Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2019-65533794-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-47079870-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Mayo de 2026 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Ex-2019-65533794-APN-SGAI#TFN caratulado “PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A. DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante IF-2019-65528898-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 21/06/2019 dictada por la AFIP-DGI, en virtud de la cual se determinó de oficio la obligación de la recurrente frente al impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2012 y 2013, con más intereses resarcitorios y se aplicó una multa sustentada en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal.
Explica que se trata de una sociedad comercial dedicada a la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Añade que representa a la empresa madre del grupo Petersen, formado –dice- por un grupo de empresas de primer nivel en la industria de la construcción en la República Argentina.
Respecto de la resolución apelada, sostiene que se rechazaron, en forma injustificada, la totalidad de los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la vista, así como también la prueba pericial ofrecida. Aduce que, si bien durante el procedimiento seguido ante el organismo fiscal, se solicitó la nulidad de la vista, por considerar que se encontraba viciada en su elemento motivación, al no ser atendidos dichos planteos se mantienen en la presente instancia y por ende, reitera los argumentos con el objeto que se anule la determinación de oficio en cuestión, al considerar que se basó en un acto administrativo nulo.
Funda su defensa en la falta de exposición de los razonamientos y/o fundamentos serios e idóneos que le permitieron al Fisco Nacional llegar a las conclusiones mediante las cuales pretende justificar el ajuste de este caso concreto, que acredita –a su juicio- la carencia absoluta de motivación.
A ello, debe agregarse que el juez administrativo colige, sin mayor esfuerzo, que corresponde calificar como disposición de fondos en favor de terceros las operaciones de adelantos de dividendos, aunque no se explica el porqué de dicho razonamiento.
En este sentido, entiende que el funcionario fiscal únicamente se remite a lo expuesto en el Dictamen N° 16/2000 de la Dirección de Asesoría Técnica, donde se ensaya una breve definición del concepto de adelanto de dividendos, pero no explica las razones por las cuales corresponde considerar a la operación señalada como una disposición de fondos.
Describe las aclaraciones que, a su entender, resultan necesarias, en atención a las preguntas que el Fisco se formula en forma retórica.
Entiende que tales interrogantes tampoco encuentran respuesta en la determinación apelada, y por ello, alega que la misma no sólo resulta nula por ser la consecuencia directa de un acto administrativo nulo, sino –ademáspor encontrarse viciada, al igual que la vista, en su elemento motivación.
Dice que la ausencia de motivación se traduce en un vicio que afecta la causa de la Vista y de la determinación apelada, violándose su derecho de defensa, cuya protección se encuentra en la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y, más precisamente, en la garantía de la defensa (art. 18 de la C.N.), pues al no encontrarse motivado el acto, se encontró impedido de ejercer las facultades que integran el debido proceso adjetivo. Explica que se trata de una sociedad anónima encuadrada en el art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales y que el Sr. Eskenazi es accionista de la sociedad, poseyendo el 97,87% , en tanto que el resto de las acciones se encontraban en poder de su esposa.
Afirma que de las actas de directorio de fecha 27/12/2011 y 16/01/2012 aportadas a la inspección, surge que las entregas de fondos efectuadas por la sociedad en dichas fechas a sus accionistas han sido efectuadas en carácter de “dividendos anticipados” por $ 68.480.000.- y $ 10.000.000.- respectivamente, importes que son los que generan prácticamente la totalidad del ajuste pretendido.
Argumenta que dichos dividendos fueron aprobados en forma definitiva en la Asamblea unánime de Accionistas de fecha 31/07/2012, acompañada a las actuaciones administrativas agregadas a fs. 239/242 del expediente administrativo.
Señala que el tema central sobre el cual versa el ajuste propuesto por el Fisco radica en determinar si los dividendos anticipados distribuidos en forma regular por la empresa a sus accionistas pueden ser considerados como una disposición de fondos en favor de terceros, cuestión que anticipa como una cuestión de puro derecho que deberá resolverse a la luz de una interpretación sistemática de las normas involucradas.
Solicita que, en caso de que la demandada desconozca los extremos fácticos invocados en dicho apartado, el Tribunal ordene la producción de prueba pericial contable que corrobore los mismos.
Reitera que el tratamiento de los adelantos de dividendos como una disposición de fondos en favor de terceros en los términos del art. 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias efectuado por el ente fiscal luce desprovisto de argumentos sólidos.
En esa dirección, considera que lo expuesto en la determinación apelada respecto a que los anticipos recién constituirán “dividendos” con su aprobación, en modo alguno permite llegar a la conclusión de que nos encontramos ante una disposición de fondos en favor de terceros en los términos del art. 73 de la ley del Impuesto a las ganancias.
En el presente caso –razona- nos encontramos ante un supuesto de excepción en el cual la ley 19.550 expresamente habilita la distribución anticipada de dividendos y dicha excepción, reconoce objetivos específicos y concretos que el legislador consideró necesarios perseguir y que de ningún modo dichos “adelantos” pueden ser asimilados a préstamos.
Entiende que resulta evidente que, a efectos de aplicar la figura de la disposición de fondos a favor de terceros, el organismo fiscal asimiló los anticipos a un simple “préstamo” o mutuo, lo que implica una simplificación vacua que no se condice, ni con el texto, ni con el espíritu de la Ley 19.550, ni con la propia naturaleza jurídica de ambas figuras.
Plantea que los fondos anticipados, no pueden asimilarse con un contrato de mutuo. Así, señala que los anticipos de dividendos constituyen pagos que la sociedad efectúa a sus accionistas antes del cierre del “ejercicio económico”, esto es, durante el ejercicio y a cuenta de la distribución que pueda disponerse a su finalización. Interpreta que, conforme a doctrina de este Tribunal, en la medida que los anticipos de dividendos sean realizados regularmente, no correspondería aplicar intereses presuntos.
Afirma que los adelantos de dividendos son un mecanismo habitual de las empresas, pero nunca fueron considerados como una disposición de fondos en favor de terceros por parte del organismo fiscal. Por ello, el criterio seguido por la inspección actuante no posee sustento alguno y no responde al criterio histórico sustentado por el Fisco.
Subsidiariamente, señala que la pretensión fiscal debe ser desestimada en virtud del principio de la realidad económica, al considerar que los dividendos anticipados se correspondían a utilidades que al momento de su distribución (diciembre de 2011 y marzo de 2012), tenían el carácter de líquidas y realizadas. Dice que, conforme surge del Balance del período 2011, acompañado en el marco de las actuaciones administrativas, los resultados acumulados al cierre del ejercicio 31/03/2011, cierre anterior a las fechas de distribución de los dividendos anticipados, se evidencia que la empresa contaba con un saldo de resultados acumulados distribuibles de $129.674.024, de los cuales $ 95.243.428,40, estaban registrados como reserva facultativa y $ 34.403.596 como Resultados del Ejercicio 2011, ambos susceptibles de distribución.
Así, por aplicación del mencionado principio, cabe concluir que, si bien la operación fue instrumentada como adelanto de dividendos, en realidad se trataba de retiros de sumas cuya titularidad ya pertenecía al accionista mayoritario proveniente de resultados anteriores acumulados y no distribuidos.
Entiende que tampoco resulta un dato menor que el accionista que retiró los dividendos poseía el 97,87% de la sociedad, siendo el porcentaje remanente poseído por su esposa, con lo cual –dice- se evidencia que dicho porcentaje resultaba más que suficiente para conformar la voluntad social requerida para la distribución de dividendos.
En suma, expone que, desde la perspectiva del principio de la realidad económica, se evidencia que, en este caso, la sociedad no realizó un préstamo en favor de su accionista, conforme pretende el Fisco, sino que dichos fondos resultaron utilidades acumuladas de períodos anteriores sin distribuir que, en la práctica, le pertenecían al socio mayoritario, titular del 97,87% del paquete accionario de la sociedad.
En cuanto al ajuste vinculado al tratamiento otorgado a adelantos de honorarios de directores, señala que, según el criterio de la inspección actuante, la firma no habría computado intereses presuntos sobre la totalidad de los retiros abonados a directores y que excedieron los que finalmente fueron aprobados por dicho órgano social. Sostiene que la diferencia respondía a que la fiscalización había omitido considerar el acta de asamblea N° 101 del 30/07/2013, la cual aprobaba honorarios a directores por $ 6.807.000.- y $ 1.493.000.-.
Plantea que el error en que incurrió el Fisco radica en que únicamente había computado como honorarios aprobados el monto de $ 6.807.000 pero omitió la suma de $ 1.493.000.-.
Añade que se adjuntó como Anexo II y III de la contestación de la Vista, copia de la mencionada acta de asamblea y de los papeles de trabajos de la declaración jurada del Impuesto a las ganancias, correspondiente al período fiscal 2013.
Respecto de la sanción aplicada, sostiene que no se verificó en el caso una omisión de impuesto, toda vez que declaró sus impuestos conforme a derecho.
En cuanto al elemento subjetivo, argumenta que no se observó en el presente caso, razón por la que solicita que se deje sin efecto la sanción aplicada.
Sin perjuicio de lo expuesto, plantea que en el caso existen supuestos particulares, que permiten considerar que se está en presencia de un supuesto de error excusable. Advierte que los hechos en los que podría fundarse una eventual sanción refieren a una discrepancia técnica e interpretativa de los complejos normativos aplicables. En este sentido, añade que, por un lado, se encuentra la Ley 19.550 que regula pormenorizadamente y avala la distribución anticipada de dividendos y por el otro, la Ley del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario, que, según la interpretación fiscal, constituyen una disposición de fondos en favor de terceros, a la que le corresponde aplicar intereses presuntos. Concluye que la complejidad de las normas aludidas y la dificultad existente para armonizar ambas normas, justifica la existencia de un error excusable.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que mediante RE-2019-94655821-APN-DTD#JGM contesta el Fisco Nacional el traslado del recurso, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos de la causa.
III. Que mediante PV-2020-90900646-APN-VOCII#TFN se abrió la causa a prueba y a través de PV-2026- 15360533-APN-VOCII#TFN se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “A”. Luego, mediante IF-2026-17529519-APN-VOCII#TFN se ponen los autos para alegar, habiendo presentado la actora su alegato mediante IF-2026-22081074-APN-DTD#JGM y el Fisco mediante IF-2026-
21666103-APN-DTD#JGM.
Finalmente, mediante IF-2026-41667072-APN-VOCII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que corresponde en primer lugar tratar la defensa de nulidad articulada por la recurrente, que fue declarada como de previo y especial pronunciamiento y diferida para ser tratada junto al fondo de la causa. En este sentido, afirma que la vista previa carece de una debida motivación, y por ello, entiende que debe anularse el acto dictado en consecuencia que hoy se encuentra en crisis. En la misma dirección, considera que también corresponde que se declare la nulidad de la resolución apelada, toda vez que, según su postura, se basó en un acto administrativo nulo.
Ante todo, y con relación a la nulidad de la resolución que confirió vista, debe tenerse presente que dicho acto administrativo tiene como finalidad que el contribuyente tome conocimiento de la totalidad de las actuaciones administrativas y de los cargos e impugnaciones formulados con el fin de garantizar el derecho de la debida defensa, sin que pueda pretenderse que en ella se consignen sus fundamentos jurídicos, por cuanto de lo contrario, se convertiría en una resolución determinativa del tributo (vid. entre muchos otros, esta Sala en su anterior composición, 29/12/97, “Hijos de Benito Fresco S.R.L.”).
