
4. Que, en lo atinente al agravio vinculado a las implicancias de la falta de personería jurídica de la sucursal, asiste razón al Tribunal Fiscal en cuanto consideró que la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema in re “The Bank of Tokyo” se circunscribe al Impuesto sobre Los Bienes Personales y no resulta aplicable al Impuesto a las Ganancias aquí discutido. Ello por cuanto, la normativa reseñada por el a quo da cuenta de la previsión y habilitación legal para que “las sucursales y demás establecimientos estables” de empresas personas o entidades del extranjero: (i) sean sujetos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias; (ii) lleven adelante transacciones con “personas o entidades vinculadas constituidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior” que “serán consideradas, a todos los efectos, como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes”; (iii) computen ingresos y gastos derivados del desarrollo específico de su actividad a los fines de determinar la ganancia sujeta al gravamen; y (iv) efectúen registraciones contables en forma separada “de sus casas matrices y restantes sucursales y demás establecimientos estables o filiales” para determinar su resultado impositivo de fuente argentina” (conf. arts. 14 y 69, inciso b, de la ley del Impuesto a las Ganancias y art. 19 de su decreto reglamentario).
En efecto, el art. 14 vigente en los períodos aquí involucrados prevé que “cuando tales prestaciones y condiciones no se ajusten a las prácticas de mercado entre entes independientes, las mismas serán ajustadas conforme a las previsiones del artículo 15” (esto es, precios de transferencia). Además, cabe mencionar que el art. 160 del decreto reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias establece que, a los fines del punto 14, inciso a y del punto 3º, apartado II, inciso b, del art. 95 de la ley (que regula el procedimiento de cálculo del ajuste por inflación impositivo), “se consideran actos jurídicos que pueden reputarse como celebrados entre partes independientes (…) a aquellos que cumplimenten las disposiciones del artículo 14 de la ley”. En consecuencia, esclarece cuáles son los saldos -deudores y acreedores de personas o grupos de personas del extranjero que participen directa e indirectamente en el capital, control o dirección de las “empresas locales de capital extranjero”- computables a los fines de integrar el activo y el pasivo requeridos para practicar el ajuste por inflación; todo lo cual desvirtúa la imposibilidad jurídica de que existan deudas comerciales a efectos impositivos entre una sucursal local y su casa matriz radicada en el exterior derivada de la naturaleza ínsita de los sujetos de la relación comercial, tal como pregona el Fisco Nacional.
Dicho de otro modo, resulta desacertado considerar que -a efectos del Impuesto a las Ganancias- las transacciones comerciales efectuadas entre la actora en carácter de sucursal y su casa matriz radicada en el extranjero son improcedentes per se por formar parte de la misma persona. Ello por cuanto la normativa supra reseñada no solo acepta la existencia de tales operaciones, sino que exige que sean consideradas como celebradas entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones “se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes”. Caso contrario, aquellas se ajustarán de acuerdo a las previsiones de precios de transferencia y traerán aparejadas las consecuencias previstas en el ordenamiento legal aquí involucrado.
Por su parte, la normativa habilita al Fisco a considerar la existencia de una “unidad económica” entre los entes del país y a determinar “la ganancia neta sujeta al gravamen” cuando aquella no resulte “exactamente” reflejada en las registraciones contables separadas que “las sucursales y demás establecimientos estables” se encuentran obligados a llevar o bien en los casos en que aquéllas resulten insuficientes; extremos que tampoco fueron invocados y/o acreditados por la demandada.
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5141/2023 PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA (TF 49366-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A todo evento, no está de más recordar que el art. 14 de la ley del Impuesto a las Ganancias aplicable a los períodos fiscales aquí involucrados abandonó su redacción primigenia que, en lo que aquí interesa, rezaba “toda forma contractual que medie entre empresas o personas alcanzadas por este artículo carecerá de efectos fiscales, tratándose de las prestaciones efectivamente realizadas con arreglo a los principios que regulan el aporte y la utilidad” (conf. texto vigente según ley 20.628 -B.O. 31/12/73-, modificado por la ley 21.481 -B.O. 5/01/77- y evolución del tratamiento de las sucursales y demás establecimientos estables en Reig, Enrique J., “Impuesto a las Ganancias: estudio teórico-práctico de la ley argentina a la luz de la teoría general del Impuesto a la Renta”, Ediciones Macchi, 9na. edición, Buenos Aires, 1996, p. 119 y sgtes.).
Ello así, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto ha sido materia de agravio, con costas en ambas instancias a la vencida por no hallarse motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primera parte, CPCCN).
5. Que, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ―por mayoría— en las causas “Establecimiento Las Marías” y “All, Jorge Emilio” (Fallos: 341:1063 y 345:220, respectivamente; criterio que fue adoptado por esta Sala in re “Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en Liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/Contrato Administrativo”, sent. del 22/03/22); y ponderando la naturaleza del proceso, su monto, la importancia de la cuestión debatida ―fondo―, la forma en que fueron impuestas las costas y la calidad y eficacia de las labores desarrolladas en la única etapa cumplida por el letrado apoderado de la actora, Dr. Gustavo Grinberg, en el proceso ante el Tribunal Fiscal, corresponde REDUCIR ―desde que fueron apelados por altos y bajos― los honorarios regulados a su favor a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON SIETE CENTAVOS ($43.305,7) -equivalente a la cantidad de 2.9 UMA- por el patrocinio letrado y la representación procesal realizadas ante el a quo (conf. arts. 16, 19, 20, 21, 29, 44, inc. a, 51, 58, inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423; ac. 9/23 CSJN y art. 730 del CCyCN).
Asimismo, en atención a lo dispuesto en los artículos 30 y concordantes de la ley 27.423, y teniendo en cuenta la trascendencia de la cuestión resuelta y la calidad y eficacia de las tareas realizadas ante la Alzada, REGÚLANSE en las sumas de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ($14.933) -equivalentes a la cantidad de 1 UMA- los emolumentos de la dirección letrada y representación de la parte actora (ac. CSJN 9/23 y art. 730 del CCyCN).
Se deja constancia que las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado monto que ―en su caso― deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional frente al citado tributo.
6. Que, en atención a las constancias agregadas el 8/03/23 y el 21/04/23, corresponde remitir los autos al Sr. Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación practicada y el pago efectuado por la parte demandada, por encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
En función de lo expuesto, SE
a) rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra el pronunciamiento del 9/08/22, con costas a cargo de la vencida (art. 68, primera parte, CPCCN); b) hacer lugar al recurso de apelación ―por altos― relativo a los honorarios regulados por el a quo y fijar los emolumentos referidos a los trabajos verificados ante esta Alzada en los términos y con el alcance establecido en el considerando 5º supra ; y c) remitir los autos al Sr. Representante del Fisco conforme lo dispuesto en el considerando 6º.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia