Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 109440178-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el recurso de la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas de ambas instancias a su cargo (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683); 2º) hacer saber a la demandada que deberá, por intermedio de quien corresponda, dictar una nueva resolución con arreglo a lo aquí decidido y 3º) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad con lo expresado en el considerando X.
1133/2025.-
“PETRO GAR COMBUSTIBLES S.R.L. (TF 109440178-I) c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2025.- AMD Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 2/09/24, la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar las resoluciones apeladas en autos, con costas.
Para decidir de tal modo, en primer lugar relató las decisiones contenidas en los actos revocados, las consideraciones vertidas por ambas partes al respecto y los antecedentes probatorios, dentro de los cuales destacó los distintos informes generados por el Fisco, los requerimientos cursados a los clientes en el marco de la fiscalización y sus resultados. Luego, sostuvo que la impugnación de las operaciones realizadas con Hewitt Oil Co S.A. no había sido: “[a]decuadamente ponderada por el Organismo Fiscal, dado que aquel no ha demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que la llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva realización de las operaciones de gestión de venta de combustible por parte del proveedor cuestionado […]” (sic).
En ese orden, expresó que los actos apelados habían tomado como fundamento exclusivo los antecedentes obrantes en la “base e-Apoc”. Sobre el punto, indicó que: “[l]a recurrente fue cargada para fiscalización por el antecedente de carga del año 2016 en la base e-Apoc (como usuaria) y luego de requerírsele datos y documentación que aquella aportó y que los fiscalizadores no cuestionaron en modo alguno, se vuelve al origen del cargo para justificar el ajuste aquí discutido […]” (sic). Entendió que la carga administrativa en la “base eApoc” no era, por si sola, un elemento determinante y suficiente para que el Fisco Nacional pudiera impugnar las operaciones y ajustes respecto de los proveedores. Le reprochó a la fiscalización (ocurrida entre el 19/10/17 y el 29/04/19) la falta de realización de tareas específicas y particulares que permitieran concluir que Hewitt S.A. no hubiera prestado servicios de gestión de venta de combustible a la recurrente.
Además, señaló que la empresa proveedora se encontraba dada de alta en la base mencionada desde el 2/05/16 y que no se habían refutado correctamente las alegaciones conectadas con la falta de necesidad de bienes registrables para desarrollar la actividad.
A su vez, puntualizó que la falta de cumplimiento de deberes formales y la ubicación del domicilio fiscal no eran indicios suficientes para desconocer la virtualidad de las operaciones implicadas, a lo que agregó que, de los resultados de la circularización a otros clientes de la empresa, surgía el reconocimiento de contactos con Hewitt Oil S.A. o su director. Por otra parte, destacó que el circuito de pago reportado y documentado por la contribuyente (realizado con cheques) no merecía reproches en cuanto a su consistencia y, finalmente, recordó las reglas derivadas del artículo 377 del C.P.C.C.N. para desestimar la posición de la demandada (páginas 1697/1708 del PDF acompañado en la causa).
II. Que, el 18/10/24 el Tribunal Fiscal reguló los honorarios correspondientes a los Dres. Sebastián Rosselló, Alberto Tarsitano e Inés Giménez. Esa regulación fue apelada el 28/10/24 por el Fisco, por considerar elevado el monto reconocido (página 1731 del PDF acompañado en la causa).
III. Que, contra lo resuelto respecto del fondo del asunto, el 16/10/24 apeló el Fisco Nacional, quien fundó su recurso el 6/11/24 y cuyo traslado fue contestado el 23/12/24 (páginas 1714; 1732/1750 y 1760/1786 del PDF acompañado en la causa).
En primer lugar, reseñó los antecedentes del caso y, posteriormente, los requisitos de procedencia de la apelación. Asimismo, calificó como arbitraria a la sentencia bajo examen, en el entendimiento de que no era posible obviar que la proveedora Hewitt Oil Co S.A. había sido incluida en la “base eApoc” y que la contribuyente había sido usuaria de la facturación de esa empresa. De igual manera, detalló todos los incumplimientos endilgados a la empresa proveedora.
Además, en cuanto a las conclusiones del Tribunal Fiscal conectadas con la inclusión en la mentada base, indicó que no podía perderse de vista que: “[l]a inclusión de los sujetos en la base de contribuyentes apócrifos no es un procedimiento instantáneo, que se cumpla y agote en el mismo instante en que el proveedor apócrifo comienza a existir. Ello sería materialmente imposible de verificarse por el número de responsables que integran el universo de contribuyentes y responsables. Por el contrario, tratase de un procedimiento que implica la previa fiscalización del responsable de que se trata, lo cual a su vez supone que ese sujeto ha sido seleccionado dentro del universo de responsables para ser verificado […]” (sic).
Citó jurisprudencia que consideró favorable a su posición y puntualizó que se habían “sobrevalorado” las declaraciones del denominado “representante” de la proveedora y desconocido que otros declarantes habían desconocido a la contribuyente.
Por otra parte, peticionó que se confirmara la multa aplicada, en el entendimiento de que se encontraban configurados los elementos previstos por los artículos 46 y 47 (incisos “b” y “c”) de la ley 11.683. Describió posiciones doctrinarias y antecedentes jurisprudenciales al respecto. Por último, cuestionó la imposición de las costas.
IV. Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, in re, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. N.º 38.066/2011, del 17/11/2021 y “HSBC Argentina Holdings S.A. - TF 48911-I c/D.G.I.”, expte. N.º 19.801/2021, del 1/07/22, pronunciamiento confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 27/12/2024, entre muchos otros).
Y, además, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que se estimen apropiadas para resolver el conflicto (cfr. doc. Fallos: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, in re, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c/E.N. – A.F.I.P. –D.G.I.”, expte. N.º 71.973/2018, del 16/07/2021 y “EIDICO S.A. - TF 46884-I c/D.G.I.”, expte. N.º 22.019/2017, sentencia del 5/12/2022).
V. Que, en estas condiciones, la cuestión central a resolver se encuentra en determinar si la valoración de los elementos probatorios que realizó el Tribunal Fiscal para revocar los ajustes realizados a través de las determinaciones del caso resulta arbitraria.
Así, cabe recordar la previsión contenida en el art. 86, inc. b), ap. 1º y 2º de la L.P.T., norma que exige a quien pretende la revisión en esta instancia de la plataforma fáctica y de la prueba que gira en torno a ella, acreditar la arbitrariedad en el pronunciamiento del Tribunal a quo, lo que habilitaría tal análisis por parte de esta Cámara.
Al respecto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquélla que caracteriza qué debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el ” (cfr. Fallos: 207:72 y doctrina concordante posterior; esta Sala, in re, “Sbasseiro, Oscar R. c/D.G.I.”, Expte. Nº 74.716/2018, del 3/04/2019, entre otros).
El criterio imperante en este Tribunal interpreta que de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la ley 11.683, respecto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre otros).
De ello se deriva que para que se admita la posibilidad de revisión y de una nueva valoración de la prueba producida por esta instancia, ello solo puede ocurrir cuando el apelante demuestre que la ponderación de los hechos y la prueba del Tribunal Fiscal ha sido arbitraria, o ha dejado de lado elementos relevantes para acreditar los hechos.
VI. Que, frente a los parámetros descriptos, es que debe ponerse de resalto que –a la luz del detalle de la prueba rendida en la causa, reseñada en el pronunciamiento apelado y acompañada vía DEOX a estos actuados– la valoración que realizó el Tribunal Fiscal no resulta reprochable. En efecto, acierta la instancia de origen al afirmar que la conducta asumida por la firma actora respecto del proveedor cuestionado (este es, Hewitt Oil Co S.A.) no es susceptible de cuestionamiento, dado que por un lado las irregularidades e inconsistencias detectadas a su respecto por la fiscalización son -como principio- ajenas al receptor de los bienes y servicios, y, por el otro, en razón de que su obligación se ciñe a verificar que los proveedores posean C.U.I.T. activos, que las facturas cuenten con C.A.I. vigente y que no se encuentren incluidos en la “base eAPOC” al tiempo de la celebración de las operaciones (cfr. en este sentido, esta Sala in re “JBS Argentina S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I.”, Expte. N.º 60.674/16, del 26/11/2021 y “CHS de Argentina SA c/D.G.I. s/Recurso Directo de Organismo Externo”, causa n° 25.849/23, sentencia del 10/07/2024, entre otros).
Precisamente esa es la doctrina que emana del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildown S.A. c/Fisco Nacional (A.F.I.P. –D.G.I.)” del 27/12/2011 (Fallos: 334:1854); doctrina que fuera aplicada por esta Sala en reiteradas ocasiones (cfr. “Catter Meat S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. -Resol 13/13 (RDEX)”, Expte. N° 29.395/13 del 22/08/2019; “Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I.A. c/E.N. -A.F.I.P. - D.G.I.”, Expte. N° 11.148/2013, del 11/06/2021, “VZ BATH & BODY S.A. (TF 36087-I) c/Dirección General Impositiva”, Expte. N° 12.109/21, del 8/04/2022 y en el mencionado caso “CHS”, entre muchos otros).
En este orden, cabe tener especialmente en cuenta que, conforme se desprende de las constancias probatorias de la especie, se advierte que el proveedor, al momento en que operó con la firma actora, se encontraba inscripto en la A.F.I.P., contaba con C.U.I.T. válida y no estaba incluido en la “base e-Apoc” puesto que la “carga” en la mencionada base tuvo lugar con posterioridad a que se hubieran concretado las operaciones comerciales aquí cuestionadas (las facturas impugnadas datan de los días 31/10/15; 30/11/15; 30/12/15; 3/02/16; 27/02/16; 31/03/16 y 29/04/16); todo ello por cierto, al margen de que poseyera o no bienes registrables o contase con personal a cargo u otras consideraciones tomadas en cuenta por el organismo recaudador.
Cabe mencionar que no modifica la conclusión expuesta el hecho de que el proveedor hubiera sido “detectado” como apócrifo en el año 2012, es decir previo a las fechas en que efectuaron operaciones comerciales con la parte actora. Ello es así, puesto que la “carga” en la base de apócrifos, es decir, la publicidad de la condición de sujetos apócrifos que les fuera atribuida, tuvo lugar con posterioridad a la realización de las operaciones (esto es, el 2/05/16); debiéndose recordar que tal incorporación en la base de datos se encuentra exclusivamente a cargo de la demandada (cfr. esta Sala, in re, “CHS de Argentina S.A. c/E.N. -A.F.I.P. - D.G.I. s/proceso de conocimiento”, expte. N.º 45600/2018, sentencia del 15/07/25).
Por ello, cabe concluir que la veracidad de las operaciones del caso ha sido examinada adecuadamente, verificándose la realidad económica de las actividades comerciales del mencionado proveedor, todo ello a la luz de las probanzas aportadas.
VII. Que, acerca de los restantes agravios introducidos, debe indicarse que la recurrente no se ajustó estrictamente a lo establecido en el artículo 265 del C.P.C.C.N., norma que resulta de aplicación al caso en atención a lo dispuesto por el artículo 91 de la ley 11.683 (t.o.1998 y modif.).
Esto es así, habida cuenta de que se vuelca un discurso subjetivo, que traduce un cuestionamiento meramente formal y por lo mismo, insuficiente para desvirtuar los fundamentos del pronunciamiento recurrido que, en tales condiciones, terminan quedando incólumes, pues en definitiva los argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada no han sido objeto de crítica eficaz, lo que impide admitir el recurso (cfr. C.S.J.N. Fallos: 333:1657, y expte. A. 1003. XLIV “Alfacar S.A. s/concurso preventivo”, sentencia del 13/12/2011; asimismo, ver Fallos: 328: 645, entre muchos otros).
El defecto apuntado ha de ser tenido especialmente en cuenta, a poco que se repare en que esta Cámara ha preconizado reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado. Tal exigencia no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal revisor.
A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfr., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, comentado y concordado”, T.I, Astrea, Buenos Aires, 1983, págs. 834/837, y esta Sala, in re, “Falk, Gerardo F.J. c/E.N.”, expte. N° 1.291/2005, del 13/03/2012, entre otros).