Aclarado ello, corresponde tratar los argumentos vertidos con el objeto de obtener la declaración de nulidad del acto venido en recurso. Sobre la cuestión, la recurrente entiende que el mismo se encuentra inmotivado en tanto no se han expuesto los fundamentos fácticos y jurídicos que le den sustento, los que no pueden tener acogida favorable.
En efecto. Explica el Profesor Hutchinson que la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular responde a la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (Hutchinson, T., “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Tº I, pag. 159). Asimismo, dicha obligación reposa en los principios republicanos que exigen juridicidad y razonabilidad e imponen a la administración la obligación de explicar sus actos.
No cabe duda que, para nuestra ley, todos los actos necesitan ser motivados, concepto que se desprende del inciso e) del artículo 7 de la ley 19.549, en tanto expresa que el acto administrativo deberá exponer “en forma concreta las razones” que llevan a su dictado y su alcance variará según los casos y circunstancias. En definitiva, la motivación es la manifestación y justificación del comportamiento jurídico administrativo y si bien no debe confundirse con la causa –como parece inducir el planteo del recurrente- en tanto alega la ausencia de antecedentes de hecho y derecho del acto, lo cierto es que ambas se encuentran entrañablemente vinculadas a punto tal que el vicio de uno y otro no es indiferente para la existencia conjunta. En ese sentido, un acto podrá ser muy motivado, pero si la causa es ilegítima o falsa, de nada servirán las frases que lo justifiquen y motiven (vid. Coviello, Pedro José, “La Motivación del acto administrativo como medio de control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales” en “El control de la Actividad Estatal”, I, Asociación de Docentes, UBA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2016, pág. 130 y sgtes.).
Definida así la motivación, cabe señalar que del análisis de las actuaciones administrativas se advierte que el ente fiscal cumplió acabadamente con el procedimiento reglado, habiendo conferido la vista que establece la ley, la cual expone –como se dijo- en forma detallada los fundamentos por los cuales se decidió iniciar el procedimiento de determinación de oficio, otorgando al contribuyente la oportunidad para el ejercicio de su derecho de defensa.
Asimismo, se advierte de la vista previa que el área fiscalizadora analizó los retiros realizados por el Sr. Enrique Eskenazi en su calidad de director de la firma, los que se habían registrado como honorarios y dividendos, ambos anticipados y se tuvo en cuenta toda la documentación aportada por la firma. Fue consecuencia del análisis de todos los elementos tenidos a la vista y de citar las normas que se consideraron aplicables al caso, que el organismo fiscal concluyó que debía iniciarse el procedimiento determinativo, aplicándose la figura de los intereses presuntos a los anticipos de honorarios y dividendos otorgados por la empresa.
Ahora bien, se desprende también de las actuaciones administrativas acompañadas que la recurrente pudo ejercer debidamente su derecho de defensa, conforme surge de la contestación de la vista agregada a fs. 470/485 del cpo. principal III.
En ese contexto, se advierte que la recurrente dirige sus agravios a impugnar los argumentos que llevaron al juez administrativo a fundar su acto, circunstancia que se vincula más con el fondo de la causa que con la ausencia de motivación nulificante del acto.
En consecuencia, corresponde rechazar la defensa articulada por el recurrente.
V. Que conforme surge de la resolución apelada (vid. IF-2019-65532331-APN-SGAI#TFN) y de los antecedentes administrativos acompañados a la causa, las presentes actuaciones se originaron en el análisis realizado por el Departamento Investigación Grandes Contribuyentes Nacionales, se procedió a verificar dos aspectos que fueron observados: 1) Existencia de importantes sumas abonadas por intereses (resultado negativo) y 2) Exiguos importes calculados como intereses por disposición de fondos a terceros (resultado positivo). Ello así, el área fiscalizadora que llevó a cabo la verificación sostuvo que mientras la primera situación podría asociarse con la de una compañía que necesita obtener fondos para su funcionamiento, la segunda sugiere la existencia de fondos excedentes que son prestados y/o “adelantados” a sus accionistas.
Dicha área analizó los retiros de fondos realizados por el Sr. Enrique Eskenazi en su calidad de director de la firma, los que se consignaron bajo los conceptos de honorarios y dividendos, ambos anticipados. Se verificó que la contribuyente sólo calculó intereses presuntos sobre las sumas liquidadas en concepto de honorarios que excedían las asignadas por la Asamblea de Accionistas en el ejercicio 2013.
Posteriormente, respecto a los fondos entregados al Sr. Eskenazi en concepto de anticipos de honorarios y dividendos, el área fiscalizadora analizó toda la documentación aportada por la recurrente. Así se llegó al entendimiento que los retiros en trato debían ser analizados a la luz de las previsiones establecidas por el art. 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el art. 103 de su D.R.
Bajo ese criterio, se concluyó que la normativa citada solo admite –para el caso de sumas entregadas en carácter de adelanto- aquellas vinculadas con operaciones propias del giro de la empresa, y por ende, no susceptible del tratamiento previsto por el art. 73 de la Ley de Impuesto a las ganancias, a los importes que se entreguen o dispongan como anticipos de honorarios a directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia, en la medida que no excedan a los fijados por la Asamblea correspondiente.
Asimismo, el área fiscalizadora aclaró que durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012, se observaron adelantos en concepto de honorarios a directores y también en carácter de dividendos, en tanto la recurrente no determinó suma alguna en concepto de intereses presuntos.
Con relación al período fiscal 2013, se explica que la contribuyente calculó intereses presuntos sobre los montos entregados al accionista Enrique Eskenazi, sólo respecto a aquellos fondos que, entregados a cuenta de honorarios, superaron el monto finalmente asignado por tal concepto al mencionado director en la Asamblea respectiva. Y, agrega, que la sociedad actora omitió hacerlo sobre los importes retirados a cuenta de futuros dividendos que recién fueron aprobados, luego de los respectivos cierres de ejercicio.
Es así que con sustento en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias, art. 103 de su Decreto Reglamentario y Dictamen N° 16/2000 de la Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), el Fisco Nacional concluyó que debieron liquidarse los intereses presuntos previstos en la citada norma legal, sobre las sumas que exceden los honorarios aprobados por la Asamblea, así como sobre el total de los dividendos anticipados desde la fecha en que éstos fueron abonados hasta la fecha de aprobación de los mismos, por parte de la Asamblea de Accionistas. Se señala que se tuvo en cuenta que la contribuyente estimó y computó intereses presuntos sobre los honorarios abonados en exceso, respecto de los aprobados por la Asamblea en el período fiscal 2013, monto detraído a los fines de la liquidación del ajuste en cuestión.
De lo expuesto, el ente fiscal concluyó que la actora habría omitido declarar como renta gravada, los intereses presuntos sobre los montos adelantados en concepto de dividendos, desde la fecha en que aquellos fueron abonados hasta la fecha de aprobación de los mismos por parte de la Asamblea de Accionistas, y sobre la totalidad de los retiros que excedieron los montos de honorarios abonados a directores y aprobados por dicho órgano social, habiéndolo efectuado sólo por una porción de ellos en 2013, iniciándose en consecuencia el procedimiento de determinación de oficio que culminó con la resolución que ante esta instancia se apela.
VI. Que sentado lo que antecede la cuestión a resolver consiste en definir si le asiste razón al Fisco Nacional en considerar que la recurrente omitió declarar como renta gravada, los intereses presuntos calculados sobre los montos adelantados en concepto de dividendos, desde la fecha de los retiros hasta su aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas y sobre los montos abonados en concepto de honorarios que excedieron los aprobados por dicho órgano social.
VII. Que a fin de dilucidar el tema en debate corresponde recurrir al art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias (t.v. a la sazón, actual art. 76) que dispone que “Toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso a), y que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más el interés del 8 % (ocho por ciento) anual, el importe que resulte mayor.” Por su parte, el art. 103 del D.R. de la ley del impuesto establecía que “A los efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamos, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados.” “Se considerará que constituyen una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa, las sumas anticipadas a directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia, en concepto de honorarios, en la medida que no excedan los importes fijados por la asamblea correspondiente al ejercicio por el cual se adelantaron y siempre que tales adelantos se encuentren individualizados y registrados contablemente.”
Bajo ese contexto fáctico y normativo cabe adelantar que el proceder fiscal se ajustó a derecho, al calcular los intereses presuntos omitidos, para el caso de las sumas adelantadas en concepto de honorarios, sobre aquellos que excedieron a los aprobados por la Asamblea de Accionistas.
En efecto. Dicho régimen resulta aplicable cuando la disposición de fondos se realiza en calidad de préstamo, sin constituir una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o generadores de beneficios gravados. Es claro también que deben considerarse operaciones propias del giro de la empresa las sumas anticipadas a directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia, en concepto de honorarios, siempre en la medida que no excedan los importes fijados por la asamblea correspondiente al ejercicio por el cual se adelantaron, que tales adelantos se encuentren individualizados y registrados contablemente.
Ahora bien, con relación a este ajuste la recurrente plantea que la diferencia detectada por el Fisco se origina en la omisión de considerar el acta de asamblea N° 101 del 30/07/2013, a través de la cual se aprobaron honorarios a directores por $ 6.807.000.- y $ 1.493.000.- Y, añade, el error en que se incurre radica en que únicamente se computaron como honorarios aprobados, el primer importe -$ 6.807.000.-, pero se omitió considerar la suma restante. Obra en los antecedentes administrativos copia del acta mencionada.
Sobre el particular, corresponde señalar que no se evidencia que el Juez Administrativo haya cometido error alguno, en tanto que la suma de $ 1.493.000 responde a los honorarios aprobados a favor de otro accionista y director titular de la firma, el Sr. Ezequiel Eskenazi Storey, como se aclara en el acto apelado, en tanto que los ajustes practicados, tuvieron como basamento la verificación y el análisis de la cuenta particular del Sr. Enrique Eskenazi, no habiendo formado parte de las compulsas y observaciones, las cuentas particulares que hubieran podido tener otros accionistas y directores de la firma actora.
En apoyo, obra agregada la copia del Acta N° 101 acompañada en los antecedentes administrativos (vid. fs. 494/495 vta. del cpo. principal III), cuya autenticidad no fue cuestionada por las partes. Surge allí que aquél monto corresponde a honorarios aprobados a favor del Sr. Ezequiel Esquenazi Storey, es decir que fueron atribuidos a favor de otro director, razón válida para no proceder a descontarlos a los efectos del cálculo de los intereses presuntos omitidos, en tanto la determinación subexamine se efectuó sobre la cuenta particular del Sr. Enrique Eskenazi, como se expone en el papel de trabajo que detalla el ajuste realizado y que obra agregado en los antecedentes administrativos (vid. fs. 448 del cpo. principal III).
VIII. Que también se comparte el criterio fiscal en lo que refiere al tratamiento otorgado a las sumas anticipadas en concepto de dividendos en virtud de lo que disponen los artículos 73 de la LIG y 105 de su decreto reglamentario. Debe destacarse que los intereses presuntos debieron calcularse desde la fecha en que aquellos fueron abonados hasta la fecha de aprobación de los mismos por parte de la Asamblea de Accionistas. Por su parte, y más allá de los Dictámenes citados por el Fisco en apoyo de su tesitura, lo cierto es que –a mi criterio- la normativa aplicable al caso no deja dudas acerca de la disposición de fondos configurada por los dividendos anticipados, resultando correcto por ello, el cálculo de los intereses presuntos respectivos. En este sentido, y si bien la recurrente plantea que, tales anticipos no pueden asimilarse a préstamos realizados por parte de la empresa, lo cierto es que, independientemente del encuadre que pretenda otorgarle, las entregas realizadas configuraron disposiciones de fondos a favor de un tercero, representado por el accionista mayoritario de la sociedad.
Asimismo, contrariamente a lo alegado por la actora, lo dispuesto por la ley 19.550 sobre la distribución anticipada de dividendos, no resulta hábil para conmover el criterio fiscal, toda vez que, en el caso, corresponde aplicar la ley del impuesto en cuestión, en lo que se refiere al tema señalado.
A mayor abundamiento, tampoco permite modificar la postura fiscal, el hecho de que el accionista contaba con un porcentaje que resultaba más que suficiente para conformar la voluntad social requerida para la distribución de dividendos. Ello toda vez que, atento a la separación de personalidades que se verifica entre la sociedad y sus accionistas, no existen dudas respecto a que los anticipos fueron otorgados por la sociedad a un tercero y, por lo tanto, debían aplicarse las normas dispuestas por la ley del impuesto para dicha circunstancia, aun cuando tales anticipos hayan sido entregados al accionista que contaba con el 97,87% del paquete accionario. Sentado lo expuesto, sólo cabe concluir que el proceder fiscal no merece reprobación alguna, resultando ajustado a derecho el encuadre asignado como disposición de fondos a favor de terceros, a los montos anticipados en concepto de dividendos, desde la fecha de los retiros, hasta la aprobación de los mismos como tales por parte de la Asamblea de Accionistas.
IX. Que no empece a lo expuesto la prueba aportada por la recurrente en apoyo de su tesitura.
En cuanto al informe pericial producido ante esta instancia (vid. IF-2021-62115663-APN-DTD#JGM), producido con el objeto de demostrar que la empresa contaba en su patrimonio con fondos suficientes -expuestos en las cuentas “Resultados acumulados” y “Reserva facultativa”- para hacer frente a los anticipos efectuados nada aporta a la cuestión en debate. El organismo fiscal no cuestionó la efectiva existencia de recursos para efectuar las erogaciones señaladas, sino el encuadre otorgado a tales egresos de fondos (anticipos de honorarios y de dividendos) por parte de la recurrente y el tratamiento impositivo que correspondía atribuirle a los mismos, razón por la que las conclusiones arribadas por los profesionales en su informe, no permiten apoyar las defensas expuestas por la actora.
En razón de todo lo que antecede, encontrándose debidamente fundamentada la determinación efectuada y ante la ausencia de elementos probatorios conducentes para conmover la pretensión fiscal, corresponde que los ajustes efectuados sean confirmados, con costas.
X. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados en la resolución apelada, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios, corresponde su confirmación. Con costas.
XI. Que finalmente corresponde expedirse respecto de la multa aplicada con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683, equivalente al 70% del gravamen omitido de ingresar por el período fiscal 2013.
Dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere –en situaciones como la sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. En este último supuesto, siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie, pues como quedó dicho, como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, el organismo fiscal efectuó ajustes en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2012 y 2013, que fueron confirmados ante esta instancia, generándose un monto de impuesto a las ganancias omitido de ingresar por el período fiscal 2013.
Con respecto al elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión, cabe efectuar algunas consideraciones. En ese sentido, debe tenerse presente que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “…surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen”.
“Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos – 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23771", fallada el 31/10/1997)”. “Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas” (“Elen Valmi de Claret”, del 31/3/99).
En tales condiciones, se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que el actor omitió ingresar el impuesto a las ganancias, por el período fiscal 2013 en su justa medida, y ante la falta de elementos que permitieran tener por configurada la existencia del error excusable previsto en la norma, en tanto que no se observa que las normas involucradas sean intrincadas o de difícil interpretación, corresponde confirmar la multa aplicada, debiendo señalarse que luce correctamente graduada en el 70% del impuesto omitido, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52, segundo párrafo, del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.05.11 16:22:35 ART Date: 2026.05.11 17:03:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.11 17:06:45 -03:00
Fin de la sentencia