Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 1615 2013
Expte. n°: JU-1615-2013 M., S. P. C/ SUCESORES DE M., H. Y OTROS S/ PETICIÓN DE HERENCIA
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N° Orden: 104
Libro de Sentencia nº: 60
En la ciudad de Junín, a los 4 días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-1615-2013 caratulada: "M., S. P. C/ SUCESORES DE M., H. Y OTROS S/ PETICIÓN DE HERENCIA", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Guardiola y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
I. A fs. 904/934 el Sr. Juez de primera instancia, Dr. Fernando H. Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que: a] desestimó el planteo de falta de legitimación pasiva respecto de la acción de petición de herencia, formulado por J. L. L. y “Heladerías B. S.R.L.”; b] tuvo por probada, a la fecha del fallecimiento de E. A., la inclusión en la sociedad conyugal disuelta, de la sociedad de hecho conformada por L. y M., condenando a los sucesores de este último a incorporarla, en la proporción correspondiente, al acervo hereditario; c] desestimó la indemnización pretendida por las ganancias de la sociedad de hecho, durante el período 2006/2010; d] impuso a J. L. L., en su carácter de socio de la sociedad de hecho, el pago de una indemnización a determinarse en un proceso incidental o de ejecución, por la utilización del inmueble sito en la avenida San Martín 292 y de los muebles allí existentes, desde el día 13/9/2013, por la parte proporcional que le corresponde a la actora sobre tales bienes; y en cuanto a la parte correspondiente a H. H. M., dispuso que sus herederos diluciden la cuestión de la administración de los bienes en el marco del proceso sucesorio; e] declaró la inoponibilidad respecto de la actora, de la constitución de “Helados B. S.R.L”, y dispuso que los perjuicios a resarcir a la misma, se determinen por el proceso incidental o de ejecución correspondiente, dejándose establecido como pautas los puntos 8, 9 y 10 (y su respectiva actualización) de la pericia contable; f] dispuso que deberá encauzarse por la vía pertinente, el pedido formulado por la actora encaminado a su inclusión como socia de “Helados B. S.R.L.”; g] Declaró abstracta la pretensión de inoponibilidad del condominio “M. H. H. y otro”; y h] rechazó el rubro daño moral (art. 7 del CC. y CN., art. 1.078, Código Civil de Vélez). Finalmente, impuso las costas a la demandada, a excepción de los rubros rechazados, que le fueron impuestos a la actora.
De tal modo, el magistrado “a quo” se expidió acerca de la pretensión de petición de herencia deducida por la actora contra H. H. M., y de la pretensión de inoponibilidad de la personalidad jurídica deducida por la actora contra el mencionado M., J. L. L. y “Helados B. S.R.L.”.
II. Contra este pronunciamiento, la accionante dedujo apelación a fs. 935, e idéntica impugnación interpuso a fs. 944 el Dr. Fernando Raúl Ojeda, en carácter de gestor procesal de J. L. L., H. H. M. -h-, M. A. (quienes ratificaron tácitamente esta actuación a fs. 975/vta.) y S. C. M. (quien ratificó expresamente la actuación a fs. 977); recursos que, concedidos libremente, motivaron la elevación del expediente a esta Cámara, donde se agregaron las respectivas expresiones de agravios.
III. A fs. 979/989vta. se agregó la expresión de agravios presentada por la accionante, quien se agravió, en primer lugar, por la desestimación de su reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho L. –M. durante el periodo 2006/2010.
En segundo lugar, criticó, por un lado, la recepción parcial del reclamo indemnizatorio por la utilización del inmueble de la avenida San Martín 292 y de los muebles existentes en el mismo; y por otro lado, que la parte que a H. H. M. le corresponde por la utilización de los aludidos inmueble y muebles, sea dilucidada en la cuestión de la administración de los bienes en la sucesión del mismo. Asimismo, solicitó que el alcance de la condena sea adaptado al hecho sobreviniente del fallecimiento de H. H. M.
En tercer lugar, peticionó que se subsane la omisión incurrida en la parte dispositiva de la sentencia apelada, en la que no se hizo mención a que los sucesores de M. debían incorporar a la sucesión de E. A., en la proporción correspondiente, el inmueble de la avenida San Martín y de los muebles en él existentes.
En cuarto lugar, solicitó que en la sentencia de Alzada, se incluyan determinadas declaraciones de certeza, a raíz del fallecimiento de H. H. M.
Finalmente, en quinto lugar, se agravió por la imposición a su cargo, de las costas correspondientes a los rubros desestimados.
IV. A fs. 991/993 se agregó la expresión de agravios presentada por J. L. L., quien se agravió, en primer lugar, por la condena que le fue impuesta al pago del rubro alquileres del inmueble; y en segundo lugar, por la desestimación de su planteo de falta de legitimación pasiva respecto de la acción por petición de herencia.
V. A fs. 994/996vta. se agregó la expresión de agravios presentada por J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.”; quienes se agraviaron por la declaración de inoponibilidad a la actora, de la personalidad jurídica de la mencionada sociedad.
VI. Corrido traslado de las expresiones de agravios, a fs. 998/1002 y a fs. 1003/1006vta. respectivamente, se agregaron las contestaciones formuladas por la actora, a la expresión de agravios vertida por J. L. L., H. H. M. (h), S. C. M. y M. A., y a la expresión de agravios vertida por J. L. L., solicitando en ambas la desestimación de sendas apelaciones; en tanto que los demandados no lo contestaron; por lo que, luego de darles por perdida la carga de hacerlo, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
VII. En tal labor, paso a tratar los distintos agravios.
1. Comienzo por el tratamiento de los agravios dirigidos tanto por J. L. L. como por la accionante, contra la indemnización determinada por el uso del inmueble y de las maquinarias existentes en el mismo.
A) A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante "a quo", en primer lugar, recordó que la actora reclama el cobro de alquileres por el periodo que transcurra desde el día del fallecimiento de su madre, hasta el día del efectivo pago.
Seguidamente, mencionó que quedó acreditado que, desde el fallecimiento de E. A. hasta la constitución de "B. SRL", la sociedad de hecho explotaba comercialmente el local y, con posterioridad a ese momento, ese inmueble comenzó a ser alquilado a la sociedad de responsabilidad limitada, por medio de un condominio constituido por M. y L.
Señaló asimismo que, desde la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, ésta le alquila a la sociedad de hecho, las instalaciones existentes en el inmueble.
Haciendo hincapié en tales circunstancias, receptó el reclamo indemnizatorio por la utilización del inmueble y de los muebles en él existentes, a partir del día 13/9/2013 (fecha de la notificación de la demanda, ya que no se demostró ninguna intimación previa), por la cuota parte que le corresponde a la actora, condenando a J. L. L., en su carácter de socio de la sociedad de hecho y como integrante del condominio, a pagar el importe que sea determinado en el proceso incidental o de ejecución que corresponda. Paralelamente, dispuso en relación a la parte correspondiente a M., que los herederos deberán dilucidar la cuestión de la administración de los bienes en el marco del proceso sucesorio del mismo.
ii. Que el demandado L. impugnó esta decisión, considerando erróneo que el "a quo" le haya impuesto exclusivamente el deber de responder por los alquileres del inmueble.
Expuso que, tal como quedó acreditado en autos, la sociedad de hecho nunca desapareció, sino que, por el contrario, sigue funcionando y cobra mensualmente los cánones por la locación del inmueble donde funciona el local de venta de helados, y por la locación de las máquinas existentes en dicho inmueble.
Mencionó L. que, tal como surge de la pericia contable, "Helados B. S.R.L." ha abonado a la sociedad de hecho, hasta la fecha, un alquiler que se distribuía en un 50% para él y en el otro 50% para M., y luego, para los herederos del mismo; motivo por el cual, la condena impuesta no tiene razón de ser, ya que él no se quedó con dinero de la actora.
Dijo que de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP, surge una participación del 50% en las ganancias para él, un 25% para M., y un 25% para los herederos de E. A.; por lo que no se entiende por qué debe responder en forma exclusiva por el porcentaje de los alquileres que supuestamente no recibió la actora, en su carácter de heredera del padre.
Agregó que, a todo evento, hubiese correspondido que "B. S.R.L." rindiera cuentas de los pagos efectuados, y que los herederos de E. A. y de H. M., rindan cuentas de los montos percibidos por los alquileres; liberándoselo a él de rendirlas, que sólo cobró mensualmente el porcentaje que le pertenece, por ser el dueño del 50% del inmueble y de las máquinas.
Culminó solicitando que se deje sin efecto la condena que le fue impuesta, ya que carece de todo sustento, porque no fue él quien efectuó los pagos, ni tampoco quien cobró la supuesta parte proporcional de la actora.
iii. Que la actora se agravió, en primer lugar, de que la indemnización haya sido dispuesta solamente a partir del 13/9/2013, argumentando que la fundamentación vertida en sustento de tal decisión, resulta inaplicable en este caso.
Expuso que se está en presencia de dos contratos de locación celebrados por los comuneros con "Helados B. S.R.L.", sin el consentimiento de una condómina; a lo que agregó que tal plafón fáctico es subsumible en el artículo 2709 del Código Civil, según el cual, cuando uno de los condóminos, sin mandato de los otros, administra la cosa común, será juzgado como gestor oficioso.
Sostuvo la actora que L. puede ser considerado gestor oficioso, porque conociendo, por la relación familiar los une, el derecho que ella tiene sobre el inmueble y los muebles, celebró los contratos de locación, sin su mandato ni consentimiento. Y agregó que M. también puede ser considerado gestor oficioso, porque arrendó un bien perteneciente a la indivisión postcomunitaria de la sociedad conyugal disuelta por el fallecimiento de E. A., sin el asentimiento de una de las herederas.
Hizo hincapié en que debe hacerse la distinción entre los inmuebles ocupados por los coherederos, de aquellos que fueron dados en locación a terceros; ya que en este último caso, se trata de actos de administración de hecho realizados por uno de los coherederos, correspondiendo aplicar las normas de la gestión de negocios, si los restantes coherederos ignoraban esa administración.
Remarcó la actora que quedó claro que M. y L. contrataron la locación sin su consentimiento; por lo que deben rendirle cuentas y responder en la proporción que a ella le corresponde, por los frutos civiles percibidos y, en su caso, por la diferencia de los que le hubiese correspondido percibir, según valores de mercado, desde la fecha de constitución de "B. S.R.L.", procediéndose a la tarifación en la etapa de ejecución de sentencia.
En segundo lugar, la actora se agravió de que, con respecto a la parte correspondiente a H. H. M., se haya ordenado dilucidar la cuestión de la administración de los bienes en el proceso sucesorio de aquel.
Manifestó que en autos, ante el juez del sucesorio, y frente a H. H. M. y, sucesión procesal mediante, frente al resto de sus herederos, ya se debatió la administración ejercida por el causante, de bienes pertenecientes a la indivisión postcomunitaria de la sociedad disuelta por la muerte de E. A., habiéndose dilucidado que de hecho los arrendó sin su consentimiento y, por ello, debe responder como gestor oficioso por los frutos civiles percibidos.
Agregó que la postergación de la solución del conflicto, remitiéndolo, sin fundamento jurídico, a la sucesión, para renovar la controversia en torno de la administración ejercida por el causante, viola el artículo 163 inciso 6º del Código Procesal.
En tercer lugar, la actora afirmó que es indispensable replantear el alcance de la condena, a la luz del fallecimiento sobreviniente de H. H. M., ocurrido el 21/10/2015.
Expuso que la responsabilidad de M. cesó con su muerte, y que durante todo el periodo iniciado el 8/4/2010, en que estuvo en vigencia el Código Civil, la obligación de los gestores M. y L., era simplemente mancomunada. En cambio, siguió diciendo, desde la vigencia del Código Civil y Comercial, la obligación de los gestores es solidaria; motivo por el cual, con posterioridad al fallecimiento de M., L., hubiera o no compartido los frutos civiles con los herederos de aquel, debe responder por el todo, sin perjuicio del derecho de exigir a los sucesores la contribución correspondiente.
Finalmente, adujo que en lo atinente a la cuantía de su crédito, debe declararse que hasta el fallecimiento de M., la porción de los alquileres a abonarle ascendía al 8,33%, y por el lapso posterior a dicho deceso, trepó hasta el 16,66%.
B) A fin de resolver estos agravios, resulta útil recordar que la transmisión de los derechos hereditarios tiene lugar en forma instantánea, en el mismo momento de la muerte del causante.
Como corolario de ello, lógico es concluir en que la accionante, al momento del fallecimiento de su madre, adquirió derechos hereditarios sobre el inmueble ganancial en el que estaba instalada la heladería y sobre los muebles existentes en el mismo; bienes que, en un 50%, pertenecían a su padre (ver fs. 441/443; arts. 3410 y 3415 CC, aplicables al presente caso por estar vigentes al momento del fallecimiento de M. A. -art. 7 CCyC-).
Entonces, a partir del 22/6/2006, la accionante adquirió, conjuntamente con sus dos hermanos, derechos hereditarios sobre la parte ganancial (25%) que correspondía a su madre en el mencionado inmueble y en los muebles instalados en el mismo (ver partida de matrimonio agregada a fs. 4 del expte. 3866); correspondiéndole una cuota parte ideal del 8,33% (art. 3565 y 3576 CC).
Esta transmisión de derechos hereditarios, convirtió a la actora en coheredera de su padre y en condómina de L.
Al respecto, creo relevante recordar que ninguno de los herederos, ni de los condóminos puede, sin el consentimiento de los demás comuneros, alquilar los bienes comunes (arts. 1512, 2682 y 3451 CC).
Si un heredero asume de hecho la administración de la herencia, sin haber sido designado formalmente al efecto, la actuación que realice será considerada como una gestión de negocios ajenos, si es ignorada por los otros coherederos (conf. Jorge O. Azpiri, "Derecho Sucesorio", cuarta edición, pág. 373).
Lo mismo ocurre con cualquiera de los condóminos que, sin mandato de los otros, realice actos de administración de la cosa común (art. 2709 CC).
En consecuencia, al haber L. y M., alquilado esos bienes, sobre los que a la actora le correspondía una porción ideal, sin que ésta tuviera conocimiento de tales locaciones; debe considerarse a aquellos como gestores de negocios parcialmente ajenos; por lo que están obligados a rendirle cuentas a la actora, de la gestión por ellos realizada a partir del 8/4/2010, fecha en la que comenzaron tales locaciones (art. 2296 CC). Con anterioridad, esos bienes eran aportados a la sociedad de hecho, para ser aplicados a la elaboración y comercialización de helados con la finalidad de obtener ganancias. Enlazado con este punto, viene al caso recordar que ha sido objeto de un reclamo indemnizatorio autónomo, la privación de las ganancias no distribuidas a la actora, por la actividad comercial desplegada por dicha sociedad, durante el lapso comprendido entre los años 2006 y 2010.
Por tal razón, corresponde condenar a J. L. L., a rendirle cuentas a la actora, por las locaciones del inmueble en el que estaba instalada la heladería y de las maquinarias allí existentes, a partir del 8/4/2010, teniendo presente que, luego del fallecimiento de H. H. M., se incrementó la porción ideal que le corresponde a la actora sobre tales bienes.
La obligación de pagar un eventual saldo acreedor para la actora es simplemente mancomunada por los periodos anteriores al 1/8/2015, porque hasta entonces estuvo en vigencia el Código Civil, cuyo artículo 2293 establecía que no era solidaria la responsabilidad de los gestores que asumían conjuntamente un negocio ajeno. En tanto que, una vez en vigencia el Código Civil y Comercial, que resulta aplicable inmediatamente a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes, la mencionada obligación es solidaria, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1788 inciso c].
En lo atinente a H. H. M., corresponde la rendición de cuentas hasta el momento de su fallecimiento, debiendo considerarse un eventual saldo acreedor para la actora, como una deuda de la sucesión. En tanto que la administración posterior de los aludidos inmueble e instalaciones, deberá dilucidarse en el proceso sucesorio del mismo (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC; y 163 inc. 6° CPCC).
La rendición de cuentas deberá llevarse a cabo por el trámite incidental (art. 650 inc. 1º CPCC).
Como lógico corolario de lo expuesto precedentemente, emerge que corresponde receptar, con el alcance referido, el agravio de la actora, y paralelamente, desestimar el agravio del demandado L.
2. Sigo por el tratamiento del agravio vertido por la actora contra la desestimación de su reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho, durante el periodo 2006/2010.
A) A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante "a quo" basó la desestimación de este reclamo indemnizatorio, en que ningún elemento probatorio permite determinar las ganancias obtenidas por la sociedad de hecho en el periodo 2006/2010, sin que la actora hubiera realizado algún despliegue probatorio, a fin de cumplir la carga que sobre ella pesaba.
ii. Que la apelante impugnó esta decisión, argumentando que el "a quo" aplicó a ultranza el artículo 375 del Código Procesal, pese a que, por la naturaleza y las particulares circunstancias del conflicto, correspondía flexibilizar dicho precepto, acudiendo al principio general de colaboración y a la teoría de las cargas dinámicas de la prueba.
Recordó que el principio de colaboración conlleva la posibilidad de extraer indicios derivados de la omisión de aportar elementos de prueba razonablemente disponibles para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos; en tanto que la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, implica poner en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar determinados hechos, la carga de hacerlo.
Expuso que los supuestos más frecuentes de aplicación de estas premisas, se presentan en los casos en que una de las partes posee información agravada respecto de la otra; supuestos en los que, ante la falta de claridad del modo en que sucedieron los acontecimientos, cabe acudir a ellas para culminar el juicio de hecho.
Agregó que el principio de colaboración y la teoría de las cargas dinámicas, han sido receptados en códigos procesales modernos y en el Código Civil y Comercial, pero la laguna del ordenamiento procesal local no impide la aplicación de los mismos, cada vez que una de las partes se encuentre en mejores condiciones que la otra, para esclarecer los hechos y aportar fuentes de prueba; encontrando tal aplicación sustento en el deber de buena fe y en la potestad del órgano
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