Por cierto, se ha sostenido reiteradamente que la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. En efecto, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. Por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, según ha tenido oportunidad de indicar esta Sala, tanto en su anterior integración, in re, "Contreras, Hugo S. c/J.E.M.G.E.”, sentencia del 29/03/2011 y sus citas, como en la actual, en autos: “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E.”, del 14/02/2012, entre otros.
Con una perspectiva afín a la descripta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que no alcanza para descalificar una sentencia el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada por el juzgador, de por sí insuficiente para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Fallos: 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979, entre otros en los cuales se descartó la tacha de arbitrariedad).
A la luz de estos principios, pesaba sobre la recurrente el deber de demostrar el error en el que habría incurrido el T.F.N., no pudiendo considerarse razonablemente que haya formulado una crítica seria de la resolución recurrida ante este Tribunal, por cuanto al proceder como se mencionó anteriormente no se hizo debido cargo de los fundamentos relevantes dados por el pronunciamiento apelado, concernientes -como se viera- a la regularidad y corrección de la actuación de la contribuyente, así como en orden a la configuración de los extremos requeridos para convalidad la operación comercial con la proveedora, según las circunstancias configuradas al momento de su concreción.
Por manera que el intento de reeditar argumentos ya invocados en la instancia anterior, importa un defecto de fundamentación insalvable (cfr. esta Sala, in re, “Ramón S.R.L. c/D.G.I.”, expte. N.º 28.367/2019, sentencia del 5/03/2020 y “Banco Patagonia S.A. (TF 47079-I) c/D.G.I.”, expte. N.º 3.012/2021, del 10/12/2021).
Como corolario de lo expuesto, es que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios y hacer saber a la demandada que deberá, por intermedio de quien corresponda, dictar una nueva resolución con arreglo a lo aquí decidido.
VIII. Que, a mérito de lo expresado en el último párrafo del Considerando que antecede, es que resulta insustancial que este Tribunal se pronuncie respecto de la petición articulada en esta instancia el 18/02/25.
IX. Que, finalmente, y respecto de las costas de esta instancia, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, las mismas se imponen a la demandada, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra. parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
X. Que a fin de tratar el recurso interpuesto; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Socialy otro s/Juicios de Conocimientos" del 30-XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. Resoluciones Nº 136/2021 (DV CRR1), 137/2021 (DV CRR1) y Nº 138/2021 (DV CRR1), las tres de fecha 18 de Octubre de 2021, las Resoluciones N° 102/2022 (DV CRR1) y 103/2022 (DV CRR1) ambas de fecha 14 de Julio de 2022 y la Resolución 87/2022 (DV CRR1) de fecha 22 de junio de 2022, todas dictadas por Jefa de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la AFIP; lo resuelto con fecha 02/09/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en la causa durante las etapas cumplidas, corresponde reducir a las sumas de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($492.628,50) –equivalente a 6,50 UMA–;
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($644.206,50) –equivalente a 8,50 UMA–, y PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($644.206,50) –equivalente a 8,50 UMA–;
los honorarios de los DRES. SEBASTIÁN ROSSELLÓ, MARÍA INÉS GIMÉNEZ y ALBERTO TARSITANO, por la representación y dirección letrada de la actora (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en las sumas de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($147.788,55) –equivalente a 1,95 UMA–; PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($193.261,95) –equivalente a 2,55 UMA– y PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($193.261,95) –equivalente a 2,55 UMA–; los honorarios de los DRES. SEBASTIÁN ROSSELLÓ, MARÍA INÉS GIMÉNEZ y ALBERTO TARSITANO, por la actuación ‘supra’ indicada (arts. 20, 21, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
rechazar el recurso de la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios, con costas de ambas instancias a su cargo (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683); 2º) hacer saber a la demandada que deberá, por intermedio de quien corresponda, dictar una nueva resolución con arreglo a lo aquí decidido y 3º) reducir los honorarios y fijar los de alzada de conformidad con lo expresado en el considerando X.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia